Fuente: Hispanidad
11 de enero de 2008
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos resumir la huelga patronal convocada por los centros de abortos en España. Dicen que se sienten “amenazados” y que no pueden realizar su trabajo con las suficientes garantías jurídicas. Así que han convocado una huelga esta semana. Pero una huelga fraudulenta. Resulta que seguirán atendiendo a aquellas mujeres en las que su vida corra riesgo. Teniendo en cuenta que el 97% de los abortos realizados en España se realizan bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la madre, la conclusión es obvia: no hay huelga real.
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viernes, 11 de enero de 2008
Los abortos de Clínica Isadora, en el juzgado: llaman a declarar a 28 mujeres
Fuente: Forum Libertas
11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
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11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
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Zapatero y los obispos, por Rodríguez Adrados
Fuente: Abc (Extracto de la Tercera)
10 de enero de 2008
Desde la fecha más antigua las más diversas sociedades han aceptado excepciones al «no matarás» que Dios dictó a Moisés. Excepciones como la militar: los vencidos en guerra eran pasados a cuchillo hasta que llegaron las no siempre cumplidas leyes de guerra, la convención de Ginebra; la mujeres pasaban al lecho de los vencedores. Había la excepción judicial: la pena de muerte, en tantos lugares. La excepción religiosa: las víctimas sacrificadas, parece que en Grecia y otros lugares en la edad más arcaica, sin duda en el Méjico y el Perú prehispánicos, toda la comunidad recogía frutos y prosperidad de aquellas víctimas engalanadas (entre ellas los españoles precipitados, tras arrancarles el corazón, por las gradas del templo mayor de México).
Y había la excepción de los niños deformes en Esparta, precipitados desde el Taigeto; y la de las niñas en China; y la de los viejos ya inútiles en tantos lugares. El aborto es otra excepción más o menos consentida a lo largo de los tiempos.
La cuestión es esta. Lo que llaman el avance de la civilización o el progreso o la democracia, como quieran, ha tendido a borrar muchas de estas excepciones. También entre los cristianos, a partir de un momento. Se ven con horror los sacrificios y condenas de tipo religioso, los de niños y niñas y viejos deformes. Se condena la pena de muerte. Se abomina de las guerras (aunque resurgen por doquier). Parece que todo eso va contra la religión y contra el progreso. En esto, al menos, estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, hay campañas que no cesan a favor de la eutanasia y del aborto. ¿Es esto progresista? Parece que, para algunos, sí. Los demás nos quedamos estupefactos. No podemos ni creerlo. Ni que entre en las leyes, más o menos, ni que algunos obtengan beneficios económicos. Pero así es.
Y socialmente hablando, 100.000 españoles menos al año, más los que se evitan de mil otras maneras, dejan un hueco que sólo los emigrantes llenan. Nuestra nación decae. Vean Vds., esta que hago es una proclama que puede titularse religiosa pero, también, simplemente humana. Simplemente social. No vale la pena arrostrar todo esto por un puñado de votos. Esto es lo que intento: hacer ver que el Cristianismo y sus portavoces no hacen otra cosa, en este caso, que seguir a una moralidad simplemente humana. Que ellos contribuyen a defender, sacralizándola. Y que está más allá de los votos, los votos no pueden abrogarla. No pueden negar el día o la noche.
En suma: lo cristiano es continuación, culminación, de algo que es simplemente humano o desarrollo humano. Demolerlo en nombre de una ley o de un Gobierno o de unos votos que son transitorios (y que, sin duda, no se pidieron para esto) no parece razonable. La vida de una sociedad, la de una nación, son largas. No las tronchemos por conseguir el favor de pequeños grupos. Los votos no abren una veda para todo.
Esto es lo que quería comentar. Detrás de un episodio electoral y un episodio religioso hay un episodio filosófico. Los votos no pueden decidirlo todo.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSde las Reales Academias Española y de la Historia
10 de enero de 2008
Desde la fecha más antigua las más diversas sociedades han aceptado excepciones al «no matarás» que Dios dictó a Moisés. Excepciones como la militar: los vencidos en guerra eran pasados a cuchillo hasta que llegaron las no siempre cumplidas leyes de guerra, la convención de Ginebra; la mujeres pasaban al lecho de los vencedores. Había la excepción judicial: la pena de muerte, en tantos lugares. La excepción religiosa: las víctimas sacrificadas, parece que en Grecia y otros lugares en la edad más arcaica, sin duda en el Méjico y el Perú prehispánicos, toda la comunidad recogía frutos y prosperidad de aquellas víctimas engalanadas (entre ellas los españoles precipitados, tras arrancarles el corazón, por las gradas del templo mayor de México).
Y había la excepción de los niños deformes en Esparta, precipitados desde el Taigeto; y la de las niñas en China; y la de los viejos ya inútiles en tantos lugares. El aborto es otra excepción más o menos consentida a lo largo de los tiempos.
La cuestión es esta. Lo que llaman el avance de la civilización o el progreso o la democracia, como quieran, ha tendido a borrar muchas de estas excepciones. También entre los cristianos, a partir de un momento. Se ven con horror los sacrificios y condenas de tipo religioso, los de niños y niñas y viejos deformes. Se condena la pena de muerte. Se abomina de las guerras (aunque resurgen por doquier). Parece que todo eso va contra la religión y contra el progreso. En esto, al menos, estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, hay campañas que no cesan a favor de la eutanasia y del aborto. ¿Es esto progresista? Parece que, para algunos, sí. Los demás nos quedamos estupefactos. No podemos ni creerlo. Ni que entre en las leyes, más o menos, ni que algunos obtengan beneficios económicos. Pero así es.
Y socialmente hablando, 100.000 españoles menos al año, más los que se evitan de mil otras maneras, dejan un hueco que sólo los emigrantes llenan. Nuestra nación decae. Vean Vds., esta que hago es una proclama que puede titularse religiosa pero, también, simplemente humana. Simplemente social. No vale la pena arrostrar todo esto por un puñado de votos. Esto es lo que intento: hacer ver que el Cristianismo y sus portavoces no hacen otra cosa, en este caso, que seguir a una moralidad simplemente humana. Que ellos contribuyen a defender, sacralizándola. Y que está más allá de los votos, los votos no pueden abrogarla. No pueden negar el día o la noche.
En suma: lo cristiano es continuación, culminación, de algo que es simplemente humano o desarrollo humano. Demolerlo en nombre de una ley o de un Gobierno o de unos votos que son transitorios (y que, sin duda, no se pidieron para esto) no parece razonable. La vida de una sociedad, la de una nación, son largas. No las tronchemos por conseguir el favor de pequeños grupos. Los votos no abren una veda para todo.
Esto es lo que quería comentar. Detrás de un episodio electoral y un episodio religioso hay un episodio filosófico. Los votos no pueden decidirlo todo.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSde las Reales Academias Española y de la Historia
Aborto: cierre por ampliación de negocio
Fuente: Aceprensa
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
Lackoff, el aborto y los conceptos jurídicos
Fuente: Libertad Digital
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
miércoles, 9 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en huelga reconocen que se saltan masivamente la ley
Fuente: La Gaceta de los Negocios
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
Los establecimientos abortistas en huelga se reunirá con autoridades de la CAM
Fuente: La Gaceta de los Negocios
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
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