Fuente: Abc
Editorial del 9 de enero de 2008
Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.
miércoles, 9 de enero de 2008
martes, 8 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en España inician hoy una huelga de cinco días
Fuente: La Gaceta de los Negocios
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
sábado, 5 de enero de 2008
Once mil menores de edad han abortado en España en los últimos dos años
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA.
Once mil menores de edad abortaron en España en los últimos dos años, con un incremento del 4,2 por ciento en 2006 con respecto al año anterior. De ellos, más de 700 eran chicas residentes en el extranjero que accedieron a nuestro país para someterse a la interrupción del embarazo. De hecho, de las 3.383 mujeres residentes en el extranjero que abortaron en nuestro país el año pasado, 332 eran menores de edad, lo que supone prácticamente una de cada diez.
Entre los dos primeros grupos de edad (menores de 15 años y de 15 a 19 años), en España se contabilizaron casi catorce mil abortos. De ellos, 13.293 fueron de residentes en España, y la interrupción se produjo en su mayoría (87,7 por ciento) entre las primeras doce semanas de gestación. Todo lo contrario que entre las residentes en el extranjero, ya que más de la mitad de las 601 chicas que acudieron a España para «acabar» con su embarazo se encontraban en un muy avanzado estado de gestación, a partir de la semana 17.
Extremadura y Galicia
De las menores de 18 años, 11.244 se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en los últimos dos años, y en 2006 el porcentaje sobre el total de abortos alcanzó el 5,84 por ciento, con diferentes visiones según cada Comunidad Autónoma. Cinco de las comunidades superan la media española, y en este caso no a todas se les puede introducir el elemento de la inmigración para comprender su situación. De hecho, el mayor porcentaje de abortos entre menores de edad con respecto al total de casos se dio el año pasado en Extremadura (un 9,27 por ciento), región que no tiene una gran carga de inmigrantes, como tampoco Galicia (6,88%).
Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana son las otras autonomías, y a éstas hay que añadir los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con cifras en estos últimos casos no significativas. Y, por supuesto, las menores residentes en el extranjero, que en porcentaje suponen un 9,81 por ciento del total que vienen a España por ese motivo.
En 2006 el número de abortos alcanzó los 101.592, que se deben dividir en dos bloques: residentes en España y residentes en el extranjero. Hemos realizado una comparativa entre ambos grupos porque ciertas diferencias llaman la atención y pueden hacer comprender por qué y quiénes se desplazan de su país de residencia al nuestro con una misión: que alguien interrumpa su embarazo sin que se pueda encontrar problema legal alguno.
A partir de la semana 17
Por ejemplo, el 0,46% de los abortos entre las residentes en nuestro país corresponde a menores de 15 años, porcentaje que se eleva hasta el 1,27 en el caso de las extranjeras. Similar situación se vive entre las menores de 20 años. También son más las extranjeras que interrumpen su embarazo por primera vez (un 74,93%) con respecto al porcentaje de españolas: 68,66. Y un caso evidente se da en el tiempo de gestación, pues una de cada tres extranjeras esperan hasta haber superado la decimosexta semana, y entre las residentes en nuestro país esa posibilidad se da en menos del 5 por ciento.
Casi un aborto cada cinco minutos (0,976), más de once a la hora, 278 al día y 8.466 al mes. Esa también es la imagen de España, que ha obtenido con los datos de 2006 encima de la mesa el mayor aumento conocido en tasa de abortos, al subir más de un punto (9,60 a 10,62) con respecto al año anterior.
Entre los números aportados se extraen muchas otras conclusiones. Por ejemplo, los casos entre mujeres casadas descienden de forma constante y casi en la misma proporción que crecen los de las solteras. También bajan, año tras año, las interrupciones entre las estudiantes, que han pasado de ser un 16,33 por ciento del total a un 10,75. Y, al contrario, entre las mujeres sin pareja casi se ha triplicado el número de abortos en los últimos diez años: de 4.501 a 12.890.
Una situación que llama la atención son las interrupciones del embarazo entre mujeres que tienen un hijo. En la actualidad, ya uno de cada cuatro abortos, con un incremento sin freno desde 1997 (del 18,64 por ciento al 24,72). Y en sentido contrario aquellas que aún no han dado a luz, que son menos de la mitad cuando diez años atrás suponían el 54,81 por ciento.
Si hablamos de número de abortos anteriores, casi se ha duplicado el porcentaje de mujeres que se someten al menos por tercera vez a la interrupción de su embarazo en la última década y en números absolutos ha pasado de 2.483 a 9.204. De hecho, en cinco regiones uno de cada diez casos es de personas que acuden por tercera vez a acabar con su gestación. Esa situación se ha producido en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
Entre universitarias
Por último, puede sorprender un dato que se extrae de los abortos a partir de la semana decimoséptima por nivel de estudios. El mayor porcentaje de abortos con respecto al total de los producidos en este apartado corresponde a las mujeres que tienen estudios universitarios (7,3 por ciento), y el menor (3,7 por ciento), a las analfabetas. En medio quedan las personas sin estudio, o las que han concluido el primer grado y el segundo grado.
El aborto y el regreso cultural, por Alfonso López Quintás
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.
«Me abroncaron por convencer a una embarazada de ocho meses de no abortar»
Fuente: La Razón
29 de diciembre de 2007
Jaume Cañellas denuncia los actos «inhumanos» que vio en el centro abortista donde trabajaba
Durante siete meses, Jaume Cañellas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practican abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que sustentaran la necesidad de practicar la interrupción del embarazo. Siempre había tenido una ideología «de izquierdas», y llegó con la esperanza de «poder ayudar a las mujeres», pero pronto se dio cuenta de que se había metido en una «mafia» donde «sólo importa el dinero» y donde, por él se hace cualquier cosa. Cuando salió de allí, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que sólo se topó con puertas cerradas.
–¿Por qué se decidió a trabajar en una clínica abortista?
–Fui contratado pensando en que, con mi trabajo, ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudio de trastornos psíquicos perinatales, y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película.
–¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica?
–Siete meses, entre 2004 y 2005. Desde el principio empecé a ver cosas raras y, a los tres meses, ya había decidido que me iba. Pero los dueños me presionaron y, prácticamente, me suplicaron que me quedara, que no encontraban psiquiatras. Como, entre todos los casos, veía mujeres que en realidad sí lo estaban pasando mal, decidí quedarme. Pero, poco después, empezaron a meterme prisa para que evaluara a más y más mujeres. Me di cuenta de que eran fríos, inhumanos, era como un matadero.
Denuncia
–¿Por qué decidió denunciar las prácticas de este centro?
– No es sólo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas. Pero soy humano, y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude ley generalizado, no hay límites. Si el 97 por ciento de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y, de ellos, el 95 por ciento se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres estan mal de la cabeza y la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos.
–Entonces, ¿no cree que lo ocurrido en las clínicas de Carlos Morín sea una excepción?
No, yo no he trabajado con Morín y he visto de todo. El caso no es aislado. Además, no creo que en ninguna clínica privada se hagan las cosas bien. Ganan tanto –y el dinero corrompe– que es difícil encontrar gente honesta. Y, a los que lo son, los presionan. Yo soy el único que lo ha denunciado y no soy un héroe, sólo un profesional honesto y, por lo visto, no hay muchos.
–¿Cuánto dinero cobraban a las mujeres por los abortos?
–El precio iba subiendo en función del mes de embarazo. Si interrumpir una gestación de seis meses costaba 3.000 euros, un aborto a los ocho meses y medio costaba 6.000.
–¿Se practicaban muchos abortos en fases tan avanzadas?
–Sí, yo he visto muchos después de los ocho meses, lo que es un auténtico infanticidio encubierto. No lo digo sólo yo: tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los médicos aseguran que, en el último trimestre del embarazo, los fetos son totalmente viables y pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. En España, alrededor de un 2 por ciento de las interrupciones del embarazo se hacen en estos tres últimos meses. Si este año ha habido 100.000, significaría que se han cometido 2.000 asesinatos.
–¿En qué consistía exactamente su trabajo?
–Soy psiquiatra de adultos e infantojuvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente –la hacía porque quería, a la clínica le bastaba con el certificado– y también la ayudaba a rellenar un test. Después, me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo: que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, con lo que me gané fama de conflictivo.
–¿Cuánto cobraba?
–Unos 17 euros por cada valoración. Hacía entre tres y cinco al día. En otras clínicas los psiquiatras cobran mucho más, porque incluso algunos son socios de los centros.
–¿En algún caso concluyó que no procedía el aborto?
–Sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana, embarazada de ocho meses y, psicológicamente, muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara, le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que, lo que estaba haciendo su marido, era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. «Apriétale un poco –me espetaron–, seguro que está deprimida o algo».
Firmas en blanco
–¿Llegó a firmar certificados en blanco?
–No, yo no soy ningún estafador. Pero, meses después de haber dejado la clínica, aparecieron certificados en blanco con mi firma. Ni idea de cómo ocurrió. En ese momento dije «se acabó» y decidí contarlo todo claramente al que me quisiera preguntar. Desgraciadamente, la izquierda no se ha interesado por este tema, sólo ha sido la derecha y grupos cristianos. Pero no hace falta ser «ultraconservador», como dicen algunos, para ser humano.
–¿Denunció estos hechos?
–Yo quería contar lo que había visto. Pero yo soy una persona que me gano la vida, no tengo dinero para litigar contra la mafia del aborto. Por eso acudí a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. Los inspectores que me enviaron me hicieron un interrogatorio como si el delincuente fuera yo. Después pasé meses sin recibir respuesta. Acudí al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán]. El único que me contestó fue el primero, Enrique Múgica, pero me dijo que el Síndic le reclamaba las competencias. Harto de que no me contestaran, me puse a llamar a la Consellería y me respondieron que no había nada ilegal. Sólo advirtieron a la clínica que tuviera «más cuidado con las historias clínicas».
–¿Cómo se podría poner freno a las irregularidades en el aborto?
–Las clínicas privadas sólo piensan en ganar dinero y no dan asistencia psicológica ni apoyo a las mujeres. En lugar de matar a sus hijos, cobrándoles mucho dinero por ello, por cierto, y luego mandarlas a casa, habría que ayudar a las mujeres. Hay casos, en las primeras semanas, en que el aborto está, a mi juicio, justificado. Pero he comprobado que los principales motivos por los que se aborta son las presiones del compañero sentimental o familiares y la violencia de género. Hay que ofrecer alternativas. Por otra parte, los médicos de la sanidad pública se escudan en la objeción de conciencia, pero habría que crear equipos especializados y con un sueldo fijo para que se ocuparan de los casos en los que el aborto es legal.
[Entrevista de Rosa Serrano]
29 de diciembre de 2007
Jaume Cañellas denuncia los actos «inhumanos» que vio en el centro abortista donde trabajaba
Durante siete meses, Jaume Cañellas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practican abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que sustentaran la necesidad de practicar la interrupción del embarazo. Siempre había tenido una ideología «de izquierdas», y llegó con la esperanza de «poder ayudar a las mujeres», pero pronto se dio cuenta de que se había metido en una «mafia» donde «sólo importa el dinero» y donde, por él se hace cualquier cosa. Cuando salió de allí, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que sólo se topó con puertas cerradas.
–¿Por qué se decidió a trabajar en una clínica abortista?
–Fui contratado pensando en que, con mi trabajo, ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudio de trastornos psíquicos perinatales, y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película.
–¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica?
–Siete meses, entre 2004 y 2005. Desde el principio empecé a ver cosas raras y, a los tres meses, ya había decidido que me iba. Pero los dueños me presionaron y, prácticamente, me suplicaron que me quedara, que no encontraban psiquiatras. Como, entre todos los casos, veía mujeres que en realidad sí lo estaban pasando mal, decidí quedarme. Pero, poco después, empezaron a meterme prisa para que evaluara a más y más mujeres. Me di cuenta de que eran fríos, inhumanos, era como un matadero.
Denuncia
–¿Por qué decidió denunciar las prácticas de este centro?
– No es sólo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas. Pero soy humano, y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude ley generalizado, no hay límites. Si el 97 por ciento de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y, de ellos, el 95 por ciento se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres estan mal de la cabeza y la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos.
–Entonces, ¿no cree que lo ocurrido en las clínicas de Carlos Morín sea una excepción?
No, yo no he trabajado con Morín y he visto de todo. El caso no es aislado. Además, no creo que en ninguna clínica privada se hagan las cosas bien. Ganan tanto –y el dinero corrompe– que es difícil encontrar gente honesta. Y, a los que lo son, los presionan. Yo soy el único que lo ha denunciado y no soy un héroe, sólo un profesional honesto y, por lo visto, no hay muchos.
–¿Cuánto dinero cobraban a las mujeres por los abortos?
–El precio iba subiendo en función del mes de embarazo. Si interrumpir una gestación de seis meses costaba 3.000 euros, un aborto a los ocho meses y medio costaba 6.000.
–¿Se practicaban muchos abortos en fases tan avanzadas?
–Sí, yo he visto muchos después de los ocho meses, lo que es un auténtico infanticidio encubierto. No lo digo sólo yo: tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los médicos aseguran que, en el último trimestre del embarazo, los fetos son totalmente viables y pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. En España, alrededor de un 2 por ciento de las interrupciones del embarazo se hacen en estos tres últimos meses. Si este año ha habido 100.000, significaría que se han cometido 2.000 asesinatos.
–¿En qué consistía exactamente su trabajo?
–Soy psiquiatra de adultos e infantojuvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente –la hacía porque quería, a la clínica le bastaba con el certificado– y también la ayudaba a rellenar un test. Después, me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo: que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, con lo que me gané fama de conflictivo.
–¿Cuánto cobraba?
–Unos 17 euros por cada valoración. Hacía entre tres y cinco al día. En otras clínicas los psiquiatras cobran mucho más, porque incluso algunos son socios de los centros.
–¿En algún caso concluyó que no procedía el aborto?
–Sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana, embarazada de ocho meses y, psicológicamente, muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara, le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que, lo que estaba haciendo su marido, era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. «Apriétale un poco –me espetaron–, seguro que está deprimida o algo».
Firmas en blanco
–¿Llegó a firmar certificados en blanco?
–No, yo no soy ningún estafador. Pero, meses después de haber dejado la clínica, aparecieron certificados en blanco con mi firma. Ni idea de cómo ocurrió. En ese momento dije «se acabó» y decidí contarlo todo claramente al que me quisiera preguntar. Desgraciadamente, la izquierda no se ha interesado por este tema, sólo ha sido la derecha y grupos cristianos. Pero no hace falta ser «ultraconservador», como dicen algunos, para ser humano.
–¿Denunció estos hechos?
–Yo quería contar lo que había visto. Pero yo soy una persona que me gano la vida, no tengo dinero para litigar contra la mafia del aborto. Por eso acudí a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. Los inspectores que me enviaron me hicieron un interrogatorio como si el delincuente fuera yo. Después pasé meses sin recibir respuesta. Acudí al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán]. El único que me contestó fue el primero, Enrique Múgica, pero me dijo que el Síndic le reclamaba las competencias. Harto de que no me contestaran, me puse a llamar a la Consellería y me respondieron que no había nada ilegal. Sólo advirtieron a la clínica que tuviera «más cuidado con las historias clínicas».
–¿Cómo se podría poner freno a las irregularidades en el aborto?
–Las clínicas privadas sólo piensan en ganar dinero y no dan asistencia psicológica ni apoyo a las mujeres. En lugar de matar a sus hijos, cobrándoles mucho dinero por ello, por cierto, y luego mandarlas a casa, habría que ayudar a las mujeres. Hay casos, en las primeras semanas, en que el aborto está, a mi juicio, justificado. Pero he comprobado que los principales motivos por los que se aborta son las presiones del compañero sentimental o familiares y la violencia de género. Hay que ofrecer alternativas. Por otra parte, los médicos de la sanidad pública se escudan en la objeción de conciencia, pero habría que crear equipos especializados y con un sueldo fijo para que se ocuparan de los casos en los que el aborto es legal.
[Entrevista de Rosa Serrano]
Piden el cierre de las cinco clínicas abortistas de Madrid
Fuente: Abc
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
Las familias reclaman al PP que el aborto sólo se «prescriba» en la sanidad pública
Fuente: La Razón
28 de Diciembre de 2007
M. Laguna
La investigación de las clínicas abortistas en Barcelona y Madrid ha reabierto el debate, también a nivel de los programas electorales. Si desde las organizaciones feministas y las clínicas privadas piden al PSOE una «ley de plazos», varias organizaciones familiares y «pro vida» se han unido para reclamar al PP que introduzca en su programa «garantías» de que se cumpla la ley. Unas modificaciones que pasan, sobre todo, por desvincular los intereses económicos de las clínicas de los certificados médicos necesarios para practicar una interrupción del embarazo.
Organizaciones como Hazteoír, la Plataforma la Vida Importa, Hay Alternativas, Fundación Madrina y el Instituto de Política Familiar han remitido un escrito al Partido Popular para que incluya estas modificaciones. La principal es que «los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social».
Contradicciones
Entre los argumentos que le han trasladado al coordinador del programa electoral «popular», Juan Costa, las asociaciones consideran una «enorme contradicción» que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social «para una simple baja laboral de un día» y, por contra, «la vida del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Además de un cambio legislativo para que sólo los facultativos de la Sanidad Pública puedan expedir los certificados, estas organizaciones instan al PP a «articular mecanismos de información y apoyo a la mujer». Con un nuevo símil, Juan Sánchez, portavoz de La Vida Importa, asegura no entender por qué «para sacarse una muela hay que firmar un consentimiento informado con todos los riesgos» y, en cambio, en caso de aborto «no se informa de los riesgos físicos y psicológicos posteriores ni de otras alternativas.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, no se ha unido a esta petición, pero asegura que, en las próximas semanas, la entidad que preside lanzará una propuesta «para todos los partidos». Aunque, al igual que las demás organizaciones, está en contra del aborto bajo cualquier supuesto, de momento se conforma con que los certificados no los expidan las clínicas y, además, propone «un plazo máximo para el aborto terapéutico.
Protestas
Mientras sigue el debate político, organizaciones «pro vida» se manifestarán hoy, día de los Santos Inocentes, frente a las clínicas abortistas de Madrid. La fecha es señalada para estos grupos todos los años, pero la polémica por las presuntas irregularidades hará que, previsiblemente, las concentraciones sean mayores.
Los centros anunciaron ayer que cerrarán, ante la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de facilitarles protección especial.
28 de Diciembre de 2007
M. Laguna
La investigación de las clínicas abortistas en Barcelona y Madrid ha reabierto el debate, también a nivel de los programas electorales. Si desde las organizaciones feministas y las clínicas privadas piden al PSOE una «ley de plazos», varias organizaciones familiares y «pro vida» se han unido para reclamar al PP que introduzca en su programa «garantías» de que se cumpla la ley. Unas modificaciones que pasan, sobre todo, por desvincular los intereses económicos de las clínicas de los certificados médicos necesarios para practicar una interrupción del embarazo.
Organizaciones como Hazteoír, la Plataforma la Vida Importa, Hay Alternativas, Fundación Madrina y el Instituto de Política Familiar han remitido un escrito al Partido Popular para que incluya estas modificaciones. La principal es que «los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social».
Contradicciones
Entre los argumentos que le han trasladado al coordinador del programa electoral «popular», Juan Costa, las asociaciones consideran una «enorme contradicción» que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social «para una simple baja laboral de un día» y, por contra, «la vida del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Además de un cambio legislativo para que sólo los facultativos de la Sanidad Pública puedan expedir los certificados, estas organizaciones instan al PP a «articular mecanismos de información y apoyo a la mujer». Con un nuevo símil, Juan Sánchez, portavoz de La Vida Importa, asegura no entender por qué «para sacarse una muela hay que firmar un consentimiento informado con todos los riesgos» y, en cambio, en caso de aborto «no se informa de los riesgos físicos y psicológicos posteriores ni de otras alternativas.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, no se ha unido a esta petición, pero asegura que, en las próximas semanas, la entidad que preside lanzará una propuesta «para todos los partidos». Aunque, al igual que las demás organizaciones, está en contra del aborto bajo cualquier supuesto, de momento se conforma con que los certificados no los expidan las clínicas y, además, propone «un plazo máximo para el aborto terapéutico.
Protestas
Mientras sigue el debate político, organizaciones «pro vida» se manifestarán hoy, día de los Santos Inocentes, frente a las clínicas abortistas de Madrid. La fecha es señalada para estos grupos todos los años, pero la polémica por las presuntas irregularidades hará que, previsiblemente, las concentraciones sean mayores.
Los centros anunciaron ayer que cerrarán, ante la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de facilitarles protección especial.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
