Fuente: La Razón
29 de diciembre de 2007
Jaume Cañellas denuncia los actos «inhumanos» que vio en el centro abortista donde trabajaba
Durante siete meses, Jaume Cañellas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practican abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que sustentaran la necesidad de practicar la interrupción del embarazo. Siempre había tenido una ideología «de izquierdas», y llegó con la esperanza de «poder ayudar a las mujeres», pero pronto se dio cuenta de que se había metido en una «mafia» donde «sólo importa el dinero» y donde, por él se hace cualquier cosa. Cuando salió de allí, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que sólo se topó con puertas cerradas.
–¿Por qué se decidió a trabajar en una clínica abortista?
–Fui contratado pensando en que, con mi trabajo, ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudio de trastornos psíquicos perinatales, y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película.
–¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica?
–Siete meses, entre 2004 y 2005. Desde el principio empecé a ver cosas raras y, a los tres meses, ya había decidido que me iba. Pero los dueños me presionaron y, prácticamente, me suplicaron que me quedara, que no encontraban psiquiatras. Como, entre todos los casos, veía mujeres que en realidad sí lo estaban pasando mal, decidí quedarme. Pero, poco después, empezaron a meterme prisa para que evaluara a más y más mujeres. Me di cuenta de que eran fríos, inhumanos, era como un matadero.
Denuncia
–¿Por qué decidió denunciar las prácticas de este centro?
– No es sólo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas. Pero soy humano, y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude ley generalizado, no hay límites. Si el 97 por ciento de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y, de ellos, el 95 por ciento se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres estan mal de la cabeza y la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos.
–Entonces, ¿no cree que lo ocurrido en las clínicas de Carlos Morín sea una excepción?
No, yo no he trabajado con Morín y he visto de todo. El caso no es aislado. Además, no creo que en ninguna clínica privada se hagan las cosas bien. Ganan tanto –y el dinero corrompe– que es difícil encontrar gente honesta. Y, a los que lo son, los presionan. Yo soy el único que lo ha denunciado y no soy un héroe, sólo un profesional honesto y, por lo visto, no hay muchos.
–¿Cuánto dinero cobraban a las mujeres por los abortos?
–El precio iba subiendo en función del mes de embarazo. Si interrumpir una gestación de seis meses costaba 3.000 euros, un aborto a los ocho meses y medio costaba 6.000.
–¿Se practicaban muchos abortos en fases tan avanzadas?
–Sí, yo he visto muchos después de los ocho meses, lo que es un auténtico infanticidio encubierto. No lo digo sólo yo: tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los médicos aseguran que, en el último trimestre del embarazo, los fetos son totalmente viables y pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. En España, alrededor de un 2 por ciento de las interrupciones del embarazo se hacen en estos tres últimos meses. Si este año ha habido 100.000, significaría que se han cometido 2.000 asesinatos.
–¿En qué consistía exactamente su trabajo?
–Soy psiquiatra de adultos e infantojuvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente –la hacía porque quería, a la clínica le bastaba con el certificado– y también la ayudaba a rellenar un test. Después, me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo: que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, con lo que me gané fama de conflictivo.
–¿Cuánto cobraba?
–Unos 17 euros por cada valoración. Hacía entre tres y cinco al día. En otras clínicas los psiquiatras cobran mucho más, porque incluso algunos son socios de los centros.
–¿En algún caso concluyó que no procedía el aborto?
–Sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana, embarazada de ocho meses y, psicológicamente, muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara, le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que, lo que estaba haciendo su marido, era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. «Apriétale un poco –me espetaron–, seguro que está deprimida o algo».
Firmas en blanco
–¿Llegó a firmar certificados en blanco?
–No, yo no soy ningún estafador. Pero, meses después de haber dejado la clínica, aparecieron certificados en blanco con mi firma. Ni idea de cómo ocurrió. En ese momento dije «se acabó» y decidí contarlo todo claramente al que me quisiera preguntar. Desgraciadamente, la izquierda no se ha interesado por este tema, sólo ha sido la derecha y grupos cristianos. Pero no hace falta ser «ultraconservador», como dicen algunos, para ser humano.
–¿Denunció estos hechos?
–Yo quería contar lo que había visto. Pero yo soy una persona que me gano la vida, no tengo dinero para litigar contra la mafia del aborto. Por eso acudí a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. Los inspectores que me enviaron me hicieron un interrogatorio como si el delincuente fuera yo. Después pasé meses sin recibir respuesta. Acudí al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán]. El único que me contestó fue el primero, Enrique Múgica, pero me dijo que el Síndic le reclamaba las competencias. Harto de que no me contestaran, me puse a llamar a la Consellería y me respondieron que no había nada ilegal. Sólo advirtieron a la clínica que tuviera «más cuidado con las historias clínicas».
–¿Cómo se podría poner freno a las irregularidades en el aborto?
–Las clínicas privadas sólo piensan en ganar dinero y no dan asistencia psicológica ni apoyo a las mujeres. En lugar de matar a sus hijos, cobrándoles mucho dinero por ello, por cierto, y luego mandarlas a casa, habría que ayudar a las mujeres. Hay casos, en las primeras semanas, en que el aborto está, a mi juicio, justificado. Pero he comprobado que los principales motivos por los que se aborta son las presiones del compañero sentimental o familiares y la violencia de género. Hay que ofrecer alternativas. Por otra parte, los médicos de la sanidad pública se escudan en la objeción de conciencia, pero habría que crear equipos especializados y con un sueldo fijo para que se ocuparan de los casos en los que el aborto es legal.
[Entrevista de Rosa Serrano]
sábado, 5 de enero de 2008
Piden el cierre de las cinco clínicas abortistas de Madrid
Fuente: Abc
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
29 de diciembre de 2007
S. SANZ.
Las cinco clínicas abortistas que siguen funcionando en la Comunidad de Madrid optaron ayer por cerrar como contrapartida a los centenares de manifestantes que pidieron pacíficamente delante de ellas y luego en la Puerta del Sol la derogación de la actual legislación del aborto y el fin de las subvenciones oficiales que se conceden. Estos centros objeto de las protestas tenían previsto atender en la jornada de ayer a algo más de un centenar de pacientes, según informó a Servimedia Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Varias organizaciones provida secundaron así la convocatoria realizada por Alternativa Española (AES) -partido político que interpuso la denuncia contra el doctor Carlos Morín y sus centros de Barcelona- y se congregaron ante las clínicas Isadora, El Bosque, Ginecológica Callao, Centro Médico Pacífico y Dator. En estas concentraciones se mostraron pancartas que rezaban «No al aborto, sí a la vida», «El aborto es el Herodes del siglo XXI» o «Muévete por tus principios» y se lanzaron lemas como «No más muertes de inocentes», «No los matéis, hay alternativas» o «Abortistas genocidas». También se pudieron escuchar protestas al grito de «Zapatero dimisión» contra la «permisividad y financiación» del aborto por parte del Ejecutivo central. A juicio del secretario general de AES, Rafael López Diéguez, la ley del aborto, aprobada en 1983, ha «segado la vida de un millón de niños» desde su aplicación a partir de 1985. De este total de casos, un 25 por ciento se producirían en la Comunidad de Madrid, apuntó López Diéguez, para quien los centros de planificación y orientación familiar deberían transformarse en «agentes activos en la lucha por la vida».
Por otra parte, el presidente de la asociación antiabortista Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Gádor Joya, de Hay Alternativa, entregaron ayer más de 5.000 firmas en la presidencia del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, también para reclamar el cierre de las clínicas situadas en la Comunidad. Las casi 5.200 firmas se recogieron «en sólo cinco días que ha estado colgada en nuestra web una carta pidiendo el cierre cautelar de las clínicas El Bosque e Isadora, hasta que el juez decida si hay delito», explicaron.
«Vida desde la fecundación»
Desde Médicos por la Vida, su portavoz, Enrique Jaureguizar, comentó que el 50 por ciento del dinero que reciben estas clínicas «ya de por sí forradas» procede de los consorcios firmados por entidades públicas. «Un dinero que se precisamente se le niega a asociaciones en defensa de la mujer embarazada», añadió.
Para Jaureguizar no tiene cabida ningún tipo de aborto, ya que, a su modo de entender, «la vida del feto comienza desde el mismo momento de la fecundación». Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto, y sin plazo determinado -lo que ha sido considerado como el gran coladero-, cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre.
Las familias reclaman al PP que el aborto sólo se «prescriba» en la sanidad pública
Fuente: La Razón
28 de Diciembre de 2007
M. Laguna
La investigación de las clínicas abortistas en Barcelona y Madrid ha reabierto el debate, también a nivel de los programas electorales. Si desde las organizaciones feministas y las clínicas privadas piden al PSOE una «ley de plazos», varias organizaciones familiares y «pro vida» se han unido para reclamar al PP que introduzca en su programa «garantías» de que se cumpla la ley. Unas modificaciones que pasan, sobre todo, por desvincular los intereses económicos de las clínicas de los certificados médicos necesarios para practicar una interrupción del embarazo.
Organizaciones como Hazteoír, la Plataforma la Vida Importa, Hay Alternativas, Fundación Madrina y el Instituto de Política Familiar han remitido un escrito al Partido Popular para que incluya estas modificaciones. La principal es que «los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social».
Contradicciones
Entre los argumentos que le han trasladado al coordinador del programa electoral «popular», Juan Costa, las asociaciones consideran una «enorme contradicción» que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social «para una simple baja laboral de un día» y, por contra, «la vida del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Además de un cambio legislativo para que sólo los facultativos de la Sanidad Pública puedan expedir los certificados, estas organizaciones instan al PP a «articular mecanismos de información y apoyo a la mujer». Con un nuevo símil, Juan Sánchez, portavoz de La Vida Importa, asegura no entender por qué «para sacarse una muela hay que firmar un consentimiento informado con todos los riesgos» y, en cambio, en caso de aborto «no se informa de los riesgos físicos y psicológicos posteriores ni de otras alternativas.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, no se ha unido a esta petición, pero asegura que, en las próximas semanas, la entidad que preside lanzará una propuesta «para todos los partidos». Aunque, al igual que las demás organizaciones, está en contra del aborto bajo cualquier supuesto, de momento se conforma con que los certificados no los expidan las clínicas y, además, propone «un plazo máximo para el aborto terapéutico.
Protestas
Mientras sigue el debate político, organizaciones «pro vida» se manifestarán hoy, día de los Santos Inocentes, frente a las clínicas abortistas de Madrid. La fecha es señalada para estos grupos todos los años, pero la polémica por las presuntas irregularidades hará que, previsiblemente, las concentraciones sean mayores.
Los centros anunciaron ayer que cerrarán, ante la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de facilitarles protección especial.
28 de Diciembre de 2007
M. Laguna
La investigación de las clínicas abortistas en Barcelona y Madrid ha reabierto el debate, también a nivel de los programas electorales. Si desde las organizaciones feministas y las clínicas privadas piden al PSOE una «ley de plazos», varias organizaciones familiares y «pro vida» se han unido para reclamar al PP que introduzca en su programa «garantías» de que se cumpla la ley. Unas modificaciones que pasan, sobre todo, por desvincular los intereses económicos de las clínicas de los certificados médicos necesarios para practicar una interrupción del embarazo.
Organizaciones como Hazteoír, la Plataforma la Vida Importa, Hay Alternativas, Fundación Madrina y el Instituto de Política Familiar han remitido un escrito al Partido Popular para que incluya estas modificaciones. La principal es que «los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social».
Contradicciones
Entre los argumentos que le han trasladado al coordinador del programa electoral «popular», Juan Costa, las asociaciones consideran una «enorme contradicción» que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social «para una simple baja laboral de un día» y, por contra, «la vida del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Además de un cambio legislativo para que sólo los facultativos de la Sanidad Pública puedan expedir los certificados, estas organizaciones instan al PP a «articular mecanismos de información y apoyo a la mujer». Con un nuevo símil, Juan Sánchez, portavoz de La Vida Importa, asegura no entender por qué «para sacarse una muela hay que firmar un consentimiento informado con todos los riesgos» y, en cambio, en caso de aborto «no se informa de los riesgos físicos y psicológicos posteriores ni de otras alternativas.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, no se ha unido a esta petición, pero asegura que, en las próximas semanas, la entidad que preside lanzará una propuesta «para todos los partidos». Aunque, al igual que las demás organizaciones, está en contra del aborto bajo cualquier supuesto, de momento se conforma con que los certificados no los expidan las clínicas y, además, propone «un plazo máximo para el aborto terapéutico.
Protestas
Mientras sigue el debate político, organizaciones «pro vida» se manifestarán hoy, día de los Santos Inocentes, frente a las clínicas abortistas de Madrid. La fecha es señalada para estos grupos todos los años, pero la polémica por las presuntas irregularidades hará que, previsiblemente, las concentraciones sean mayores.
Los centros anunciaron ayer que cerrarán, ante la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid de facilitarles protección especial.
viernes, 28 de diciembre de 2007
Presionan al PP para que mejore la vigente ley del aborto
Fuente: Abc
28 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
Los escándalos de las clínicas abortistas están movilizando a sectores de la sociedad civil. Hoy, día de los Santos Inocentes, a las 12 del mediodía, están previstas cinco manifestaciones simultáneas frente a las cinco clínicas que continúan abiertas en Madrid tras los cierres cautelares decretados por la Consejería de Sanidad de CB Medical y Mayrit. Estas cinco clínicas comunicaron que no iban a abrir sus puertas, «tras haber pedido sin éxito a la Delegación del Gobierno medidas especiales de protección policial».
Además, representantes de las plataformas «Hay Alternativa» y «HazteOír» entegarán a las 11,30 de la mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la sede de Presidencia, las 5.000 firmas recopiladas en sólo cinco días, solicitando el cierre de los «negocios abortistas El Bosque e Isadora» y demandando la apertura de investigaciones en todos los demás centros de la capital.
Y, por último, diversas asociaciones como las ya citadas y «Plataforma la Vida Importa» o «Fundación Madrina», entre otras, han lanzado un llamamiento al Partido Popular «para que se decida a incluir» en su programa electoral para las próximas elecciones generales «medidas que garanticen el cumplimiento de la ley del aborto».
En el escrito que han elaborado y enviado al PP señalan que «no haría falta modificar la actual legislación, pero sí exigir que los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social». «Tal como reconoce -prosigue el texto enviado a Génova- el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/85, por la que se despenaliza el aborto en los tres supuestos, la vida del ser humano no nacido es un valor que merece ser protegido conforme al artículo 15 de nuestra Constitución. Es por ello que dichos certificados, de los que se hace depender la vida del no nacido, han de tener la más absoluta garantía de legalidad, quedando absolutamente al margen de cualquier posible interés económico».
Dichas asociaciones consideran «una enorme contradicción que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social para una simple baja laboral de un día, y la vida humana del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Igualmente, en dicha petición al Partido Popular, le instan «no sólo a que introduzca dichas mejoras en su programa electoral, sino también a articular mecanismos de información y apoyo a la mujer».
28 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
Los escándalos de las clínicas abortistas están movilizando a sectores de la sociedad civil. Hoy, día de los Santos Inocentes, a las 12 del mediodía, están previstas cinco manifestaciones simultáneas frente a las cinco clínicas que continúan abiertas en Madrid tras los cierres cautelares decretados por la Consejería de Sanidad de CB Medical y Mayrit. Estas cinco clínicas comunicaron que no iban a abrir sus puertas, «tras haber pedido sin éxito a la Delegación del Gobierno medidas especiales de protección policial».
Además, representantes de las plataformas «Hay Alternativa» y «HazteOír» entegarán a las 11,30 de la mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la sede de Presidencia, las 5.000 firmas recopiladas en sólo cinco días, solicitando el cierre de los «negocios abortistas El Bosque e Isadora» y demandando la apertura de investigaciones en todos los demás centros de la capital.
Y, por último, diversas asociaciones como las ya citadas y «Plataforma la Vida Importa» o «Fundación Madrina», entre otras, han lanzado un llamamiento al Partido Popular «para que se decida a incluir» en su programa electoral para las próximas elecciones generales «medidas que garanticen el cumplimiento de la ley del aborto».
En el escrito que han elaborado y enviado al PP señalan que «no haría falta modificar la actual legislación, pero sí exigir que los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social». «Tal como reconoce -prosigue el texto enviado a Génova- el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/85, por la que se despenaliza el aborto en los tres supuestos, la vida del ser humano no nacido es un valor que merece ser protegido conforme al artículo 15 de nuestra Constitución. Es por ello que dichos certificados, de los que se hace depender la vida del no nacido, han de tener la más absoluta garantía de legalidad, quedando absolutamente al margen de cualquier posible interés económico».
Dichas asociaciones consideran «una enorme contradicción que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social para una simple baja laboral de un día, y la vida humana del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Igualmente, en dicha petición al Partido Popular, le instan «no sólo a que introduzca dichas mejoras en su programa electoral, sino también a articular mecanismos de información y apoyo a la mujer».
jueves, 27 de diciembre de 2007
Los pediatras denuncian que los abortos de 24 semanas «son infanticidios encubiertos»
Fuente: Abc
27 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
La Asociación Española de Pediatría (AEP) se incorporó ayer al debate que se ha abierto en torno al aborto por medio de un comunicado oficial que reproducimos junto a estas líneas. En el texto se califica de «infanticidio encubierto» a aquellos abortos de más de 24 semanas que, como se ha venido denunciando durante estas últimas semanas, se practicaban en numerosas clínicas abortistas privadas, ahora investigadas por la justicia, tanto en Madrid como en Barcelona.
El presidente de la AEP, el profesor Alfonso Delgado Rubio, confiesa que para su colectivo «resultan, como mínimo, chocantes» las noticias que se están desvelando sobre las actuaciones de estas clínicas abortistas. «Con nuestro comunicado pretendemos, sobre todo, denunciar la paradoja que se está produciendo ahora mismo en nuestro país. El sistema sanitario está gastando una cantidad ingente de dinero y de medios técnicos y profesionales para cuidar a niños de 24-25 semanas de gestación, mientras permite que estas clínicas practiquen abortos por encima de ese periodo y, por lo que hemos visto, de 30 semanas y más, que ya son niños completamente formados y de un peso elevado».
«Nuestro comunicado -suscrito por más de 9.000 pediatras, casi la totalidad de los que ejercen en España- pretende hacer ver una realidad, y es que esos niños de 24-25 semanas son viables. Salen adelante en un porcentaje altísimo. A partir de los 450 gramos pueden vivir. Por supuesto, en incubadora, con respiración asistida, inducidos pulmonarmente, aplicando medios muy sofisticados y gastando mucho dinero... Pero es algo habitual, diariamente ingresan muchos niños en las unidades de cuidados intensivos prenatales», señala.
«Para los pediatras -recalca-, es especialmente impactante estar salvando a criaturas de 450 gramos cuando en esas clínicas los están matando con un kilo o más». Ya quisieran esos pediatras que sus pacientes estuvieran en muchos casos tan desarrollados.
Delgado Rubio insiste en desvestir al comunicado de cualquier intención religiosa o moral: «Es una nota eminentemente técnica. Plasmamos una realidad al margen de creencias religiosas. Representamos a un colectivo muy amplio en el que hay de todo. Pero la ética está por encima de cualquier otra cuestión. Nuestra misión , nuestra principal función, es la de proteger la salud de los niños, incluso antes del nacimiento. Estamos siguiendo a los niños, ya en el seno materno y en muchos casos tratándolos. Uno de nuestros objetivos institucionales es la defensa de la infancia, y creo que este tipo de actividades deben ser consideradas como una forma extrema de maltrato infantil, rechazable desde cualquier creencia».
Tampoco desea entrar en la polémica sobre si hay que cambiar o no la ley: «Ésa es una discusión para los políticos. Cada uno de nosotros opinará sobre esto de una forma diferente, pero todos tenemos claro que un feto de 24 semanas es un niño como los que salvamos cada día». Sin embargo, y aunque no se manifieste en este sentido, el comunicado se opone frontalmente a las pretensiones de los grupos abortistas que, a raíz de los escándalos destapados, pretenden que la ley del aborto sea aún más permisible.
Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto y sin plazo determinado (el gran coladero) cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre. En todas las clínicas cerradas, tanto las de Madrid como las de Barcelona, los inspectores de Sanidad y la Guardia Civil encontraron informes psiquiátricos firmados con el nombre de la madre en blanco. Se rellenaban en serie, sin realizar los reconocimientos pertinentes. Pues bien, ahora los grupos abortistas pretenden que se instaure una ley de plazos, por la que el aborto sea libre y gratuito hasta las 24 semanas. Para Delgado, a esa frontera que quieren imponer sólo le cabe una definición: «Es un infanticidio encubierto».
Por otra parte, ayer mismo, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, denunció que el aborto es la primera causa de mortalidad en España, con una media de 270 interrupciones voluntarias del embarazo al día, según refleja el «Informe 2007 de política familiar en Europa». Señaló que se prevé que el número de abortos supere por primera vez los 100.000.
27 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
La Asociación Española de Pediatría (AEP) se incorporó ayer al debate que se ha abierto en torno al aborto por medio de un comunicado oficial que reproducimos junto a estas líneas. En el texto se califica de «infanticidio encubierto» a aquellos abortos de más de 24 semanas que, como se ha venido denunciando durante estas últimas semanas, se practicaban en numerosas clínicas abortistas privadas, ahora investigadas por la justicia, tanto en Madrid como en Barcelona.
El presidente de la AEP, el profesor Alfonso Delgado Rubio, confiesa que para su colectivo «resultan, como mínimo, chocantes» las noticias que se están desvelando sobre las actuaciones de estas clínicas abortistas. «Con nuestro comunicado pretendemos, sobre todo, denunciar la paradoja que se está produciendo ahora mismo en nuestro país. El sistema sanitario está gastando una cantidad ingente de dinero y de medios técnicos y profesionales para cuidar a niños de 24-25 semanas de gestación, mientras permite que estas clínicas practiquen abortos por encima de ese periodo y, por lo que hemos visto, de 30 semanas y más, que ya son niños completamente formados y de un peso elevado».
«Nuestro comunicado -suscrito por más de 9.000 pediatras, casi la totalidad de los que ejercen en España- pretende hacer ver una realidad, y es que esos niños de 24-25 semanas son viables. Salen adelante en un porcentaje altísimo. A partir de los 450 gramos pueden vivir. Por supuesto, en incubadora, con respiración asistida, inducidos pulmonarmente, aplicando medios muy sofisticados y gastando mucho dinero... Pero es algo habitual, diariamente ingresan muchos niños en las unidades de cuidados intensivos prenatales», señala.
«Para los pediatras -recalca-, es especialmente impactante estar salvando a criaturas de 450 gramos cuando en esas clínicas los están matando con un kilo o más». Ya quisieran esos pediatras que sus pacientes estuvieran en muchos casos tan desarrollados.
Delgado Rubio insiste en desvestir al comunicado de cualquier intención religiosa o moral: «Es una nota eminentemente técnica. Plasmamos una realidad al margen de creencias religiosas. Representamos a un colectivo muy amplio en el que hay de todo. Pero la ética está por encima de cualquier otra cuestión. Nuestra misión , nuestra principal función, es la de proteger la salud de los niños, incluso antes del nacimiento. Estamos siguiendo a los niños, ya en el seno materno y en muchos casos tratándolos. Uno de nuestros objetivos institucionales es la defensa de la infancia, y creo que este tipo de actividades deben ser consideradas como una forma extrema de maltrato infantil, rechazable desde cualquier creencia».
Tampoco desea entrar en la polémica sobre si hay que cambiar o no la ley: «Ésa es una discusión para los políticos. Cada uno de nosotros opinará sobre esto de una forma diferente, pero todos tenemos claro que un feto de 24 semanas es un niño como los que salvamos cada día». Sin embargo, y aunque no se manifieste en este sentido, el comunicado se opone frontalmente a las pretensiones de los grupos abortistas que, a raíz de los escándalos destapados, pretenden que la ley del aborto sea aún más permisible.
Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto y sin plazo determinado (el gran coladero) cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre. En todas las clínicas cerradas, tanto las de Madrid como las de Barcelona, los inspectores de Sanidad y la Guardia Civil encontraron informes psiquiátricos firmados con el nombre de la madre en blanco. Se rellenaban en serie, sin realizar los reconocimientos pertinentes. Pues bien, ahora los grupos abortistas pretenden que se instaure una ley de plazos, por la que el aborto sea libre y gratuito hasta las 24 semanas. Para Delgado, a esa frontera que quieren imponer sólo le cabe una definición: «Es un infanticidio encubierto».
Por otra parte, ayer mismo, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, denunció que el aborto es la primera causa de mortalidad en España, con una media de 270 interrupciones voluntarias del embarazo al día, según refleja el «Informe 2007 de política familiar en Europa». Señaló que se prevé que el número de abortos supere por primera vez los 100.000.
miércoles, 26 de diciembre de 2007
Soria crea el "derecho de las ciudadanas a abortar" pese a que la Ley sólo despenaliza
Fuente: Libertad Digital
26 de diciembre de 2007
El ministro de Sanidad habla este miércoles del "derecho de las ciudadanas a abortar", un derecho inexistente en el Ordenamiento Jurídico español, que contempla la despenalización en determinados supuestos. No es la primera opinión del entorno socialista que convierte el aborto en un derecho subjetivo –lo hizo Manuel Chaves la pasada semana–, pero sí la más significativa, al tratarse del máximo responsable de la política sanitaria de Estado.
26 de diciembre de 2007
El ministro de Sanidad habla este miércoles del "derecho de las ciudadanas a abortar", un derecho inexistente en el Ordenamiento Jurídico español, que contempla la despenalización en determinados supuestos. No es la primera opinión del entorno socialista que convierte el aborto en un derecho subjetivo –lo hizo Manuel Chaves la pasada semana–, pero sí la más significativa, al tratarse del máximo responsable de la política sanitaria de Estado.
Aborto y Navidad, por César Alonso de los Ríos
Fuente: Abc
26 de diciembre de 2007
España es una sociedad con cien mil abortos al año según las últimas estadísticas. Hemos batido nuestro propio record. Somos la sociedad con el mayor crecimiento de abortos a partir de uno de los más bajos índices de natalidad del mundo. A estos hechos los progresistas los consideran prueba de una gran ofensiva del catolicismo español. Y es cierto. Por fin los católicos han terminado por «reaccionar» y se puede hablar de una toma de conciencia frente al crimen. Del mismo modo que se puede hablar de la connivencia de la izquierda con las prácticas criminales del aborto. ¿Connivencia? Y justificación. A veces activismo puro y duro.
La ofensiva católica cabalga sobre los hechos, ciertamente airada y agresiva, como ya era obligado. Los periodistas convertidos antes de ayer al progresismo y al agnosticismo, los militantes de la izquierda sobre todo, a veces también los conservadores y liberales vergonzantes, admiten que pueden darse casos perseguibles de oficio pero que sería exagerado tomar al todo por la parte.
¿Qué parte de los cien mil? ¿A cuántos crímenes afectaría la excepcionalidad que exige la ley? Niños con aire en los pulmones después de haber sido extraídos de los cuerpos de las madres, niños troceados para hacer posible la extracción... La utilización de las trituradoras en la destrucción de los cadáveres está en la línea de la aplicación de la tecnología del exterminio que inventaron los nazis. Ahora se trata de clínicas de exterminio. En otros casos el método más expeditivo es el abandono en los cubos de basura.
Este horror es el resultado de una «kulturkampf» que consideró básico el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Las manifestaciones por aborto de los setenta consideraron el aborto como un «bien». Como una conquista de la democracia. No como un mal. Lúcidamente Pasolini decía que el aborto era la otra cara del consumismo sexual. Se defendía la muerte del niño a cambio del disfrute personal.
Afortunadamente estas Navidades están marcadas por una gran ofensiva en favor de la vida.
26 de diciembre de 2007
España es una sociedad con cien mil abortos al año según las últimas estadísticas. Hemos batido nuestro propio record. Somos la sociedad con el mayor crecimiento de abortos a partir de uno de los más bajos índices de natalidad del mundo. A estos hechos los progresistas los consideran prueba de una gran ofensiva del catolicismo español. Y es cierto. Por fin los católicos han terminado por «reaccionar» y se puede hablar de una toma de conciencia frente al crimen. Del mismo modo que se puede hablar de la connivencia de la izquierda con las prácticas criminales del aborto. ¿Connivencia? Y justificación. A veces activismo puro y duro.
La ofensiva católica cabalga sobre los hechos, ciertamente airada y agresiva, como ya era obligado. Los periodistas convertidos antes de ayer al progresismo y al agnosticismo, los militantes de la izquierda sobre todo, a veces también los conservadores y liberales vergonzantes, admiten que pueden darse casos perseguibles de oficio pero que sería exagerado tomar al todo por la parte.
¿Qué parte de los cien mil? ¿A cuántos crímenes afectaría la excepcionalidad que exige la ley? Niños con aire en los pulmones después de haber sido extraídos de los cuerpos de las madres, niños troceados para hacer posible la extracción... La utilización de las trituradoras en la destrucción de los cadáveres está en la línea de la aplicación de la tecnología del exterminio que inventaron los nazis. Ahora se trata de clínicas de exterminio. En otros casos el método más expeditivo es el abandono en los cubos de basura.
Este horror es el resultado de una «kulturkampf» que consideró básico el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Las manifestaciones por aborto de los setenta consideraron el aborto como un «bien». Como una conquista de la democracia. No como un mal. Lúcidamente Pasolini decía que el aborto era la otra cara del consumismo sexual. Se defendía la muerte del niño a cambio del disfrute personal.
Afortunadamente estas Navidades están marcadas por una gran ofensiva en favor de la vida.
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