El 29 de marzo diversos colectivos provida secundamos la manifestación convocada por Derecho a Vivir, Médicos por la Vida, Provida Madrid y HazteOír. La gran asistencia y el inequívoco éxito ciudadano han sentado mal en un Gobierno alejado de la mesura y el sentido común. Bibiana Aído ha mostrado desprecio hacia el sentir de una parte de la población, e incluso se atreve a decir qué temas se pueden o no debatir. Desde "La Vida Importa" pensamos que en democracia se puede debatir todo, al contrario de lo que dice el Gobierno. Incluso nos llama la atención que el Gobierno haya pactado con fuerzas políticas que niegan el principal consenso de España, que es la Constitución.
Al mismo tiempo, Bibiana Aído da síntomas de grave autismo democrático, puesto que ignora el trabajo Provida de los últimos 25 años. Señora Aído: los providas nos hemos manifestado el día 29 de marzo, el año pasado, el año anterior, el otro año, y el otro, y el otro, y el otro... Llevamos más de 25 años realizando sentadas, "operaciones rescate", manifestaciones, concentraciones, manifiestos, denuncias, marchas, campañas, programas de atención a mujeres embarazadas y a mujeres con graves traumas provocados por el aborto intencionado. Quizá el problema de Bibiana Aído estriba en el profundo sectarismo e ideologización en que ha vivido estos años. Señora Aído: abra su mente. Existe otra gente, otra gente que piensa, y que piensa distinto de usted. Y esto la aterra. Le damos miedo porque no dependemos de partidos políticos, de subvenciones ni de privilegios. Y le damos miedo porque sabe que no nos puede comprar, porque no actuamos por poder, ambición ni dinero. Actuamos para defender la vida humana.
Animamos a apoyar las iniciativas de Derecho a Vivir: http://derechoavivir.org/
Y también animamos a conocer la Declaración de Madrid, en defensa de las evidencias científicas que señalan cómo la vida humana comienza su singularidad personal desde el momento de la concepción. Desde el momento que se forma un nuevo ADN, y comienza su despliegue corporal:
http://derechoavivir.org/declaracion-de-madrid/
Animamos también a todos los periodistas a que trabajen para defender la vida humana, y no los privilegios de los empresarios del aborto.
martes, 31 de marzo de 2009
viernes, 5 de septiembre de 2008
La "comisión" del Gobierno
El jueves 4 de septiembre el Gobierno español comunica que va a elaborar una nueva ley del aborto y que va a contar la colaboración de un denominado "comité de expertos". En dicho comité hay un buen número de afiliados del Partido Socialista (incluyendo cargos políticos) y personas que, aparte de sus títulos académicos, demuestran completa sintonía pro-abortista con el Gobierno.
Por lo tanto, ya se puede aventurar que las conclusiones del "comité de expertos" coincidirán al 100% con las pretensiones del Gobierno. La nueva ley tendrá como principal objetivo promover todas las facilidades para el negocio del aborto, a fin de permitir que este negocio cuente con mayores márgenes de beneficio, sin necesidad de burlar la legislación. De esta forma, muchos de los juicios actualmente en marcha contra empresas de abortos podrán quedar sobreseídos.
La nueva ley no contemplará ayudas a las mujeres embarazadas. Ni establecerá un marco adecuado para el consentimiento informado en los abortos.
Huelga recordar que algunos destacados socialistas y comunistas (que han llegado a ocupar escaño en el Congreso) son o han sido propietarios de empresas de abortos.
Por lo tanto, ya se puede aventurar que las conclusiones del "comité de expertos" coincidirán al 100% con las pretensiones del Gobierno. La nueva ley tendrá como principal objetivo promover todas las facilidades para el negocio del aborto, a fin de permitir que este negocio cuente con mayores márgenes de beneficio, sin necesidad de burlar la legislación. De esta forma, muchos de los juicios actualmente en marcha contra empresas de abortos podrán quedar sobreseídos.
La nueva ley no contemplará ayudas a las mujeres embarazadas. Ni establecerá un marco adecuado para el consentimiento informado en los abortos.
Huelga recordar que algunos destacados socialistas y comunistas (que han llegado a ocupar escaño en el Congreso) son o han sido propietarios de empresas de abortos.
viernes, 15 de febrero de 2008
Manifestación en Sol (Madrid), sábado 16 de febrero
Fuente: La Vida Importa
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, han acogido de manera favorable las peticiones de los empresarios del aborto, que están inculpados y solicitan privilegios. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades: aborto, infanticidio, daño al medio ambiente, evasión de impuestos, falsedad documental, etc.
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, han acogido de manera favorable las peticiones de los empresarios del aborto, que están inculpados y solicitan privilegios. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades: aborto, infanticidio, daño al medio ambiente, evasión de impuestos, falsedad documental, etc.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Las feministas preparan actos en favor del aborto para la jornada de reflexión
Fuente: Abc
12 de febrero de 2008
DOMINGO PÉREZ
Casi un centenar de asociaciones feministas, apoyadas por el PSOE, IU, UGT y CC.OO., han organizado para el próximo 8 de marzo, jornada de reflexión electoral, y bajo la tapadera del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», manifestaciones en todas las ciudades españolas en defensa del aborto libre y gratuito y defendiendo el lema «Por el derecho de las mujeres a decidir». El pasado 8 de febrero, las feministas, al grito de «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!», presentaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Ese día ya hicieron público su plan de que para el 8 de marzo preparaban grandes movilizaciones en toda España.
Varias asociaciones feministas ya han consultado oficialmente por escrito a la Junta Electoral Central con el fin de que la respuesta fuera vinculante para toda España. Según explicó una de estas asociaciones, la Junta les transmitió que «la manifestación del 8 de marzo no es un acto que directa ni indirectamente suponga campaña electoral y por lo tanto no está sujeto al régimen de la ley Electoral y puede celebrarse durante la jornada de reflexión». Así, basta con que la comunicación de su celebración se realice en las distintas delegaciones de Gobierno, como es habitual. «En el escrito de la Junta se nos recuerda -añade la feminista-que en esa manifestación no puede difundirse propaganda electoral ni directa ni indirectamente».
(...)
Madrid y Sevilla, por la vida
Por lo que respecta a Madrid, la «Plataforma la Vida Importa» anunció ayer que ha decidido presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno, contra la posibilidad de que se permita «la manifestación pro-abortista convocada para el 8 de marzo». Para la Vida Importa, permitirla «supondría un enorme desprecio para nuestra democracia por la falta de respeto a la jornada de reflexión». En este sentido, recuerda que el próximo 16 de febrero, a las 18 horas en la Puerta del Sol, se celebrará una gran movilización a favor de la vida y contra el aborto y que si se ha organizado en esa fecha «se debe al respeto por la legalidad vigente, que impide este tipo de actos con quince días de anterioridad a unas elecciones generales».
Conviene recordar que la manifestación de Madrid contra el aborto tendrá una gemela en Sevilla, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de los Reyes, aunque en su caso se verá precedida por un toque generalizado por los difuntos de numerosas parroquias que apoyan el acto.
«La Vida Importa» califica de «interrupción voluntaria de la legalidad la más que probable celebración por toda España de una multitud de manifestaciones abortistas que tendrá por su contenido un carácter claramente electoral con el consentimiento tanto de IU como del PSOE».
12 de febrero de 2008
DOMINGO PÉREZ
Casi un centenar de asociaciones feministas, apoyadas por el PSOE, IU, UGT y CC.OO., han organizado para el próximo 8 de marzo, jornada de reflexión electoral, y bajo la tapadera del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», manifestaciones en todas las ciudades españolas en defensa del aborto libre y gratuito y defendiendo el lema «Por el derecho de las mujeres a decidir». El pasado 8 de febrero, las feministas, al grito de «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!», presentaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Ese día ya hicieron público su plan de que para el 8 de marzo preparaban grandes movilizaciones en toda España.
Varias asociaciones feministas ya han consultado oficialmente por escrito a la Junta Electoral Central con el fin de que la respuesta fuera vinculante para toda España. Según explicó una de estas asociaciones, la Junta les transmitió que «la manifestación del 8 de marzo no es un acto que directa ni indirectamente suponga campaña electoral y por lo tanto no está sujeto al régimen de la ley Electoral y puede celebrarse durante la jornada de reflexión». Así, basta con que la comunicación de su celebración se realice en las distintas delegaciones de Gobierno, como es habitual. «En el escrito de la Junta se nos recuerda -añade la feminista-que en esa manifestación no puede difundirse propaganda electoral ni directa ni indirectamente».
(...)
Madrid y Sevilla, por la vida
Por lo que respecta a Madrid, la «Plataforma la Vida Importa» anunció ayer que ha decidido presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno, contra la posibilidad de que se permita «la manifestación pro-abortista convocada para el 8 de marzo». Para la Vida Importa, permitirla «supondría un enorme desprecio para nuestra democracia por la falta de respeto a la jornada de reflexión». En este sentido, recuerda que el próximo 16 de febrero, a las 18 horas en la Puerta del Sol, se celebrará una gran movilización a favor de la vida y contra el aborto y que si se ha organizado en esa fecha «se debe al respeto por la legalidad vigente, que impide este tipo de actos con quince días de anterioridad a unas elecciones generales».
Conviene recordar que la manifestación de Madrid contra el aborto tendrá una gemela en Sevilla, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de los Reyes, aunque en su caso se verá precedida por un toque generalizado por los difuntos de numerosas parroquias que apoyan el acto.
«La Vida Importa» califica de «interrupción voluntaria de la legalidad la más que probable celebración por toda España de una multitud de manifestaciones abortistas que tendrá por su contenido un carácter claramente electoral con el consentimiento tanto de IU como del PSOE».
La trampa de la impunidad en el aborto, por Ángel Isidro Guimerá Gil
Fuente: El día de Tenerife
10 de febrero de 2008
El aborto es un delito. Por mucho que no le guste a cierta progresía de salón, y también a mucho ignorante que no suele enterarse bien de nada. El delito de aborto forma así parte del catálogo punitivo de este país, es decir, del Código Penal español.
Se ha reabierto recientemente en España la polémica del aborto. Se utilizan como argumentos jurídicos auténticas majaderías que da vergüenza leer. Se alude, como si el embarazo fuese una enfermedad, al "derecho a la salud reproductiva", y se afirma que "el aborto es un derecho de la mujer", llamado eufemísticamente "derecho a interrumpir el embarazo". Qué barbaridad. En nuestro ordenamiento jurídico, y en el marco constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito. Lo que ocurre es que tal conducta no se castiga, no resulta punible, cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley, y a las que luego me referiré.
Quiero significar con lo anterior que el aborto es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. En consecuencia, una ley de plazos (abortar cuando así lo decida la madre en un determinado tiempo), como reclaman determinados sectores de la izquierda y de la industria abortista, sería abiertamente anticonstitucional y, por ende, contraria al artículo 15 de la Constitución -que ampara el derecho a la vida-, y ello al no cumplirse el presupuesto constitucional de conflicto de intereses que hace legítimo la interrupción del embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y, si esto sucede, se comete un delito contra la vida. El derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta.
En toda esta cuestión hay que recordar la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 53/85, de 11 de abril donde se determina que "la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado como he dicho antes en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".
Formaba yo parte del Senado de España cuando se aprobaron los tres supuestos o indicaciones despenalizadoras del delito de aborto. Dije, hace ya más de veinte años, y aparece recogido en los diarios de sesiones tanto de la Comisión de Justicia como en las sesiones plenarias, que el tercer supuesto de despenalización del aborto relativo a los riesgos para la "salud psíquica" de la madre sería la puerta falsa por la que se colarían miles de abortos presuntamente delictivos. Así ha sido. No hacía falta ser profeta o advino para ello, y hubiese bastado con la referencia a la "salud física" de la madre solamente para evitar el generalizado incumplimiento de la ley.
En efecto, las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la Ley de 1985 nació para no ser cumplida. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en el año 2006, para el 97% de los abortos, o sea, 98.500 niños no nacidos, se alegó grave peligro para "la salud física o psíquica de la madre". Y eso que todo el mundo sabe que, en estos momentos, esos riesgos de peligro son prácticamente inexistentes o muy pocos. Si de verdad se quisiera acabar con esta situación de falsa impunidad, y en la que sistemáticamente se vulnera la ley en determinadas clínicas abortistas, debería recurrirse a informes forenses de la sanidad pública, e incluso a la autorización judicial en todos los casos. La vicepresidenta del Gobierno de España, en lugar de preocuparse por la persecución de los delitos de aborto, prefiere entorpecer la instrucción judicial de los mismos para "proteger" la intimidad de las mujeres que abortan ilegalmente. Qué cosas hay que ver.
Y siempre que hablo de este delito surge al final la estremecedora pregunta de ¿quién protege y ampara, y defiende, al ser más indefenso de todos que es precisamente el no nacido?
10 de febrero de 2008
El aborto es un delito. Por mucho que no le guste a cierta progresía de salón, y también a mucho ignorante que no suele enterarse bien de nada. El delito de aborto forma así parte del catálogo punitivo de este país, es decir, del Código Penal español.
Se ha reabierto recientemente en España la polémica del aborto. Se utilizan como argumentos jurídicos auténticas majaderías que da vergüenza leer. Se alude, como si el embarazo fuese una enfermedad, al "derecho a la salud reproductiva", y se afirma que "el aborto es un derecho de la mujer", llamado eufemísticamente "derecho a interrumpir el embarazo". Qué barbaridad. En nuestro ordenamiento jurídico, y en el marco constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito. Lo que ocurre es que tal conducta no se castiga, no resulta punible, cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley, y a las que luego me referiré.
Quiero significar con lo anterior que el aborto es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. En consecuencia, una ley de plazos (abortar cuando así lo decida la madre en un determinado tiempo), como reclaman determinados sectores de la izquierda y de la industria abortista, sería abiertamente anticonstitucional y, por ende, contraria al artículo 15 de la Constitución -que ampara el derecho a la vida-, y ello al no cumplirse el presupuesto constitucional de conflicto de intereses que hace legítimo la interrupción del embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y, si esto sucede, se comete un delito contra la vida. El derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta.
En toda esta cuestión hay que recordar la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 53/85, de 11 de abril donde se determina que "la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado como he dicho antes en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".
Formaba yo parte del Senado de España cuando se aprobaron los tres supuestos o indicaciones despenalizadoras del delito de aborto. Dije, hace ya más de veinte años, y aparece recogido en los diarios de sesiones tanto de la Comisión de Justicia como en las sesiones plenarias, que el tercer supuesto de despenalización del aborto relativo a los riesgos para la "salud psíquica" de la madre sería la puerta falsa por la que se colarían miles de abortos presuntamente delictivos. Así ha sido. No hacía falta ser profeta o advino para ello, y hubiese bastado con la referencia a la "salud física" de la madre solamente para evitar el generalizado incumplimiento de la ley.
En efecto, las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la Ley de 1985 nació para no ser cumplida. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en el año 2006, para el 97% de los abortos, o sea, 98.500 niños no nacidos, se alegó grave peligro para "la salud física o psíquica de la madre". Y eso que todo el mundo sabe que, en estos momentos, esos riesgos de peligro son prácticamente inexistentes o muy pocos. Si de verdad se quisiera acabar con esta situación de falsa impunidad, y en la que sistemáticamente se vulnera la ley en determinadas clínicas abortistas, debería recurrirse a informes forenses de la sanidad pública, e incluso a la autorización judicial en todos los casos. La vicepresidenta del Gobierno de España, en lugar de preocuparse por la persecución de los delitos de aborto, prefiere entorpecer la instrucción judicial de los mismos para "proteger" la intimidad de las mujeres que abortan ilegalmente. Qué cosas hay que ver.
Y siempre que hablo de este delito surge al final la estremecedora pregunta de ¿quién protege y ampara, y defiende, al ser más indefenso de todos que es precisamente el no nacido?
Las abortistas se unen al Gobierno contra los obispos
Fuente: Abc
8 de febrero de 2008
«¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!». «¡El aborto es un derecho!», «¡Aborto libre y gratuito!»... Viejos gritos en desuso, recuperados ayer por las representantes de al menos 72 asociaciones feministas, que entregaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Además, presentaron otras 1.422 firmas de hombres y mujeres que aseguraban haber acompañado alguna vez a alguien a abortar.
Entre el medio centenar escaso de feministas que se acercaron físicamente hasta la sede judicial para a vocear en contra de la Conferencia Episcopal, se encontraban, entre otras, la portavoz de la clínica abortista Isadora y candidata por IU, Marisa Castro, sus compañeras de partido Inés Sabanés y Montserrat Muñoz y la socialista Ángeles Álvarez, quien aseguró que tras las elecciones «la izquierda va a garantizar que no se dé un paso atrás en los abortos en España».
El acto escenificado ayer correspondía a uno de los actos de la campaña proabortista «Por el derecho de las mujeres a decidir», organizada a raíz de que Guardia Civil, a instancias del juzgado 47 de Madrid, llamara a declarar en condición de testigos a una treintena de mujeres que habría abortado ilegalmente en Isadora. El juez y la Guardia Civil garantizaron que se preservaría tanto la identidad de las mujeres como la confidencialidad de sus acciones, así como que en ningún caso serían acusadas de aborto ilegal, puesto que toda la responsabilidad recaería sobre la clínica.
A pesar de todas las garantías procesales, las feministas y la ultraizquierda, alentados por el Gobierno -los ministros de Justicia y Sanidad recibieron a las clínicas y la vicepresidenta De la Vega intentó influir en los jueces- se han aferrado a esta actuación judicial para calentar la campaña, con el intento de forzar un cambio de la ley del aborto.
Esta intención no ha escapado a los grupos pro-vida. Así, la «Plataforma la Vida Importa», la que destapó los escándalos de las clínicas, rebuscó en los cubos de basura de estos centros, descubrió una macabra realidad que investigan los tribunales y que ha convulsionado las conciencias de los españoles, ha decido movilizar a la sociedad bajo el lema «Por las madres, por la vida y contra los privilegios de los abortistas».
8 de febrero de 2008
«¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!». «¡El aborto es un derecho!», «¡Aborto libre y gratuito!»... Viejos gritos en desuso, recuperados ayer por las representantes de al menos 72 asociaciones feministas, que entregaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Además, presentaron otras 1.422 firmas de hombres y mujeres que aseguraban haber acompañado alguna vez a alguien a abortar.
Entre el medio centenar escaso de feministas que se acercaron físicamente hasta la sede judicial para a vocear en contra de la Conferencia Episcopal, se encontraban, entre otras, la portavoz de la clínica abortista Isadora y candidata por IU, Marisa Castro, sus compañeras de partido Inés Sabanés y Montserrat Muñoz y la socialista Ángeles Álvarez, quien aseguró que tras las elecciones «la izquierda va a garantizar que no se dé un paso atrás en los abortos en España».
El acto escenificado ayer correspondía a uno de los actos de la campaña proabortista «Por el derecho de las mujeres a decidir», organizada a raíz de que Guardia Civil, a instancias del juzgado 47 de Madrid, llamara a declarar en condición de testigos a una treintena de mujeres que habría abortado ilegalmente en Isadora. El juez y la Guardia Civil garantizaron que se preservaría tanto la identidad de las mujeres como la confidencialidad de sus acciones, así como que en ningún caso serían acusadas de aborto ilegal, puesto que toda la responsabilidad recaería sobre la clínica.
A pesar de todas las garantías procesales, las feministas y la ultraizquierda, alentados por el Gobierno -los ministros de Justicia y Sanidad recibieron a las clínicas y la vicepresidenta De la Vega intentó influir en los jueces- se han aferrado a esta actuación judicial para calentar la campaña, con el intento de forzar un cambio de la ley del aborto.
Esta intención no ha escapado a los grupos pro-vida. Así, la «Plataforma la Vida Importa», la que destapó los escándalos de las clínicas, rebuscó en los cubos de basura de estos centros, descubrió una macabra realidad que investigan los tribunales y que ha convulsionado las conciencias de los españoles, ha decido movilizar a la sociedad bajo el lema «Por las madres, por la vida y contra los privilegios de los abortistas».
jueves, 7 de febrero de 2008
Morín, también imputado por sus clínicas abortistas en Madrid
Fuente: La Razón
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
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