Fuente: La Razón
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
Mostrando entradas con la etiqueta Morín. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Morín. Mostrar todas las entradas
jueves, 7 de febrero de 2008
martes, 5 de febrero de 2008
El administrador de un centro abortista de Madrid declarará como imputado
Fuente: La Razón
19 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.
19 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.
sábado, 12 de enero de 2008
La Generalitat clausura las empresas de Morín
Fuente: Hispanidad
11 de enero de 2008
Este miércoles 9 fueron clausurados por el departamento de Sanidad de la Generalitat catalana los centros de Carlos Morín, en prisión por presuntos abortos ilegales. La clausura se produce tras comprobar que el personal médico ya no trabajaba en los centros. Y no es extraño: no han cobrado ni la nómina de noviembre. Y eso a pesar de que los centros han permanecido abiertos y que se ha seguido facturando cuantías no bajas. ¿Qué se hacía con el dinero? Morín dio orden a su abogado de que recogiera diariamente la recaudación. Y así lo hizo. De manera que no hubo posibilidad de pagar.
La maniobra empresarial consiste en obligar a los trabajadores a pasar al Fondo de Garantía salarial. De esta manera es la administración quien se hace cargo del pago de las nóminas. Lo que nos ha hecho -porque ni trabajadores ni proveedores lo han pedido todavía- es instar la quiebra, o al menos la suspensión de pagos, que parece lo razonable. Al fin y al cabo, las deudas con proveedores y con los dueños de los locales donde ejercía su siniestra actividad, están sin pagar desde hace meses.
Seguir leyendo
11 de enero de 2008
Este miércoles 9 fueron clausurados por el departamento de Sanidad de la Generalitat catalana los centros de Carlos Morín, en prisión por presuntos abortos ilegales. La clausura se produce tras comprobar que el personal médico ya no trabajaba en los centros. Y no es extraño: no han cobrado ni la nómina de noviembre. Y eso a pesar de que los centros han permanecido abiertos y que se ha seguido facturando cuantías no bajas. ¿Qué se hacía con el dinero? Morín dio orden a su abogado de que recogiera diariamente la recaudación. Y así lo hizo. De manera que no hubo posibilidad de pagar.
La maniobra empresarial consiste en obligar a los trabajadores a pasar al Fondo de Garantía salarial. De esta manera es la administración quien se hace cargo del pago de las nóminas. Lo que nos ha hecho -porque ni trabajadores ni proveedores lo han pedido todavía- es instar la quiebra, o al menos la suspensión de pagos, que parece lo razonable. Al fin y al cabo, las deudas con proveedores y con los dueños de los locales donde ejercía su siniestra actividad, están sin pagar desde hace meses.
Seguir leyendo
Más de un mes de detenciones, cierres y protestas
Fuente: La Razón
12 de enero de 2008
El de ayer ha sido el penúltimo episodio de la polémica sobre las clínicas abortistas. Todo se inició el pasado día 26 de noviembre cuando la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas relacionadas con la presunta ejecución de abortos ilegales. Entre ellos estaba el doctor Morín, que ya estuvo en prisión en 1989 por la práctica de abortos ilegales en una clínica de Alicante. También en Barcelona, el 17 de diciembre, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a estas supuestas prácticas. Se trataba de tres ginecólogos, dos anestesistas y dos psiquiatras. Sin embargo, el escándalo traspasó los límites de Cataluña y llegó hasta Madrid. En la capital, el 10 de diciembre, fue clausurada una fililial de la polémica clímica. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el motivo fue la detección de una serie de irregularidades en el centro médico. Apenas tres días después, la clínica Mayrit también estaba en el disparadero. De nuevo una inspección de la administración autonómica ponía bajo sospecha a sus responsables. Allí, los inspectores hallaron carpetas sujetas con gomas con la inscripción «destruir» y una serie de informes psiquiátricos sin rellenar pero firmados y sellados. La respuesta de las clínicas no se hizo esperar y el día 8 iniciaron una huelga denunciando la falta de seguridad jurídica de sus profesionales.
12 de enero de 2008
El de ayer ha sido el penúltimo episodio de la polémica sobre las clínicas abortistas. Todo se inició el pasado día 26 de noviembre cuando la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas relacionadas con la presunta ejecución de abortos ilegales. Entre ellos estaba el doctor Morín, que ya estuvo en prisión en 1989 por la práctica de abortos ilegales en una clínica de Alicante. También en Barcelona, el 17 de diciembre, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a estas supuestas prácticas. Se trataba de tres ginecólogos, dos anestesistas y dos psiquiatras. Sin embargo, el escándalo traspasó los límites de Cataluña y llegó hasta Madrid. En la capital, el 10 de diciembre, fue clausurada una fililial de la polémica clímica. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el motivo fue la detección de una serie de irregularidades en el centro médico. Apenas tres días después, la clínica Mayrit también estaba en el disparadero. De nuevo una inspección de la administración autonómica ponía bajo sospecha a sus responsables. Allí, los inspectores hallaron carpetas sujetas con gomas con la inscripción «destruir» y una serie de informes psiquiátricos sin rellenar pero firmados y sellados. La respuesta de las clínicas no se hizo esperar y el día 8 iniciaron una huelga denunciando la falta de seguridad jurídica de sus profesionales.
viernes, 11 de enero de 2008
Declaran ante la juez Morín y otros implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en Barcelona
Fuente: Terra
11 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona volvió esta mañana a tomar declaración al ginecólogo peruano Carlos Morín y a otros de los implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en clínicas de Barcelona, entre los que también se encuentra una mujer holandesa investigada en su país por abortar en España de forma irregular.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la juez Elisabeth Castelló convocó para hoy esta nueva citación después de recibir una comisión rogatoria enviada desde un juzgado holandés, que investiga el caso de una mujer de este país que pudo haber interrumpido su embarazo de forma ilegal en alguna de las clínicas de Morín, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de noviembre, junto a su esposa María Luisa D.S., otra empleada de las clínicas, y dos psiquiatras acusados de falsear informes.
A todos ellos, se les imputan varios delitos de aborto e intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita. Tras el inicio de la investigación y el registro de las clínicas TBC, Ginemedex, BarnaMedic y EMECE han sido detenidas un total de 13 personas, entre cargos administrativos, médicos, psiquiatras, ginecólogos y anestesistas.
11 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona volvió esta mañana a tomar declaración al ginecólogo peruano Carlos Morín y a otros de los implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en clínicas de Barcelona, entre los que también se encuentra una mujer holandesa investigada en su país por abortar en España de forma irregular.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la juez Elisabeth Castelló convocó para hoy esta nueva citación después de recibir una comisión rogatoria enviada desde un juzgado holandés, que investiga el caso de una mujer de este país que pudo haber interrumpido su embarazo de forma ilegal en alguna de las clínicas de Morín, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de noviembre, junto a su esposa María Luisa D.S., otra empleada de las clínicas, y dos psiquiatras acusados de falsear informes.
A todos ellos, se les imputan varios delitos de aborto e intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita. Tras el inicio de la investigación y el registro de las clínicas TBC, Ginemedex, BarnaMedic y EMECE han sido detenidas un total de 13 personas, entre cargos administrativos, médicos, psiquiatras, ginecólogos y anestesistas.
Los abortos de Clínica Isadora, en el juzgado: llaman a declarar a 28 mujeres
Fuente: Forum Libertas
11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
Seguir leyendo
11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
Seguir leyendo
Aborto: cierre por ampliación de negocio
Fuente: Aceprensa
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
sábado, 5 de enero de 2008
Piden el cierre de las cinco clínicas abortistas de Madrid
Fuente: Abc
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
sábado, 22 de diciembre de 2007
El Colegio Médico de Barcelona defendió al propietario de las clínicas abortistas
Fuente: La Razón
22 de diciembre de 2007
El pasado mes de abril, el Colegio de Médicos de Barcelona lo tenía claro. La difusión de un reportaje grabado en una consulta médica «sin el consentimiento de ambas partes» no sólo afecta «al derecho a la intimidad y a la buena imagen del profesional médico, sino también a los principios de confianza y lealtad que deben presidir la relación médico-paciente».
De este modo defendía el órgano colegial al cirujano Carlos Morín, el propietario de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona, hoy en prisión preventiva por presuntas irregularidades en sus centros.
En un reportaje con cámara oculta, Morín aceptaba practicar un aborto a una periodista que simulaba estar embarazada de ocho meses. Para el Colegio, sin embargo, quedaba claro que la mujer «se encontraba en una situación de violencia doméstica y depresión». Por ello, contestaba a la asociación que de la actuación de Morín «no se puede derivar responsabilidad deontológica». De este modo, el Colegio declaraba que «no procede la apertura de un expediente sancionador» y procedía al archivo de la denuncia.
En la carta, firmada por Jaume Padrós, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, la organización colegial aprovechaba para arremeter contra el uso de los medios de comunicación para «la defensa de unos determinados valores morales».
Se da la circunstancia de que otro de los médicos investigados, Tomás Parra, que trabajaba en las clínicas de Morín y que hoy se encuentra en libertad con cargos, ocupaba en ese momento el cargo de vocal en la sección de Ginecología del Colegio de Médicos barcelonés.
22 de diciembre de 2007
El pasado mes de abril, el Colegio de Médicos de Barcelona lo tenía claro. La difusión de un reportaje grabado en una consulta médica «sin el consentimiento de ambas partes» no sólo afecta «al derecho a la intimidad y a la buena imagen del profesional médico, sino también a los principios de confianza y lealtad que deben presidir la relación médico-paciente».
De este modo defendía el órgano colegial al cirujano Carlos Morín, el propietario de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona, hoy en prisión preventiva por presuntas irregularidades en sus centros.
En un reportaje con cámara oculta, Morín aceptaba practicar un aborto a una periodista que simulaba estar embarazada de ocho meses. Para el Colegio, sin embargo, quedaba claro que la mujer «se encontraba en una situación de violencia doméstica y depresión». Por ello, contestaba a la asociación que de la actuación de Morín «no se puede derivar responsabilidad deontológica». De este modo, el Colegio declaraba que «no procede la apertura de un expediente sancionador» y procedía al archivo de la denuncia.
En la carta, firmada por Jaume Padrós, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, la organización colegial aprovechaba para arremeter contra el uso de los medios de comunicación para «la defensa de unos determinados valores morales».
Se da la circunstancia de que otro de los médicos investigados, Tomás Parra, que trabajaba en las clínicas de Morín y que hoy se encuentra en libertad con cargos, ocupaba en ese momento el cargo de vocal en la sección de Ginecología del Colegio de Médicos barcelonés.
jueves, 20 de diciembre de 2007
Ingreso en prisión para los dos psiquiatras de las clínicas abortivas de Barcelona
Fuente: La Razón
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, según fuentes judiciales.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, según fuentes judiciales.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
Decretan prisión para dos psiquiatras y fianzas para 4 médicos implicados en las clínicas de abortos de Barcelona
Fuente: Abc
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
martes, 18 de diciembre de 2007
Una nueva redada acaba con siete médicos detenidos en las clínicas abortivas de Barcelona
Fuente: Abc
17 de diciembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a siete personas, la mayoría profesionales de la medicina, por su relación con la práctica de supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona que regentaba el facultativo Carlos Morín, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación.
La detención de estas siete personas se produce como consecuencia de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente. Según las mismas fuentes, entre los siete detenidos en esta segunda fase de la investigación figuran psiquiatras y psicólogos que se encargaban supuestamente de falsificar los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo por riesgo para la salud mental de la madre.
La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona decretó el pasado día 30 de noviembre la prisión sin fianza para tres de los seis detenidos por practicar presuntamente abortos ilegales en tres clínicas de Barcelona, entre ellos el máximo responsable de los centros, Carlos Morín, y su esposa.
La juez que instruye el caso decretó prisión incondicional para Morín y su esposa, María Luisa D.S., así como para María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo y estrecha colaboradora del principal imputado. En cambio, los otros tres acusados detenidos en la primera fase de la operación, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., eludieron la cárcel tras depositar una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros.
Por el momento, el número de detenidos es siete, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas al continuar abierta la operación, después de que a finales de noviembre fuera detenido el ginecólogo Carlos Morín, como máximo responsable de las clínicas, junto a otras cinco personas, entre ellas su mujer.
Los arrestados están acusados de falsificación de documentos perceptivos para dar visos de legalidad a estos abortos que, al parecer, se llevaron a cabo fuera del margen establecido por la ley española.
La mayoría son médicos, y entre ellos se encuentra un psiquiatra, que trabaja en la cárcel de Can Brians de Barcelona y que, según avanzó la emisora, realizó numerosos informes aconsejando el aborto a mujeres a las que, según la investigación, no había visitado. Las detenciones se producen como consecuencias de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente.
17 de diciembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a siete personas, la mayoría profesionales de la medicina, por su relación con la práctica de supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona que regentaba el facultativo Carlos Morín, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación.
La detención de estas siete personas se produce como consecuencia de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente. Según las mismas fuentes, entre los siete detenidos en esta segunda fase de la investigación figuran psiquiatras y psicólogos que se encargaban supuestamente de falsificar los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo por riesgo para la salud mental de la madre.
La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona decretó el pasado día 30 de noviembre la prisión sin fianza para tres de los seis detenidos por practicar presuntamente abortos ilegales en tres clínicas de Barcelona, entre ellos el máximo responsable de los centros, Carlos Morín, y su esposa.
La juez que instruye el caso decretó prisión incondicional para Morín y su esposa, María Luisa D.S., así como para María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo y estrecha colaboradora del principal imputado. En cambio, los otros tres acusados detenidos en la primera fase de la operación, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., eludieron la cárcel tras depositar una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros.
Por el momento, el número de detenidos es siete, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas al continuar abierta la operación, después de que a finales de noviembre fuera detenido el ginecólogo Carlos Morín, como máximo responsable de las clínicas, junto a otras cinco personas, entre ellas su mujer.
Los arrestados están acusados de falsificación de documentos perceptivos para dar visos de legalidad a estos abortos que, al parecer, se llevaron a cabo fuera del margen establecido por la ley española.
La mayoría son médicos, y entre ellos se encuentra un psiquiatra, que trabaja en la cárcel de Can Brians de Barcelona y que, según avanzó la emisora, realizó numerosos informes aconsejando el aborto a mujeres a las que, según la investigación, no había visitado. Las detenciones se producen como consecuencias de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente.
Siete detenciones en otra operación contra clínicas abortistas de Barcelona
Fuente: El Mundo
17 de diciembre de 2007
Una nueva operación contra clínicas abortistas en Barcelona, llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Guàrdia Urbana, ha desembocado en siete nuevas detenciones en clínicas del doctor Carlos Morín -actualmente en prisión por una operación contra sus centros realizada en noviembre.
Según fuentes próximas a la investigación, la mayoría de los detenidos son psiquiatras y psicólogos que habrían falsificado, presuntamente, los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo. De hecho, días después de las primeras detenciones, ya se apuntó a que algunos psiquiatras de las clínicas firmaban en blanco los informes psicológicos en los que se valoraba el riesgo que la intervención podría tener para la salud mental de la mujer.
La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana y, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a elmundo.es, constituye una prolongación de la llevada a cabo hace menos de un mes a instancias del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
Las mismas fuentes han añadido que el dispositivo continuara desarrollándose durante toda la jornada y que es "probable" que se produzcan más detenciones.
17 de diciembre de 2007
Una nueva operación contra clínicas abortistas en Barcelona, llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Guàrdia Urbana, ha desembocado en siete nuevas detenciones en clínicas del doctor Carlos Morín -actualmente en prisión por una operación contra sus centros realizada en noviembre.
Según fuentes próximas a la investigación, la mayoría de los detenidos son psiquiatras y psicólogos que habrían falsificado, presuntamente, los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo. De hecho, días después de las primeras detenciones, ya se apuntó a que algunos psiquiatras de las clínicas firmaban en blanco los informes psicológicos en los que se valoraba el riesgo que la intervención podría tener para la salud mental de la mujer.
La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana y, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a elmundo.es, constituye una prolongación de la llevada a cabo hace menos de un mes a instancias del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
Las mismas fuentes han añadido que el dispositivo continuara desarrollándose durante toda la jornada y que es "probable" que se produzcan más detenciones.
sábado, 15 de diciembre de 2007
El juez reabre el caso Isadora
Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de diciembre de 2007
Al día siguiente de la información publicada por LA GACETA retoma las diligencias de una causa que no llegó a archivar. Desde el Gobierno se insiste en exigir que se cumpla la leySantiago MataSegún informaron a LA GACETA fuentes del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de Instrucción 47 de la capital reemprendió ayer las diligencias de la causa 1996/2007, abierta contra el centro abortista Isadora en marzo por arrojar a la basura fetos, medicinas prohibidas y listas de clientes. El caso no había sido archivado, aunque dormía el sueño de los justos hasta que, ayer, LA GACETA publicó fotos de aquellos fetos.
En Madrid, la Guardia Civil procederá a investigar CB Medical, sucursal del doctor Carlos Morín (detenido el 26 de noviembre en Barcelona), cerrada preventivamente el lunes por la Consejería de Sanidad madrileña. Según el TSJM, el caso está disponible para su asignación a un juez. Además de este centro, Patricia Flores, directora general de inspección en la Sanidad madrileña, cerró preventivamente el jueves la clínica de abortos Mayrit. Hace diez meses, sin embargo, aseguró a quienes pusieron la demanda contra Isadora que aquella se basaba en "suposiciones infundadas", ya que la clínica cuya causa se reactivó ayer era regularmente inspeccionada y cumplía la normativa.
En Madrid, el 21% de los 22.000 abortos ejecutados en 2006 fue pagado con fondos públicos y, casi siempre, consumado en las clínicas Dátor, Isadora y El Bosque. Cuando las dos primeras fueron acusadas de arrojar fetos a la basura, se trató de argumentar que, en efecto, los fetos humanos son "residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora. La realidad es que, según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, los fetos no son residuos biosanitarios, sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. En estos diez meses, tanto los tres grandes centros abortistas privados como dos de los hospitales públicos que hacen abortos en Madrid han tenido tiempo de adaptarse a la normativa e introducen los fetos abortados en féretros en lugar de bidones.
15 de diciembre de 2007
Al día siguiente de la información publicada por LA GACETA retoma las diligencias de una causa que no llegó a archivar. Desde el Gobierno se insiste en exigir que se cumpla la leySantiago MataSegún informaron a LA GACETA fuentes del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de Instrucción 47 de la capital reemprendió ayer las diligencias de la causa 1996/2007, abierta contra el centro abortista Isadora en marzo por arrojar a la basura fetos, medicinas prohibidas y listas de clientes. El caso no había sido archivado, aunque dormía el sueño de los justos hasta que, ayer, LA GACETA publicó fotos de aquellos fetos.
En Madrid, la Guardia Civil procederá a investigar CB Medical, sucursal del doctor Carlos Morín (detenido el 26 de noviembre en Barcelona), cerrada preventivamente el lunes por la Consejería de Sanidad madrileña. Según el TSJM, el caso está disponible para su asignación a un juez. Además de este centro, Patricia Flores, directora general de inspección en la Sanidad madrileña, cerró preventivamente el jueves la clínica de abortos Mayrit. Hace diez meses, sin embargo, aseguró a quienes pusieron la demanda contra Isadora que aquella se basaba en "suposiciones infundadas", ya que la clínica cuya causa se reactivó ayer era regularmente inspeccionada y cumplía la normativa.
En Madrid, el 21% de los 22.000 abortos ejecutados en 2006 fue pagado con fondos públicos y, casi siempre, consumado en las clínicas Dátor, Isadora y El Bosque. Cuando las dos primeras fueron acusadas de arrojar fetos a la basura, se trató de argumentar que, en efecto, los fetos humanos son "residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora. La realidad es que, según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, los fetos no son residuos biosanitarios, sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. En estos diez meses, tanto los tres grandes centros abortistas privados como dos de los hospitales públicos que hacen abortos en Madrid han tenido tiempo de adaptarse a la normativa e introducen los fetos abortados en féretros en lugar de bidones.
martes, 11 de diciembre de 2007
Clausurada en Madrid una filial de las clínicas abortistas de Barcelona
De La Razón
11 de diciembre de 2007
Los inspectores encuentran firmas médicas falseadas y errores en la asistencia psicológica a las pacientes.
El Instituto Gimenedex permanecía ayer cerrado. El informe de los inspectores llegará hoy al juzgado de guardia.
La Comunidad de Madrid procedió ayer a la suspensión cautelar del Instituto CB Medical Gimenedex, un centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción voluntaria del embarazo que pertenece a la red de clínicas de Carlos Morín, detenido por los abortos ilegales en Barcelona. El centro está situado en el número 41 de la calle Zurbano de la capital y la causa del fulminante cierre han sido las serias irregularidades detectadas durante una inspección.
Según fuentes de la Comunidad, la labor de los inpectores dejó al descubierto hechos que podrían suponer un «grave riesgo» para la salud de los pacientes. Estos hechos salieron a la luz durante una de las revisiones que el cuerpo de inspectores del Gobierno Regional realiza periódicamente en todos los centros médicos de la Comunidad, con intervalos tasados legalmente.
Los profesionales detectaron irregularidades en la documentación que les hicieron profundizar en sus indagaciones. Y tirando del hilo, destaparon una sarta de posibles ilegalidades que aconsejaban el cese inmediatto de la actividad del centro y la puesta en conocimiento de las autoridades competentes de los indicios de delito.
Para empezar, R. T., el ginecólogo que presuntamente practicaba los abortos y firmaba los partes de los mismos (sigue trabajando en el centro) afirmó al ser interrogado –y para sorpresa de los inspectores– que él no había firmado ninguno de dichos historiales clínicos. De hecho, negó de manera rotunda que hubiera practicado un solo aborto en el último año, pese a que en el libro de quirófano del centro figuraba un nutrido número de intervenciones que supuestamente habían sido llevadas a cabo por él.
Pero aparte de la posible falsificación de la firma, que siembra una más que razonable duda sobre la legalidad o procedencia de las intervenciones, y de posible falsedad del libro de quirófano, los inspectores comprobaron que la lista de problemas no se quedaba ahí. También había dudas sobre la adecuada asistencia psiquiátrica.
Y es que el hombre que figura como contratado por la empresa como médico psiquiatra, M.A.I.D., no tiene, al parecer, el título de psiquiatría, sino sólo un máster en esta especialidad.
De confirmarse este último extremo, los informes psiquiátricos (que son preceptivos para la realización de abortos en caso de grave riesgo para la salud psíquica de la mujer) serían radicalmente defectuosos: la ley exige que quien da fe de que la estabilidad mental de la madre es suficiente para enfrentarse a una operación de ese calibre e importancia sea un titulado en la citada disciplina.
Toda esta serie de indicios de delito fueron lo suficientemente contundentes para que se decretase el cierre temporal del centro. La Comunidad, tras haber actuado de oficio en el asunto, tiene ahora que trasladarlo a las instancias competentes junto con toda la socumentación necesaria.
De este modo, durante la tarde de ayer los servicios de la Comunidad procedían a la elaboración de un informe detallado que será posteriormente presentado (probablemente hoy mismo) en el juzgado de guardia que proceda para que el asunto sea evaluado por un juez que decida si los indicios son suficientes para incoar un procedimiento de algún tipo.
Abortos ilegales, en el punto de mira de la Justicia
Las clínicas abortistas se han situado en el punto de mira. La clausura del centro en Madrid se produce apenas dos semanas después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas en Barcelona por la práctica de abortos ilegales, que en algunos casos llegaban a superar los siete meses de gestación. Entre los acusados, figuraban el director de las clínicas Ginemedex y TCB, el doctor Carlos Morín, y su esposa, María Luisa Durán, que dirigía la clínica Emecé. Para ambos, acusados de los delitos de abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental, la juez decretó prisión incondicional. Los médicos aseguran que las irregularidades se conocían, pero que el Gobierno catalán desoyó todas las denuncias. La asociación E-cristians, que interpuso la denuncia contra las clínicas de Morín, ha pedido a la Generalitat que revise todos los expedientes de los centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo para conocer la legalidad de los abortos. A su juicio, no sólo en los centros de Carlos Morín se cometían irregularidades. La clínica Ginemedex practicaba cada año 670 interrupciones de embarazos de más de seis meses.
Fuente: Despiece de La Razón
11 de diciembre de 2007
Los inspectores encuentran firmas médicas falseadas y errores en la asistencia psicológica a las pacientes.
El Instituto Gimenedex permanecía ayer cerrado. El informe de los inspectores llegará hoy al juzgado de guardia.
La Comunidad de Madrid procedió ayer a la suspensión cautelar del Instituto CB Medical Gimenedex, un centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción voluntaria del embarazo que pertenece a la red de clínicas de Carlos Morín, detenido por los abortos ilegales en Barcelona. El centro está situado en el número 41 de la calle Zurbano de la capital y la causa del fulminante cierre han sido las serias irregularidades detectadas durante una inspección.
Según fuentes de la Comunidad, la labor de los inpectores dejó al descubierto hechos que podrían suponer un «grave riesgo» para la salud de los pacientes. Estos hechos salieron a la luz durante una de las revisiones que el cuerpo de inspectores del Gobierno Regional realiza periódicamente en todos los centros médicos de la Comunidad, con intervalos tasados legalmente.
Los profesionales detectaron irregularidades en la documentación que les hicieron profundizar en sus indagaciones. Y tirando del hilo, destaparon una sarta de posibles ilegalidades que aconsejaban el cese inmediatto de la actividad del centro y la puesta en conocimiento de las autoridades competentes de los indicios de delito.
Para empezar, R. T., el ginecólogo que presuntamente practicaba los abortos y firmaba los partes de los mismos (sigue trabajando en el centro) afirmó al ser interrogado –y para sorpresa de los inspectores– que él no había firmado ninguno de dichos historiales clínicos. De hecho, negó de manera rotunda que hubiera practicado un solo aborto en el último año, pese a que en el libro de quirófano del centro figuraba un nutrido número de intervenciones que supuestamente habían sido llevadas a cabo por él.
Pero aparte de la posible falsificación de la firma, que siembra una más que razonable duda sobre la legalidad o procedencia de las intervenciones, y de posible falsedad del libro de quirófano, los inspectores comprobaron que la lista de problemas no se quedaba ahí. También había dudas sobre la adecuada asistencia psiquiátrica.
Y es que el hombre que figura como contratado por la empresa como médico psiquiatra, M.A.I.D., no tiene, al parecer, el título de psiquiatría, sino sólo un máster en esta especialidad.
De confirmarse este último extremo, los informes psiquiátricos (que son preceptivos para la realización de abortos en caso de grave riesgo para la salud psíquica de la mujer) serían radicalmente defectuosos: la ley exige que quien da fe de que la estabilidad mental de la madre es suficiente para enfrentarse a una operación de ese calibre e importancia sea un titulado en la citada disciplina.
Toda esta serie de indicios de delito fueron lo suficientemente contundentes para que se decretase el cierre temporal del centro. La Comunidad, tras haber actuado de oficio en el asunto, tiene ahora que trasladarlo a las instancias competentes junto con toda la socumentación necesaria.
De este modo, durante la tarde de ayer los servicios de la Comunidad procedían a la elaboración de un informe detallado que será posteriormente presentado (probablemente hoy mismo) en el juzgado de guardia que proceda para que el asunto sea evaluado por un juez que decida si los indicios son suficientes para incoar un procedimiento de algún tipo.
Abortos ilegales, en el punto de mira de la Justicia
Las clínicas abortistas se han situado en el punto de mira. La clausura del centro en Madrid se produce apenas dos semanas después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas en Barcelona por la práctica de abortos ilegales, que en algunos casos llegaban a superar los siete meses de gestación. Entre los acusados, figuraban el director de las clínicas Ginemedex y TCB, el doctor Carlos Morín, y su esposa, María Luisa Durán, que dirigía la clínica Emecé. Para ambos, acusados de los delitos de abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental, la juez decretó prisión incondicional. Los médicos aseguran que las irregularidades se conocían, pero que el Gobierno catalán desoyó todas las denuncias. La asociación E-cristians, que interpuso la denuncia contra las clínicas de Morín, ha pedido a la Generalitat que revise todos los expedientes de los centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo para conocer la legalidad de los abortos. A su juicio, no sólo en los centros de Carlos Morín se cometían irregularidades. La clínica Ginemedex practicaba cada año 670 interrupciones de embarazos de más de seis meses.
Fuente: Despiece de La Razón
viernes, 7 de diciembre de 2007
Seis detenidos en el caso de las clínicas acusadas de practicar abortos ilegales
De El Mundo
27 de noviembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas el director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, en una operación dirigida por la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por una supuesta práctica de abortos ilegales en estos centros. Fuentes policiales han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Entre los detenidos se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana.
La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación".
El juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales.
Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.
La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a afirmar que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados y que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan "motivos fundamentados de imputación".
Los informes, ha precisado Salud, sólo evidenciaron algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas".
El Colegio de Médicos también desestimó abrir un expediente sancionador a estas clínicas al concluir que "no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal".
Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En este caso, la denuncia se encuentra en fase de tramitación, según ha informado esta plataforma jurídica.
27 de noviembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas el director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, en una operación dirigida por la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por una supuesta práctica de abortos ilegales en estos centros. Fuentes policiales han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Entre los detenidos se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana.
La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación".
El juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales.
Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.
La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a afirmar que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados y que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan "motivos fundamentados de imputación".
Los informes, ha precisado Salud, sólo evidenciaron algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas".
El Colegio de Médicos también desestimó abrir un expediente sancionador a estas clínicas al concluir que "no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal".
Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En este caso, la denuncia se encuentra en fase de tramitación, según ha informado esta plataforma jurídica.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
