Fuente: La Vida Importa
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, han acogido de manera favorable las peticiones de los empresarios del aborto, que están inculpados y solicitan privilegios. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades: aborto, infanticidio, daño al medio ambiente, evasión de impuestos, falsedad documental, etc.
viernes, 15 de febrero de 2008
miércoles, 13 de febrero de 2008
Las feministas preparan actos en favor del aborto para la jornada de reflexión
Fuente: Abc
12 de febrero de 2008
DOMINGO PÉREZ
Casi un centenar de asociaciones feministas, apoyadas por el PSOE, IU, UGT y CC.OO., han organizado para el próximo 8 de marzo, jornada de reflexión electoral, y bajo la tapadera del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», manifestaciones en todas las ciudades españolas en defensa del aborto libre y gratuito y defendiendo el lema «Por el derecho de las mujeres a decidir». El pasado 8 de febrero, las feministas, al grito de «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!», presentaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Ese día ya hicieron público su plan de que para el 8 de marzo preparaban grandes movilizaciones en toda España.
Varias asociaciones feministas ya han consultado oficialmente por escrito a la Junta Electoral Central con el fin de que la respuesta fuera vinculante para toda España. Según explicó una de estas asociaciones, la Junta les transmitió que «la manifestación del 8 de marzo no es un acto que directa ni indirectamente suponga campaña electoral y por lo tanto no está sujeto al régimen de la ley Electoral y puede celebrarse durante la jornada de reflexión». Así, basta con que la comunicación de su celebración se realice en las distintas delegaciones de Gobierno, como es habitual. «En el escrito de la Junta se nos recuerda -añade la feminista-que en esa manifestación no puede difundirse propaganda electoral ni directa ni indirectamente».
(...)
Madrid y Sevilla, por la vida
Por lo que respecta a Madrid, la «Plataforma la Vida Importa» anunció ayer que ha decidido presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno, contra la posibilidad de que se permita «la manifestación pro-abortista convocada para el 8 de marzo». Para la Vida Importa, permitirla «supondría un enorme desprecio para nuestra democracia por la falta de respeto a la jornada de reflexión». En este sentido, recuerda que el próximo 16 de febrero, a las 18 horas en la Puerta del Sol, se celebrará una gran movilización a favor de la vida y contra el aborto y que si se ha organizado en esa fecha «se debe al respeto por la legalidad vigente, que impide este tipo de actos con quince días de anterioridad a unas elecciones generales».
Conviene recordar que la manifestación de Madrid contra el aborto tendrá una gemela en Sevilla, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de los Reyes, aunque en su caso se verá precedida por un toque generalizado por los difuntos de numerosas parroquias que apoyan el acto.
«La Vida Importa» califica de «interrupción voluntaria de la legalidad la más que probable celebración por toda España de una multitud de manifestaciones abortistas que tendrá por su contenido un carácter claramente electoral con el consentimiento tanto de IU como del PSOE».
12 de febrero de 2008
DOMINGO PÉREZ
Casi un centenar de asociaciones feministas, apoyadas por el PSOE, IU, UGT y CC.OO., han organizado para el próximo 8 de marzo, jornada de reflexión electoral, y bajo la tapadera del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», manifestaciones en todas las ciudades españolas en defensa del aborto libre y gratuito y defendiendo el lema «Por el derecho de las mujeres a decidir». El pasado 8 de febrero, las feministas, al grito de «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!», presentaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Ese día ya hicieron público su plan de que para el 8 de marzo preparaban grandes movilizaciones en toda España.
Varias asociaciones feministas ya han consultado oficialmente por escrito a la Junta Electoral Central con el fin de que la respuesta fuera vinculante para toda España. Según explicó una de estas asociaciones, la Junta les transmitió que «la manifestación del 8 de marzo no es un acto que directa ni indirectamente suponga campaña electoral y por lo tanto no está sujeto al régimen de la ley Electoral y puede celebrarse durante la jornada de reflexión». Así, basta con que la comunicación de su celebración se realice en las distintas delegaciones de Gobierno, como es habitual. «En el escrito de la Junta se nos recuerda -añade la feminista-que en esa manifestación no puede difundirse propaganda electoral ni directa ni indirectamente».
(...)
Madrid y Sevilla, por la vida
Por lo que respecta a Madrid, la «Plataforma la Vida Importa» anunció ayer que ha decidido presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno, contra la posibilidad de que se permita «la manifestación pro-abortista convocada para el 8 de marzo». Para la Vida Importa, permitirla «supondría un enorme desprecio para nuestra democracia por la falta de respeto a la jornada de reflexión». En este sentido, recuerda que el próximo 16 de febrero, a las 18 horas en la Puerta del Sol, se celebrará una gran movilización a favor de la vida y contra el aborto y que si se ha organizado en esa fecha «se debe al respeto por la legalidad vigente, que impide este tipo de actos con quince días de anterioridad a unas elecciones generales».
Conviene recordar que la manifestación de Madrid contra el aborto tendrá una gemela en Sevilla, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de los Reyes, aunque en su caso se verá precedida por un toque generalizado por los difuntos de numerosas parroquias que apoyan el acto.
«La Vida Importa» califica de «interrupción voluntaria de la legalidad la más que probable celebración por toda España de una multitud de manifestaciones abortistas que tendrá por su contenido un carácter claramente electoral con el consentimiento tanto de IU como del PSOE».
La trampa de la impunidad en el aborto, por Ángel Isidro Guimerá Gil
Fuente: El día de Tenerife
10 de febrero de 2008
El aborto es un delito. Por mucho que no le guste a cierta progresía de salón, y también a mucho ignorante que no suele enterarse bien de nada. El delito de aborto forma así parte del catálogo punitivo de este país, es decir, del Código Penal español.
Se ha reabierto recientemente en España la polémica del aborto. Se utilizan como argumentos jurídicos auténticas majaderías que da vergüenza leer. Se alude, como si el embarazo fuese una enfermedad, al "derecho a la salud reproductiva", y se afirma que "el aborto es un derecho de la mujer", llamado eufemísticamente "derecho a interrumpir el embarazo". Qué barbaridad. En nuestro ordenamiento jurídico, y en el marco constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito. Lo que ocurre es que tal conducta no se castiga, no resulta punible, cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley, y a las que luego me referiré.
Quiero significar con lo anterior que el aborto es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. En consecuencia, una ley de plazos (abortar cuando así lo decida la madre en un determinado tiempo), como reclaman determinados sectores de la izquierda y de la industria abortista, sería abiertamente anticonstitucional y, por ende, contraria al artículo 15 de la Constitución -que ampara el derecho a la vida-, y ello al no cumplirse el presupuesto constitucional de conflicto de intereses que hace legítimo la interrupción del embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y, si esto sucede, se comete un delito contra la vida. El derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta.
En toda esta cuestión hay que recordar la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 53/85, de 11 de abril donde se determina que "la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado como he dicho antes en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".
Formaba yo parte del Senado de España cuando se aprobaron los tres supuestos o indicaciones despenalizadoras del delito de aborto. Dije, hace ya más de veinte años, y aparece recogido en los diarios de sesiones tanto de la Comisión de Justicia como en las sesiones plenarias, que el tercer supuesto de despenalización del aborto relativo a los riesgos para la "salud psíquica" de la madre sería la puerta falsa por la que se colarían miles de abortos presuntamente delictivos. Así ha sido. No hacía falta ser profeta o advino para ello, y hubiese bastado con la referencia a la "salud física" de la madre solamente para evitar el generalizado incumplimiento de la ley.
En efecto, las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la Ley de 1985 nació para no ser cumplida. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en el año 2006, para el 97% de los abortos, o sea, 98.500 niños no nacidos, se alegó grave peligro para "la salud física o psíquica de la madre". Y eso que todo el mundo sabe que, en estos momentos, esos riesgos de peligro son prácticamente inexistentes o muy pocos. Si de verdad se quisiera acabar con esta situación de falsa impunidad, y en la que sistemáticamente se vulnera la ley en determinadas clínicas abortistas, debería recurrirse a informes forenses de la sanidad pública, e incluso a la autorización judicial en todos los casos. La vicepresidenta del Gobierno de España, en lugar de preocuparse por la persecución de los delitos de aborto, prefiere entorpecer la instrucción judicial de los mismos para "proteger" la intimidad de las mujeres que abortan ilegalmente. Qué cosas hay que ver.
Y siempre que hablo de este delito surge al final la estremecedora pregunta de ¿quién protege y ampara, y defiende, al ser más indefenso de todos que es precisamente el no nacido?
10 de febrero de 2008
El aborto es un delito. Por mucho que no le guste a cierta progresía de salón, y también a mucho ignorante que no suele enterarse bien de nada. El delito de aborto forma así parte del catálogo punitivo de este país, es decir, del Código Penal español.
Se ha reabierto recientemente en España la polémica del aborto. Se utilizan como argumentos jurídicos auténticas majaderías que da vergüenza leer. Se alude, como si el embarazo fuese una enfermedad, al "derecho a la salud reproductiva", y se afirma que "el aborto es un derecho de la mujer", llamado eufemísticamente "derecho a interrumpir el embarazo". Qué barbaridad. En nuestro ordenamiento jurídico, y en el marco constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito. Lo que ocurre es que tal conducta no se castiga, no resulta punible, cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley, y a las que luego me referiré.
Quiero significar con lo anterior que el aborto es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. En consecuencia, una ley de plazos (abortar cuando así lo decida la madre en un determinado tiempo), como reclaman determinados sectores de la izquierda y de la industria abortista, sería abiertamente anticonstitucional y, por ende, contraria al artículo 15 de la Constitución -que ampara el derecho a la vida-, y ello al no cumplirse el presupuesto constitucional de conflicto de intereses que hace legítimo la interrupción del embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y, si esto sucede, se comete un delito contra la vida. El derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta.
En toda esta cuestión hay que recordar la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 53/85, de 11 de abril donde se determina que "la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado como he dicho antes en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".
Formaba yo parte del Senado de España cuando se aprobaron los tres supuestos o indicaciones despenalizadoras del delito de aborto. Dije, hace ya más de veinte años, y aparece recogido en los diarios de sesiones tanto de la Comisión de Justicia como en las sesiones plenarias, que el tercer supuesto de despenalización del aborto relativo a los riesgos para la "salud psíquica" de la madre sería la puerta falsa por la que se colarían miles de abortos presuntamente delictivos. Así ha sido. No hacía falta ser profeta o advino para ello, y hubiese bastado con la referencia a la "salud física" de la madre solamente para evitar el generalizado incumplimiento de la ley.
En efecto, las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la Ley de 1985 nació para no ser cumplida. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en el año 2006, para el 97% de los abortos, o sea, 98.500 niños no nacidos, se alegó grave peligro para "la salud física o psíquica de la madre". Y eso que todo el mundo sabe que, en estos momentos, esos riesgos de peligro son prácticamente inexistentes o muy pocos. Si de verdad se quisiera acabar con esta situación de falsa impunidad, y en la que sistemáticamente se vulnera la ley en determinadas clínicas abortistas, debería recurrirse a informes forenses de la sanidad pública, e incluso a la autorización judicial en todos los casos. La vicepresidenta del Gobierno de España, en lugar de preocuparse por la persecución de los delitos de aborto, prefiere entorpecer la instrucción judicial de los mismos para "proteger" la intimidad de las mujeres que abortan ilegalmente. Qué cosas hay que ver.
Y siempre que hablo de este delito surge al final la estremecedora pregunta de ¿quién protege y ampara, y defiende, al ser más indefenso de todos que es precisamente el no nacido?
Las abortistas se unen al Gobierno contra los obispos
Fuente: Abc
8 de febrero de 2008
«¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!». «¡El aborto es un derecho!», «¡Aborto libre y gratuito!»... Viejos gritos en desuso, recuperados ayer por las representantes de al menos 72 asociaciones feministas, que entregaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Además, presentaron otras 1.422 firmas de hombres y mujeres que aseguraban haber acompañado alguna vez a alguien a abortar.
Entre el medio centenar escaso de feministas que se acercaron físicamente hasta la sede judicial para a vocear en contra de la Conferencia Episcopal, se encontraban, entre otras, la portavoz de la clínica abortista Isadora y candidata por IU, Marisa Castro, sus compañeras de partido Inés Sabanés y Montserrat Muñoz y la socialista Ángeles Álvarez, quien aseguró que tras las elecciones «la izquierda va a garantizar que no se dé un paso atrás en los abortos en España».
El acto escenificado ayer correspondía a uno de los actos de la campaña proabortista «Por el derecho de las mujeres a decidir», organizada a raíz de que Guardia Civil, a instancias del juzgado 47 de Madrid, llamara a declarar en condición de testigos a una treintena de mujeres que habría abortado ilegalmente en Isadora. El juez y la Guardia Civil garantizaron que se preservaría tanto la identidad de las mujeres como la confidencialidad de sus acciones, así como que en ningún caso serían acusadas de aborto ilegal, puesto que toda la responsabilidad recaería sobre la clínica.
A pesar de todas las garantías procesales, las feministas y la ultraizquierda, alentados por el Gobierno -los ministros de Justicia y Sanidad recibieron a las clínicas y la vicepresidenta De la Vega intentó influir en los jueces- se han aferrado a esta actuación judicial para calentar la campaña, con el intento de forzar un cambio de la ley del aborto.
Esta intención no ha escapado a los grupos pro-vida. Así, la «Plataforma la Vida Importa», la que destapó los escándalos de las clínicas, rebuscó en los cubos de basura de estos centros, descubrió una macabra realidad que investigan los tribunales y que ha convulsionado las conciencias de los españoles, ha decido movilizar a la sociedad bajo el lema «Por las madres, por la vida y contra los privilegios de los abortistas».
8 de febrero de 2008
«¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!». «¡El aborto es un derecho!», «¡Aborto libre y gratuito!»... Viejos gritos en desuso, recuperados ayer por las representantes de al menos 72 asociaciones feministas, que entregaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Además, presentaron otras 1.422 firmas de hombres y mujeres que aseguraban haber acompañado alguna vez a alguien a abortar.
Entre el medio centenar escaso de feministas que se acercaron físicamente hasta la sede judicial para a vocear en contra de la Conferencia Episcopal, se encontraban, entre otras, la portavoz de la clínica abortista Isadora y candidata por IU, Marisa Castro, sus compañeras de partido Inés Sabanés y Montserrat Muñoz y la socialista Ángeles Álvarez, quien aseguró que tras las elecciones «la izquierda va a garantizar que no se dé un paso atrás en los abortos en España».
El acto escenificado ayer correspondía a uno de los actos de la campaña proabortista «Por el derecho de las mujeres a decidir», organizada a raíz de que Guardia Civil, a instancias del juzgado 47 de Madrid, llamara a declarar en condición de testigos a una treintena de mujeres que habría abortado ilegalmente en Isadora. El juez y la Guardia Civil garantizaron que se preservaría tanto la identidad de las mujeres como la confidencialidad de sus acciones, así como que en ningún caso serían acusadas de aborto ilegal, puesto que toda la responsabilidad recaería sobre la clínica.
A pesar de todas las garantías procesales, las feministas y la ultraizquierda, alentados por el Gobierno -los ministros de Justicia y Sanidad recibieron a las clínicas y la vicepresidenta De la Vega intentó influir en los jueces- se han aferrado a esta actuación judicial para calentar la campaña, con el intento de forzar un cambio de la ley del aborto.
Esta intención no ha escapado a los grupos pro-vida. Así, la «Plataforma la Vida Importa», la que destapó los escándalos de las clínicas, rebuscó en los cubos de basura de estos centros, descubrió una macabra realidad que investigan los tribunales y que ha convulsionado las conciencias de los españoles, ha decido movilizar a la sociedad bajo el lema «Por las madres, por la vida y contra los privilegios de los abortistas».
jueves, 7 de febrero de 2008
Morín, también imputado por sus clínicas abortistas en Madrid
Fuente: La Razón
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
martes, 5 de febrero de 2008
Manifestación por la vida, 16 de febrero en Madrid
Fuente: La Vida Importa
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los responsables del Ejecutivo nacional han expresado su intención de modificar la legislación, para despenalizar los presuntos delitos de que varios centros de abortos están acusados.
Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, no han acogido de manera expresa un compromiso en la defensa de la legalidad vigente, y plena colaboración con los jueces. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades.
Asimismo, la Plataforma La Vida Importa aclara que no ha presentado ninguna demanda contra ninguna mujer que haya abortado. Las demandas acusan a las empresas de abortos y sus dueños.
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los responsables del Ejecutivo nacional han expresado su intención de modificar la legislación, para despenalizar los presuntos delitos de que varios centros de abortos están acusados.
Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, no han acogido de manera expresa un compromiso en la defensa de la legalidad vigente, y plena colaboración con los jueces. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades.
Asimismo, la Plataforma La Vida Importa aclara que no ha presentado ninguna demanda contra ninguna mujer que haya abortado. Las demandas acusan a las empresas de abortos y sus dueños.
Una mayoría de españoles rechaza la ampliación de los supuestos del aborto
Fuente: Abc
4 de febrero de 2008
El debate sobre el aborto parte en dos a los españoles. Así se refleja en la encuesta sobre valores sociales que el Instituto DYM ha realizado para este periódico. Pese a esa clara división, el mínimo común denominador es que existe una mayoría de ciudadanos que rechazan la ampliación de las condiciones establecidas en la legislación para permitir el aborto voluntario.
En concreto, según el sondeo -elaborado en pleno debate sobre la cuestión-, el 49 por ciento de los encuestados cree que se deben mantener o reducir los supuestos, frente a un 42 por ciento que apuesta por ampliarlos. Dentro de los primeros, el 35 por ciento es partidario de seguir con la ley actual, sin cambios, mientras el 14 por ciento se declara abiertamente a favor de reducir las condiciones. El 9 por ciento restante no sabe o no contesta.
Una de las conclusiones más significativas del sondeo es que el debate que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere abrir en la próxima legislatura -según el compromiso que el PSOE lleva en su programa para el 9-M- no convence ni siquiera al electorado socialista. Sólo uno de cada dos votantes del partido mayoritario está de acuerdo con la ampliación del aborto. El 35 por ciento no quiere cambios en la legislación actual y el 8 por ciento se decanta por una reducción de las condiciones. El 7 por ciento restante no sabe o no contesta.
En cuanto al electorado del PP, las opiniones son más unánimes. El 70 por ciento de los votantes del principal partido de la oposición rechaza la ampliación, frente al 20 por ciento que la apoya y el 10 por ciento, que no sabe o no contesta.
Dentro de los primeros, el 37 por ciento cree que se debe mantener la ley en sus términos actuales, mientras el 33 por ciento se declara partidario de una reducción de las condiciones vigentes.
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4 de febrero de 2008
El debate sobre el aborto parte en dos a los españoles. Así se refleja en la encuesta sobre valores sociales que el Instituto DYM ha realizado para este periódico. Pese a esa clara división, el mínimo común denominador es que existe una mayoría de ciudadanos que rechazan la ampliación de las condiciones establecidas en la legislación para permitir el aborto voluntario.
En concreto, según el sondeo -elaborado en pleno debate sobre la cuestión-, el 49 por ciento de los encuestados cree que se deben mantener o reducir los supuestos, frente a un 42 por ciento que apuesta por ampliarlos. Dentro de los primeros, el 35 por ciento es partidario de seguir con la ley actual, sin cambios, mientras el 14 por ciento se declara abiertamente a favor de reducir las condiciones. El 9 por ciento restante no sabe o no contesta.
Una de las conclusiones más significativas del sondeo es que el debate que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere abrir en la próxima legislatura -según el compromiso que el PSOE lleva en su programa para el 9-M- no convence ni siquiera al electorado socialista. Sólo uno de cada dos votantes del partido mayoritario está de acuerdo con la ampliación del aborto. El 35 por ciento no quiere cambios en la legislación actual y el 8 por ciento se decanta por una reducción de las condiciones. El 7 por ciento restante no sabe o no contesta.
En cuanto al electorado del PP, las opiniones son más unánimes. El 70 por ciento de los votantes del principal partido de la oposición rechaza la ampliación, frente al 20 por ciento que la apoya y el 10 por ciento, que no sabe o no contesta.
Dentro de los primeros, el 37 por ciento cree que se debe mantener la ley en sus términos actuales, mientras el 33 por ciento se declara partidario de una reducción de las condiciones vigentes.
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El Gobierno apoya a los que incumplen La Ley
Fuente: HazteOír.org
4 de febrero de 2008
Tras conocer el anuncio de que se elaborará un nuevo decreto para proteger y controlar las inspecciones que se realizan a los centros abortistas, la Plataforma Hay Alternativas, afirma que "nos encontramos ante un gobierno que protege a los que incumplen la ley, y además legisla específicamente para ellos".
HAY ALTERNATIVAS, 4 de febrero de 2008.- Según afirma la portavoz de la plataforma científica, la doctora Gádor Joya, "como estamos comprobando, la reunión de los ministros Soria y Bermejo con los centros abortistas está dando sus frutos. Estamos viendo lo fácilmente que el gobierno complace a aquellos sobre los que han recaído denuncias por trabajar al margen de la legalidad, y cómo desprecia a otros colectivos y asociaciones que, en numerosas ocasiones, han pedido reunirse con ellos para ofrecer soluciones que disminuyan las cifras de aborto y ayuden a las mujeres con problemas a traer a sus hijos al mundo".
A la propuesta de que los fetos muertos como consecuencia de abortos sólo sean considerados restos humanos a partir de la semana 28 de gestación, la doctora Joya afirma que "esta es una manera de despojar al feto de su dignidad como ser humano para poder disponer más fácilmente de su vida, y seguir así favoreciendo intereses económicos de los centros abortistas. Dichos centros, que de por sí ya se lucran y ganan miles de euros con el negocio del aborto, verán reducidos sus gastos al poder tirar a la basura a los niños que acaban de matar en sus propios establecimientos".
Por último, la doctora Joya ha denunciado que "nuestros gobernantes han apostado por difundir en nuestra sociedad una cultura de la muerte, y cada día nos encontramos ante un nuevo ataque a la vida humana, ante el cual hemos de defendernos para no tener que lamentarnos el día de mañana de haber acabado con nuestro propio futuro".
4 de febrero de 2008
Tras conocer el anuncio de que se elaborará un nuevo decreto para proteger y controlar las inspecciones que se realizan a los centros abortistas, la Plataforma Hay Alternativas, afirma que "nos encontramos ante un gobierno que protege a los que incumplen la ley, y además legisla específicamente para ellos".
HAY ALTERNATIVAS, 4 de febrero de 2008.- Según afirma la portavoz de la plataforma científica, la doctora Gádor Joya, "como estamos comprobando, la reunión de los ministros Soria y Bermejo con los centros abortistas está dando sus frutos. Estamos viendo lo fácilmente que el gobierno complace a aquellos sobre los que han recaído denuncias por trabajar al margen de la legalidad, y cómo desprecia a otros colectivos y asociaciones que, en numerosas ocasiones, han pedido reunirse con ellos para ofrecer soluciones que disminuyan las cifras de aborto y ayuden a las mujeres con problemas a traer a sus hijos al mundo".
A la propuesta de que los fetos muertos como consecuencia de abortos sólo sean considerados restos humanos a partir de la semana 28 de gestación, la doctora Joya afirma que "esta es una manera de despojar al feto de su dignidad como ser humano para poder disponer más fácilmente de su vida, y seguir así favoreciendo intereses económicos de los centros abortistas. Dichos centros, que de por sí ya se lucran y ganan miles de euros con el negocio del aborto, verán reducidos sus gastos al poder tirar a la basura a los niños que acaban de matar en sus propios establecimientos".
Por último, la doctora Joya ha denunciado que "nuestros gobernantes han apostado por difundir en nuestra sociedad una cultura de la muerte, y cada día nos encontramos ante un nuevo ataque a la vida humana, ante el cual hemos de defendernos para no tener que lamentarnos el día de mañana de haber acabado con nuestro propio futuro".
El Gobierno aprobará una norma que regule la "calidad" y la "equidad" del aborto
Fuente: Libertad Digital
1 de febrero de 2008
El Gobierno socialista ha acordado en el Consejo de Ministros que aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar.
Así lo dijo hoy la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.
"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega aventuró que habrá "ocasión de mejorar" la Ley del Aborto si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".
Mientras tanto, apostilló, "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y advirtió de que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará, enfatizó, "hasta el último día de nuestro mandato".
(...)
La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron fuentes de Sanidad.
1 de febrero de 2008
El Gobierno socialista ha acordado en el Consejo de Ministros que aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar.
Así lo dijo hoy la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.
"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega aventuró que habrá "ocasión de mejorar" la Ley del Aborto si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".
Mientras tanto, apostilló, "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y advirtió de que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará, enfatizó, "hasta el último día de nuestro mandato".
(...)
La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron fuentes de Sanidad.
«Residuos sanitarios»
Fuente: Abc
29 de enero de 2008
Editorial
EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.
29 de enero de 2008
Editorial
EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.
«No llores tanto que sólo es una célula»
Fuente: Abc
27 de enero de 2008
POR DOMINGO PÉREZ. MADRID.
María de la Cuesta quiso contarnos la terrible experiencia que le tocó sufrir cuando con 17 años la obligaron a abortar. Y quiso narrarlo así, a cara descubierta, con su nombre y su apellido, orgullosa de cómo ha reconducido su vida, pero eso sí, con el corazón en un puño, la voz entrecortada y las lágrimas asomando a sus hermosos ojos «porque nunca puedes perdonarte y jamás puedes olvidarte de que mataste a tu hijo».
La de María es una historia dura, pero habitual. Responde al perfil mayoritario de las mujeres que interrumpen voluntariamente sus gestaciones: menores de edad o muy jóvenes que se quedan embarazadas y son obligadas, en contra de sus deseos, a abortar por la presión de su pareja y/o su familia y por la situación socio-económicas de su existencia. No hay cifras oficiales, pero los especialistas consideran que entre un 75 y 80% de las mujeres que pasan por esta penosa experiencia responden a estas características.
(...) «Por circunstancias familiares me fui de casa muy joven. Vivía con mi novio y, al poco tiempo, noté una falta en la regla. Me hice las pruebas en la farmacia y salieron negativas. Pensamos que sería algún desajuste hormonal, pero yo me sentía rara. Insistía en que estaba embarazada. Mi novio decía que todo era un embarazo psicológico. Total que por fin nos decidimos a ir al ginecólogo».
«Tras ver la «eco»-prosigue- el doctor me dijo que estaba embarazada de once semanas y tres días. Aquello fue una tragedia. Yo quería tenerlo, pero mi novio, no. Que si estaba loca, que si no teníamos ni trabajo ni dinero, que si daba a luz me dejaba... Busqué ayuda en mi madre. Fui a verla. Estaba dispuesta a volver con ella pese a todas las desavenencias». Pero su respuesta fue cruel: «En mi casa no entras con barriga». La presión fue intensa. Amenazas de su novio, de su madre...
«Acabamos en el médico de cabecera. Nos dijo que si quería abortar debía hacerlo de inmediato. Él se encargó de todos los trámites. Como era menor de edad, tenía que ir acompañada de mi madre. También iba mi novio. Yo no quería entrar en la clínica. Casi me meten a rastras. No paraba de llorar. El psicólogo dijo que me dejaran a solas con él. En cuanto mi novio y mi madre se fueron le supliqué que me ayudara, que quería tener al bebé, que por favor no firmara el papel».
Tercera vez que pedía desesperadamente ayuda y tercera ocasión en la que la defraudaban. Primero fue su novio, luego su madre y finalmente un profesional de la sanidad que, además, era el que debía dar el visto bueno al aborto.
«Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo, que me tranquilizara y que pasara a la salita conjunta». Duró muy poco la esperanza. «Enseguida entró una enfermera. me dijo que me desnudara y me pusiera una bata. Entonces me di cuenta de que nadie iba a ayudarme y me puse a llorar». María se interrumpe. Le falta la voz. Su ojos brillan. «Es que me da tanta pena», susurra. Transcurren unos segundos y retoma el hilo de su historia: «No paraba de llorar y entonces la enfermera me dijo: «No llores tanto chiquilla que sólo es una célula. No te va a doler. Son unos minutos y listo. vas a pasar enseguida». En ese mismo instante quise salir del cuarto. Buscar a mi novio, decirle que podíamos intentar sacar a delante al crío, que no hacía falta abortar... Pero no me dejaron. me cogieron y me llevaron al quirófano. Allí se encontraba el potro. Allí me subieron. Lloraba. No paraba de llorar».
«Dicen que no duele. Es mentira. El dolor te acompaña toda la vida. Lo que has hecho te pesa siempre. Nunca te perdonas. has matado a tu hijo. Además, sufrí muchos efectos secundarios. No paraba de vomitar. No admitía ningún alimento. Padecí muchos dolores abdominales. Adelgacé una barbaridad. Pero todo el dolor físico no es comparable al psicológico. Cada vez que veía a una madre con su carrito, o a una mujer embarazada o a unos niños jugando en la calle me invadía una tristeza inmensa. No podía dejar de pensar en si mi hijo sería niño o niña, cómo sería su carita, sus manitas...».
(...)
Beatriz Mariscal, psicóloga especialista en tratar a mujeres que han pasado por ese trance, señala que debería hablarse de «síndrome post aborto, pese a que no esté recogido en los manuales de diagnóstico. Casi todas las mujeres pasan por unas fases muy similares. Se repiten en casi todas. Sufren un estrés agudo, depresiones muy profundas. Casi siempre las mujeres precisan de tratamiento psicológico y psiquiátrico, con medicación. Básicamente padecen un proceso de duelo, acentuado por un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque han sido ellas las que han acabado con su hijo».
Una mujer que aborta va a pasar, según explica la especialista, «antes o después, según sus características, por todas o por algunas de estas cinco fases: 1º el «shock» inicial, cuando se enteran de lo que han hecho; 2º la negación; 3º la ira (se muestran irritable, se bombardean con frases como «por qué me pasa a mi esto»); 4º la depresión (se sienten culpables, las domina la apatía) y 5º la aceptación y entonces quieren ayudar a otras mujeres en su misma situación, o contar públicamente lo que les ha pasado. Hay que tener mucho cuidado, porque es frecuente que quieran dar ese paso antes de lo recomendado y hay que frenarlas».
El camino para llegar hasta el último estadio es largo. «Nunca menos de un año de terapia -matiza Mariscal-, aunque en realidad les dura toda la vida. Hay que realizar revisiones cuando vuelven a quedarse embarazadas y son madres porque pueden proyectar en sus hijos los sentimientos de culpabilidad, con un exceso de protección hacia ellos».
Beatriz señala, además, que en sus pacientes encuentra rasgos muy parecidos: «Son mujeres con falta de valores, inmaduras, que sufren cierta inestabilidad, que actúan bajo la influencia muy fuerte de padres, novios o parejas y que se ven sometidas a una intensa presión social, económica o laboral».
27 de enero de 2008
POR DOMINGO PÉREZ. MADRID.
María de la Cuesta quiso contarnos la terrible experiencia que le tocó sufrir cuando con 17 años la obligaron a abortar. Y quiso narrarlo así, a cara descubierta, con su nombre y su apellido, orgullosa de cómo ha reconducido su vida, pero eso sí, con el corazón en un puño, la voz entrecortada y las lágrimas asomando a sus hermosos ojos «porque nunca puedes perdonarte y jamás puedes olvidarte de que mataste a tu hijo».
La de María es una historia dura, pero habitual. Responde al perfil mayoritario de las mujeres que interrumpen voluntariamente sus gestaciones: menores de edad o muy jóvenes que se quedan embarazadas y son obligadas, en contra de sus deseos, a abortar por la presión de su pareja y/o su familia y por la situación socio-económicas de su existencia. No hay cifras oficiales, pero los especialistas consideran que entre un 75 y 80% de las mujeres que pasan por esta penosa experiencia responden a estas características.
(...) «Por circunstancias familiares me fui de casa muy joven. Vivía con mi novio y, al poco tiempo, noté una falta en la regla. Me hice las pruebas en la farmacia y salieron negativas. Pensamos que sería algún desajuste hormonal, pero yo me sentía rara. Insistía en que estaba embarazada. Mi novio decía que todo era un embarazo psicológico. Total que por fin nos decidimos a ir al ginecólogo».
«Tras ver la «eco»-prosigue- el doctor me dijo que estaba embarazada de once semanas y tres días. Aquello fue una tragedia. Yo quería tenerlo, pero mi novio, no. Que si estaba loca, que si no teníamos ni trabajo ni dinero, que si daba a luz me dejaba... Busqué ayuda en mi madre. Fui a verla. Estaba dispuesta a volver con ella pese a todas las desavenencias». Pero su respuesta fue cruel: «En mi casa no entras con barriga». La presión fue intensa. Amenazas de su novio, de su madre...
«Acabamos en el médico de cabecera. Nos dijo que si quería abortar debía hacerlo de inmediato. Él se encargó de todos los trámites. Como era menor de edad, tenía que ir acompañada de mi madre. También iba mi novio. Yo no quería entrar en la clínica. Casi me meten a rastras. No paraba de llorar. El psicólogo dijo que me dejaran a solas con él. En cuanto mi novio y mi madre se fueron le supliqué que me ayudara, que quería tener al bebé, que por favor no firmara el papel».
Tercera vez que pedía desesperadamente ayuda y tercera ocasión en la que la defraudaban. Primero fue su novio, luego su madre y finalmente un profesional de la sanidad que, además, era el que debía dar el visto bueno al aborto.
«Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo, que me tranquilizara y que pasara a la salita conjunta». Duró muy poco la esperanza. «Enseguida entró una enfermera. me dijo que me desnudara y me pusiera una bata. Entonces me di cuenta de que nadie iba a ayudarme y me puse a llorar». María se interrumpe. Le falta la voz. Su ojos brillan. «Es que me da tanta pena», susurra. Transcurren unos segundos y retoma el hilo de su historia: «No paraba de llorar y entonces la enfermera me dijo: «No llores tanto chiquilla que sólo es una célula. No te va a doler. Son unos minutos y listo. vas a pasar enseguida». En ese mismo instante quise salir del cuarto. Buscar a mi novio, decirle que podíamos intentar sacar a delante al crío, que no hacía falta abortar... Pero no me dejaron. me cogieron y me llevaron al quirófano. Allí se encontraba el potro. Allí me subieron. Lloraba. No paraba de llorar».
«Dicen que no duele. Es mentira. El dolor te acompaña toda la vida. Lo que has hecho te pesa siempre. Nunca te perdonas. has matado a tu hijo. Además, sufrí muchos efectos secundarios. No paraba de vomitar. No admitía ningún alimento. Padecí muchos dolores abdominales. Adelgacé una barbaridad. Pero todo el dolor físico no es comparable al psicológico. Cada vez que veía a una madre con su carrito, o a una mujer embarazada o a unos niños jugando en la calle me invadía una tristeza inmensa. No podía dejar de pensar en si mi hijo sería niño o niña, cómo sería su carita, sus manitas...».
(...)
Beatriz Mariscal, psicóloga especialista en tratar a mujeres que han pasado por ese trance, señala que debería hablarse de «síndrome post aborto, pese a que no esté recogido en los manuales de diagnóstico. Casi todas las mujeres pasan por unas fases muy similares. Se repiten en casi todas. Sufren un estrés agudo, depresiones muy profundas. Casi siempre las mujeres precisan de tratamiento psicológico y psiquiátrico, con medicación. Básicamente padecen un proceso de duelo, acentuado por un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque han sido ellas las que han acabado con su hijo».
Una mujer que aborta va a pasar, según explica la especialista, «antes o después, según sus características, por todas o por algunas de estas cinco fases: 1º el «shock» inicial, cuando se enteran de lo que han hecho; 2º la negación; 3º la ira (se muestran irritable, se bombardean con frases como «por qué me pasa a mi esto»); 4º la depresión (se sienten culpables, las domina la apatía) y 5º la aceptación y entonces quieren ayudar a otras mujeres en su misma situación, o contar públicamente lo que les ha pasado. Hay que tener mucho cuidado, porque es frecuente que quieran dar ese paso antes de lo recomendado y hay que frenarlas».
El camino para llegar hasta el último estadio es largo. «Nunca menos de un año de terapia -matiza Mariscal-, aunque en realidad les dura toda la vida. Hay que realizar revisiones cuando vuelven a quedarse embarazadas y son madres porque pueden proyectar en sus hijos los sentimientos de culpabilidad, con un exceso de protección hacia ellos».
Beatriz señala, además, que en sus pacientes encuentra rasgos muy parecidos: «Son mujeres con falta de valores, inmaduras, que sufren cierta inestabilidad, que actúan bajo la influencia muy fuerte de padres, novios o parejas y que se ven sometidas a una intensa presión social, económica o laboral».
El administrador de un centro abortista de Madrid declarará como imputado
Fuente: La Razón
19 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.
19 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.
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