martes, 5 de febrero de 2008

Manifestación por la vida, 16 de febrero en Madrid

Fuente: La Vida Importa


La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.

Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los responsables del Ejecutivo nacional han expresado su intención de modificar la legislación, para despenalizar los presuntos delitos de que varios centros de abortos están acusados.

Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, no han acogido de manera expresa un compromiso en la defensa de la legalidad vigente, y plena colaboración con los jueces. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".


De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades.



Asimismo, la Plataforma La Vida Importa aclara que no ha presentado ninguna demanda contra ninguna mujer que haya abortado. Las demandas acusan a las empresas de abortos y sus dueños.


Una mayoría de españoles rechaza la ampliación de los supuestos del aborto

Fuente: Abc
4 de febrero de 2008

El debate sobre el aborto parte en dos a los españoles. Así se refleja en la encuesta sobre valores sociales que el Instituto DYM ha realizado para este periódico. Pese a esa clara división, el mínimo común denominador es que existe una mayoría de ciudadanos que rechazan la ampliación de las condiciones establecidas en la legislación para permitir el aborto voluntario.
En concreto, según el sondeo -elaborado en pleno debate sobre la cuestión-, el 49 por ciento de los encuestados cree que se deben mantener o reducir los supuestos, frente a un 42 por ciento que apuesta por ampliarlos. Dentro de los primeros, el 35 por ciento es partidario de seguir con la ley actual, sin cambios, mientras el 14 por ciento se declara abiertamente a favor de reducir las condiciones. El 9 por ciento restante no sabe o no contesta.

Una de las conclusiones más significativas del sondeo es que el debate que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere abrir en la próxima legislatura -según el compromiso que el PSOE lleva en su programa para el 9-M- no convence ni siquiera al electorado socialista. Sólo uno de cada dos votantes del partido mayoritario está de acuerdo con la ampliación del aborto. El 35 por ciento no quiere cambios en la legislación actual y el 8 por ciento se decanta por una reducción de las condiciones. El 7 por ciento restante no sabe o no contesta.
En cuanto al electorado del PP, las opiniones son más unánimes. El 70 por ciento de los votantes del principal partido de la oposición rechaza la ampliación, frente al 20 por ciento que la apoya y el 10 por ciento, que no sabe o no contesta.
Dentro de los primeros, el 37 por ciento cree que se debe mantener la ley en sus términos actuales, mientras el 33 por ciento se declara partidario de una reducción de las condiciones vigentes.

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El Gobierno apoya a los que incumplen La Ley

Fuente: HazteOír.org
4 de febrero de 2008

Tras conocer el anuncio de que se elaborará un nuevo decreto para proteger y controlar las inspecciones que se realizan a los centros abortistas, la Plataforma Hay Alternativas, afirma que "nos encontramos ante un gobierno que protege a los que incumplen la ley, y además legisla específicamente para ellos".
HAY ALTERNATIVAS, 4 de febrero de 2008.- Según afirma la portavoz de la plataforma científica, la doctora Gádor Joya, "como estamos comprobando, la reunión de los ministros Soria y Bermejo con los centros abortistas está dando sus frutos. Estamos viendo lo fácilmente que el gobierno complace a aquellos sobre los que han recaído denuncias por trabajar al margen de la legalidad, y cómo desprecia a otros colectivos y asociaciones que, en numerosas ocasiones, han pedido reunirse con ellos para ofrecer soluciones que disminuyan las cifras de aborto y ayuden a las mujeres con problemas a traer a sus hijos al mundo".
A la propuesta de que los fetos muertos como consecuencia de abortos sólo sean considerados restos humanos a partir de la semana 28 de gestación, la doctora Joya afirma que "esta es una manera de despojar al feto de su dignidad como ser humano para poder disponer más fácilmente de su vida, y seguir así favoreciendo intereses económicos de los centros abortistas. Dichos centros, que de por sí ya se lucran y ganan miles de euros con el negocio del aborto, verán reducidos sus gastos al poder tirar a la basura a los niños que acaban de matar en sus propios establecimientos".
Por último, la doctora Joya ha denunciado que "nuestros gobernantes han apostado por difundir en nuestra sociedad una cultura de la muerte, y cada día nos encontramos ante un nuevo ataque a la vida humana, ante el cual hemos de defendernos para no tener que lamentarnos el día de mañana de haber acabado con nuestro propio futuro".

El Gobierno aprobará una norma que regule la "calidad" y la "equidad" del aborto

Fuente: Libertad Digital
1 de febrero de 2008

El Gobierno socialista ha acordado en el Consejo de Ministros que aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar.
Así lo dijo hoy la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.
"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega aventuró que habrá "ocasión de mejorar" la Ley del Aborto si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".
Mientras tanto, apostilló, "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y advirtió de que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará, enfatizó, "hasta el último día de nuestro mandato".
(...)
La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron fuentes de Sanidad.

«Residuos sanitarios»

Fuente: Abc
29 de enero de 2008

Editorial


EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.

«No llores tanto que sólo es una célula»

Fuente: Abc
27 de enero de 2008


POR DOMINGO PÉREZ. MADRID.
María de la Cuesta quiso contarnos la terrible experiencia que le tocó sufrir cuando con 17 años la obligaron a abortar. Y quiso narrarlo así, a cara descubierta, con su nombre y su apellido, orgullosa de cómo ha reconducido su vida, pero eso sí, con el corazón en un puño, la voz entrecortada y las lágrimas asomando a sus hermosos ojos «porque nunca puedes perdonarte y jamás puedes olvidarte de que mataste a tu hijo».
La de María es una historia dura, pero habitual. Responde al perfil mayoritario de las mujeres que interrumpen voluntariamente sus gestaciones: menores de edad o muy jóvenes que se quedan embarazadas y son obligadas, en contra de sus deseos, a abortar por la presión de su pareja y/o su familia y por la situación socio-económicas de su existencia. No hay cifras oficiales, pero los especialistas consideran que entre un 75 y 80% de las mujeres que pasan por esta penosa experiencia responden a estas características.
(...) «Por circunstancias familiares me fui de casa muy joven. Vivía con mi novio y, al poco tiempo, noté una falta en la regla. Me hice las pruebas en la farmacia y salieron negativas. Pensamos que sería algún desajuste hormonal, pero yo me sentía rara. Insistía en que estaba embarazada. Mi novio decía que todo era un embarazo psicológico. Total que por fin nos decidimos a ir al ginecólogo».
«Tras ver la «eco»-prosigue- el doctor me dijo que estaba embarazada de once semanas y tres días. Aquello fue una tragedia. Yo quería tenerlo, pero mi novio, no. Que si estaba loca, que si no teníamos ni trabajo ni dinero, que si daba a luz me dejaba... Busqué ayuda en mi madre. Fui a verla. Estaba dispuesta a volver con ella pese a todas las desavenencias». Pero su respuesta fue cruel: «En mi casa no entras con barriga». La presión fue intensa. Amenazas de su novio, de su madre...
«Acabamos en el médico de cabecera. Nos dijo que si quería abortar debía hacerlo de inmediato. Él se encargó de todos los trámites. Como era menor de edad, tenía que ir acompañada de mi madre. También iba mi novio. Yo no quería entrar en la clínica. Casi me meten a rastras. No paraba de llorar. El psicólogo dijo que me dejaran a solas con él. En cuanto mi novio y mi madre se fueron le supliqué que me ayudara, que quería tener al bebé, que por favor no firmara el papel».
Tercera vez que pedía desesperadamente ayuda y tercera ocasión en la que la defraudaban. Primero fue su novio, luego su madre y finalmente un profesional de la sanidad que, además, era el que debía dar el visto bueno al aborto.
«Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo, que me tranquilizara y que pasara a la salita conjunta». Duró muy poco la esperanza. «Enseguida entró una enfermera. me dijo que me desnudara y me pusiera una bata. Entonces me di cuenta de que nadie iba a ayudarme y me puse a llorar». María se interrumpe. Le falta la voz. Su ojos brillan. «Es que me da tanta pena», susurra. Transcurren unos segundos y retoma el hilo de su historia: «No paraba de llorar y entonces la enfermera me dijo: «No llores tanto chiquilla que sólo es una célula. No te va a doler. Son unos minutos y listo. vas a pasar enseguida». En ese mismo instante quise salir del cuarto. Buscar a mi novio, decirle que podíamos intentar sacar a delante al crío, que no hacía falta abortar... Pero no me dejaron. me cogieron y me llevaron al quirófano. Allí se encontraba el potro. Allí me subieron. Lloraba. No paraba de llorar».
«Dicen que no duele. Es mentira. El dolor te acompaña toda la vida. Lo que has hecho te pesa siempre. Nunca te perdonas. has matado a tu hijo. Además, sufrí muchos efectos secundarios. No paraba de vomitar. No admitía ningún alimento. Padecí muchos dolores abdominales. Adelgacé una barbaridad. Pero todo el dolor físico no es comparable al psicológico. Cada vez que veía a una madre con su carrito, o a una mujer embarazada o a unos niños jugando en la calle me invadía una tristeza inmensa. No podía dejar de pensar en si mi hijo sería niño o niña, cómo sería su carita, sus manitas...».
(...)
Beatriz Mariscal, psicóloga especialista en tratar a mujeres que han pasado por ese trance, señala que debería hablarse de «síndrome post aborto, pese a que no esté recogido en los manuales de diagnóstico. Casi todas las mujeres pasan por unas fases muy similares. Se repiten en casi todas. Sufren un estrés agudo, depresiones muy profundas. Casi siempre las mujeres precisan de tratamiento psicológico y psiquiátrico, con medicación. Básicamente padecen un proceso de duelo, acentuado por un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque han sido ellas las que han acabado con su hijo».
Una mujer que aborta va a pasar, según explica la especialista, «antes o después, según sus características, por todas o por algunas de estas cinco fases: 1º el «shock» inicial, cuando se enteran de lo que han hecho; 2º la negación; 3º la ira (se muestran irritable, se bombardean con frases como «por qué me pasa a mi esto»); 4º la depresión (se sienten culpables, las domina la apatía) y 5º la aceptación y entonces quieren ayudar a otras mujeres en su misma situación, o contar públicamente lo que les ha pasado. Hay que tener mucho cuidado, porque es frecuente que quieran dar ese paso antes de lo recomendado y hay que frenarlas».
El camino para llegar hasta el último estadio es largo. «Nunca menos de un año de terapia -matiza Mariscal-, aunque en realidad les dura toda la vida. Hay que realizar revisiones cuando vuelven a quedarse embarazadas y son madres porque pueden proyectar en sus hijos los sentimientos de culpabilidad, con un exceso de protección hacia ellos».
Beatriz señala, además, que en sus pacientes encuentra rasgos muy parecidos: «Son mujeres con falta de valores, inmaduras, que sufren cierta inestabilidad, que actúan bajo la influencia muy fuerte de padres, novios o parejas y que se ven sometidas a una intensa presión social, económica o laboral».

El administrador de un centro abortista de Madrid declarará como imputado

Fuente: La Razón
19 de enero de 2008

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.