Fuente: Abc
19 de enero de 2008
El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, remitió ayer un escrito al Juzgado de Instrucción 47 en el que, según informaron a ABC fuentes jurídicas, pide al juez José Sierra Fernández que «deje sin efecto» de momento las citaciones de las 27 mujeres llamadas a declarar como testigos por los presuntos abortos ilegales practicados por la clínica Isadora.
La petición de Moix llega cuando el debate sobre el aborto adquiere su mayor virulencia, con numerosas feministas autoinculpándose de haber abortado ilegalmente por toda España y cuando están previstas varias manifestaciones a favor del aborto. También se produce la intervención del fiscal-jefe sólo 24 horas después de la reunión de los representantes de las clínicas abortistas con los ministros de Sanidad y Justicia y un par de días después de la virulenta intromisión de la vicepresidenta De la Vega en el trabajo de la Justicia.
En su escrito, Moix cuestiona los pasos que está dando Sierra en la investigación de los hechos presuntamente acontecidos en la clínica Isadora, pues entiende que el juez debe centrar primero sus investigaciones en la clínica y sólo llamar a las mujeres -no a todas, sino sólo a las que tengan algo que aportar a la causa, bien en calidad de testigos o de imputadas- cuando ya se tenga certeza de la existencia de un delito. Igualmente, Moix le recrimina que algunas de las mujeres citadas hayan declarado ante la Guardia Civil, cuando, en su caso, deberían hacerlo ante el juez.
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sábado, 19 de enero de 2008
viernes, 18 de enero de 2008
Aclaración sobre la iniciativa abortista de autoinculpaciones
Fuente: La Vida Importa
18 de enero de 2008
Dentro del movimiento abortista ha surgido la iniciativa, de tintes victimistas, de "autoinculparse". Esta iniciativa corresponde a una táctica, acogida desde ciertos sectores de la izquierda política, y destinada a movilizar al sector radical del aborto, que se ve acosado por la justicia, por el Estado de Derecho.
Aclaramos que, en un principio, las inculpaciones quedarán sobreseídas y archivadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, y nadie puede ser condenado sin pruebas sólidas. Una autoinculpación no es más que una declaración sin pruebas, por lo que carece de peso judicial, a no ser que se aporten suficientes indicios.
Confiamos en que tanto el movimiento abortista como el Gobierno empiecen a conocer, al menos, los rudimentos del Estado de Derecho. Por el momento, están demostrando un profundo desconocimiento de cómo funciona la justicia en un Estado democrático y de Derecho.
Por tanto, la primera consecuencia de esta campaña será obligar a la justicia a trabajar en valde más horas de las necesarias. El colectivo abortista tiene todo el derecho (gracias a la libertad política y de expresión) a solicitar cambios en la ley del aborto. Otra cosa es que carezcan de opciones para cambiar la ley, puesto que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el feto humano tiene pleno derecho a la vida.
Sin embargo, exigimos respeto a la justicia. Conminamos al Gobierno y a los empresarios del aborto a respetar la justicia. Por ello, no vemos con buenos ojos una campaña política cuya consecuencia sea interrumpir voluntariamente el normal desarrollo de la justicia, ya de por sí bastante saturada con casos reales de delitos graves.
18 de enero de 2008
Dentro del movimiento abortista ha surgido la iniciativa, de tintes victimistas, de "autoinculparse". Esta iniciativa corresponde a una táctica, acogida desde ciertos sectores de la izquierda política, y destinada a movilizar al sector radical del aborto, que se ve acosado por la justicia, por el Estado de Derecho.
Aclaramos que, en un principio, las inculpaciones quedarán sobreseídas y archivadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, y nadie puede ser condenado sin pruebas sólidas. Una autoinculpación no es más que una declaración sin pruebas, por lo que carece de peso judicial, a no ser que se aporten suficientes indicios.
Confiamos en que tanto el movimiento abortista como el Gobierno empiecen a conocer, al menos, los rudimentos del Estado de Derecho. Por el momento, están demostrando un profundo desconocimiento de cómo funciona la justicia en un Estado democrático y de Derecho.
Por tanto, la primera consecuencia de esta campaña será obligar a la justicia a trabajar en valde más horas de las necesarias. El colectivo abortista tiene todo el derecho (gracias a la libertad política y de expresión) a solicitar cambios en la ley del aborto. Otra cosa es que carezcan de opciones para cambiar la ley, puesto que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el feto humano tiene pleno derecho a la vida.
Sin embargo, exigimos respeto a la justicia. Conminamos al Gobierno y a los empresarios del aborto a respetar la justicia. Por ello, no vemos con buenos ojos una campaña política cuya consecuencia sea interrumpir voluntariamente el normal desarrollo de la justicia, ya de por sí bastante saturada con casos reales de delitos graves.
Los ministros Soria y Bermejo respaldan clínicas abortistas cerradas e investigadas por el juez
Fuente: Abc
18 de enero de 2008
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que reúne a 31 centros abortistas de toda España, tuvo ayer el privilegio de ser recibida, en el mismo día, por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Encuentros muy cordiales, en los que curiosamente estuvieron presentes representantes de clínicas que están siendo investigadas judicialmente.
Entre los presentes se encontraban las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro. Además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI.
Al margen de que resulte extraño que dos ministros reciban a representantes directos de clínicas inmersas en procesos judiciales, lo cierto es que no es una sorpresa. El Gobierno está jugando con dos barajas.
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18 de enero de 2008
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que reúne a 31 centros abortistas de toda España, tuvo ayer el privilegio de ser recibida, en el mismo día, por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Encuentros muy cordiales, en los que curiosamente estuvieron presentes representantes de clínicas que están siendo investigadas judicialmente.
Entre los presentes se encontraban las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro. Además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI.
Al margen de que resulte extraño que dos ministros reciban a representantes directos de clínicas inmersas en procesos judiciales, lo cierto es que no es una sorpresa. El Gobierno está jugando con dos barajas.
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La acusación contra la clínica Isadora responde a las autoinculpaciones por aborto que no hay denuncias contra mujeres
Fuente: Europa Press
16 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsable de la acusación contra la clínica abortista Isadora, de Madrid, señalaron hoy que la autoinculpación de quince mujeres en Vigo por haber abortado "no está relacionada procesalmente con el caso de Isadora", ya que en la clínica de Madrid ninguna mujer "ha sido acusada de aborto, sino que han acudido como testigos".
La acción del colectivo feminista Alecrín "es muy irregular" y puede "conceptuarse como denuncia falsa", ya que las mujeres "afirman no recordar la fecha en que se sometieron a un aborto, lo que afirman probablemente para que conste la prescripción del delito, además de que trivializa un hecho muy serio".
Para las fuentes consultadas, las mujeres que se han autoinculpado "vienen a pedir que se apruebe una ley de plazos y quieren intervenir en el debate". "No hay ninguna mujer acusada de aborto ilegal", aseveró. "En las clínicas se practican abortos al margen de la ley, y lo practican por la vía de hecho", aseguraron.
16 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsable de la acusación contra la clínica abortista Isadora, de Madrid, señalaron hoy que la autoinculpación de quince mujeres en Vigo por haber abortado "no está relacionada procesalmente con el caso de Isadora", ya que en la clínica de Madrid ninguna mujer "ha sido acusada de aborto, sino que han acudido como testigos".
La acción del colectivo feminista Alecrín "es muy irregular" y puede "conceptuarse como denuncia falsa", ya que las mujeres "afirman no recordar la fecha en que se sometieron a un aborto, lo que afirman probablemente para que conste la prescripción del delito, además de que trivializa un hecho muy serio".
Para las fuentes consultadas, las mujeres que se han autoinculpado "vienen a pedir que se apruebe una ley de plazos y quieren intervenir en el debate". "No hay ninguna mujer acusada de aborto ilegal", aseveró. "En las clínicas se practican abortos al margen de la ley, y lo practican por la vía de hecho", aseguraron.
La acusación contra Isadora dice que las clínicas y no las mujeres serían responsables de delitos en informes psíquicos
Fuente: Terra
14 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsables de la acusación contra la clínica madrileña Isadora, donde se practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), aseguraron hoy que las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales 'no han cometido ningún delito', ya que 'si los análisis psicológicos son incorrectos, la culpa sería de la clínica'. Asimismo, defendieron que 'se está protegiendo la identidad de las testigos'.
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14 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsables de la acusación contra la clínica madrileña Isadora, donde se practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), aseguraron hoy que las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales 'no han cometido ningún delito', ya que 'si los análisis psicológicos son incorrectos, la culpa sería de la clínica'. Asimismo, defendieron que 'se está protegiendo la identidad de las testigos'.
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El aborto es detonante de problemas de pareja y actividad sexual de alto riesgo
Fuente: Noticias.info
15 de enero de 2008
En un estudio reciente publicado por la Revista Internacional de Psicología Clínica y Salud y realizado por los expertos Priscilla Coleman, Vincent Rue, María Spence y Catherine Coyle, se dio a conocer la asociación entre el aborto y comportamientos sexuales de alto riesgo.
Según el estudio, el aborto entre las mujeres aumenta la práctica de sexo con desconocidos y la posibilidad de ser forzadas a tener sexo, mientras que la experiencia de aborto en las parejas de varones aumenta la posibilidad de practicar sexo con más de una persona y con personas desconocidas. El interés en realizar este estudio ha sido motivado por la conciencia de las consecuencias psicológicas, de comportamiento y físicas inherentes a las relaciones sexuales de riesgo, la más evidente, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
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15 de enero de 2008
En un estudio reciente publicado por la Revista Internacional de Psicología Clínica y Salud y realizado por los expertos Priscilla Coleman, Vincent Rue, María Spence y Catherine Coyle, se dio a conocer la asociación entre el aborto y comportamientos sexuales de alto riesgo.
Según el estudio, el aborto entre las mujeres aumenta la práctica de sexo con desconocidos y la posibilidad de ser forzadas a tener sexo, mientras que la experiencia de aborto en las parejas de varones aumenta la posibilidad de practicar sexo con más de una persona y con personas desconocidas. El interés en realizar este estudio ha sido motivado por la conciencia de las consecuencias psicológicas, de comportamiento y físicas inherentes a las relaciones sexuales de riesgo, la más evidente, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
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“El aborto es violencia de género permitida y fomentada por el Estado”
Fuente: Noticias.info
16 de enero de 2008
Renée Martínez, portavoz de AVA califica de «acierto» el anuncio del PSOE de revisar la legislación que despenaliza el aborto provocado en su Programa electoral, si esa revisión «va destinada a ofrecer una mayor protección de la mujer embarazada». Basada en la experiencia de AVA de 4 años de apoyo a mujeres que han abortado, Renée expone que: «Las mujeres abortan coaccionadas por presiones de la pareja, sociales, laborales, etc. Detectamos un 65% de abandono en embarazadas que acaban abortando. Las propias estadísticas del Mnisterio de Sanidad delatan la ausencia de pareja en más de un 20% de los casos. No se puede fomentar desde una Ley este tipo de violencia de género. En el artículo 9 del RD 2409/1986 se exige dar alternativas a toda mujer embarazada que se plantee un aborto y hay numerosos países como EEUU y Canadá que descartan violencia de género ante cada aborto dado que existe un alto porcentaje de coacciones en esta decisión tan traumática.»
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16 de enero de 2008
Renée Martínez, portavoz de AVA califica de «acierto» el anuncio del PSOE de revisar la legislación que despenaliza el aborto provocado en su Programa electoral, si esa revisión «va destinada a ofrecer una mayor protección de la mujer embarazada». Basada en la experiencia de AVA de 4 años de apoyo a mujeres que han abortado, Renée expone que: «Las mujeres abortan coaccionadas por presiones de la pareja, sociales, laborales, etc. Detectamos un 65% de abandono en embarazadas que acaban abortando. Las propias estadísticas del Mnisterio de Sanidad delatan la ausencia de pareja en más de un 20% de los casos. No se puede fomentar desde una Ley este tipo de violencia de género. En el artículo 9 del RD 2409/1986 se exige dar alternativas a toda mujer embarazada que se plantee un aborto y hay numerosos países como EEUU y Canadá que descartan violencia de género ante cada aborto dado que existe un alto porcentaje de coacciones en esta decisión tan traumática.»
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martes, 15 de enero de 2008
Impresiones sobre la reacción del Gobierno
Fuente: La Vida Importa
15 de enero de 2008
Ayer el Gobierno realizó unas declaraciones que venían a poner en duda la validez de las vías judiciales abiertas contra Morín, Isadora y otros establecimientos de abortos. Incluso parecía dar a entender que el Gobierno adoptaba una postura favorable a las empresas de abortos.
Sorprende que un Gobierno que se denomina “socialista” se incline a favor de los presuntos delincuentes, y en contra de los jueces y el cumplimiento de la ley. Sorprende que el Gobierno se escandalice de que un juicio requiera de testigos (mujeres que han abortado, en este caso), y llegue a dudar de la discreción judicial y el secreto sumarial.
Ayer, por su parte, el Partido Popular anunció que contará con Manuel Pizarro como diputado para la siguiente legislatura. El Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha calificado esta decisión en términos muy duros: “El tiburón del capitalismo sale de la madriguera”. ¿Acaso el Gobierno de Rodríguez Zapatero no está, asimismo, apoyando a los “tiburones capitalistas” del aborto ilegal?
¿De verdad el PSOE no quiere que el Estado de Derecho tenga vigencia dentro de las empresas de abortos?
¿El PSOE pretende implantar privilegios para el “capitalismo” del aborto?
15 de enero de 2008
Ayer el Gobierno realizó unas declaraciones que venían a poner en duda la validez de las vías judiciales abiertas contra Morín, Isadora y otros establecimientos de abortos. Incluso parecía dar a entender que el Gobierno adoptaba una postura favorable a las empresas de abortos.
Sorprende que un Gobierno que se denomina “socialista” se incline a favor de los presuntos delincuentes, y en contra de los jueces y el cumplimiento de la ley. Sorprende que el Gobierno se escandalice de que un juicio requiera de testigos (mujeres que han abortado, en este caso), y llegue a dudar de la discreción judicial y el secreto sumarial.
Ayer, por su parte, el Partido Popular anunció que contará con Manuel Pizarro como diputado para la siguiente legislatura. El Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha calificado esta decisión en términos muy duros: “El tiburón del capitalismo sale de la madriguera”. ¿Acaso el Gobierno de Rodríguez Zapatero no está, asimismo, apoyando a los “tiburones capitalistas” del aborto ilegal?
¿De verdad el PSOE no quiere que el Estado de Derecho tenga vigencia dentro de las empresas de abortos?
¿El PSOE pretende implantar privilegios para el “capitalismo” del aborto?
De la Vega advierte a los jueces que investigan las clínicas abortivas
Fuente: Abc
15 de enero de 2008
El Gobierno parece atrapado en la polémica suscitada por el aborto. La prudencia electoral le anima a alejarse de un foco tan candente que podría acabar quemándole y apuntarse a las tesis del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que no entiende que «algo que viene pasando desde hace 20 años salga ahora con esta virulencia a dos meses de las elecciones». Es decir, para Soria lo mejor sería no menear el problema, ignorar las graves irregularidades denunciadas, los fetos tirados a la basura, la trituradora, los abortos de más de siete meses de gestación, el encarcelamiento de Morín, los tests psicológicos falseados...
La doble personalidad del Gobierno se puso de manifiesto cuando casi al tiempo en que el ministro Soria regateaba la polémica, la vicepresidenta, María Teresa de la Vega, se lanzaba a ella de cabeza. De la Vega envió un mensaje que invita a pensar que muestra especial «interés» hacia el trabajo de los jueces, teóricamente un poder independiente, que investigan supuestos delitos contra la vigente ley del aborto. Para otros asuntos (ANV, por ejemplo) recurre al intachable «hay que dejar actuar a la Justicia». Sin embargo, su razonamiento experimentó ayer una curiosa pirueta dialéctica cuando se manifestó sobre el controvertido caso de las clínicas abortistas cerradas y/o investigadas.
(...)
Ha bastado que un Juzgado de Madrid llame a declarar como testigos a 28 mujeres que abortaron en la clínica Isadora —acusada de haber arrojado a la basura restos clínicos y humanos, incluidos varios fetos de más de siete meses de gestación que podrían tener aire en sus pulmones— para descubrir a una De la Vega que antepone la «intimidad de las mujeres» al trabajo judicial.
En la cadena SER, no tuvo problema en reconocer que pensaba influir en la actuación judicial: «Como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley», dijo.
Incluso reconoció que había ordenado convenientemente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ya «ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto».
En su militancia feminista, incluso puso en duda la profesionalidad de los jueces: «Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y a los que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor por lo que la ley les protege».
(...)
La propia acusación particular contra la clínica Isadora, el Centro Jurídico Tomás Moro, explicó la realidad judicial del asunto y mostró más ecuanimidad que la segunda responsable del Gobierno al recordar que «las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales no han cometido ningún delito, ya que si los análisis psicológicos que permitieron los abortos son incorrectos, la culpa sería de la clínica».
Para tranquilidad de la vicepresidenta, indicaron que «se está protegiendo la identidad de las testigos, como pasa en muchos juicios, que pueden, además, acogerse a los sistemas de protección de la identidad. No tendría sentido que las clínicas fueran inmunes a todo tipo de investigación y en este caso existe sospecha de delito».
15 de enero de 2008
El Gobierno parece atrapado en la polémica suscitada por el aborto. La prudencia electoral le anima a alejarse de un foco tan candente que podría acabar quemándole y apuntarse a las tesis del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que no entiende que «algo que viene pasando desde hace 20 años salga ahora con esta virulencia a dos meses de las elecciones». Es decir, para Soria lo mejor sería no menear el problema, ignorar las graves irregularidades denunciadas, los fetos tirados a la basura, la trituradora, los abortos de más de siete meses de gestación, el encarcelamiento de Morín, los tests psicológicos falseados...
La doble personalidad del Gobierno se puso de manifiesto cuando casi al tiempo en que el ministro Soria regateaba la polémica, la vicepresidenta, María Teresa de la Vega, se lanzaba a ella de cabeza. De la Vega envió un mensaje que invita a pensar que muestra especial «interés» hacia el trabajo de los jueces, teóricamente un poder independiente, que investigan supuestos delitos contra la vigente ley del aborto. Para otros asuntos (ANV, por ejemplo) recurre al intachable «hay que dejar actuar a la Justicia». Sin embargo, su razonamiento experimentó ayer una curiosa pirueta dialéctica cuando se manifestó sobre el controvertido caso de las clínicas abortistas cerradas y/o investigadas.
(...)
Ha bastado que un Juzgado de Madrid llame a declarar como testigos a 28 mujeres que abortaron en la clínica Isadora —acusada de haber arrojado a la basura restos clínicos y humanos, incluidos varios fetos de más de siete meses de gestación que podrían tener aire en sus pulmones— para descubrir a una De la Vega que antepone la «intimidad de las mujeres» al trabajo judicial.
En la cadena SER, no tuvo problema en reconocer que pensaba influir en la actuación judicial: «Como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley», dijo.
Incluso reconoció que había ordenado convenientemente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ya «ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto».
En su militancia feminista, incluso puso en duda la profesionalidad de los jueces: «Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y a los que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor por lo que la ley les protege».
(...)
La propia acusación particular contra la clínica Isadora, el Centro Jurídico Tomás Moro, explicó la realidad judicial del asunto y mostró más ecuanimidad que la segunda responsable del Gobierno al recordar que «las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales no han cometido ningún delito, ya que si los análisis psicológicos que permitieron los abortos son incorrectos, la culpa sería de la clínica».
Para tranquilidad de la vicepresidenta, indicaron que «se está protegiendo la identidad de las testigos, como pasa en muchos juicios, que pueden, además, acogerse a los sistemas de protección de la identidad. No tendría sentido que las clínicas fueran inmunes a todo tipo de investigación y en este caso existe sospecha de delito».
El Gobierno irrumpe en el escándalo de los abortos en defensa de mujeres y clínicas
Fuente: La Razón
15 de enero de 2008
Mientras que la Justicia trata de esclarecer que ocurre en las clínicas abortistas de puertas para adentro, la polémica desatada tras la detención del doctor Morín se ha metido hasta el fondo en el charco político. Y es que, el debate que parecía hibernar sobre la hipotética reforma de la Ley del Aborto desde hace mucho tiempo se ha colado casi sin pretenderlo en plena precampaña electoral. De hecho, algunos dirigentes socialistas ya han dejado caer que en el futuro podría retocarse la normativa y que los supuestos podrían ser reemplazados por los plazos. No obstante, cualquier movimiento en uno u otro sentido, tendrá que esperar a que las urnas clarifiquen el panorama, o lo que es lo mismo, que la patata se haya enfriado lo suficiente.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido una de las dirigentes socialistas que ha aprovechado la presencia de micrófonos para hablar sobre la cuestión.
Según ella, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas que protejan la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto y que, a su vez, «las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos sin intimidaciones, amenazas y coacciones», informa Ep. Sobre el futuro, adelantó su intención de «abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos».
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15 de enero de 2008
Mientras que la Justicia trata de esclarecer que ocurre en las clínicas abortistas de puertas para adentro, la polémica desatada tras la detención del doctor Morín se ha metido hasta el fondo en el charco político. Y es que, el debate que parecía hibernar sobre la hipotética reforma de la Ley del Aborto desde hace mucho tiempo se ha colado casi sin pretenderlo en plena precampaña electoral. De hecho, algunos dirigentes socialistas ya han dejado caer que en el futuro podría retocarse la normativa y que los supuestos podrían ser reemplazados por los plazos. No obstante, cualquier movimiento en uno u otro sentido, tendrá que esperar a que las urnas clarifiquen el panorama, o lo que es lo mismo, que la patata se haya enfriado lo suficiente.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido una de las dirigentes socialistas que ha aprovechado la presencia de micrófonos para hablar sobre la cuestión.
Según ella, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas que protejan la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto y que, a su vez, «las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos sin intimidaciones, amenazas y coacciones», informa Ep. Sobre el futuro, adelantó su intención de «abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos».
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Pastor: "La Administración debe velar por hacer cumplir la ley del aborto"
Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de enero de 2008
La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, señaló que los "problemas" que están surgiendo tanto en Barcelona como en otros puntos de España, indican que "determinados aspectos están fallando y habrá que velar para que no lo hagan". En este sentido, apuntó que "la responsabilidad de su aplicación corresponde a los tribunales y a las administraciones que son quienes deberán velar por su cumplimiento".
Con todo, Pastor se mostró, en una entrevista a Punto Radio recogida por Europa Press, partidaria de no modificar la Ley del Aborto y de que se aplique "tal y como se recogió".
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15 de enero de 2008
La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, señaló que los "problemas" que están surgiendo tanto en Barcelona como en otros puntos de España, indican que "determinados aspectos están fallando y habrá que velar para que no lo hagan". En este sentido, apuntó que "la responsabilidad de su aplicación corresponde a los tribunales y a las administraciones que son quienes deberán velar por su cumplimiento".
Con todo, Pastor se mostró, en una entrevista a Punto Radio recogida por Europa Press, partidaria de no modificar la Ley del Aborto y de que se aplique "tal y como se recogió".
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De la Vega defiende a las clínicas abortistas
Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de enero de 2008
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no va a permitir que "ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales" en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
"Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege", dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser.
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que "se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto.
Además, aseguró que el Ejecutivo hará "que la ley se cumpla" para que "las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones".
Abrir un debate
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará "atento y vigilante". De la Vega (...) señaló que sí que pretende "abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva".
15 de enero de 2008
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no va a permitir que "ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales" en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
"Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege", dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser.
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que "se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto.
Además, aseguró que el Ejecutivo hará "que la ley se cumpla" para que "las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones".
Abrir un debate
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará "atento y vigilante". De la Vega (...) señaló que sí que pretende "abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva".
sábado, 12 de enero de 2008
La Generalitat clausura las empresas de Morín
Fuente: Hispanidad
11 de enero de 2008
Este miércoles 9 fueron clausurados por el departamento de Sanidad de la Generalitat catalana los centros de Carlos Morín, en prisión por presuntos abortos ilegales. La clausura se produce tras comprobar que el personal médico ya no trabajaba en los centros. Y no es extraño: no han cobrado ni la nómina de noviembre. Y eso a pesar de que los centros han permanecido abiertos y que se ha seguido facturando cuantías no bajas. ¿Qué se hacía con el dinero? Morín dio orden a su abogado de que recogiera diariamente la recaudación. Y así lo hizo. De manera que no hubo posibilidad de pagar.
La maniobra empresarial consiste en obligar a los trabajadores a pasar al Fondo de Garantía salarial. De esta manera es la administración quien se hace cargo del pago de las nóminas. Lo que nos ha hecho -porque ni trabajadores ni proveedores lo han pedido todavía- es instar la quiebra, o al menos la suspensión de pagos, que parece lo razonable. Al fin y al cabo, las deudas con proveedores y con los dueños de los locales donde ejercía su siniestra actividad, están sin pagar desde hace meses.
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11 de enero de 2008
Este miércoles 9 fueron clausurados por el departamento de Sanidad de la Generalitat catalana los centros de Carlos Morín, en prisión por presuntos abortos ilegales. La clausura se produce tras comprobar que el personal médico ya no trabajaba en los centros. Y no es extraño: no han cobrado ni la nómina de noviembre. Y eso a pesar de que los centros han permanecido abiertos y que se ha seguido facturando cuantías no bajas. ¿Qué se hacía con el dinero? Morín dio orden a su abogado de que recogiera diariamente la recaudación. Y así lo hizo. De manera que no hubo posibilidad de pagar.
La maniobra empresarial consiste en obligar a los trabajadores a pasar al Fondo de Garantía salarial. De esta manera es la administración quien se hace cargo del pago de las nóminas. Lo que nos ha hecho -porque ni trabajadores ni proveedores lo han pedido todavía- es instar la quiebra, o al menos la suspensión de pagos, que parece lo razonable. Al fin y al cabo, las deudas con proveedores y con los dueños de los locales donde ejercía su siniestra actividad, están sin pagar desde hace meses.
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Más de un mes de detenciones, cierres y protestas
Fuente: La Razón
12 de enero de 2008
El de ayer ha sido el penúltimo episodio de la polémica sobre las clínicas abortistas. Todo se inició el pasado día 26 de noviembre cuando la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas relacionadas con la presunta ejecución de abortos ilegales. Entre ellos estaba el doctor Morín, que ya estuvo en prisión en 1989 por la práctica de abortos ilegales en una clínica de Alicante. También en Barcelona, el 17 de diciembre, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a estas supuestas prácticas. Se trataba de tres ginecólogos, dos anestesistas y dos psiquiatras. Sin embargo, el escándalo traspasó los límites de Cataluña y llegó hasta Madrid. En la capital, el 10 de diciembre, fue clausurada una fililial de la polémica clímica. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el motivo fue la detección de una serie de irregularidades en el centro médico. Apenas tres días después, la clínica Mayrit también estaba en el disparadero. De nuevo una inspección de la administración autonómica ponía bajo sospecha a sus responsables. Allí, los inspectores hallaron carpetas sujetas con gomas con la inscripción «destruir» y una serie de informes psiquiátricos sin rellenar pero firmados y sellados. La respuesta de las clínicas no se hizo esperar y el día 8 iniciaron una huelga denunciando la falta de seguridad jurídica de sus profesionales.
12 de enero de 2008
El de ayer ha sido el penúltimo episodio de la polémica sobre las clínicas abortistas. Todo se inició el pasado día 26 de noviembre cuando la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas relacionadas con la presunta ejecución de abortos ilegales. Entre ellos estaba el doctor Morín, que ya estuvo en prisión en 1989 por la práctica de abortos ilegales en una clínica de Alicante. También en Barcelona, el 17 de diciembre, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a estas supuestas prácticas. Se trataba de tres ginecólogos, dos anestesistas y dos psiquiatras. Sin embargo, el escándalo traspasó los límites de Cataluña y llegó hasta Madrid. En la capital, el 10 de diciembre, fue clausurada una fililial de la polémica clímica. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el motivo fue la detección de una serie de irregularidades en el centro médico. Apenas tres días después, la clínica Mayrit también estaba en el disparadero. De nuevo una inspección de la administración autonómica ponía bajo sospecha a sus responsables. Allí, los inspectores hallaron carpetas sujetas con gomas con la inscripción «destruir» y una serie de informes psiquiátricos sin rellenar pero firmados y sellados. La respuesta de las clínicas no se hizo esperar y el día 8 iniciaron una huelga denunciando la falta de seguridad jurídica de sus profesionales.
El aborto no es un derecho, por Juan Sánchez
Fuente: La Razón (extracto)
12 de enero de 2008
(...) uno de los mayores logros de la izquierda ha sido el de transformar nuestra percepción de la realidad a través de la manipulación del lenguaje.
Este mismo lenguaje justifica la ocultación de una cruda realidad y la eliminación de miles de vidas humanas. Llamarle al aborto «interrupción voluntaria del embarazo» es una mostruosidad sólo comparable con oírle a Josu Ternera decir que los guardias civiles mueren por «intoxicación aguda de plomo».
Creo, sinceramente, que en toda la historia de la humanidad no ha habido nada más macabro que llamarle «derecho» a acabar con la vida de un ser humano, indefenso, e inocente. Abortar es acabar con la vida de un ser humano. Eso está clarísimo. Y acabar con la vida de un ser humano nunca puede ser un derecho. Lo diga quien lo diga, por muy progresista que sea.
España es el país más permisivo de Europa en materia abortiva. Aquí es legal asesinar a un crío de nueve meses con un simple certificado del centro abortista alegando «depresión». Pues aun así, nuestra legislación no contempla que ese aborto sea «un derecho», sino un «delito despenalizado».
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12 de enero de 2008
(...) uno de los mayores logros de la izquierda ha sido el de transformar nuestra percepción de la realidad a través de la manipulación del lenguaje.
Este mismo lenguaje justifica la ocultación de una cruda realidad y la eliminación de miles de vidas humanas. Llamarle al aborto «interrupción voluntaria del embarazo» es una mostruosidad sólo comparable con oírle a Josu Ternera decir que los guardias civiles mueren por «intoxicación aguda de plomo».
Creo, sinceramente, que en toda la historia de la humanidad no ha habido nada más macabro que llamarle «derecho» a acabar con la vida de un ser humano, indefenso, e inocente. Abortar es acabar con la vida de un ser humano. Eso está clarísimo. Y acabar con la vida de un ser humano nunca puede ser un derecho. Lo diga quien lo diga, por muy progresista que sea.
España es el país más permisivo de Europa en materia abortiva. Aquí es legal asesinar a un crío de nueve meses con un simple certificado del centro abortista alegando «depresión». Pues aun así, nuestra legislación no contempla que ese aborto sea «un derecho», sino un «delito despenalizado».
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Los abortos ilegales salpican a la Isadora
Fuente: La Razón
12 de enero de 2008
La polémica de las clínicas abortistas llega a los tribunales. Después de más de un mes de detenciones, clausuras, denuncias y huelgas, el asunto ha cruzado el umbral de la Justicia, que tendrá que determinar qué es lo que ocurre en estos centros de puertas para adentro. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos, algunas ya en la tarde de ayer, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la Clínica Isadora.
La atención del juez se centra en el modo en que se retiran los residuos biosanitarios y en la presunta práctica de abortos ilegales, según confirmó ayer a Ep una de las abogadas de las testigos.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de «La Vida Importa» interpuesta el pasado 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos -de fetos de más de ocho meses- y biosanitarios -gasas o jeringuillas- a los cubos de basura.
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12 de enero de 2008
La polémica de las clínicas abortistas llega a los tribunales. Después de más de un mes de detenciones, clausuras, denuncias y huelgas, el asunto ha cruzado el umbral de la Justicia, que tendrá que determinar qué es lo que ocurre en estos centros de puertas para adentro. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos, algunas ya en la tarde de ayer, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la Clínica Isadora.
La atención del juez se centra en el modo en que se retiran los residuos biosanitarios y en la presunta práctica de abortos ilegales, según confirmó ayer a Ep una de las abogadas de las testigos.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de «La Vida Importa» interpuesta el pasado 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos -de fetos de más de ocho meses- y biosanitarios -gasas o jeringuillas- a los cubos de basura.
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La Justicia cita a declarar a 28 mujeres que abortaron en un centro investigado de Madrid
Fuente: Abc (extracto)
12 de enero de 2008
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a veintiocho mujeres -que estaban embarazadas y abortaron en la clínica Isadora- como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica madrileña Isadora, centro autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Clínica Isadora fue objeto de una denuncia interpuesta ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 9 de junio de 2006 por la organización «La Vida Importa» por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura, informa Ep. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó hace menos de un año que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales. Y remitió al juzgado el resultado de su investigación, de la que se deriva ahora la actuación emprendida por el citado juzgado.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo han denunciado, antes las últimas decisiones judiciales, que son víctimas de «una persecución política». Ante ello, el presidente de «La Vida Importa», Juan Sánchez Galera, ha pedido a esas clínicas que «dejen de hacerse las víctimas y dejen actuar a la Justicia, como hacemos nosotros». Sánchez Galera añadió que «las verdaderas víctimas son los seres humanos que mueren en los abortos y también las mujeres».
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12 de enero de 2008
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a veintiocho mujeres -que estaban embarazadas y abortaron en la clínica Isadora- como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica madrileña Isadora, centro autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Clínica Isadora fue objeto de una denuncia interpuesta ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 9 de junio de 2006 por la organización «La Vida Importa» por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura, informa Ep. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó hace menos de un año que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales. Y remitió al juzgado el resultado de su investigación, de la que se deriva ahora la actuación emprendida por el citado juzgado.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo han denunciado, antes las últimas decisiones judiciales, que son víctimas de «una persecución política». Ante ello, el presidente de «La Vida Importa», Juan Sánchez Galera, ha pedido a esas clínicas que «dejen de hacerse las víctimas y dejen actuar a la Justicia, como hacemos nosotros». Sánchez Galera añadió que «las verdaderas víctimas son los seres humanos que mueren en los abortos y también las mujeres».
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viernes, 11 de enero de 2008
Los establecimientos de abortos, a espaldas del Estado de Derecho
Fuente: La Vida Importa
Impresiones sobre la huelga (o supuesta huelga) de los establecimientos abortistas
Durante estos días hemos escuchado bastantes declaraciones de diversos responsables de los establecimientos abortistas. Como más abajo se lee, aseguran que no se los puede someter a inspección judicial ni administrativa. Todo lo contrario de lo que sucede con los ciudadanos, asociaciones y empresas españolas.
Los responsables de dichos establecimientos parecen desconocer uno de nuestros principios democráticos: que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. La Constitución consagra, precisamente de este modo, la igualdad de todos ante la Ley. Por tanto, todos debemos rendir cuentas y explicar lo que hemos hecho, cuando existen indicios o pruebas de delito o falta. Hacienda puede revisar nuestra Declaración de la Renta, la Guardia Civil puede requerirnos para que detengamos el coche y mostremos nuestra documentación, los semáforos en rojo nos impiden continuar la marcha.
Sin embargo, los establecimientos de abortos quieren dar a entender que aspiran a un privilegio que les permita operar al margen del Estado de Derecho.
No, no es una caza de brujas. Estamos ante un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas basadas en el orden constitucional, el imperio de la Ley y la vigencia del Estado de Derecho. Sí, señoras y señores, el Estado de Derecho debe estar vigente incluso en las cuentas bancarias de los establecimientos de abortos. Incluso en las salas alicatadas donde se realizan los abortos.
Por otro lado, los establecimientos de abortos debieran conocer mejor la legislación española, y no llamar “derecho” a lo que en realidad es un “delito despenalizado”. Y también deberían informar a las mujeres de los graves problemas, sobre todo psicológicos, que acarrea un aborto provocado.
En otras palabras, invitamos a los establecimientos de abortos a integrarse plenamente en el Estado de Derecho y la Constitución.
Impresiones sobre la huelga (o supuesta huelga) de los establecimientos abortistas
Durante estos días hemos escuchado bastantes declaraciones de diversos responsables de los establecimientos abortistas. Como más abajo se lee, aseguran que no se los puede someter a inspección judicial ni administrativa. Todo lo contrario de lo que sucede con los ciudadanos, asociaciones y empresas españolas.
Los responsables de dichos establecimientos parecen desconocer uno de nuestros principios democráticos: que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. La Constitución consagra, precisamente de este modo, la igualdad de todos ante la Ley. Por tanto, todos debemos rendir cuentas y explicar lo que hemos hecho, cuando existen indicios o pruebas de delito o falta. Hacienda puede revisar nuestra Declaración de la Renta, la Guardia Civil puede requerirnos para que detengamos el coche y mostremos nuestra documentación, los semáforos en rojo nos impiden continuar la marcha.
Sin embargo, los establecimientos de abortos quieren dar a entender que aspiran a un privilegio que les permita operar al margen del Estado de Derecho.
No, no es una caza de brujas. Estamos ante un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas basadas en el orden constitucional, el imperio de la Ley y la vigencia del Estado de Derecho. Sí, señoras y señores, el Estado de Derecho debe estar vigente incluso en las cuentas bancarias de los establecimientos de abortos. Incluso en las salas alicatadas donde se realizan los abortos.
Por otro lado, los establecimientos de abortos debieran conocer mejor la legislación española, y no llamar “derecho” a lo que en realidad es un “delito despenalizado”. Y también deberían informar a las mujeres de los graves problemas, sobre todo psicológicos, que acarrea un aborto provocado.
En otras palabras, invitamos a los establecimientos de abortos a integrarse plenamente en el Estado de Derecho y la Constitución.
Fomento del aborto ilegal, por Clemente Ferrer
Fuente: Diario Siglo XXI
11 de enero de 2008
El aborto siempre es detestable, no sólo por ser delito (en España es delito despenalizado en tres supuestos), sino, sobre todo, porque es un atentado horrible contra la vida más inocente: la del niño camino de su nacimiento, digno del amparo de sus padres, de la sociedad y de los poderes públicos. Josep Miró, presidente de E-cristians, revela que en España la legislación que reglamenta las prerrogativas concretas en que el aborto no es punible tiene una regulación mínima, porque las regencias públicas no han anhelado mejorarla. "No existe ningún control previo, durante o posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto".
La exigua proporción de abortos que se ejecutan en los sanatorios públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino a que se ve mas ventajoso encaminar hacia clínicas privadas los abortos que no están palmariamente tipificados. "Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre aborto significan más del 95 por ciento del total".
La sanidad pública, sigue aclarando Miró, ha implantado un procedimiento para donar fondos públicos a las clínicas abortistas, de dos formas: "Una mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero de los contribuyentes, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que lo financian. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las clínicas abortistas".
El sistema se presta a abusos probados. "Los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos".
Los fondos de la sanidad pública aviva así substanciosos contratos privados con las clínicas abortistas. "Aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. El resultado es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de la natalidad".
Clemente Ferrer Roselló es presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad.
11 de enero de 2008
El aborto siempre es detestable, no sólo por ser delito (en España es delito despenalizado en tres supuestos), sino, sobre todo, porque es un atentado horrible contra la vida más inocente: la del niño camino de su nacimiento, digno del amparo de sus padres, de la sociedad y de los poderes públicos. Josep Miró, presidente de E-cristians, revela que en España la legislación que reglamenta las prerrogativas concretas en que el aborto no es punible tiene una regulación mínima, porque las regencias públicas no han anhelado mejorarla. "No existe ningún control previo, durante o posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto".
La exigua proporción de abortos que se ejecutan en los sanatorios públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino a que se ve mas ventajoso encaminar hacia clínicas privadas los abortos que no están palmariamente tipificados. "Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre aborto significan más del 95 por ciento del total".
La sanidad pública, sigue aclarando Miró, ha implantado un procedimiento para donar fondos públicos a las clínicas abortistas, de dos formas: "Una mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero de los contribuyentes, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que lo financian. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las clínicas abortistas".
El sistema se presta a abusos probados. "Los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos".
Los fondos de la sanidad pública aviva así substanciosos contratos privados con las clínicas abortistas. "Aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. El resultado es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de la natalidad".
Clemente Ferrer Roselló es presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad.
Declaran ante la juez Morín y otros implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en Barcelona
Fuente: Terra
11 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona volvió esta mañana a tomar declaración al ginecólogo peruano Carlos Morín y a otros de los implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en clínicas de Barcelona, entre los que también se encuentra una mujer holandesa investigada en su país por abortar en España de forma irregular.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la juez Elisabeth Castelló convocó para hoy esta nueva citación después de recibir una comisión rogatoria enviada desde un juzgado holandés, que investiga el caso de una mujer de este país que pudo haber interrumpido su embarazo de forma ilegal en alguna de las clínicas de Morín, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de noviembre, junto a su esposa María Luisa D.S., otra empleada de las clínicas, y dos psiquiatras acusados de falsear informes.
A todos ellos, se les imputan varios delitos de aborto e intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita. Tras el inicio de la investigación y el registro de las clínicas TBC, Ginemedex, BarnaMedic y EMECE han sido detenidas un total de 13 personas, entre cargos administrativos, médicos, psiquiatras, ginecólogos y anestesistas.
11 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona volvió esta mañana a tomar declaración al ginecólogo peruano Carlos Morín y a otros de los implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en clínicas de Barcelona, entre los que también se encuentra una mujer holandesa investigada en su país por abortar en España de forma irregular.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la juez Elisabeth Castelló convocó para hoy esta nueva citación después de recibir una comisión rogatoria enviada desde un juzgado holandés, que investiga el caso de una mujer de este país que pudo haber interrumpido su embarazo de forma ilegal en alguna de las clínicas de Morín, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de noviembre, junto a su esposa María Luisa D.S., otra empleada de las clínicas, y dos psiquiatras acusados de falsear informes.
A todos ellos, se les imputan varios delitos de aborto e intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita. Tras el inicio de la investigación y el registro de las clínicas TBC, Ginemedex, BarnaMedic y EMECE han sido detenidas un total de 13 personas, entre cargos administrativos, médicos, psiquiatras, ginecólogos y anestesistas.
La huelga patronal de los centros abortistas es un fraude
Fuente: Hispanidad
11 de enero de 2008
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos resumir la huelga patronal convocada por los centros de abortos en España. Dicen que se sienten “amenazados” y que no pueden realizar su trabajo con las suficientes garantías jurídicas. Así que han convocado una huelga esta semana. Pero una huelga fraudulenta. Resulta que seguirán atendiendo a aquellas mujeres en las que su vida corra riesgo. Teniendo en cuenta que el 97% de los abortos realizados en España se realizan bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la madre, la conclusión es obvia: no hay huelga real.
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11 de enero de 2008
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos resumir la huelga patronal convocada por los centros de abortos en España. Dicen que se sienten “amenazados” y que no pueden realizar su trabajo con las suficientes garantías jurídicas. Así que han convocado una huelga esta semana. Pero una huelga fraudulenta. Resulta que seguirán atendiendo a aquellas mujeres en las que su vida corra riesgo. Teniendo en cuenta que el 97% de los abortos realizados en España se realizan bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la madre, la conclusión es obvia: no hay huelga real.
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Los abortos de Clínica Isadora, en el juzgado: llaman a declarar a 28 mujeres
Fuente: Forum Libertas
11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
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11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
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Zapatero y los obispos, por Rodríguez Adrados
Fuente: Abc (Extracto de la Tercera)
10 de enero de 2008
Desde la fecha más antigua las más diversas sociedades han aceptado excepciones al «no matarás» que Dios dictó a Moisés. Excepciones como la militar: los vencidos en guerra eran pasados a cuchillo hasta que llegaron las no siempre cumplidas leyes de guerra, la convención de Ginebra; la mujeres pasaban al lecho de los vencedores. Había la excepción judicial: la pena de muerte, en tantos lugares. La excepción religiosa: las víctimas sacrificadas, parece que en Grecia y otros lugares en la edad más arcaica, sin duda en el Méjico y el Perú prehispánicos, toda la comunidad recogía frutos y prosperidad de aquellas víctimas engalanadas (entre ellas los españoles precipitados, tras arrancarles el corazón, por las gradas del templo mayor de México).
Y había la excepción de los niños deformes en Esparta, precipitados desde el Taigeto; y la de las niñas en China; y la de los viejos ya inútiles en tantos lugares. El aborto es otra excepción más o menos consentida a lo largo de los tiempos.
La cuestión es esta. Lo que llaman el avance de la civilización o el progreso o la democracia, como quieran, ha tendido a borrar muchas de estas excepciones. También entre los cristianos, a partir de un momento. Se ven con horror los sacrificios y condenas de tipo religioso, los de niños y niñas y viejos deformes. Se condena la pena de muerte. Se abomina de las guerras (aunque resurgen por doquier). Parece que todo eso va contra la religión y contra el progreso. En esto, al menos, estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, hay campañas que no cesan a favor de la eutanasia y del aborto. ¿Es esto progresista? Parece que, para algunos, sí. Los demás nos quedamos estupefactos. No podemos ni creerlo. Ni que entre en las leyes, más o menos, ni que algunos obtengan beneficios económicos. Pero así es.
Y socialmente hablando, 100.000 españoles menos al año, más los que se evitan de mil otras maneras, dejan un hueco que sólo los emigrantes llenan. Nuestra nación decae. Vean Vds., esta que hago es una proclama que puede titularse religiosa pero, también, simplemente humana. Simplemente social. No vale la pena arrostrar todo esto por un puñado de votos. Esto es lo que intento: hacer ver que el Cristianismo y sus portavoces no hacen otra cosa, en este caso, que seguir a una moralidad simplemente humana. Que ellos contribuyen a defender, sacralizándola. Y que está más allá de los votos, los votos no pueden abrogarla. No pueden negar el día o la noche.
En suma: lo cristiano es continuación, culminación, de algo que es simplemente humano o desarrollo humano. Demolerlo en nombre de una ley o de un Gobierno o de unos votos que son transitorios (y que, sin duda, no se pidieron para esto) no parece razonable. La vida de una sociedad, la de una nación, son largas. No las tronchemos por conseguir el favor de pequeños grupos. Los votos no abren una veda para todo.
Esto es lo que quería comentar. Detrás de un episodio electoral y un episodio religioso hay un episodio filosófico. Los votos no pueden decidirlo todo.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSde las Reales Academias Española y de la Historia
10 de enero de 2008
Desde la fecha más antigua las más diversas sociedades han aceptado excepciones al «no matarás» que Dios dictó a Moisés. Excepciones como la militar: los vencidos en guerra eran pasados a cuchillo hasta que llegaron las no siempre cumplidas leyes de guerra, la convención de Ginebra; la mujeres pasaban al lecho de los vencedores. Había la excepción judicial: la pena de muerte, en tantos lugares. La excepción religiosa: las víctimas sacrificadas, parece que en Grecia y otros lugares en la edad más arcaica, sin duda en el Méjico y el Perú prehispánicos, toda la comunidad recogía frutos y prosperidad de aquellas víctimas engalanadas (entre ellas los españoles precipitados, tras arrancarles el corazón, por las gradas del templo mayor de México).
Y había la excepción de los niños deformes en Esparta, precipitados desde el Taigeto; y la de las niñas en China; y la de los viejos ya inútiles en tantos lugares. El aborto es otra excepción más o menos consentida a lo largo de los tiempos.
La cuestión es esta. Lo que llaman el avance de la civilización o el progreso o la democracia, como quieran, ha tendido a borrar muchas de estas excepciones. También entre los cristianos, a partir de un momento. Se ven con horror los sacrificios y condenas de tipo religioso, los de niños y niñas y viejos deformes. Se condena la pena de muerte. Se abomina de las guerras (aunque resurgen por doquier). Parece que todo eso va contra la religión y contra el progreso. En esto, al menos, estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, hay campañas que no cesan a favor de la eutanasia y del aborto. ¿Es esto progresista? Parece que, para algunos, sí. Los demás nos quedamos estupefactos. No podemos ni creerlo. Ni que entre en las leyes, más o menos, ni que algunos obtengan beneficios económicos. Pero así es.
Y socialmente hablando, 100.000 españoles menos al año, más los que se evitan de mil otras maneras, dejan un hueco que sólo los emigrantes llenan. Nuestra nación decae. Vean Vds., esta que hago es una proclama que puede titularse religiosa pero, también, simplemente humana. Simplemente social. No vale la pena arrostrar todo esto por un puñado de votos. Esto es lo que intento: hacer ver que el Cristianismo y sus portavoces no hacen otra cosa, en este caso, que seguir a una moralidad simplemente humana. Que ellos contribuyen a defender, sacralizándola. Y que está más allá de los votos, los votos no pueden abrogarla. No pueden negar el día o la noche.
En suma: lo cristiano es continuación, culminación, de algo que es simplemente humano o desarrollo humano. Demolerlo en nombre de una ley o de un Gobierno o de unos votos que son transitorios (y que, sin duda, no se pidieron para esto) no parece razonable. La vida de una sociedad, la de una nación, son largas. No las tronchemos por conseguir el favor de pequeños grupos. Los votos no abren una veda para todo.
Esto es lo que quería comentar. Detrás de un episodio electoral y un episodio religioso hay un episodio filosófico. Los votos no pueden decidirlo todo.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSde las Reales Academias Española y de la Historia
Aborto: cierre por ampliación de negocio
Fuente: Aceprensa
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
Lackoff, el aborto y los conceptos jurídicos
Fuente: Libertad Digital
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
miércoles, 9 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en huelga reconocen que se saltan masivamente la ley
Fuente: La Gaceta de los Negocios
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
Los establecimientos abortistas en huelga se reunirá con autoridades de la CAM
Fuente: La Gaceta de los Negocios
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
El negocio del aborto
Fuente: Abc
Editorial del 9 de enero de 2008
Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.
Editorial del 9 de enero de 2008
Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.
martes, 8 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en España inician hoy una huelga de cinco días
Fuente: La Gaceta de los Negocios
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
sábado, 5 de enero de 2008
Once mil menores de edad han abortado en España en los últimos dos años
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA.
Once mil menores de edad abortaron en España en los últimos dos años, con un incremento del 4,2 por ciento en 2006 con respecto al año anterior. De ellos, más de 700 eran chicas residentes en el extranjero que accedieron a nuestro país para someterse a la interrupción del embarazo. De hecho, de las 3.383 mujeres residentes en el extranjero que abortaron en nuestro país el año pasado, 332 eran menores de edad, lo que supone prácticamente una de cada diez.
Entre los dos primeros grupos de edad (menores de 15 años y de 15 a 19 años), en España se contabilizaron casi catorce mil abortos. De ellos, 13.293 fueron de residentes en España, y la interrupción se produjo en su mayoría (87,7 por ciento) entre las primeras doce semanas de gestación. Todo lo contrario que entre las residentes en el extranjero, ya que más de la mitad de las 601 chicas que acudieron a España para «acabar» con su embarazo se encontraban en un muy avanzado estado de gestación, a partir de la semana 17.
Extremadura y Galicia
De las menores de 18 años, 11.244 se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en los últimos dos años, y en 2006 el porcentaje sobre el total de abortos alcanzó el 5,84 por ciento, con diferentes visiones según cada Comunidad Autónoma. Cinco de las comunidades superan la media española, y en este caso no a todas se les puede introducir el elemento de la inmigración para comprender su situación. De hecho, el mayor porcentaje de abortos entre menores de edad con respecto al total de casos se dio el año pasado en Extremadura (un 9,27 por ciento), región que no tiene una gran carga de inmigrantes, como tampoco Galicia (6,88%).
Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana son las otras autonomías, y a éstas hay que añadir los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con cifras en estos últimos casos no significativas. Y, por supuesto, las menores residentes en el extranjero, que en porcentaje suponen un 9,81 por ciento del total que vienen a España por ese motivo.
En 2006 el número de abortos alcanzó los 101.592, que se deben dividir en dos bloques: residentes en España y residentes en el extranjero. Hemos realizado una comparativa entre ambos grupos porque ciertas diferencias llaman la atención y pueden hacer comprender por qué y quiénes se desplazan de su país de residencia al nuestro con una misión: que alguien interrumpa su embarazo sin que se pueda encontrar problema legal alguno.
A partir de la semana 17
Por ejemplo, el 0,46% de los abortos entre las residentes en nuestro país corresponde a menores de 15 años, porcentaje que se eleva hasta el 1,27 en el caso de las extranjeras. Similar situación se vive entre las menores de 20 años. También son más las extranjeras que interrumpen su embarazo por primera vez (un 74,93%) con respecto al porcentaje de españolas: 68,66. Y un caso evidente se da en el tiempo de gestación, pues una de cada tres extranjeras esperan hasta haber superado la decimosexta semana, y entre las residentes en nuestro país esa posibilidad se da en menos del 5 por ciento.
Casi un aborto cada cinco minutos (0,976), más de once a la hora, 278 al día y 8.466 al mes. Esa también es la imagen de España, que ha obtenido con los datos de 2006 encima de la mesa el mayor aumento conocido en tasa de abortos, al subir más de un punto (9,60 a 10,62) con respecto al año anterior.
Entre los números aportados se extraen muchas otras conclusiones. Por ejemplo, los casos entre mujeres casadas descienden de forma constante y casi en la misma proporción que crecen los de las solteras. También bajan, año tras año, las interrupciones entre las estudiantes, que han pasado de ser un 16,33 por ciento del total a un 10,75. Y, al contrario, entre las mujeres sin pareja casi se ha triplicado el número de abortos en los últimos diez años: de 4.501 a 12.890.
Una situación que llama la atención son las interrupciones del embarazo entre mujeres que tienen un hijo. En la actualidad, ya uno de cada cuatro abortos, con un incremento sin freno desde 1997 (del 18,64 por ciento al 24,72). Y en sentido contrario aquellas que aún no han dado a luz, que son menos de la mitad cuando diez años atrás suponían el 54,81 por ciento.
Si hablamos de número de abortos anteriores, casi se ha duplicado el porcentaje de mujeres que se someten al menos por tercera vez a la interrupción de su embarazo en la última década y en números absolutos ha pasado de 2.483 a 9.204. De hecho, en cinco regiones uno de cada diez casos es de personas que acuden por tercera vez a acabar con su gestación. Esa situación se ha producido en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
Entre universitarias
Por último, puede sorprender un dato que se extrae de los abortos a partir de la semana decimoséptima por nivel de estudios. El mayor porcentaje de abortos con respecto al total de los producidos en este apartado corresponde a las mujeres que tienen estudios universitarios (7,3 por ciento), y el menor (3,7 por ciento), a las analfabetas. En medio quedan las personas sin estudio, o las que han concluido el primer grado y el segundo grado.
El aborto y el regreso cultural, por Alfonso López Quintás
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.
«Me abroncaron por convencer a una embarazada de ocho meses de no abortar»
Fuente: La Razón
29 de diciembre de 2007
Jaume Cañellas denuncia los actos «inhumanos» que vio en el centro abortista donde trabajaba
Durante siete meses, Jaume Cañellas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practican abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que sustentaran la necesidad de practicar la interrupción del embarazo. Siempre había tenido una ideología «de izquierdas», y llegó con la esperanza de «poder ayudar a las mujeres», pero pronto se dio cuenta de que se había metido en una «mafia» donde «sólo importa el dinero» y donde, por él se hace cualquier cosa. Cuando salió de allí, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que sólo se topó con puertas cerradas.
–¿Por qué se decidió a trabajar en una clínica abortista?
–Fui contratado pensando en que, con mi trabajo, ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudio de trastornos psíquicos perinatales, y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película.
–¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica?
–Siete meses, entre 2004 y 2005. Desde el principio empecé a ver cosas raras y, a los tres meses, ya había decidido que me iba. Pero los dueños me presionaron y, prácticamente, me suplicaron que me quedara, que no encontraban psiquiatras. Como, entre todos los casos, veía mujeres que en realidad sí lo estaban pasando mal, decidí quedarme. Pero, poco después, empezaron a meterme prisa para que evaluara a más y más mujeres. Me di cuenta de que eran fríos, inhumanos, era como un matadero.
Denuncia
–¿Por qué decidió denunciar las prácticas de este centro?
– No es sólo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas. Pero soy humano, y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude ley generalizado, no hay límites. Si el 97 por ciento de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y, de ellos, el 95 por ciento se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres estan mal de la cabeza y la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos.
–Entonces, ¿no cree que lo ocurrido en las clínicas de Carlos Morín sea una excepción?
No, yo no he trabajado con Morín y he visto de todo. El caso no es aislado. Además, no creo que en ninguna clínica privada se hagan las cosas bien. Ganan tanto –y el dinero corrompe– que es difícil encontrar gente honesta. Y, a los que lo son, los presionan. Yo soy el único que lo ha denunciado y no soy un héroe, sólo un profesional honesto y, por lo visto, no hay muchos.
–¿Cuánto dinero cobraban a las mujeres por los abortos?
–El precio iba subiendo en función del mes de embarazo. Si interrumpir una gestación de seis meses costaba 3.000 euros, un aborto a los ocho meses y medio costaba 6.000.
–¿Se practicaban muchos abortos en fases tan avanzadas?
–Sí, yo he visto muchos después de los ocho meses, lo que es un auténtico infanticidio encubierto. No lo digo sólo yo: tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los médicos aseguran que, en el último trimestre del embarazo, los fetos son totalmente viables y pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. En España, alrededor de un 2 por ciento de las interrupciones del embarazo se hacen en estos tres últimos meses. Si este año ha habido 100.000, significaría que se han cometido 2.000 asesinatos.
–¿En qué consistía exactamente su trabajo?
–Soy psiquiatra de adultos e infantojuvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente –la hacía porque quería, a la clínica le bastaba con el certificado– y también la ayudaba a rellenar un test. Después, me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo: que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, con lo que me gané fama de conflictivo.
–¿Cuánto cobraba?
–Unos 17 euros por cada valoración. Hacía entre tres y cinco al día. En otras clínicas los psiquiatras cobran mucho más, porque incluso algunos son socios de los centros.
–¿En algún caso concluyó que no procedía el aborto?
–Sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana, embarazada de ocho meses y, psicológicamente, muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara, le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que, lo que estaba haciendo su marido, era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. «Apriétale un poco –me espetaron–, seguro que está deprimida o algo».
Firmas en blanco
–¿Llegó a firmar certificados en blanco?
–No, yo no soy ningún estafador. Pero, meses después de haber dejado la clínica, aparecieron certificados en blanco con mi firma. Ni idea de cómo ocurrió. En ese momento dije «se acabó» y decidí contarlo todo claramente al que me quisiera preguntar. Desgraciadamente, la izquierda no se ha interesado por este tema, sólo ha sido la derecha y grupos cristianos. Pero no hace falta ser «ultraconservador», como dicen algunos, para ser humano.
–¿Denunció estos hechos?
–Yo quería contar lo que había visto. Pero yo soy una persona que me gano la vida, no tengo dinero para litigar contra la mafia del aborto. Por eso acudí a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. Los inspectores que me enviaron me hicieron un interrogatorio como si el delincuente fuera yo. Después pasé meses sin recibir respuesta. Acudí al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán]. El único que me contestó fue el primero, Enrique Múgica, pero me dijo que el Síndic le reclamaba las competencias. Harto de que no me contestaran, me puse a llamar a la Consellería y me respondieron que no había nada ilegal. Sólo advirtieron a la clínica que tuviera «más cuidado con las historias clínicas».
–¿Cómo se podría poner freno a las irregularidades en el aborto?
–Las clínicas privadas sólo piensan en ganar dinero y no dan asistencia psicológica ni apoyo a las mujeres. En lugar de matar a sus hijos, cobrándoles mucho dinero por ello, por cierto, y luego mandarlas a casa, habría que ayudar a las mujeres. Hay casos, en las primeras semanas, en que el aborto está, a mi juicio, justificado. Pero he comprobado que los principales motivos por los que se aborta son las presiones del compañero sentimental o familiares y la violencia de género. Hay que ofrecer alternativas. Por otra parte, los médicos de la sanidad pública se escudan en la objeción de conciencia, pero habría que crear equipos especializados y con un sueldo fijo para que se ocuparan de los casos en los que el aborto es legal.
[Entrevista de Rosa Serrano]
29 de diciembre de 2007
Jaume Cañellas denuncia los actos «inhumanos» que vio en el centro abortista donde trabajaba
Durante siete meses, Jaume Cañellas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practican abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que sustentaran la necesidad de practicar la interrupción del embarazo. Siempre había tenido una ideología «de izquierdas», y llegó con la esperanza de «poder ayudar a las mujeres», pero pronto se dio cuenta de que se había metido en una «mafia» donde «sólo importa el dinero» y donde, por él se hace cualquier cosa. Cuando salió de allí, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que sólo se topó con puertas cerradas.
–¿Por qué se decidió a trabajar en una clínica abortista?
–Fui contratado pensando en que, con mi trabajo, ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudio de trastornos psíquicos perinatales, y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película.
–¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica?
–Siete meses, entre 2004 y 2005. Desde el principio empecé a ver cosas raras y, a los tres meses, ya había decidido que me iba. Pero los dueños me presionaron y, prácticamente, me suplicaron que me quedara, que no encontraban psiquiatras. Como, entre todos los casos, veía mujeres que en realidad sí lo estaban pasando mal, decidí quedarme. Pero, poco después, empezaron a meterme prisa para que evaluara a más y más mujeres. Me di cuenta de que eran fríos, inhumanos, era como un matadero.
Denuncia
–¿Por qué decidió denunciar las prácticas de este centro?
– No es sólo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas. Pero soy humano, y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude ley generalizado, no hay límites. Si el 97 por ciento de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y, de ellos, el 95 por ciento se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres estan mal de la cabeza y la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos.
–Entonces, ¿no cree que lo ocurrido en las clínicas de Carlos Morín sea una excepción?
No, yo no he trabajado con Morín y he visto de todo. El caso no es aislado. Además, no creo que en ninguna clínica privada se hagan las cosas bien. Ganan tanto –y el dinero corrompe– que es difícil encontrar gente honesta. Y, a los que lo son, los presionan. Yo soy el único que lo ha denunciado y no soy un héroe, sólo un profesional honesto y, por lo visto, no hay muchos.
–¿Cuánto dinero cobraban a las mujeres por los abortos?
–El precio iba subiendo en función del mes de embarazo. Si interrumpir una gestación de seis meses costaba 3.000 euros, un aborto a los ocho meses y medio costaba 6.000.
–¿Se practicaban muchos abortos en fases tan avanzadas?
–Sí, yo he visto muchos después de los ocho meses, lo que es un auténtico infanticidio encubierto. No lo digo sólo yo: tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los médicos aseguran que, en el último trimestre del embarazo, los fetos son totalmente viables y pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. En España, alrededor de un 2 por ciento de las interrupciones del embarazo se hacen en estos tres últimos meses. Si este año ha habido 100.000, significaría que se han cometido 2.000 asesinatos.
–¿En qué consistía exactamente su trabajo?
–Soy psiquiatra de adultos e infantojuvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente –la hacía porque quería, a la clínica le bastaba con el certificado– y también la ayudaba a rellenar un test. Después, me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo: que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, con lo que me gané fama de conflictivo.
–¿Cuánto cobraba?
–Unos 17 euros por cada valoración. Hacía entre tres y cinco al día. En otras clínicas los psiquiatras cobran mucho más, porque incluso algunos son socios de los centros.
–¿En algún caso concluyó que no procedía el aborto?
–Sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana, embarazada de ocho meses y, psicológicamente, muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara, le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que, lo que estaba haciendo su marido, era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. «Apriétale un poco –me espetaron–, seguro que está deprimida o algo».
Firmas en blanco
–¿Llegó a firmar certificados en blanco?
–No, yo no soy ningún estafador. Pero, meses después de haber dejado la clínica, aparecieron certificados en blanco con mi firma. Ni idea de cómo ocurrió. En ese momento dije «se acabó» y decidí contarlo todo claramente al que me quisiera preguntar. Desgraciadamente, la izquierda no se ha interesado por este tema, sólo ha sido la derecha y grupos cristianos. Pero no hace falta ser «ultraconservador», como dicen algunos, para ser humano.
–¿Denunció estos hechos?
–Yo quería contar lo que había visto. Pero yo soy una persona que me gano la vida, no tengo dinero para litigar contra la mafia del aborto. Por eso acudí a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. Los inspectores que me enviaron me hicieron un interrogatorio como si el delincuente fuera yo. Después pasé meses sin recibir respuesta. Acudí al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán]. El único que me contestó fue el primero, Enrique Múgica, pero me dijo que el Síndic le reclamaba las competencias. Harto de que no me contestaran, me puse a llamar a la Consellería y me respondieron que no había nada ilegal. Sólo advirtieron a la clínica que tuviera «más cuidado con las historias clínicas».
–¿Cómo se podría poner freno a las irregularidades en el aborto?
–Las clínicas privadas sólo piensan en ganar dinero y no dan asistencia psicológica ni apoyo a las mujeres. En lugar de matar a sus hijos, cobrándoles mucho dinero por ello, por cierto, y luego mandarlas a casa, habría que ayudar a las mujeres. Hay casos, en las primeras semanas, en que el aborto está, a mi juicio, justificado. Pero he comprobado que los principales motivos por los que se aborta son las presiones del compañero sentimental o familiares y la violencia de género. Hay que ofrecer alternativas. Por otra parte, los médicos de la sanidad pública se escudan en la objeción de conciencia, pero habría que crear equipos especializados y con un sueldo fijo para que se ocuparan de los casos en los que el aborto es legal.
[Entrevista de Rosa Serrano]
Piden el cierre de las cinco clínicas abortistas de Madrid
Fuente: Abc
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
Las familias reclaman al PP que el aborto sólo se «prescriba» en la sanidad pública
Fuente: La Razón
28 de Diciembre de 2007
M. Laguna
La investigación de las clínicas abortistas en Barcelona y Madrid ha reabierto el debate, también a nivel de los programas electorales. Si desde las organizaciones feministas y las clínicas privadas piden al PSOE una «ley de plazos», varias organizaciones familiares y «pro vida» se han unido para reclamar al PP que introduzca en su programa «garantías» de que se cumpla la ley. Unas modificaciones que pasan, sobre todo, por desvincular los intereses económicos de las clínicas de los certificados médicos necesarios para practicar una interrupción del embarazo.
Organizaciones como Hazteoír, la Plataforma la Vida Importa, Hay Alternativas, Fundación Madrina y el Instituto de Política Familiar han remitido un escrito al Partido Popular para que incluya estas modificaciones. La principal es que «los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social».
Contradicciones
Entre los argumentos que le han trasladado al coordinador del programa electoral «popular», Juan Costa, las asociaciones consideran una «enorme contradicción» que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social «para una simple baja laboral de un día» y, por contra, «la vida del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Además de un cambio legislativo para que sólo los facultativos de la Sanidad Pública puedan expedir los certificados, estas organizaciones instan al PP a «articular mecanismos de información y apoyo a la mujer». Con un nuevo símil, Juan Sánchez, portavoz de La Vida Importa, asegura no entender por qué «para sacarse una muela hay que firmar un consentimiento informado con todos los riesgos» y, en cambio, en caso de aborto «no se informa de los riesgos físicos y psicológicos posteriores ni de otras alternativas.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, no se ha unido a esta petición, pero asegura que, en las próximas semanas, la entidad que preside lanzará una propuesta «para todos los partidos». Aunque, al igual que las demás organizaciones, está en contra del aborto bajo cualquier supuesto, de momento se conforma con que los certificados no los expidan las clínicas y, además, propone «un plazo máximo para el aborto terapéutico.
Protestas
Mientras sigue el debate político, organizaciones «pro vida» se manifestarán hoy, día de los Santos Inocentes, frente a las clínicas abortistas de Madrid. La fecha es señalada para estos grupos todos los años, pero la polémica por las presuntas irregularidades hará que, previsiblemente, las concentraciones sean mayores.
Los centros anunciaron ayer que cerrarán, ante la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de facilitarles protección especial.
28 de Diciembre de 2007
M. Laguna
La investigación de las clínicas abortistas en Barcelona y Madrid ha reabierto el debate, también a nivel de los programas electorales. Si desde las organizaciones feministas y las clínicas privadas piden al PSOE una «ley de plazos», varias organizaciones familiares y «pro vida» se han unido para reclamar al PP que introduzca en su programa «garantías» de que se cumpla la ley. Unas modificaciones que pasan, sobre todo, por desvincular los intereses económicos de las clínicas de los certificados médicos necesarios para practicar una interrupción del embarazo.
Organizaciones como Hazteoír, la Plataforma la Vida Importa, Hay Alternativas, Fundación Madrina y el Instituto de Política Familiar han remitido un escrito al Partido Popular para que incluya estas modificaciones. La principal es que «los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social».
Contradicciones
Entre los argumentos que le han trasladado al coordinador del programa electoral «popular», Juan Costa, las asociaciones consideran una «enorme contradicción» que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social «para una simple baja laboral de un día» y, por contra, «la vida del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Además de un cambio legislativo para que sólo los facultativos de la Sanidad Pública puedan expedir los certificados, estas organizaciones instan al PP a «articular mecanismos de información y apoyo a la mujer». Con un nuevo símil, Juan Sánchez, portavoz de La Vida Importa, asegura no entender por qué «para sacarse una muela hay que firmar un consentimiento informado con todos los riesgos» y, en cambio, en caso de aborto «no se informa de los riesgos físicos y psicológicos posteriores ni de otras alternativas.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, no se ha unido a esta petición, pero asegura que, en las próximas semanas, la entidad que preside lanzará una propuesta «para todos los partidos». Aunque, al igual que las demás organizaciones, está en contra del aborto bajo cualquier supuesto, de momento se conforma con que los certificados no los expidan las clínicas y, además, propone «un plazo máximo para el aborto terapéutico.
Protestas
Mientras sigue el debate político, organizaciones «pro vida» se manifestarán hoy, día de los Santos Inocentes, frente a las clínicas abortistas de Madrid. La fecha es señalada para estos grupos todos los años, pero la polémica por las presuntas irregularidades hará que, previsiblemente, las concentraciones sean mayores.
Los centros anunciaron ayer que cerrarán, ante la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de facilitarles protección especial.
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