viernes, 11 de enero de 2008
Lackoff, el aborto y los conceptos jurídicos
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
miércoles, 9 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en huelga reconocen que se saltan masivamente la ley
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
Los establecimientos abortistas en huelga se reunirá con autoridades de la CAM
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
El negocio del aborto
Editorial del 9 de enero de 2008
Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.
martes, 8 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en España inician hoy una huelga de cinco días
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
sábado, 5 de enero de 2008
Once mil menores de edad han abortado en España en los últimos dos años
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA.
Once mil menores de edad abortaron en España en los últimos dos años, con un incremento del 4,2 por ciento en 2006 con respecto al año anterior. De ellos, más de 700 eran chicas residentes en el extranjero que accedieron a nuestro país para someterse a la interrupción del embarazo. De hecho, de las 3.383 mujeres residentes en el extranjero que abortaron en nuestro país el año pasado, 332 eran menores de edad, lo que supone prácticamente una de cada diez.
Entre los dos primeros grupos de edad (menores de 15 años y de 15 a 19 años), en España se contabilizaron casi catorce mil abortos. De ellos, 13.293 fueron de residentes en España, y la interrupción se produjo en su mayoría (87,7 por ciento) entre las primeras doce semanas de gestación. Todo lo contrario que entre las residentes en el extranjero, ya que más de la mitad de las 601 chicas que acudieron a España para «acabar» con su embarazo se encontraban en un muy avanzado estado de gestación, a partir de la semana 17.
Extremadura y Galicia
De las menores de 18 años, 11.244 se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en los últimos dos años, y en 2006 el porcentaje sobre el total de abortos alcanzó el 5,84 por ciento, con diferentes visiones según cada Comunidad Autónoma. Cinco de las comunidades superan la media española, y en este caso no a todas se les puede introducir el elemento de la inmigración para comprender su situación. De hecho, el mayor porcentaje de abortos entre menores de edad con respecto al total de casos se dio el año pasado en Extremadura (un 9,27 por ciento), región que no tiene una gran carga de inmigrantes, como tampoco Galicia (6,88%).
Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana son las otras autonomías, y a éstas hay que añadir los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con cifras en estos últimos casos no significativas. Y, por supuesto, las menores residentes en el extranjero, que en porcentaje suponen un 9,81 por ciento del total que vienen a España por ese motivo.
En 2006 el número de abortos alcanzó los 101.592, que se deben dividir en dos bloques: residentes en España y residentes en el extranjero. Hemos realizado una comparativa entre ambos grupos porque ciertas diferencias llaman la atención y pueden hacer comprender por qué y quiénes se desplazan de su país de residencia al nuestro con una misión: que alguien interrumpa su embarazo sin que se pueda encontrar problema legal alguno.
A partir de la semana 17
Por ejemplo, el 0,46% de los abortos entre las residentes en nuestro país corresponde a menores de 15 años, porcentaje que se eleva hasta el 1,27 en el caso de las extranjeras. Similar situación se vive entre las menores de 20 años. También son más las extranjeras que interrumpen su embarazo por primera vez (un 74,93%) con respecto al porcentaje de españolas: 68,66. Y un caso evidente se da en el tiempo de gestación, pues una de cada tres extranjeras esperan hasta haber superado la decimosexta semana, y entre las residentes en nuestro país esa posibilidad se da en menos del 5 por ciento.
Casi un aborto cada cinco minutos (0,976), más de once a la hora, 278 al día y 8.466 al mes. Esa también es la imagen de España, que ha obtenido con los datos de 2006 encima de la mesa el mayor aumento conocido en tasa de abortos, al subir más de un punto (9,60 a 10,62) con respecto al año anterior.
Entre los números aportados se extraen muchas otras conclusiones. Por ejemplo, los casos entre mujeres casadas descienden de forma constante y casi en la misma proporción que crecen los de las solteras. También bajan, año tras año, las interrupciones entre las estudiantes, que han pasado de ser un 16,33 por ciento del total a un 10,75. Y, al contrario, entre las mujeres sin pareja casi se ha triplicado el número de abortos en los últimos diez años: de 4.501 a 12.890.
Una situación que llama la atención son las interrupciones del embarazo entre mujeres que tienen un hijo. En la actualidad, ya uno de cada cuatro abortos, con un incremento sin freno desde 1997 (del 18,64 por ciento al 24,72). Y en sentido contrario aquellas que aún no han dado a luz, que son menos de la mitad cuando diez años atrás suponían el 54,81 por ciento.
Si hablamos de número de abortos anteriores, casi se ha duplicado el porcentaje de mujeres que se someten al menos por tercera vez a la interrupción de su embarazo en la última década y en números absolutos ha pasado de 2.483 a 9.204. De hecho, en cinco regiones uno de cada diez casos es de personas que acuden por tercera vez a acabar con su gestación. Esa situación se ha producido en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
Entre universitarias
Por último, puede sorprender un dato que se extrae de los abortos a partir de la semana decimoséptima por nivel de estudios. El mayor porcentaje de abortos con respecto al total de los producidos en este apartado corresponde a las mujeres que tienen estudios universitarios (7,3 por ciento), y el menor (3,7 por ciento), a las analfabetas. En medio quedan las personas sin estudio, o las que han concluido el primer grado y el segundo grado.
El aborto y el regreso cultural, por Alfonso López Quintás
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.