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martes, 5 de febrero de 2008

«Residuos sanitarios»

Fuente: Abc
29 de enero de 2008

Editorial


EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.

sábado, 12 de enero de 2008

Los abortos ilegales salpican a la Isadora

Fuente: La Razón
12 de enero de 2008

La polémica de las clínicas abortistas llega a los tribunales. Después de más de un mes de detenciones, clausuras, denuncias y huelgas, el asunto ha cruzado el umbral de la Justicia, que tendrá que determinar qué es lo que ocurre en estos centros de puertas para adentro. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos, algunas ya en la tarde de ayer, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la Clínica Isadora.
La atención del juez se centra en el modo en que se retiran los residuos biosanitarios y en la presunta práctica de abortos ilegales, según confirmó ayer a Ep una de las abogadas de las testigos.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de «La Vida Importa» interpuesta el pasado 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos -de fetos de más de ocho meses- y biosanitarios -gasas o jeringuillas- a los cubos de basura.

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La Justicia cita a declarar a 28 mujeres que abortaron en un centro investigado de Madrid

Fuente: Abc (extracto)
12 de enero de 2008

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a veintiocho mujeres -que estaban embarazadas y abortaron en la clínica Isadora- como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica madrileña Isadora, centro autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Clínica Isadora fue objeto de una denuncia interpuesta ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 9 de junio de 2006 por la organización «La Vida Importa» por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura, informa Ep. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó hace menos de un año que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales. Y remitió al juzgado el resultado de su investigación, de la que se deriva ahora la actuación emprendida por el citado juzgado.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo han denunciado, antes las últimas decisiones judiciales, que son víctimas de «una persecución política». Ante ello, el presidente de «La Vida Importa», Juan Sánchez Galera, ha pedido a esas clínicas que «dejen de hacerse las víctimas y dejen actuar a la Justicia, como hacemos nosotros». Sánchez Galera añadió que «las verdaderas víctimas son los seres humanos que mueren en los abortos y también las mujeres».

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sábado, 15 de diciembre de 2007

El juez reabre el caso Isadora

Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de diciembre de 2007

Al día siguiente de la información publicada por LA GACETA retoma las diligencias de una causa que no llegó a archivar. Desde el Gobierno se insiste en exigir que se cumpla la leySantiago MataSegún informaron a LA GACETA fuentes del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de Instrucción 47 de la capital reemprendió ayer las diligencias de la causa 1996/2007, abierta contra el centro abortista Isadora en marzo por arrojar a la basura fetos, medicinas prohibidas y listas de clientes. El caso no había sido archivado, aunque dormía el sueño de los justos hasta que, ayer, LA GACETA publicó fotos de aquellos fetos.

En Madrid, la Guardia Civil procederá a investigar CB Medical, sucursal del doctor Carlos Morín (detenido el 26 de noviembre en Barcelona), cerrada preventivamente el lunes por la Consejería de Sanidad madrileña. Según el TSJM, el caso está disponible para su asignación a un juez. Además de este centro, Patricia Flores, directora general de inspección en la Sanidad madrileña, cerró preventivamente el jueves la clínica de abortos Mayrit. Hace diez meses, sin embargo, aseguró a quienes pusieron la demanda contra Isadora que aquella se basaba en "suposiciones infundadas", ya que la clínica cuya causa se reactivó ayer era regularmente inspeccionada y cumplía la normativa.

En Madrid, el 21% de los 22.000 abortos ejecutados en 2006 fue pagado con fondos públicos y, casi siempre, consumado en las clínicas Dátor, Isadora y El Bosque. Cuando las dos primeras fueron acusadas de arrojar fetos a la basura, se trató de argumentar que, en efecto, los fetos humanos son "residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora. La realidad es que, según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, los fetos no son residuos biosanitarios, sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. En estos diez meses, tanto los tres grandes centros abortistas privados como dos de los hospitales públicos que hacen abortos en Madrid han tenido tiempo de adaptarse a la normativa e introducen los fetos abortados en féretros en lugar de bidones.

viernes, 7 de diciembre de 2007

La clínica Isadora también fue denunciada por aborto ilegal

De Hispanidad: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=20294
5 de diciembre de 2007

La causa se encuentra en la mesa del juzgado nº 47 desde el pasado verano, “pendiente de resolver”


Los abortos ilegales han saltado a la opinión pública tras la detención el pasado lunes del dueño de Ginedemex, el peruano afincado en Barcelona, Carlos Morín. Es el más conocido, pero no es el único. Hay muchos ‘Dr. Morín’ en España. Examinemos Isadora.

Todo empezó tras una investigación de la Plataforma ‘La Vida Importa’ sobre restos humanos en los cubos de basura de las ‘clínicas’. Empezaron por el centro de Morín en Barcelona: encontraron restos humanos. Tras la sorpresa “repetimos la operación en otros centros de Madrid; el resultado siempre es el mismo: había restos en todos”, señala Juan Sánchez Galera, portavoz de la plataforma ‘La Vida Importa’. Tras una denuncia mediática, la plataforma pone los hechos en conocimiento de la Guardia Civil en junio de 2006. “La acompañamos con fotos, videos y toda la abundante documentación que teníamos”, señala a Hispanidad.com Galera. Sin embargo, inexplicablemente la denuncia duerme el sueño de los justos.


No obstante la emisión hace un año del reportaje de la televisión danesa sobre el fraude del aborto en España reactiva la causa. En abril de 2007 la Guardia Civil reactiva la causa y decide investigar aleatoriamente a Isadora, según señala Galera. La investigación resulta concluyente: aparecen restos humanos en los cubos de basura. Así que lleva los restos encontrados al anatómico forense para que practiquen las diligencias oportunas. ¿Resultado? Cuerpos de fetos de ocho meses en cubos de basura. La Benemérita presenta una querella contra Isadora e inmediatamente después la plataforma se persona en la causa a través del Centro Jurídico Tomas Moro (CJTM) que preside Javier Pérez-Roldán.


La causa cae en el juzgado nº 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entra en reparto y recae en el nº 47 de José Sierra Fernández. Su señoría rechaza la personación del CJTM por motivos formales que posteriormente son subsanados. Tras subsanar, cambia la titularidad del juzgado. Así que actualmente la personación de la acusación “está en la mesa del juzgado para resolver”. Así, desde el 4 de julio de 2007. Mejor suerte tuvieron los administradores de Isadora Francisco Javier Hidalgo Pérez y Salim Z. Chami Surcar a los que sí se les permitió la personación.


Los hechos descritos en el ‘intento’ de personación del CJTM son los siguientes: A instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que alertó de posibles deficiencias en la gestión y eliminación de residuos biosanitarios en la Clínica Isadora, la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, realizó, el pasado 20 de febrero de 2007, una inspección en dicha clínica, acompañando a miembros de SEPRONA.


Los inspectores de Salud Pública comprobaron que en los contenedores precintados por la Guardia Civil, había residuos biosanitarios materiales mezclados con residuos biosanitarios humanos. Los restos encontrados por la Guardia Civil eran de más de 100 fetos, que se encontraron mezclados con información confidencial sobre las madres que acudían a la clínica: nombres y apellidos, teléfonos y direcciones de algunas madres así como el día que acudieron a abortar.


Según declaró a los servicios de Salud pública la portavoz de Isadora, Sra. Pineda, cuando el centro comenzó su actividad la competencia de recogida de residuos era del Ayuntamiento de Madrid y en 1995 pasó a la Consejería de Medio Ambiente. Según la versión de Pineda, el consistorio les facilitó una lista de empresas autorizadas para la recogida de residuos. Escogieron Consenur, que -según la portavoz de Isadora- sigue siendo quien realiza la recogida de restos. ¿Por qué no se entregaron esos ‘restos’ a la compañía autorizada?