«Residuos sanitarios»

Fuente: Abc
29 de enero de 2008

Editorial


EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.