Fuente: Abc
28 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
Los escándalos de las clínicas abortistas están movilizando a sectores de la sociedad civil. Hoy, día de los Santos Inocentes, a las 12 del mediodía, están previstas cinco manifestaciones simultáneas frente a las cinco clínicas que continúan abiertas en Madrid tras los cierres cautelares decretados por la Consejería de Sanidad de CB Medical y Mayrit. Estas cinco clínicas comunicaron que no iban a abrir sus puertas, «tras haber pedido sin éxito a la Delegación del Gobierno medidas especiales de protección policial».
Además, representantes de las plataformas «Hay Alternativa» y «HazteOír» entegarán a las 11,30 de la mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la sede de Presidencia, las 5.000 firmas recopiladas en sólo cinco días, solicitando el cierre de los «negocios abortistas El Bosque e Isadora» y demandando la apertura de investigaciones en todos los demás centros de la capital.
Y, por último, diversas asociaciones como las ya citadas y «Plataforma la Vida Importa» o «Fundación Madrina», entre otras, han lanzado un llamamiento al Partido Popular «para que se decida a incluir» en su programa electoral para las próximas elecciones generales «medidas que garanticen el cumplimiento de la ley del aborto».
En el escrito que han elaborado y enviado al PP señalan que «no haría falta modificar la actual legislación, pero sí exigir que los certificados médicos necesarios para prescribir el aborto en los supuestos reconocidos por la ley no sean expedidos por los propios centros abortistas, sino por facultativos de la Seguridad Social». «Tal como reconoce -prosigue el texto enviado a Génova- el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/85, por la que se despenaliza el aborto en los tres supuestos, la vida del ser humano no nacido es un valor que merece ser protegido conforme al artículo 15 de nuestra Constitución. Es por ello que dichos certificados, de los que se hace depender la vida del no nacido, han de tener la más absoluta garantía de legalidad, quedando absolutamente al margen de cualquier posible interés económico».
Dichas asociaciones consideran «una enorme contradicción que sea necesario un certificado médico de la Seguridad Social para una simple baja laboral de un día, y la vida humana del no nacido pueda quedar en manos de empresas privadas». Igualmente, en dicha petición al Partido Popular, le instan «no sólo a que introduzca dichas mejoras en su programa electoral, sino también a articular mecanismos de información y apoyo a la mujer».
viernes, 28 de diciembre de 2007
jueves, 27 de diciembre de 2007
Los pediatras denuncian que los abortos de 24 semanas «son infanticidios encubiertos»
Fuente: Abc
27 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
La Asociación Española de Pediatría (AEP) se incorporó ayer al debate que se ha abierto en torno al aborto por medio de un comunicado oficial que reproducimos junto a estas líneas. En el texto se califica de «infanticidio encubierto» a aquellos abortos de más de 24 semanas que, como se ha venido denunciando durante estas últimas semanas, se practicaban en numerosas clínicas abortistas privadas, ahora investigadas por la justicia, tanto en Madrid como en Barcelona.
El presidente de la AEP, el profesor Alfonso Delgado Rubio, confiesa que para su colectivo «resultan, como mínimo, chocantes» las noticias que se están desvelando sobre las actuaciones de estas clínicas abortistas. «Con nuestro comunicado pretendemos, sobre todo, denunciar la paradoja que se está produciendo ahora mismo en nuestro país. El sistema sanitario está gastando una cantidad ingente de dinero y de medios técnicos y profesionales para cuidar a niños de 24-25 semanas de gestación, mientras permite que estas clínicas practiquen abortos por encima de ese periodo y, por lo que hemos visto, de 30 semanas y más, que ya son niños completamente formados y de un peso elevado».
«Nuestro comunicado -suscrito por más de 9.000 pediatras, casi la totalidad de los que ejercen en España- pretende hacer ver una realidad, y es que esos niños de 24-25 semanas son viables. Salen adelante en un porcentaje altísimo. A partir de los 450 gramos pueden vivir. Por supuesto, en incubadora, con respiración asistida, inducidos pulmonarmente, aplicando medios muy sofisticados y gastando mucho dinero... Pero es algo habitual, diariamente ingresan muchos niños en las unidades de cuidados intensivos prenatales», señala.
«Para los pediatras -recalca-, es especialmente impactante estar salvando a criaturas de 450 gramos cuando en esas clínicas los están matando con un kilo o más». Ya quisieran esos pediatras que sus pacientes estuvieran en muchos casos tan desarrollados.
Delgado Rubio insiste en desvestir al comunicado de cualquier intención religiosa o moral: «Es una nota eminentemente técnica. Plasmamos una realidad al margen de creencias religiosas. Representamos a un colectivo muy amplio en el que hay de todo. Pero la ética está por encima de cualquier otra cuestión. Nuestra misión , nuestra principal función, es la de proteger la salud de los niños, incluso antes del nacimiento. Estamos siguiendo a los niños, ya en el seno materno y en muchos casos tratándolos. Uno de nuestros objetivos institucionales es la defensa de la infancia, y creo que este tipo de actividades deben ser consideradas como una forma extrema de maltrato infantil, rechazable desde cualquier creencia».
Tampoco desea entrar en la polémica sobre si hay que cambiar o no la ley: «Ésa es una discusión para los políticos. Cada uno de nosotros opinará sobre esto de una forma diferente, pero todos tenemos claro que un feto de 24 semanas es un niño como los que salvamos cada día». Sin embargo, y aunque no se manifieste en este sentido, el comunicado se opone frontalmente a las pretensiones de los grupos abortistas que, a raíz de los escándalos destapados, pretenden que la ley del aborto sea aún más permisible.
Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto y sin plazo determinado (el gran coladero) cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre. En todas las clínicas cerradas, tanto las de Madrid como las de Barcelona, los inspectores de Sanidad y la Guardia Civil encontraron informes psiquiátricos firmados con el nombre de la madre en blanco. Se rellenaban en serie, sin realizar los reconocimientos pertinentes. Pues bien, ahora los grupos abortistas pretenden que se instaure una ley de plazos, por la que el aborto sea libre y gratuito hasta las 24 semanas. Para Delgado, a esa frontera que quieren imponer sólo le cabe una definición: «Es un infanticidio encubierto».
Por otra parte, ayer mismo, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, denunció que el aborto es la primera causa de mortalidad en España, con una media de 270 interrupciones voluntarias del embarazo al día, según refleja el «Informe 2007 de política familiar en Europa». Señaló que se prevé que el número de abortos supere por primera vez los 100.000.
27 de diciembre de 2007
DOMINGO PÉREZ
La Asociación Española de Pediatría (AEP) se incorporó ayer al debate que se ha abierto en torno al aborto por medio de un comunicado oficial que reproducimos junto a estas líneas. En el texto se califica de «infanticidio encubierto» a aquellos abortos de más de 24 semanas que, como se ha venido denunciando durante estas últimas semanas, se practicaban en numerosas clínicas abortistas privadas, ahora investigadas por la justicia, tanto en Madrid como en Barcelona.
El presidente de la AEP, el profesor Alfonso Delgado Rubio, confiesa que para su colectivo «resultan, como mínimo, chocantes» las noticias que se están desvelando sobre las actuaciones de estas clínicas abortistas. «Con nuestro comunicado pretendemos, sobre todo, denunciar la paradoja que se está produciendo ahora mismo en nuestro país. El sistema sanitario está gastando una cantidad ingente de dinero y de medios técnicos y profesionales para cuidar a niños de 24-25 semanas de gestación, mientras permite que estas clínicas practiquen abortos por encima de ese periodo y, por lo que hemos visto, de 30 semanas y más, que ya son niños completamente formados y de un peso elevado».
«Nuestro comunicado -suscrito por más de 9.000 pediatras, casi la totalidad de los que ejercen en España- pretende hacer ver una realidad, y es que esos niños de 24-25 semanas son viables. Salen adelante en un porcentaje altísimo. A partir de los 450 gramos pueden vivir. Por supuesto, en incubadora, con respiración asistida, inducidos pulmonarmente, aplicando medios muy sofisticados y gastando mucho dinero... Pero es algo habitual, diariamente ingresan muchos niños en las unidades de cuidados intensivos prenatales», señala.
«Para los pediatras -recalca-, es especialmente impactante estar salvando a criaturas de 450 gramos cuando en esas clínicas los están matando con un kilo o más». Ya quisieran esos pediatras que sus pacientes estuvieran en muchos casos tan desarrollados.
Delgado Rubio insiste en desvestir al comunicado de cualquier intención religiosa o moral: «Es una nota eminentemente técnica. Plasmamos una realidad al margen de creencias religiosas. Representamos a un colectivo muy amplio en el que hay de todo. Pero la ética está por encima de cualquier otra cuestión. Nuestra misión , nuestra principal función, es la de proteger la salud de los niños, incluso antes del nacimiento. Estamos siguiendo a los niños, ya en el seno materno y en muchos casos tratándolos. Uno de nuestros objetivos institucionales es la defensa de la infancia, y creo que este tipo de actividades deben ser consideradas como una forma extrema de maltrato infantil, rechazable desde cualquier creencia».
Tampoco desea entrar en la polémica sobre si hay que cambiar o no la ley: «Ésa es una discusión para los políticos. Cada uno de nosotros opinará sobre esto de una forma diferente, pero todos tenemos claro que un feto de 24 semanas es un niño como los que salvamos cada día». Sin embargo, y aunque no se manifieste en este sentido, el comunicado se opone frontalmente a las pretensiones de los grupos abortistas que, a raíz de los escándalos destapados, pretenden que la ley del aborto sea aún más permisible.
Actualmente sólo se puede abortar en tres supuestos: hasta las 12 semanas en caso de violación denunciada, hasta las 22 cuando hay malformaciones del feto y sin plazo determinado (el gran coladero) cuando hay peligro de enfermedad física o psíquica para la madre. En todas las clínicas cerradas, tanto las de Madrid como las de Barcelona, los inspectores de Sanidad y la Guardia Civil encontraron informes psiquiátricos firmados con el nombre de la madre en blanco. Se rellenaban en serie, sin realizar los reconocimientos pertinentes. Pues bien, ahora los grupos abortistas pretenden que se instaure una ley de plazos, por la que el aborto sea libre y gratuito hasta las 24 semanas. Para Delgado, a esa frontera que quieren imponer sólo le cabe una definición: «Es un infanticidio encubierto».
Por otra parte, ayer mismo, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, denunció que el aborto es la primera causa de mortalidad en España, con una media de 270 interrupciones voluntarias del embarazo al día, según refleja el «Informe 2007 de política familiar en Europa». Señaló que se prevé que el número de abortos supere por primera vez los 100.000.
miércoles, 26 de diciembre de 2007
Soria crea el "derecho de las ciudadanas a abortar" pese a que la Ley sólo despenaliza
Fuente: Libertad Digital
26 de diciembre de 2007
El ministro de Sanidad habla este miércoles del "derecho de las ciudadanas a abortar", un derecho inexistente en el Ordenamiento Jurídico español, que contempla la despenalización en determinados supuestos. No es la primera opinión del entorno socialista que convierte el aborto en un derecho subjetivo –lo hizo Manuel Chaves la pasada semana–, pero sí la más significativa, al tratarse del máximo responsable de la política sanitaria de Estado.
26 de diciembre de 2007
El ministro de Sanidad habla este miércoles del "derecho de las ciudadanas a abortar", un derecho inexistente en el Ordenamiento Jurídico español, que contempla la despenalización en determinados supuestos. No es la primera opinión del entorno socialista que convierte el aborto en un derecho subjetivo –lo hizo Manuel Chaves la pasada semana–, pero sí la más significativa, al tratarse del máximo responsable de la política sanitaria de Estado.
Aborto y Navidad, por César Alonso de los Ríos
Fuente: Abc
26 de diciembre de 2007
España es una sociedad con cien mil abortos al año según las últimas estadísticas. Hemos batido nuestro propio record. Somos la sociedad con el mayor crecimiento de abortos a partir de uno de los más bajos índices de natalidad del mundo. A estos hechos los progresistas los consideran prueba de una gran ofensiva del catolicismo español. Y es cierto. Por fin los católicos han terminado por «reaccionar» y se puede hablar de una toma de conciencia frente al crimen. Del mismo modo que se puede hablar de la connivencia de la izquierda con las prácticas criminales del aborto. ¿Connivencia? Y justificación. A veces activismo puro y duro.
La ofensiva católica cabalga sobre los hechos, ciertamente airada y agresiva, como ya era obligado. Los periodistas convertidos antes de ayer al progresismo y al agnosticismo, los militantes de la izquierda sobre todo, a veces también los conservadores y liberales vergonzantes, admiten que pueden darse casos perseguibles de oficio pero que sería exagerado tomar al todo por la parte.
¿Qué parte de los cien mil? ¿A cuántos crímenes afectaría la excepcionalidad que exige la ley? Niños con aire en los pulmones después de haber sido extraídos de los cuerpos de las madres, niños troceados para hacer posible la extracción... La utilización de las trituradoras en la destrucción de los cadáveres está en la línea de la aplicación de la tecnología del exterminio que inventaron los nazis. Ahora se trata de clínicas de exterminio. En otros casos el método más expeditivo es el abandono en los cubos de basura.
Este horror es el resultado de una «kulturkampf» que consideró básico el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Las manifestaciones por aborto de los setenta consideraron el aborto como un «bien». Como una conquista de la democracia. No como un mal. Lúcidamente Pasolini decía que el aborto era la otra cara del consumismo sexual. Se defendía la muerte del niño a cambio del disfrute personal.
Afortunadamente estas Navidades están marcadas por una gran ofensiva en favor de la vida.
26 de diciembre de 2007
España es una sociedad con cien mil abortos al año según las últimas estadísticas. Hemos batido nuestro propio record. Somos la sociedad con el mayor crecimiento de abortos a partir de uno de los más bajos índices de natalidad del mundo. A estos hechos los progresistas los consideran prueba de una gran ofensiva del catolicismo español. Y es cierto. Por fin los católicos han terminado por «reaccionar» y se puede hablar de una toma de conciencia frente al crimen. Del mismo modo que se puede hablar de la connivencia de la izquierda con las prácticas criminales del aborto. ¿Connivencia? Y justificación. A veces activismo puro y duro.
La ofensiva católica cabalga sobre los hechos, ciertamente airada y agresiva, como ya era obligado. Los periodistas convertidos antes de ayer al progresismo y al agnosticismo, los militantes de la izquierda sobre todo, a veces también los conservadores y liberales vergonzantes, admiten que pueden darse casos perseguibles de oficio pero que sería exagerado tomar al todo por la parte.
¿Qué parte de los cien mil? ¿A cuántos crímenes afectaría la excepcionalidad que exige la ley? Niños con aire en los pulmones después de haber sido extraídos de los cuerpos de las madres, niños troceados para hacer posible la extracción... La utilización de las trituradoras en la destrucción de los cadáveres está en la línea de la aplicación de la tecnología del exterminio que inventaron los nazis. Ahora se trata de clínicas de exterminio. En otros casos el método más expeditivo es el abandono en los cubos de basura.
Este horror es el resultado de una «kulturkampf» que consideró básico el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Las manifestaciones por aborto de los setenta consideraron el aborto como un «bien». Como una conquista de la democracia. No como un mal. Lúcidamente Pasolini decía que el aborto era la otra cara del consumismo sexual. Se defendía la muerte del niño a cambio del disfrute personal.
Afortunadamente estas Navidades están marcadas por una gran ofensiva en favor de la vida.
Una victoria pequeña, por Juan Sánchez Galera
Fuente: Abc
24/25 de diciembre de 2007
«Desde hace años vivo angustiado, pensando que todos los días, de forma fría y sistemática, miles de niños son asesinados en mi país». Esta frase, de Julián Marías, se convirtió durante casi tres años en el asidero al que agarrarme para autoconvencerme de que los que estaban locos eran los demás, no yo.
Durante ese tiempo, no más de seis personas, con nombres y apellidos, nos dedicamos a rebuscar entre los asquerosos cubos de basura de los diversos centros abortistas de Barcelona y Madrid, intentando encontrar pruebas de los horrores que allí se cometían. En contra de todo pronóstico, eso fue lo más fácil; pues esos matarifes asesinaban acostumbrados a una impunidad total, por lo que no tenían el más mínimo pudor en tirar, junto con restos de niños descuartizados, documentos incriminatorios.
Pusimos toda esa documentación en manos de medios de comunicación, juzgados, colegios médicos, consejerías de sanidad, altos dirigentes de partidos políticos..., pero nada. Nadie estaba dispuesto a apostar un duro por «una batalla perdida». Las vidas de esos niños no merecían perder ventas, ni votos, ni prestigio público. Eran las mismas personas e instituciones que hoy, en un ejercicio alucinante de cinismo, se llevan las manos a la cabeza y ponen el grito en el cielo como si se acabasen ahora de enterar.
Todo era absurdo, igual que en la película «Matrix», pero no por ello había que rendirse. Todavía teníamos que plantear una última batalla, recurriendo a esa única táctica infalible ante la que se rinde cualquier español imbécil: «Lo de fuera siempre es mejor». Contactamos con medios de comunicación extranjeros (televisión danesa), y triunfamos.
Ha sido una victoria pequeña, y hasta con un cierto sabor agridulce. No nos cabe duda que con todo el escándalo social que hemos conseguido sacar a la luz pública, hemos podido salvar la vida de miles y miles de seres humanos, y el mero hecho de pensar que esos niños tendrán la oportunidad de contemplar la espléndida luz que irradia el cielo de España, es, sin duda, nuestro mejor regalo de Navidad. Pero no es suficiente.
Hubo un tiempo en el que la humanidad creyó que la dignidad del ser humano bien merecía todos los sacrificios necesarios para que nadie se creyese con derecho a decidir sobre la vida de nadie. Ese tipo de hombres acabaron con la esclavitud, con las persecuciones religiosas, con el nazismo.
Creámoslo de nuevo.
24/25 de diciembre de 2007
«Desde hace años vivo angustiado, pensando que todos los días, de forma fría y sistemática, miles de niños son asesinados en mi país». Esta frase, de Julián Marías, se convirtió durante casi tres años en el asidero al que agarrarme para autoconvencerme de que los que estaban locos eran los demás, no yo.
Durante ese tiempo, no más de seis personas, con nombres y apellidos, nos dedicamos a rebuscar entre los asquerosos cubos de basura de los diversos centros abortistas de Barcelona y Madrid, intentando encontrar pruebas de los horrores que allí se cometían. En contra de todo pronóstico, eso fue lo más fácil; pues esos matarifes asesinaban acostumbrados a una impunidad total, por lo que no tenían el más mínimo pudor en tirar, junto con restos de niños descuartizados, documentos incriminatorios.
Pusimos toda esa documentación en manos de medios de comunicación, juzgados, colegios médicos, consejerías de sanidad, altos dirigentes de partidos políticos..., pero nada. Nadie estaba dispuesto a apostar un duro por «una batalla perdida». Las vidas de esos niños no merecían perder ventas, ni votos, ni prestigio público. Eran las mismas personas e instituciones que hoy, en un ejercicio alucinante de cinismo, se llevan las manos a la cabeza y ponen el grito en el cielo como si se acabasen ahora de enterar.
Todo era absurdo, igual que en la película «Matrix», pero no por ello había que rendirse. Todavía teníamos que plantear una última batalla, recurriendo a esa única táctica infalible ante la que se rinde cualquier español imbécil: «Lo de fuera siempre es mejor». Contactamos con medios de comunicación extranjeros (televisión danesa), y triunfamos.
Ha sido una victoria pequeña, y hasta con un cierto sabor agridulce. No nos cabe duda que con todo el escándalo social que hemos conseguido sacar a la luz pública, hemos podido salvar la vida de miles y miles de seres humanos, y el mero hecho de pensar que esos niños tendrán la oportunidad de contemplar la espléndida luz que irradia el cielo de España, es, sin duda, nuestro mejor regalo de Navidad. Pero no es suficiente.
Hubo un tiempo en el que la humanidad creyó que la dignidad del ser humano bien merecía todos los sacrificios necesarios para que nadie se creyese con derecho a decidir sobre la vida de nadie. Ese tipo de hombres acabaron con la esclavitud, con las persecuciones religiosas, con el nazismo.
Creámoslo de nuevo.
lunes, 24 de diciembre de 2007
El juez reactiva la investigación sobre fetos de siete meses con aire en los pulmones
Fuente: Abc
24 de diciembre de 2007
Por DOMINGO PÉREZ. MADRID.
El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha decidido reactivar la investigación de los fetos de más de siete meses encontrados en febrero de 2007 entre la basura de varias clínicas abortistas madrileñas para dilucidar si, como se sospecha, tenían aire en sus pulmones, lo que daría un giro macabro a las investigaciones judiciales y policiales que se llevan a cabo.
¿Qué importancia se le puede otorgar a este, en apariencia, nimio detalle? Un pediatra que prefiere no aportar su nombre explica para ABC las diferencias entre la respiración fetal y la de los neonatos. «El principal objetivo —señala— de la respiración es proporcionar oxígeno a la sangre y eliminar el CO2. El feto no lo necesita porque las arterias y venas umbilicales se encargan de ello. Por el ombligo, el feto está unido al sistema circulatorio de la madre que se encarga de hacerlo por él».
«En el seno materno, el feto tiene los pulmones llenos de líquido amniótico. En el momento del parto —prosigue— los pulmones se expanden, el líquido amniótico se reabsorbe, cambia la circulación del niño y los alveolos pulmonares del niño se abren para permitir la respiración autónoma. Nada más nacer, se pone en marcha todo este proceso».
Ahí se encuentra el «quid» de la cuestión. Respirar. Introducir aire en los pulmones. Esa es la liviana, casi imperceptible frontera que separa lo que sería un aborto legal de un supuesto homicidio. En el fondo, no deja de ser una hipocresía moral, pues como indica el doctor Josep Maria Simón, presidente de Médicos Cristianos de Cataluña, «nadie inteligente puede ver que haya diferencia entre que sea legal matar a un niño de siete u ocho meses si no ha nacido o ilegal si se encuentra fuera de la madre».
Este mismo planteamiento es el que ha llevado al diputado del PP Jorge Fernández Díaz a afirmar, en declaraciones a RNE, que «en España se practican abortos en madres que se encuentran en el sexto, séptimo y octavo mes de embarazo, lo que supone un infanticidio».
En cualquier caso, desde el punto de vista legal sí hay matices. Javier Pérez-Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, los explica: «El Código Civil señala que para considerar a un recién nacido “persona” deben transcurrir 24 horas desde la salida del seno materno». «Sin embargo —aclara—, a efectos penales un recién nacido sí es persona en el mismo momento en que nace, siempre que ese nacimiento pueda considerarse viable. Es decir, que poco importa que nazca tras seis, siete u ocho meses gestación. Es considerado persona en el que sí puede sobrevivir por sus propios medios sin la dependencia de la madre. Es verdad que en los casos prematuros los bebés necesitan estar en incubadoras, pero para ellos no es imprescindible estar dentro de la madre. De acuerdo con el Código Penal, acabar con la vida de un bebé una vez que ha nacido es un homicidio».
Y se retorna a la respiración. Para los médicos, es la prueba irrefutable de que un bebé ha nacido vivo. La discusión no deja de resultar dura. ¿Cómo puede un segundo marcar la legalidad de la ilegalidad? ¿Si el médico mata al feto a punto de salir cumple con la ley y si lo hace justo después no?
Cuestión moral y ética (y penal) que viene a cuento tras los descubrimientos efectuados por el Seprona de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil en febrero de 2006. Localizaron en varias clínicas madrileñas restos humanos en la basura (se habla de un centenar), desechos clínicos de todo tipo, medicamentos inductores al parto y numerosos datos personales de las mujeres que abortaban, nombres y teléfonos. Como ya adelantó ABC, algunos de los niños encontrados en la basura fueron enviados al Instituto Anatómico Forense, que certificó que había fetos que superaban los siete meses.
Siete fetos con aire
El atestado fue presentado por el Seprona ante el Juzgado de Instrucción número 6, el 21 de febrero de 2006. Pese a las evidencias encontradas, la causa fue archivada y reabierta posteriormente por el Juzgado de Instrucción 47, aunque se encuentra bajo secreto sumarial. La Comunidad de Madrid tampoco adoptó entonces ninguna medida. Es este último Juzgado el que ha reactivado el caso y, en concreto, investiga si entre la docena de fetos por encima de los siete meses de gestación encontrados, varios de ellos, al menos siete, tenían aire en los pulmones.
El doctor Simón, que ha seguido muy de cerca todas las indagaciones realizadas por los grupos pro-vida, incluida la búsqueda de pruebas en la basura, diferencia la forma de actuar del ginecólogo, Carlos Morín, ahora encarcelado, y las técnicas abortivas que se utilizaron para acabar con los fetos hallados en las clínicas madrileñas y ahora reinvestigadas.
«Morín —indica—, para realizar abortos “sin límite”, su especialidad (por encima de 24 semanas y hasta más allá de ocho meses), prefería, y así se lo explicaba a las madres, inyectar en el bebé, cuando aún se encontraba en el vientre, digoxina, un fármaco que se usa en los mayores para problemas de corazón, pero que en un feto origina la muerte por paro cardiaco. Luego provocaba el parto».
Este sistema es arriesgado. La sustancia inoculada puede originar problemas en la madre e incluso matarla, pero Morín era un virtuoso de esta operación y «prometía a sus pacientes absoluta seguridad». Tal vez por el riesgo a dañar a la madre, abortistas de menos pericia preferían otras fórmulas. «En una de las clínicas de Morín, en la que durante un tiempo se utilizó una trituradora para deshacerse de los restos, se sospecha que algunos ginecólogos sacaban a los niños, los agarraban por el cuello para que no gritaran (o no respiraran) y, medio asfixiados, los arrojaban a una picadora gigante, directamente conectada al desagüe», recuerda. «Sin embargo —concluye—, en Madrid lo que sucedía es que después de inducir al parto a las mujeres, a los bebés de más de 24 semanas los sacaban vivos y los mataban inmediatamente después de salir, por eso tenían aire en los pulmones, síntomas de haber respirado. En cualquier caso, para mí tan “infanticida” es un método como el otro».
24 de diciembre de 2007
Por DOMINGO PÉREZ. MADRID.
El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha decidido reactivar la investigación de los fetos de más de siete meses encontrados en febrero de 2007 entre la basura de varias clínicas abortistas madrileñas para dilucidar si, como se sospecha, tenían aire en sus pulmones, lo que daría un giro macabro a las investigaciones judiciales y policiales que se llevan a cabo.
¿Qué importancia se le puede otorgar a este, en apariencia, nimio detalle? Un pediatra que prefiere no aportar su nombre explica para ABC las diferencias entre la respiración fetal y la de los neonatos. «El principal objetivo —señala— de la respiración es proporcionar oxígeno a la sangre y eliminar el CO2. El feto no lo necesita porque las arterias y venas umbilicales se encargan de ello. Por el ombligo, el feto está unido al sistema circulatorio de la madre que se encarga de hacerlo por él».
«En el seno materno, el feto tiene los pulmones llenos de líquido amniótico. En el momento del parto —prosigue— los pulmones se expanden, el líquido amniótico se reabsorbe, cambia la circulación del niño y los alveolos pulmonares del niño se abren para permitir la respiración autónoma. Nada más nacer, se pone en marcha todo este proceso».
Ahí se encuentra el «quid» de la cuestión. Respirar. Introducir aire en los pulmones. Esa es la liviana, casi imperceptible frontera que separa lo que sería un aborto legal de un supuesto homicidio. En el fondo, no deja de ser una hipocresía moral, pues como indica el doctor Josep Maria Simón, presidente de Médicos Cristianos de Cataluña, «nadie inteligente puede ver que haya diferencia entre que sea legal matar a un niño de siete u ocho meses si no ha nacido o ilegal si se encuentra fuera de la madre».
Este mismo planteamiento es el que ha llevado al diputado del PP Jorge Fernández Díaz a afirmar, en declaraciones a RNE, que «en España se practican abortos en madres que se encuentran en el sexto, séptimo y octavo mes de embarazo, lo que supone un infanticidio».
En cualquier caso, desde el punto de vista legal sí hay matices. Javier Pérez-Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, los explica: «El Código Civil señala que para considerar a un recién nacido “persona” deben transcurrir 24 horas desde la salida del seno materno». «Sin embargo —aclara—, a efectos penales un recién nacido sí es persona en el mismo momento en que nace, siempre que ese nacimiento pueda considerarse viable. Es decir, que poco importa que nazca tras seis, siete u ocho meses gestación. Es considerado persona en el que sí puede sobrevivir por sus propios medios sin la dependencia de la madre. Es verdad que en los casos prematuros los bebés necesitan estar en incubadoras, pero para ellos no es imprescindible estar dentro de la madre. De acuerdo con el Código Penal, acabar con la vida de un bebé una vez que ha nacido es un homicidio».
Y se retorna a la respiración. Para los médicos, es la prueba irrefutable de que un bebé ha nacido vivo. La discusión no deja de resultar dura. ¿Cómo puede un segundo marcar la legalidad de la ilegalidad? ¿Si el médico mata al feto a punto de salir cumple con la ley y si lo hace justo después no?
Cuestión moral y ética (y penal) que viene a cuento tras los descubrimientos efectuados por el Seprona de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil en febrero de 2006. Localizaron en varias clínicas madrileñas restos humanos en la basura (se habla de un centenar), desechos clínicos de todo tipo, medicamentos inductores al parto y numerosos datos personales de las mujeres que abortaban, nombres y teléfonos. Como ya adelantó ABC, algunos de los niños encontrados en la basura fueron enviados al Instituto Anatómico Forense, que certificó que había fetos que superaban los siete meses.
Siete fetos con aire
El atestado fue presentado por el Seprona ante el Juzgado de Instrucción número 6, el 21 de febrero de 2006. Pese a las evidencias encontradas, la causa fue archivada y reabierta posteriormente por el Juzgado de Instrucción 47, aunque se encuentra bajo secreto sumarial. La Comunidad de Madrid tampoco adoptó entonces ninguna medida. Es este último Juzgado el que ha reactivado el caso y, en concreto, investiga si entre la docena de fetos por encima de los siete meses de gestación encontrados, varios de ellos, al menos siete, tenían aire en los pulmones.
El doctor Simón, que ha seguido muy de cerca todas las indagaciones realizadas por los grupos pro-vida, incluida la búsqueda de pruebas en la basura, diferencia la forma de actuar del ginecólogo, Carlos Morín, ahora encarcelado, y las técnicas abortivas que se utilizaron para acabar con los fetos hallados en las clínicas madrileñas y ahora reinvestigadas.
«Morín —indica—, para realizar abortos “sin límite”, su especialidad (por encima de 24 semanas y hasta más allá de ocho meses), prefería, y así se lo explicaba a las madres, inyectar en el bebé, cuando aún se encontraba en el vientre, digoxina, un fármaco que se usa en los mayores para problemas de corazón, pero que en un feto origina la muerte por paro cardiaco. Luego provocaba el parto».
Este sistema es arriesgado. La sustancia inoculada puede originar problemas en la madre e incluso matarla, pero Morín era un virtuoso de esta operación y «prometía a sus pacientes absoluta seguridad». Tal vez por el riesgo a dañar a la madre, abortistas de menos pericia preferían otras fórmulas. «En una de las clínicas de Morín, en la que durante un tiempo se utilizó una trituradora para deshacerse de los restos, se sospecha que algunos ginecólogos sacaban a los niños, los agarraban por el cuello para que no gritaran (o no respiraran) y, medio asfixiados, los arrojaban a una picadora gigante, directamente conectada al desagüe», recuerda. «Sin embargo —concluye—, en Madrid lo que sucedía es que después de inducir al parto a las mujeres, a los bebés de más de 24 semanas los sacaban vivos y los mataban inmediatamente después de salir, por eso tenían aire en los pulmones, síntomas de haber respirado. En cualquier caso, para mí tan “infanticida” es un método como el otro».
sábado, 22 de diciembre de 2007
El Colegio Médico de Barcelona defendió al propietario de las clínicas abortistas
Fuente: La Razón
22 de diciembre de 2007
El pasado mes de abril, el Colegio de Médicos de Barcelona lo tenía claro. La difusión de un reportaje grabado en una consulta médica «sin el consentimiento de ambas partes» no sólo afecta «al derecho a la intimidad y a la buena imagen del profesional médico, sino también a los principios de confianza y lealtad que deben presidir la relación médico-paciente».
De este modo defendía el órgano colegial al cirujano Carlos Morín, el propietario de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona, hoy en prisión preventiva por presuntas irregularidades en sus centros.
En un reportaje con cámara oculta, Morín aceptaba practicar un aborto a una periodista que simulaba estar embarazada de ocho meses. Para el Colegio, sin embargo, quedaba claro que la mujer «se encontraba en una situación de violencia doméstica y depresión». Por ello, contestaba a la asociación que de la actuación de Morín «no se puede derivar responsabilidad deontológica». De este modo, el Colegio declaraba que «no procede la apertura de un expediente sancionador» y procedía al archivo de la denuncia.
En la carta, firmada por Jaume Padrós, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, la organización colegial aprovechaba para arremeter contra el uso de los medios de comunicación para «la defensa de unos determinados valores morales».
Se da la circunstancia de que otro de los médicos investigados, Tomás Parra, que trabajaba en las clínicas de Morín y que hoy se encuentra en libertad con cargos, ocupaba en ese momento el cargo de vocal en la sección de Ginecología del Colegio de Médicos barcelonés.
22 de diciembre de 2007
El pasado mes de abril, el Colegio de Médicos de Barcelona lo tenía claro. La difusión de un reportaje grabado en una consulta médica «sin el consentimiento de ambas partes» no sólo afecta «al derecho a la intimidad y a la buena imagen del profesional médico, sino también a los principios de confianza y lealtad que deben presidir la relación médico-paciente».
De este modo defendía el órgano colegial al cirujano Carlos Morín, el propietario de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona, hoy en prisión preventiva por presuntas irregularidades en sus centros.
En un reportaje con cámara oculta, Morín aceptaba practicar un aborto a una periodista que simulaba estar embarazada de ocho meses. Para el Colegio, sin embargo, quedaba claro que la mujer «se encontraba en una situación de violencia doméstica y depresión». Por ello, contestaba a la asociación que de la actuación de Morín «no se puede derivar responsabilidad deontológica». De este modo, el Colegio declaraba que «no procede la apertura de un expediente sancionador» y procedía al archivo de la denuncia.
En la carta, firmada por Jaume Padrós, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, la organización colegial aprovechaba para arremeter contra el uso de los medios de comunicación para «la defensa de unos determinados valores morales».
Se da la circunstancia de que otro de los médicos investigados, Tomás Parra, que trabajaba en las clínicas de Morín y que hoy se encuentra en libertad con cargos, ocupaba en ese momento el cargo de vocal en la sección de Ginecología del Colegio de Médicos barcelonés.
La Generalidad decide inspeccionar todas las clínicas que practican abortos
Fuente: Libertad Digital
21 de diciembre de 2007
El departamento de Salud ha iniciado un proceso de inspección intensiva de las clínicas que realizan abortos en Cataluña, con el objeto de asegurarse de que sus prácticas se ajusten a la ley. Fuentes de la consejería que dirige Marina Geli han confirmado que de momento se han inspeccionado cuatro centros y que el resto serán visitados por inspectores del departamento próximamente. Mientras, ICV ha condicionado su apoyo a Zapatero en su hipotética investidura como presidente del Gobierno tras las elecciones a que se comprometa a revisar la ley para despenalizar el aborto.
21 de diciembre de 2007
El departamento de Salud ha iniciado un proceso de inspección intensiva de las clínicas que realizan abortos en Cataluña, con el objeto de asegurarse de que sus prácticas se ajusten a la ley. Fuentes de la consejería que dirige Marina Geli han confirmado que de momento se han inspeccionado cuatro centros y que el resto serán visitados por inspectores del departamento próximamente. Mientras, ICV ha condicionado su apoyo a Zapatero en su hipotética investidura como presidente del Gobierno tras las elecciones a que se comprometa a revisar la ley para despenalizar el aborto.
Aborto libre y progresismo, por Miguel Delibes
Fuente: Abc
20 de diciembre de 2007
En estos días en que tan frecuentes son las manifestaciones en favor del aborto libre, me ha llamado la atención un grito que, como una exigencia natural, coreaban las manifestantes: «Nosotras parimos, nosotras decidimos». En principio, la reclamación parece incontestable y así lo sería si lo parido fuese algo inanimado, algo que el día de mañana no pudiese, a su vez, objetar dicha exigencia, esto es, parte interesada, hoy muda, de tan importante decisión. La defensa de la vida suele basarse en todas partes en razones éticas, generalmente de moral religiosa, y lo que se discute en principio es si el feto es o no es un ser portador de derechos y deberes desde el instante de la concepción. Yo creo que esto puede llevarnos a argumentaciones bizantinas a favor y en contra, pero una cosa está clara: el óvulo fecundado es algo vivo, un proyecto de ser, con un código genético propio que con toda probabilidad llegará a serlo del todo si los que ya disponemos de razón no truncamos artificialmente el proceso de viabilidad.
De aquí se deduce que el aborto no es matar (parece muy fuerte eso de calificar al abortista de asesino), sino interrumpir vida; no es lo mismo suprimir a una persona hecha y derecha que impedir que un embrión consume su desarrollo por las razones que sea. Lo importante, en este dilema, es que el feto aún carece de voz, pero, como proyecto de persona que es, parece natural que alguien tome su defensa, puesto que es la parte débil del litigio.
La socióloga americana Priscilla Conn, en un interesante ensayo, considera el aborto como un conflicto entre dos valores: santidad y libertad, pero tal vez no sea éste el punto de partida adecuado para plantear el problema. El término santidad parece incluir un componente religioso en la cuestión, pero desde el momento en que no se legisla únicamente para creyentes, convendría buscar otros argumentos ajenos a la noción de pecado. En lo concerniente a la libertad habrá que preguntarse en qué momento hay que reconocer al feto tal derecho y resolver entonces en nombre de qué libertad se le puede negar a un embrión la libertad de nacer. Las partidarias del aborto sin limitaciones piden en todo el mundo libertad para su cuerpo. Eso está muy bien y es de razón siempre que en su uso no haya perjuicio de tercero. Esa misma libertad es la que podría exigir el embrión si dispusiera de voz, aunque en un plano más modesto: la libertad de tener un cuerpo para poder disponer mañana de él con la misma libertad que hoy reclaman sus presuntas y reacias madres. Seguramente el derecho a tener un cuerpo debería ser el que encabezara el más elemental código de derechos humanos, en el que también se incluiría el derecho a disponer de él, pero, naturalmente, subordinándole al otro.
Y el caso es que el abortismo ha venido a incluirse entre los postulados de la moderna «progresía». En nuestro tiempo es casi inconcebible un progresista antiabortista. Para estos, todo aquel que se opone al aborto libre es un retrógrado, posición que, como suele decirse, deja a mucha gente, socialmente avanzada, con el culo al aire. Antaño, el progresismo respondía a un esquema muy simple: apoyar al débil, pacifismo y no violencia. Años después, el progresista añadió a este credo la defensa de la Naturaleza. Para el progresista, el débil era el obrero frente al patrono, el niño frente al adulto, el negro frente al blanco. Había que tomar partido por ellos. Para el progresista eran recusables la guerra, la energía nuclear, la pena de muerte, cualquier forma de violencia. En consecuencia, había que oponerse a la carrera de armamentos, a la bomba atómica y al patíbulo. El ideario progresista estaba claro y resultaba bastante sugestivo seguirlo.
La vida era lo primero, lo que procedía era procurar mejorar su calidad para los desheredados e indefensos. Había, pues, tarea por delante. Pero surgió el problema del aborto, del aborto en cadena, libre, y con él la polémica sobre si el feto era o no persona, y, ante él, el progresismo vaciló. El embrión era vida, sí, pero no persona, mientras que la presunta madre lo era ya y con capacidad de decisión. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto, y políticamente era irrelevante. Entonces se empezó a ceder en unos principios que parecían inmutables: la protección del débil y la no violencia.
Contra el embrión, una vida desamparada e inerme, podía atentarse impunemente. Nada importaba su debilidad si su eliminación se efectuaba mediante una violencia indolora, científica y esterilizada. Los demás fetos callarían, no podían hacer manifestaciones callejeras, no podían protestar, eran aún más débiles que los más débiles cuyos derechos protegía el progresismo; nadie podía recurrir. Y ante un fenómeno semejante, algunos progresistas se dijeron: esto va contra mi ideología. Si el progresismo no es defender la vida, la más pequeña y menesterosa, contra la agresión social, y precisamente en la era de los anticonceptivos, ¿qué pinto yo aquí? Porque para estos progresistas que aún defienden a los indefensos y rechazan cualquier forma de violencia, esto es, siguen acatando los viejos principios, la náusea se produce igualmente ante una explosión atómica, una cámara de gas o un quirófano esterilizado.
(Este artículo, escrito hace décadas, se vuelve a publicar en Abc hoy)
20 de diciembre de 2007
En estos días en que tan frecuentes son las manifestaciones en favor del aborto libre, me ha llamado la atención un grito que, como una exigencia natural, coreaban las manifestantes: «Nosotras parimos, nosotras decidimos». En principio, la reclamación parece incontestable y así lo sería si lo parido fuese algo inanimado, algo que el día de mañana no pudiese, a su vez, objetar dicha exigencia, esto es, parte interesada, hoy muda, de tan importante decisión. La defensa de la vida suele basarse en todas partes en razones éticas, generalmente de moral religiosa, y lo que se discute en principio es si el feto es o no es un ser portador de derechos y deberes desde el instante de la concepción. Yo creo que esto puede llevarnos a argumentaciones bizantinas a favor y en contra, pero una cosa está clara: el óvulo fecundado es algo vivo, un proyecto de ser, con un código genético propio que con toda probabilidad llegará a serlo del todo si los que ya disponemos de razón no truncamos artificialmente el proceso de viabilidad.
De aquí se deduce que el aborto no es matar (parece muy fuerte eso de calificar al abortista de asesino), sino interrumpir vida; no es lo mismo suprimir a una persona hecha y derecha que impedir que un embrión consume su desarrollo por las razones que sea. Lo importante, en este dilema, es que el feto aún carece de voz, pero, como proyecto de persona que es, parece natural que alguien tome su defensa, puesto que es la parte débil del litigio.
La socióloga americana Priscilla Conn, en un interesante ensayo, considera el aborto como un conflicto entre dos valores: santidad y libertad, pero tal vez no sea éste el punto de partida adecuado para plantear el problema. El término santidad parece incluir un componente religioso en la cuestión, pero desde el momento en que no se legisla únicamente para creyentes, convendría buscar otros argumentos ajenos a la noción de pecado. En lo concerniente a la libertad habrá que preguntarse en qué momento hay que reconocer al feto tal derecho y resolver entonces en nombre de qué libertad se le puede negar a un embrión la libertad de nacer. Las partidarias del aborto sin limitaciones piden en todo el mundo libertad para su cuerpo. Eso está muy bien y es de razón siempre que en su uso no haya perjuicio de tercero. Esa misma libertad es la que podría exigir el embrión si dispusiera de voz, aunque en un plano más modesto: la libertad de tener un cuerpo para poder disponer mañana de él con la misma libertad que hoy reclaman sus presuntas y reacias madres. Seguramente el derecho a tener un cuerpo debería ser el que encabezara el más elemental código de derechos humanos, en el que también se incluiría el derecho a disponer de él, pero, naturalmente, subordinándole al otro.
Y el caso es que el abortismo ha venido a incluirse entre los postulados de la moderna «progresía». En nuestro tiempo es casi inconcebible un progresista antiabortista. Para estos, todo aquel que se opone al aborto libre es un retrógrado, posición que, como suele decirse, deja a mucha gente, socialmente avanzada, con el culo al aire. Antaño, el progresismo respondía a un esquema muy simple: apoyar al débil, pacifismo y no violencia. Años después, el progresista añadió a este credo la defensa de la Naturaleza. Para el progresista, el débil era el obrero frente al patrono, el niño frente al adulto, el negro frente al blanco. Había que tomar partido por ellos. Para el progresista eran recusables la guerra, la energía nuclear, la pena de muerte, cualquier forma de violencia. En consecuencia, había que oponerse a la carrera de armamentos, a la bomba atómica y al patíbulo. El ideario progresista estaba claro y resultaba bastante sugestivo seguirlo.
La vida era lo primero, lo que procedía era procurar mejorar su calidad para los desheredados e indefensos. Había, pues, tarea por delante. Pero surgió el problema del aborto, del aborto en cadena, libre, y con él la polémica sobre si el feto era o no persona, y, ante él, el progresismo vaciló. El embrión era vida, sí, pero no persona, mientras que la presunta madre lo era ya y con capacidad de decisión. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto, y políticamente era irrelevante. Entonces se empezó a ceder en unos principios que parecían inmutables: la protección del débil y la no violencia.
Contra el embrión, una vida desamparada e inerme, podía atentarse impunemente. Nada importaba su debilidad si su eliminación se efectuaba mediante una violencia indolora, científica y esterilizada. Los demás fetos callarían, no podían hacer manifestaciones callejeras, no podían protestar, eran aún más débiles que los más débiles cuyos derechos protegía el progresismo; nadie podía recurrir. Y ante un fenómeno semejante, algunos progresistas se dijeron: esto va contra mi ideología. Si el progresismo no es defender la vida, la más pequeña y menesterosa, contra la agresión social, y precisamente en la era de los anticonceptivos, ¿qué pinto yo aquí? Porque para estos progresistas que aún defienden a los indefensos y rechazan cualquier forma de violencia, esto es, siguen acatando los viejos principios, la náusea se produce igualmente ante una explosión atómica, una cámara de gas o un quirófano esterilizado.
(Este artículo, escrito hace décadas, se vuelve a publicar en Abc hoy)
jueves, 20 de diciembre de 2007
Ingreso en prisión para los dos psiquiatras de las clínicas abortivas de Barcelona
Fuente: La Razón
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, según fuentes judiciales.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, según fuentes judiciales.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
Prisión sin fianza para los psquiatras vinculados al 'doctor aborto'
Fuente: La Gaceta de los Negocios
20 de diciembre de 2007
La juez de Instrucción número 33 de Barcelona decretó prisión provisional sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el lunes en Barcelona por presuntamente facilitar abortos ilegales a través de informes médicos realizados de forma irregular a las pacientes.
Dos anestesistas y dos ginecólogos quedaron en libertad tras pagar una fianza, mientras que otro ginecólogo quedó libre con medidas cautelares. La juez, que estuvo tomando declaración a los siete detenidos durante casi 24 horas, decretó prisión para los psiquiatras Fernando Javier C.V. y Pascual Javier R.M. por presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental. Fuentes judiciales explicaron que Pascual Javier R.M. tiene pendiente la ejecución de una condena por violencia doméstica.
En cuanto a los anestesistas del Hospital de Sant Pau de Barcelona, Agustín C.F. y Ester S.R., la instructora decretó prisión con fianza de 4.000 euros, que, según informaron fuentes judiciales, ya han pagado, por lo que quedaron en libertad provisional. Se les imputan delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
Para los ginecólogos Antonio R.R., director médico desde la semana pasada de las clínicas investigadas, y Ramón T.H. la juez decretó prisión con fianza de 4.000 euros. También quedó libre, en este caso sin fianza, pero con la obligación de presentarse cada semana en el juzgado, el ginecólogo Tomás P.P., vocal de la sección ginecológica del Colegio de Médicos de Barcelona y encarcelado junto a Carlos Morín en 1989 en Alicante por acusaciones similares.
20 de diciembre de 2007
La juez de Instrucción número 33 de Barcelona decretó prisión provisional sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el lunes en Barcelona por presuntamente facilitar abortos ilegales a través de informes médicos realizados de forma irregular a las pacientes.
Dos anestesistas y dos ginecólogos quedaron en libertad tras pagar una fianza, mientras que otro ginecólogo quedó libre con medidas cautelares. La juez, que estuvo tomando declaración a los siete detenidos durante casi 24 horas, decretó prisión para los psiquiatras Fernando Javier C.V. y Pascual Javier R.M. por presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental. Fuentes judiciales explicaron que Pascual Javier R.M. tiene pendiente la ejecución de una condena por violencia doméstica.
En cuanto a los anestesistas del Hospital de Sant Pau de Barcelona, Agustín C.F. y Ester S.R., la instructora decretó prisión con fianza de 4.000 euros, que, según informaron fuentes judiciales, ya han pagado, por lo que quedaron en libertad provisional. Se les imputan delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
Para los ginecólogos Antonio R.R., director médico desde la semana pasada de las clínicas investigadas, y Ramón T.H. la juez decretó prisión con fianza de 4.000 euros. También quedó libre, en este caso sin fianza, pero con la obligación de presentarse cada semana en el juzgado, el ginecólogo Tomás P.P., vocal de la sección ginecológica del Colegio de Médicos de Barcelona y encarcelado junto a Carlos Morín en 1989 en Alicante por acusaciones similares.
Decretan prisión para dos psiquiatras y fianzas para 4 médicos implicados en las clínicas de abortos de Barcelona
Fuente: Abc
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
20 de diciembre de 2007
La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras detenidos el pasado lunes, a los que imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.
La juez tomó declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8 de la mañana de hoy a estos dos facultativos, Javier R.M. y Antonio R.H., junto a otros cinco médicos detenidos en la segunda fase de la investigación de las clínicas que regentaba el doctor Carlos Morín.
Para dos anestesistas, Ester S.R. y Agustín C.F., la juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros por los mismos delitos, la misma medida que ha impuesto a los ginecólogos Antonio R.R. y Ramon T.H., mientras el tercer ginecólogo detenido, Fernando Javier C.B., ha sido puesto en libertad sin fianza.
Prisión sin fianza para los dos psiquiatras de las clínicas abortistas de Barcelona
Fuente: El Mundo
20 de diciembre de 2007
La titular del juzgado número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, ha decretado prisión sin fianza para los dos anestesistas detenidos el pasado lunes en las clínicas abortistas del grupo Ginemedex, en la que fue la segunda fase de la operación para atajar las interrupciones ilegales del embarazo en estos centros. El resto de detenidos han quedado en libertad, cuatro de ellos tras el pago de una fianza de 4.000 euros.
La juez cumple de esta manera la petición de la Fiscalía, que ayer reclamaba prisión para los dos psiquiatras, presuntamente, implicados en el caso de las interrupciones ilegales del embarazo: Fernando Javier C.V. que también trabajaba en el Centro de Atenicón Primaria (CAP) en Barcelona - y está pendiente de la ejecución de una condena por violencia doméstica-; y Pascual Javier R.M., que trabajaba en el consorcio de Terrassa y hacía sustituciones puntuales en la cárcel de Can Brians, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).
En la misma línea, también ha considerado oportuno decretar prisión, pero en este caso con una fianza de 4.000 euros, para dos de los ginecólogos, Antonio R.R. y Ramon T.H., y los dos anestesistas detenidos, Ester S.R. y Agustín C.F. Una fianza que, según aseguran fuentes judiciales, ya han abonado. Mientras tanto, el séptimo detenido, el tercer ginecólogo, Tomás P.P. -vocal de la sección ginecológica del Colegio de Médicos de Barcelona y encarcelado junto a Carlos Morín en 1989 en Alicante por acusaciones similares-,ha quedado en libertad provisional con la cláusula de que deberá personarse cada semana en los juzgados.
Cabe recordar que las detenciones llevadas a cabo el lunes forman parte de la segunda fase de la operación contra las clínicas acusadas de realizar abortos ilegales, que se inició el 26 de noviembre.
20 de diciembre de 2007
La titular del juzgado número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, ha decretado prisión sin fianza para los dos anestesistas detenidos el pasado lunes en las clínicas abortistas del grupo Ginemedex, en la que fue la segunda fase de la operación para atajar las interrupciones ilegales del embarazo en estos centros. El resto de detenidos han quedado en libertad, cuatro de ellos tras el pago de una fianza de 4.000 euros.
La juez cumple de esta manera la petición de la Fiscalía, que ayer reclamaba prisión para los dos psiquiatras, presuntamente, implicados en el caso de las interrupciones ilegales del embarazo: Fernando Javier C.V. que también trabajaba en el Centro de Atenicón Primaria (CAP) en Barcelona - y está pendiente de la ejecución de una condena por violencia doméstica-; y Pascual Javier R.M., que trabajaba en el consorcio de Terrassa y hacía sustituciones puntuales en la cárcel de Can Brians, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).
En la misma línea, también ha considerado oportuno decretar prisión, pero en este caso con una fianza de 4.000 euros, para dos de los ginecólogos, Antonio R.R. y Ramon T.H., y los dos anestesistas detenidos, Ester S.R. y Agustín C.F. Una fianza que, según aseguran fuentes judiciales, ya han abonado. Mientras tanto, el séptimo detenido, el tercer ginecólogo, Tomás P.P. -vocal de la sección ginecológica del Colegio de Médicos de Barcelona y encarcelado junto a Carlos Morín en 1989 en Alicante por acusaciones similares-,ha quedado en libertad provisional con la cláusula de que deberá personarse cada semana en los juzgados.
Cabe recordar que las detenciones llevadas a cabo el lunes forman parte de la segunda fase de la operación contra las clínicas acusadas de realizar abortos ilegales, que se inició el 26 de noviembre.
martes, 18 de diciembre de 2007
Rajoy no incluirá ninguna modificación de la Ley del Aborto en su programa electoral
Fuente: El Mundo
18 de diciembre de 2007
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que su programa electoral no incluirá ninguna modificación sobre la Ley del Aborto ya que, según explicó, existe un consenso social en mantener la regulación actual.
Rajoy se expresó así al ser preguntado por este asunto después de que ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, instara a la Ejecutiva del PSOE a hacer una reflexión sobre la actual ley para determinar si es necesaria alguna modificación y fijar en qué sentido su programa debe incluir alguna consideración al respecto.
El líder del PP insistió en que existe un consenso social en mantener la regulación actual en cuanto al aborto y señaló que "lo que hay que hacer es aplicar la ley".
Tras los últimos acontecimientos relativos a los cierres de clínicas abortivas, Zapatero ha instado a la Ejecutiva socialista a que se hiciera una propuesta y a incluirla en la oferta programática, lo que posiblemente conllevará una ampliación de la Ley del Aborto.
Zapatero hizo esta reflexión tras escuchar una batería de intervenciones, mayoritariamente de las mujeres de la dirección del PSOE, defendiendo que se aborde el asunto «con coraje» y que se comprometiera a una ley de plazos.
El PSOE ya incluyó la ley de plazos en el programa de 2004, pero renunció a ella nada más iniciarse la legislatura.
El líder del PSOE no concretó qué nueva regulación debe contemplar el programa, pero para todos los presentes estuvo muy claro que Zapatero –en contra de lo que se había dicho sobre éste y otros temas polémicos, que parecía que iba a eludir el programa electoral–, no va a esconderse por motivos electorales y está dispuesto a afrontar el espinoso asunto en la línea política que las mujeres del PSOE llevan definiendo desde que en 2000 se hizo cargo de la Secretaría de Igualdad del partido Micaela Navarro.
La mayoría de las intervenciones que hubo en la reunión interna de la dirección del PSOE defendió que la actual regulación del aborto tiene 22 años y está «obsoleta»; que el tercer supuesto (el llamado terapéutico, que incluye motivos psicológicos) es un coladero porque no contempla plazos, y que todo esto conduce a la «hipocresía social» de que en torno al 95% de los abortos en España se practica en clínicas privadas.
Decisión de las mujeres La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, abrió el fuego para pedir que se cumpla ya el programa de 2004, que contemplaba una ley de plazos. A Montaño le siguió Leire Pajín, quien reclamó lo mismo y, además, argumentó que la actual legislación deja en una total indefensión tanto a las mujeres como a los profesionales de la medicina.
Pajín, que conoce muy bien el tema, fue la que más insistió a Zapatero en que el PSOE no puede mirar hacia otro lado ante este problema y, sobre todo, ante la ofensiva conservadora que está habiendo y que, en su opinión, se está visualizando en el acoso a las clínicas abortistas.
También intervinieron, en la misma línea, Carmen Hermosín y Elena Valenciano. La responsable de Política Autonómica del PSOE hizo un discurso denunciando que estos temas sólo aparecen cuando gobierna la izquierda, aunque ocurra exactamente lo mismo cuando lo hace la derecha. Por ello, Hermosín defendió que hay que dar una respuesta.
Valenciano, que es feminista, defendió la necesidad de abordar el cuarto supuesto y que la decisión, dentro de una ley de plazos, debe estar siempre en manos de la mujer.
Esto es lo habitual en toda Europa y, curiosamente, es Holanda el país que lleva la ley de plazos más allá –hasta la semana número 20 del embarazo–, pero es donde menos abortos se dan.
Firma: MANUEL SÁNCHEZ EFE
18 de diciembre de 2007
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que su programa electoral no incluirá ninguna modificación sobre la Ley del Aborto ya que, según explicó, existe un consenso social en mantener la regulación actual.
Rajoy se expresó así al ser preguntado por este asunto después de que ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, instara a la Ejecutiva del PSOE a hacer una reflexión sobre la actual ley para determinar si es necesaria alguna modificación y fijar en qué sentido su programa debe incluir alguna consideración al respecto.
El líder del PP insistió en que existe un consenso social en mantener la regulación actual en cuanto al aborto y señaló que "lo que hay que hacer es aplicar la ley".
Tras los últimos acontecimientos relativos a los cierres de clínicas abortivas, Zapatero ha instado a la Ejecutiva socialista a que se hiciera una propuesta y a incluirla en la oferta programática, lo que posiblemente conllevará una ampliación de la Ley del Aborto.
Zapatero hizo esta reflexión tras escuchar una batería de intervenciones, mayoritariamente de las mujeres de la dirección del PSOE, defendiendo que se aborde el asunto «con coraje» y que se comprometiera a una ley de plazos.
El PSOE ya incluyó la ley de plazos en el programa de 2004, pero renunció a ella nada más iniciarse la legislatura.
El líder del PSOE no concretó qué nueva regulación debe contemplar el programa, pero para todos los presentes estuvo muy claro que Zapatero –en contra de lo que se había dicho sobre éste y otros temas polémicos, que parecía que iba a eludir el programa electoral–, no va a esconderse por motivos electorales y está dispuesto a afrontar el espinoso asunto en la línea política que las mujeres del PSOE llevan definiendo desde que en 2000 se hizo cargo de la Secretaría de Igualdad del partido Micaela Navarro.
La mayoría de las intervenciones que hubo en la reunión interna de la dirección del PSOE defendió que la actual regulación del aborto tiene 22 años y está «obsoleta»; que el tercer supuesto (el llamado terapéutico, que incluye motivos psicológicos) es un coladero porque no contempla plazos, y que todo esto conduce a la «hipocresía social» de que en torno al 95% de los abortos en España se practica en clínicas privadas.
Decisión de las mujeres La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, abrió el fuego para pedir que se cumpla ya el programa de 2004, que contemplaba una ley de plazos. A Montaño le siguió Leire Pajín, quien reclamó lo mismo y, además, argumentó que la actual legislación deja en una total indefensión tanto a las mujeres como a los profesionales de la medicina.
Pajín, que conoce muy bien el tema, fue la que más insistió a Zapatero en que el PSOE no puede mirar hacia otro lado ante este problema y, sobre todo, ante la ofensiva conservadora que está habiendo y que, en su opinión, se está visualizando en el acoso a las clínicas abortistas.
También intervinieron, en la misma línea, Carmen Hermosín y Elena Valenciano. La responsable de Política Autonómica del PSOE hizo un discurso denunciando que estos temas sólo aparecen cuando gobierna la izquierda, aunque ocurra exactamente lo mismo cuando lo hace la derecha. Por ello, Hermosín defendió que hay que dar una respuesta.
Valenciano, que es feminista, defendió la necesidad de abordar el cuarto supuesto y que la decisión, dentro de una ley de plazos, debe estar siempre en manos de la mujer.
Esto es lo habitual en toda Europa y, curiosamente, es Holanda el país que lleva la ley de plazos más allá –hasta la semana número 20 del embarazo–, pero es donde menos abortos se dan.
Firma: MANUEL SÁNCHEZ EFE
El PP, dispuesto a acabar con el actual fraude de ley en materia de aborto, según la Plataforma La Vida Importa
Fuente: HazteOir.org
17 de diciembre de 2007
Según informa el portavoz de la "Plataforma la Vida Importa", Juan Sánchez Galera, el equipo de Juan Costa, responsables de la elaboración del programa electoral del Partido Popular, está estudiando la propuesta de la Plataforma, consistente en arbitrar medidas que garanticen el libre ejercicio de la Ley de Despenalización del Aborto, haciéndolo compatible con el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, e impidiendo fraudes y abusos, como los que han causado tanto escándalo social en los últimos días.
Actualmente, casi todo el fraude abortivo, viene como consecuencia de la ambigua redacción del Art. 417 bis (1º) de Código Penal, en el que se dice que para abortar bajo el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre ( 97% de los casos), será preciso el "dictamen médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto". Amparándose en esta ambigüedad, todos los certificados que se expiden en nuestro país, son firmados por médicos en nómina, o incluso socios, de los propios centros abortistas.
Es por ello, que la propuesta que están estudiando entre la Plataforma y el Partido Popular, tendente a garantizar la actual legalidad, e impedir que se abuse de las mujeres, iría en la línea de exigir que dichos certificados sean expedidos exclusivamente por facultativos de la Seguridad Social, después de informar debidamente a la mujer.
La Plataforma la Vida Importa, autora de gran parte de las investigaciones y denuncias que han destapado las enormes irregularidades del aborto, manifiesta su satisfacción por haber encontrado en dicha formación política, una especial sensibilidad hacia los derechos de la mujer, y de la legalidad vigente
17 de diciembre de 2007
Según informa el portavoz de la "Plataforma la Vida Importa", Juan Sánchez Galera, el equipo de Juan Costa, responsables de la elaboración del programa electoral del Partido Popular, está estudiando la propuesta de la Plataforma, consistente en arbitrar medidas que garanticen el libre ejercicio de la Ley de Despenalización del Aborto, haciéndolo compatible con el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, e impidiendo fraudes y abusos, como los que han causado tanto escándalo social en los últimos días.
Actualmente, casi todo el fraude abortivo, viene como consecuencia de la ambigua redacción del Art. 417 bis (1º) de Código Penal, en el que se dice que para abortar bajo el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre ( 97% de los casos), será preciso el "dictamen médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto". Amparándose en esta ambigüedad, todos los certificados que se expiden en nuestro país, son firmados por médicos en nómina, o incluso socios, de los propios centros abortistas.
Es por ello, que la propuesta que están estudiando entre la Plataforma y el Partido Popular, tendente a garantizar la actual legalidad, e impedir que se abuse de las mujeres, iría en la línea de exigir que dichos certificados sean expedidos exclusivamente por facultativos de la Seguridad Social, después de informar debidamente a la mujer.
La Plataforma la Vida Importa, autora de gran parte de las investigaciones y denuncias que han destapado las enormes irregularidades del aborto, manifiesta su satisfacción por haber encontrado en dicha formación política, una especial sensibilidad hacia los derechos de la mujer, y de la legalidad vigente
El PSOE cambiará la ley al ver que el daño psíquico es un «coladero» de aborto ilegal
Fuente: Abc
18 de diciembre de 2007
El PSOE realizará «algún» cambio en la legislación sobre el aborto si gana las elecciones de marzo, a fin de introducir más «controles» en el supuesto de daño psíquico de la gestante, o derogar la norma que data de 1985 y promulgar la ley de plazos que prometió en el programa electoral de 2004, según confirmaron a ABC fuentes socialistas.
Por aquel entonces, la pretensión era aprobar una norma que permitiera abortar libremente entre las 12 ó 14 primeras semanas de embarazo. A partir de ese plazo, sólo se practicaría en situaciones muy específicas. Sin embargo, tras la polémica con la Iglesia católica en los primeros dos años de legislatura (matrimonios homosexuales, divorcio...) el Gobierno prefirió no cumplir esa parte del programa.
Desde el PSOE señalaron a ABC que la preocupación por el aborto viene de lejos. Reconocen que los datos de incrementos de abortos desde 1996 son espectaculares y muy preocupantes. «Sobre todo en la franja de edad de los 15 a 19 años». Al respecto, estudian diversas medidas, entre las que destaca un posible plan integral que incluya unidades especializadas en los hospitales públicos para atender a esas chicas.
Asimismo, reconocen que los escándalos del doctor Carlos Morín en Barcelona y las irregularidades detectadas en clínicas de Madrid han causado «malestar» por el fraude de ley. En el centro del debate, la «reflexión general», ayer, durante la reunión semanal de la Ejecutiva Federal de que algo hay que hacer porque el daño psíquico se ha convertido en un «coladero» de aborto ilegal.
La intención de los socialistas, según contó el propio redactor del programa electoral socialista, Jesús Caldera, seguía siendo no introducir elementos de confrontación con la Iglesia católica durante la campaña electoral que se avecina. No en vano, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, tres de cada cuatro votantes del PSOE se declaran católicos. Esa mayoría votante está poco representada en el partido, a través de personalidades como José Bono o el actual embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez. Por eso, quienes ayer hablaron en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista corresponden al aparato orgánico que, mayoritariamente, defiende una ley de plazos.
Vinieron a reproducir la tesis expuestas estos días por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, de que las irregularidades son «una excepción muy minoritaria» y que «es un debate ya resuelto en España. No podemos volver a los tiempos de la Inquisición». La secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, pidió que se vaya a una ley de plazos y muchos de sus compañeros de ejecutiva la secundaron en la reunión.
Por su parte, el PP seguía ayer sin entrar a fondo en la cuestión a pesar de los truculentos descubrimientos policiales: fetos en la basura, algunos con más de siete meses de gestación, trituradoras, informes psiquiátricos falsos, y otras barbaridades. El PP se adscribía ayer a lo manifestado por su secretario general, Ángel Acebes, el viernes pasado, cuando coincidió con De la Vega en que «el caso no se soluciona con una reforma de la ley, sino con una investigación en profundidad». En este sentido, Juan Costa, encargado de realizar el programa del partido para las próximas elecciones, desestimaba la posibilidad de incluir en el mismo una mejora de la ley del aborto.
Negaban también haber mantenido una reunión con Juan Sánchez Galera, el representante de «Plataforma la vida importa», autora de gran parte de las investigaciones y denuncias que han destapado las irregularidades, pese a que éste hizo ayer público «un principio de acuerdo por el que PP estudiará la inclusión en su programa de mejoras en la ley del aborto». Sin embargo, sí reconocía el PP haber recibido «ayer por la tarde una propuesta de la Plataforma, una más de las muchas que recibimos todos los días y de todo tipo, que estudiaremos como todas las demás». En ese escrito, la Plataforma señala: «Casi todo el fraude abortivo viene como consecuencia de la ambigua redacción del art. 417 bis (1º) del Código Penal», que es el que permite el aborto bajo el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre (97% de los casos que se producen en España). «Por ello -concluye- proponemos, que para garantizar la actual legalidad, e impedir que se abuse de las mujeres, creemos conveniente que dichos certificados sean expedidos exclusivamente por facultativos de la Seguridad Social».
18 de diciembre de 2007
El PSOE realizará «algún» cambio en la legislación sobre el aborto si gana las elecciones de marzo, a fin de introducir más «controles» en el supuesto de daño psíquico de la gestante, o derogar la norma que data de 1985 y promulgar la ley de plazos que prometió en el programa electoral de 2004, según confirmaron a ABC fuentes socialistas.
Por aquel entonces, la pretensión era aprobar una norma que permitiera abortar libremente entre las 12 ó 14 primeras semanas de embarazo. A partir de ese plazo, sólo se practicaría en situaciones muy específicas. Sin embargo, tras la polémica con la Iglesia católica en los primeros dos años de legislatura (matrimonios homosexuales, divorcio...) el Gobierno prefirió no cumplir esa parte del programa.
Desde el PSOE señalaron a ABC que la preocupación por el aborto viene de lejos. Reconocen que los datos de incrementos de abortos desde 1996 son espectaculares y muy preocupantes. «Sobre todo en la franja de edad de los 15 a 19 años». Al respecto, estudian diversas medidas, entre las que destaca un posible plan integral que incluya unidades especializadas en los hospitales públicos para atender a esas chicas.
Asimismo, reconocen que los escándalos del doctor Carlos Morín en Barcelona y las irregularidades detectadas en clínicas de Madrid han causado «malestar» por el fraude de ley. En el centro del debate, la «reflexión general», ayer, durante la reunión semanal de la Ejecutiva Federal de que algo hay que hacer porque el daño psíquico se ha convertido en un «coladero» de aborto ilegal.
La intención de los socialistas, según contó el propio redactor del programa electoral socialista, Jesús Caldera, seguía siendo no introducir elementos de confrontación con la Iglesia católica durante la campaña electoral que se avecina. No en vano, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, tres de cada cuatro votantes del PSOE se declaran católicos. Esa mayoría votante está poco representada en el partido, a través de personalidades como José Bono o el actual embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez. Por eso, quienes ayer hablaron en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista corresponden al aparato orgánico que, mayoritariamente, defiende una ley de plazos.
Vinieron a reproducir la tesis expuestas estos días por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, de que las irregularidades son «una excepción muy minoritaria» y que «es un debate ya resuelto en España. No podemos volver a los tiempos de la Inquisición». La secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, pidió que se vaya a una ley de plazos y muchos de sus compañeros de ejecutiva la secundaron en la reunión.
Por su parte, el PP seguía ayer sin entrar a fondo en la cuestión a pesar de los truculentos descubrimientos policiales: fetos en la basura, algunos con más de siete meses de gestación, trituradoras, informes psiquiátricos falsos, y otras barbaridades. El PP se adscribía ayer a lo manifestado por su secretario general, Ángel Acebes, el viernes pasado, cuando coincidió con De la Vega en que «el caso no se soluciona con una reforma de la ley, sino con una investigación en profundidad». En este sentido, Juan Costa, encargado de realizar el programa del partido para las próximas elecciones, desestimaba la posibilidad de incluir en el mismo una mejora de la ley del aborto.
Negaban también haber mantenido una reunión con Juan Sánchez Galera, el representante de «Plataforma la vida importa», autora de gran parte de las investigaciones y denuncias que han destapado las irregularidades, pese a que éste hizo ayer público «un principio de acuerdo por el que PP estudiará la inclusión en su programa de mejoras en la ley del aborto». Sin embargo, sí reconocía el PP haber recibido «ayer por la tarde una propuesta de la Plataforma, una más de las muchas que recibimos todos los días y de todo tipo, que estudiaremos como todas las demás». En ese escrito, la Plataforma señala: «Casi todo el fraude abortivo viene como consecuencia de la ambigua redacción del art. 417 bis (1º) del Código Penal», que es el que permite el aborto bajo el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre (97% de los casos que se producen en España). «Por ello -concluye- proponemos, que para garantizar la actual legalidad, e impedir que se abuse de las mujeres, creemos conveniente que dichos certificados sean expedidos exclusivamente por facultativos de la Seguridad Social».
ACAI denuncia que el PP está convirtiendo aborto en batalla para ganar votos
Fuente: Terra
14 de diciembre de 2007
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denuncia que el PP está convirtiendo las clínicas que practican abortos en 'chivo expiatorio político' para hacer un 'guiño' a su electorado y ganar votos en las próximas elecciones generales.
La portavoz de ACAI, Empar Pineda, ha asegurado hoy a Efe que cada vez que se aproxima la convocatoria de elecciones el PP 'tiende a hacer guiños' a su electorado más conservador, en este caso a los grupos más conservadores contrarios a la ley del aborto.
Para Pineda esta actitud está provocando que los centros de interrupción de embarazo estén 'en el punto de mira' de las administraciones, en concreto en la Comunidad de Madrid, donde se está realizando un 'acoso y derribo' a estos centros privados.
Califica de 'hipócrita' esta persecución, pues el 21 por ciento de las más 22.000 interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en 2006 en las siete clínicas existentes en la Comunidad de Madrid fueron financiadas por las administración pública.
Pineda ha anunciado que la próxima semana la ACAI mantendrá una reunión para establecer posibles actuaciones de protesta contra esta situación y pedirá una entrevista con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, con la Fiscalía General del Estado y con el Defensor del Pueblo.
14 de diciembre de 2007
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denuncia que el PP está convirtiendo las clínicas que practican abortos en 'chivo expiatorio político' para hacer un 'guiño' a su electorado y ganar votos en las próximas elecciones generales.
La portavoz de ACAI, Empar Pineda, ha asegurado hoy a Efe que cada vez que se aproxima la convocatoria de elecciones el PP 'tiende a hacer guiños' a su electorado más conservador, en este caso a los grupos más conservadores contrarios a la ley del aborto.
Para Pineda esta actitud está provocando que los centros de interrupción de embarazo estén 'en el punto de mira' de las administraciones, en concreto en la Comunidad de Madrid, donde se está realizando un 'acoso y derribo' a estos centros privados.
Califica de 'hipócrita' esta persecución, pues el 21 por ciento de las más 22.000 interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en 2006 en las siete clínicas existentes en la Comunidad de Madrid fueron financiadas por las administración pública.
Pineda ha anunciado que la próxima semana la ACAI mantendrá una reunión para establecer posibles actuaciones de protesta contra esta situación y pedirá una entrevista con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, con la Fiscalía General del Estado y con el Defensor del Pueblo.
Una nueva redada acaba con siete médicos detenidos en las clínicas abortivas de Barcelona
Fuente: Abc
17 de diciembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a siete personas, la mayoría profesionales de la medicina, por su relación con la práctica de supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona que regentaba el facultativo Carlos Morín, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación.
La detención de estas siete personas se produce como consecuencia de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente. Según las mismas fuentes, entre los siete detenidos en esta segunda fase de la investigación figuran psiquiatras y psicólogos que se encargaban supuestamente de falsificar los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo por riesgo para la salud mental de la madre.
La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona decretó el pasado día 30 de noviembre la prisión sin fianza para tres de los seis detenidos por practicar presuntamente abortos ilegales en tres clínicas de Barcelona, entre ellos el máximo responsable de los centros, Carlos Morín, y su esposa.
La juez que instruye el caso decretó prisión incondicional para Morín y su esposa, María Luisa D.S., así como para María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo y estrecha colaboradora del principal imputado. En cambio, los otros tres acusados detenidos en la primera fase de la operación, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., eludieron la cárcel tras depositar una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros.
Por el momento, el número de detenidos es siete, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas al continuar abierta la operación, después de que a finales de noviembre fuera detenido el ginecólogo Carlos Morín, como máximo responsable de las clínicas, junto a otras cinco personas, entre ellas su mujer.
Los arrestados están acusados de falsificación de documentos perceptivos para dar visos de legalidad a estos abortos que, al parecer, se llevaron a cabo fuera del margen establecido por la ley española.
La mayoría son médicos, y entre ellos se encuentra un psiquiatra, que trabaja en la cárcel de Can Brians de Barcelona y que, según avanzó la emisora, realizó numerosos informes aconsejando el aborto a mujeres a las que, según la investigación, no había visitado. Las detenciones se producen como consecuencias de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente.
17 de diciembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a siete personas, la mayoría profesionales de la medicina, por su relación con la práctica de supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona que regentaba el facultativo Carlos Morín, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación.
La detención de estas siete personas se produce como consecuencia de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente. Según las mismas fuentes, entre los siete detenidos en esta segunda fase de la investigación figuran psiquiatras y psicólogos que se encargaban supuestamente de falsificar los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo por riesgo para la salud mental de la madre.
La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona decretó el pasado día 30 de noviembre la prisión sin fianza para tres de los seis detenidos por practicar presuntamente abortos ilegales en tres clínicas de Barcelona, entre ellos el máximo responsable de los centros, Carlos Morín, y su esposa.
La juez que instruye el caso decretó prisión incondicional para Morín y su esposa, María Luisa D.S., así como para María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo y estrecha colaboradora del principal imputado. En cambio, los otros tres acusados detenidos en la primera fase de la operación, los médicos Dimas A.C., Pedro Juan L.A. y Marcial R., eludieron la cárcel tras depositar una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros.
Por el momento, el número de detenidos es siete, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas al continuar abierta la operación, después de que a finales de noviembre fuera detenido el ginecólogo Carlos Morín, como máximo responsable de las clínicas, junto a otras cinco personas, entre ellas su mujer.
Los arrestados están acusados de falsificación de documentos perceptivos para dar visos de legalidad a estos abortos que, al parecer, se llevaron a cabo fuera del margen establecido por la ley española.
La mayoría son médicos, y entre ellos se encuentra un psiquiatra, que trabaja en la cárcel de Can Brians de Barcelona y que, según avanzó la emisora, realizó numerosos informes aconsejando el aborto a mujeres a las que, según la investigación, no había visitado. Las detenciones se producen como consecuencias de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que mantiene desde el pasado 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos inicialmente.
Siete detenciones en otra operación contra clínicas abortistas de Barcelona
Fuente: El Mundo
17 de diciembre de 2007
Una nueva operación contra clínicas abortistas en Barcelona, llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Guàrdia Urbana, ha desembocado en siete nuevas detenciones en clínicas del doctor Carlos Morín -actualmente en prisión por una operación contra sus centros realizada en noviembre.
Según fuentes próximas a la investigación, la mayoría de los detenidos son psiquiatras y psicólogos que habrían falsificado, presuntamente, los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo. De hecho, días después de las primeras detenciones, ya se apuntó a que algunos psiquiatras de las clínicas firmaban en blanco los informes psicológicos en los que se valoraba el riesgo que la intervención podría tener para la salud mental de la mujer.
La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana y, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a elmundo.es, constituye una prolongación de la llevada a cabo hace menos de un mes a instancias del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
Las mismas fuentes han añadido que el dispositivo continuara desarrollándose durante toda la jornada y que es "probable" que se produzcan más detenciones.
17 de diciembre de 2007
Una nueva operación contra clínicas abortistas en Barcelona, llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Guàrdia Urbana, ha desembocado en siete nuevas detenciones en clínicas del doctor Carlos Morín -actualmente en prisión por una operación contra sus centros realizada en noviembre.
Según fuentes próximas a la investigación, la mayoría de los detenidos son psiquiatras y psicólogos que habrían falsificado, presuntamente, los informes preceptivos para justificar la interrupción del embarazo. De hecho, días después de las primeras detenciones, ya se apuntó a que algunos psiquiatras de las clínicas firmaban en blanco los informes psicológicos en los que se valoraba el riesgo que la intervención podría tener para la salud mental de la mujer.
La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana y, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a elmundo.es, constituye una prolongación de la llevada a cabo hace menos de un mes a instancias del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
Las mismas fuentes han añadido que el dispositivo continuara desarrollándose durante toda la jornada y que es "probable" que se produzcan más detenciones.
Bernat y los inqusidores
Fuente: Abc
17 de diciembre de 2007
Juan Manuel de Prada
EL progre se pasea por el mundo, sobradísimo y encantado de haberse conocido, como aquel fulano del chiste de Gila que un día se tropezó en la calle con tres tipos fortachones que estaban apaleando a un hombrín enclenque y desvalido. El fulano del chiste contempla la escena, al principio con perplejidad, enseguida con franca indignación, y decide sumarse a la trifulca, guiado por su sentido natural de la justicia. «¡Cómo lo pusieron entre los cuatro!», remataba Gila su chiste, agitando ponderativamente la mano. Este mecanismo mental de inversión de la realidad que permite al progre apalear al débil y posar de valentón ante la galería, convencido de que acaba de consumar una hazaña y presentando, además, al débil como un peligroso enemigo al que conviene seguir apaleando, no sea que reviva, constituye uno de los más burdos embelecos que jamás se hayan fabricado.
Las declaraciones de Bernat Soria a una radio alcoyana son pa mear y no echar gota. Preguntado sobre el escándalo de los mataderos donde se perpetran abortos a mansalva, como en una planta procesadora de derivados cárnicos en la que se hubiesen implantado métodos estajanovistas, el bueno de Bernat, como el fulano del chiste de Gila, arremetió contra quienes los denuncian: «El país que inventó la Inquisición parece que no quiere olvidarse de ella. No puede ser que haya un cinco o un seis por ciento de personas que quieran ser los inquisidores del resto». Como todo progre que se precie, el bueno de Bernat es un analfabeto con chorreras que, a falta de lecturas, se abastece con el pienso de la leyenda negra, que es de fácil digestión y muy sonoro regüeldo. Pero, más allá de la atribución errónea sobre los orígenes de la Inquisición, lo que en verdad causa pasmo es el desparpajo con que el bueno de Bernat identifica a quienes osan denunciar esas carnicerías con torvos inquisidores que pretenden devolvernos al oscurantismo. El bueno de Bernat es un hombre pragmático que mira ante todo por la salvación de su propio culo (no ponemos alma porque el bueno de Bernat, como buen racionalista, no cree en su existencia); y sabe bien que si hoy se empieza a investigar a los matarifes de esas plantas procesadoras de derivados cárnicos tal vez mañana se sigan investigando los experimentos que hacía en aquel chiringuito o sucursal del doctor Moreau que dirigía en Valencia. Y con el pan de uno no se juega.
Después de apalizar, en una muestra característica del mecanismo mental de inversión de la realidad propio del progre, a «ese cinco o seis por ciento» de españoles que aún conservan un vestigio de humanidad y condenan el aborto, el bueno de Bernat pasó a entonar la loa de su plan bucodental infantil. Este brusco cambio de suerte ha sido interpretado como una maniobra de despiste típica de quien se siente incómodo tratando asuntos escabrosos. Pero a mí, antes que una maniobra de despiste, se me antoja un corolario natural o consecuencia lógica de lo anterior. Y es que, a fin de cuentas, el bueno de Bernat tiene que estar muy agradecido a los matarifes de fetos, sin cuya labor estajanovista su plan bucodental no sería viable. ¡Imaginen por un momento que esos cien mil niños nonatos que cada año son hechos picadillo en la trituradora y arrojados al desagüe llegasen a nacer! ¡No habría plan bucodental que diese abasto con tanta caries sobrevenida, con tanto sarro inesperado, con tanta endodoncia supernumeraria! En los mataderos de niños nonatos le hacen al bueno de Bernat el trabajo sucio para que le cuadren las cuentas de su plan bucodental. Y, así, el bueno de Bernat puede sonreír con esa sonrisa helada y profidén que tiene, sonrisa de Papa Noel fallero que sólo lleva regalos a los niños supérstites. Los demás que se jodan en el limbo, esa geografía de ultratumba en la que ya sólo creen quienes no creen en Dios.Contra el aborto están los inquisidores y los detractores del plan bucodental del bueno de Bernat. Los buenos progres pueden, en cambio, lloriquear por las esquinas denunciando las corridas de toros o los desmanes de Bush.
17 de diciembre de 2007
Juan Manuel de Prada
EL progre se pasea por el mundo, sobradísimo y encantado de haberse conocido, como aquel fulano del chiste de Gila que un día se tropezó en la calle con tres tipos fortachones que estaban apaleando a un hombrín enclenque y desvalido. El fulano del chiste contempla la escena, al principio con perplejidad, enseguida con franca indignación, y decide sumarse a la trifulca, guiado por su sentido natural de la justicia. «¡Cómo lo pusieron entre los cuatro!», remataba Gila su chiste, agitando ponderativamente la mano. Este mecanismo mental de inversión de la realidad que permite al progre apalear al débil y posar de valentón ante la galería, convencido de que acaba de consumar una hazaña y presentando, además, al débil como un peligroso enemigo al que conviene seguir apaleando, no sea que reviva, constituye uno de los más burdos embelecos que jamás se hayan fabricado.
Las declaraciones de Bernat Soria a una radio alcoyana son pa mear y no echar gota. Preguntado sobre el escándalo de los mataderos donde se perpetran abortos a mansalva, como en una planta procesadora de derivados cárnicos en la que se hubiesen implantado métodos estajanovistas, el bueno de Bernat, como el fulano del chiste de Gila, arremetió contra quienes los denuncian: «El país que inventó la Inquisición parece que no quiere olvidarse de ella. No puede ser que haya un cinco o un seis por ciento de personas que quieran ser los inquisidores del resto». Como todo progre que se precie, el bueno de Bernat es un analfabeto con chorreras que, a falta de lecturas, se abastece con el pienso de la leyenda negra, que es de fácil digestión y muy sonoro regüeldo. Pero, más allá de la atribución errónea sobre los orígenes de la Inquisición, lo que en verdad causa pasmo es el desparpajo con que el bueno de Bernat identifica a quienes osan denunciar esas carnicerías con torvos inquisidores que pretenden devolvernos al oscurantismo. El bueno de Bernat es un hombre pragmático que mira ante todo por la salvación de su propio culo (no ponemos alma porque el bueno de Bernat, como buen racionalista, no cree en su existencia); y sabe bien que si hoy se empieza a investigar a los matarifes de esas plantas procesadoras de derivados cárnicos tal vez mañana se sigan investigando los experimentos que hacía en aquel chiringuito o sucursal del doctor Moreau que dirigía en Valencia. Y con el pan de uno no se juega.
Después de apalizar, en una muestra característica del mecanismo mental de inversión de la realidad propio del progre, a «ese cinco o seis por ciento» de españoles que aún conservan un vestigio de humanidad y condenan el aborto, el bueno de Bernat pasó a entonar la loa de su plan bucodental infantil. Este brusco cambio de suerte ha sido interpretado como una maniobra de despiste típica de quien se siente incómodo tratando asuntos escabrosos. Pero a mí, antes que una maniobra de despiste, se me antoja un corolario natural o consecuencia lógica de lo anterior. Y es que, a fin de cuentas, el bueno de Bernat tiene que estar muy agradecido a los matarifes de fetos, sin cuya labor estajanovista su plan bucodental no sería viable. ¡Imaginen por un momento que esos cien mil niños nonatos que cada año son hechos picadillo en la trituradora y arrojados al desagüe llegasen a nacer! ¡No habría plan bucodental que diese abasto con tanta caries sobrevenida, con tanto sarro inesperado, con tanta endodoncia supernumeraria! En los mataderos de niños nonatos le hacen al bueno de Bernat el trabajo sucio para que le cuadren las cuentas de su plan bucodental. Y, así, el bueno de Bernat puede sonreír con esa sonrisa helada y profidén que tiene, sonrisa de Papa Noel fallero que sólo lleva regalos a los niños supérstites. Los demás que se jodan en el limbo, esa geografía de ultratumba en la que ya sólo creen quienes no creen en Dios.Contra el aborto están los inquisidores y los detractores del plan bucodental del bueno de Bernat. Los buenos progres pueden, en cambio, lloriquear por las esquinas denunciando las corridas de toros o los desmanes de Bush.
Abortos S.A., una industria lucrativa
Fuente: La Razón
16 de diciembre de 2007
Cerca de 100.000 mujeres interrumpen cada año su embarazo de forma legal, de las que casi la mitad son extranjeras - El precio de la intervención oscila entre 400 y hasta 6.000 euros en clínicas privadas Asociaciones provida calculan que hay entre un 50 y un 80 por ciento más de abortos que los reconocidos.
«La permisividad ha convertido España en la meca del aborto». Este mensaje, que se repite en los últimos años desde las asociaciones contrarias al «aborto libre que existe en nuestro país», ha tomado una nueva dimensión a raíz de la suspensión de cinco clínicas especializadas en Barcelona y Madrid por prácticas ilegales en la prescripción de la interrupción del embarazo en mujeres con un avanzado estado de gestación y sin que exista peligro para su salud, el principal requisito para poder acogerse al supuesto legal que no establece límite de tiempo (sí para los casos de violación -12 semanas- o maformaciones fetales -22-). Nuestro país es el único de Europa en el que, en la práctica, y según denuncian distintas asociaciones «provida» (antiabortistas), la interrupción voluntaria del embarazo «es libre y no tiene plazos máximos legales». El polémico tercer supuesto de la ley que despenalizó, en 1985, la interrupción voluntaria del embarazo, permite la interrupción cuando existe riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Tras este supuesto se justifican el 97 por ciento de las intervenciones en España. Según reconoce la propia Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), «España reúne las condiciones para atraer el llamado turismo del aborto», ya que en Europa existen unos plazos que limitan la intervención, en todos los supuestos, a entre las 10 semanas de Portugal y las 24 de Italia y Holanda, mientras que en nuestro país no existe límite temporal para el tercer supuesto. Turismo del aborto Sin embargo, algunos son legalmente más permisivos que nuestro país para el aborto hasta las 12 semanas, que es libre en Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia o Noruega. Para evitar este turismo, que fue denunciado, en el caso de Barcelona, hace tres años por un diario británico y, más recientemente, por una TV danesa mediante cámara oculta, la ACAI pide que se «modifique la ley para limitar el aborto a las 26 semanas en cualquier supues- to». Este plazo es el que los médicos calculan como límite para que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, aunque sólo con los necesarios cuidados y la ayuda de una incubadora. Aproximadamente entre un 40 y un 50 por ciento de las intervenciones se practican a inmigrantes, de las que un 60% provienen de Europa del Este, un 38 Asia, un 32 América y otro 32 África. Las cifras de 2006 aún no se han hecho oficiales. Sólo están disponibles los de algunas CC AA, como la de Madrid, que cifra en 22.700 las interrupciones, un 10% más que el año anterior y situándose a la cabeza del ránking nacional, seguida de Cataluña, Andalucía y Valencia. Existen 134 clínicas autorizadas para interrumpir el embarazo en España, de los que 89 son privadas y 45, centros públicos. Según la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), el negocio mueve en España decenas de millones de euros al año, aunque la cifra «es difícil de calcular, porque no sólo implica el coste de la intervención, sino también todo lo que le rodea, desde el instrumental hasta los viajes desde el extranjero». Calculando una media de 400-450 euros por intervención, sumarían unos 40 millones en 2005, aunque desde distintas fuentes se asegura que los abortos sin declarar por las clínicas «podrían duplicar o, incluso, triplicar» esa cifra. Según AVA, la propia responsable de la Mujer y del Niño del Ministerio de Sanidad, Sagrario Mateu, reconoció que se registra «sólo una parte» de los abortos reales que se practican en España. La plataforma La Vida Importa, integrada, entre otros organismos, por el Centro Jurídico Tomás Moro, desde donde se interpuso la primera demanda contra el encarcelado ginecólogo peruano Carlos Morín, calcula en «entre un 50 y un 80% las intervenciones que no se reportan a Sanidad, simplemente para no declararlos tampoco a Hacienda», asegura uno de sus responsables, Juan Sánchez Galera. Miembros de la plataforma han recogido de forma periódica restos humanos de la basura de algunas de estas clínicas, han hecho «recuento de brazos y piernas» de los fetos abortados y destrozados que hallaron, y luego los han comparado con las cifras «oficiales» que ofrece cada clínica investigada, y «no concuerdan». Financiación pública Por otra parte, muchos abortos que se practican en clínicas privadas están financiados por la Sanidad Pública -alrededor de un 35 por ciento de media, según AVA-, ya que algunas comunidades autónomas derivan muchos casos a éstas «por falta de infraestructura o de medios». De esta forma, a pesar de que el 97 por ciento de los abortos que se practican se realizan en clínicas privadas, el 50 por cien gozan de subvención autonómica en Andalucía, 21 por ciento en Valencia y 21% en Madrid. Además, de acuerdo con la responsable de AVA, Victoria Uroz, «hay hospitales públicos que, aunque hacen interrupciones, no los declaran, como el 12 de Octubre de Madrid». Por otra parte, la utilización de la píldora del día después, aunque es considerada por algunos médicos como abortiva, no entra en las estadísticas, ya que tan sólo elimina el cigoto de hasta tres días, en caso de que se hubiera producido fecundación.
Firma: Miguel Carbonell
16 de diciembre de 2007
Cerca de 100.000 mujeres interrumpen cada año su embarazo de forma legal, de las que casi la mitad son extranjeras - El precio de la intervención oscila entre 400 y hasta 6.000 euros en clínicas privadas Asociaciones provida calculan que hay entre un 50 y un 80 por ciento más de abortos que los reconocidos.
«La permisividad ha convertido España en la meca del aborto». Este mensaje, que se repite en los últimos años desde las asociaciones contrarias al «aborto libre que existe en nuestro país», ha tomado una nueva dimensión a raíz de la suspensión de cinco clínicas especializadas en Barcelona y Madrid por prácticas ilegales en la prescripción de la interrupción del embarazo en mujeres con un avanzado estado de gestación y sin que exista peligro para su salud, el principal requisito para poder acogerse al supuesto legal que no establece límite de tiempo (sí para los casos de violación -12 semanas- o maformaciones fetales -22-). Nuestro país es el único de Europa en el que, en la práctica, y según denuncian distintas asociaciones «provida» (antiabortistas), la interrupción voluntaria del embarazo «es libre y no tiene plazos máximos legales». El polémico tercer supuesto de la ley que despenalizó, en 1985, la interrupción voluntaria del embarazo, permite la interrupción cuando existe riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Tras este supuesto se justifican el 97 por ciento de las intervenciones en España. Según reconoce la propia Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), «España reúne las condiciones para atraer el llamado turismo del aborto», ya que en Europa existen unos plazos que limitan la intervención, en todos los supuestos, a entre las 10 semanas de Portugal y las 24 de Italia y Holanda, mientras que en nuestro país no existe límite temporal para el tercer supuesto. Turismo del aborto Sin embargo, algunos son legalmente más permisivos que nuestro país para el aborto hasta las 12 semanas, que es libre en Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia o Noruega. Para evitar este turismo, que fue denunciado, en el caso de Barcelona, hace tres años por un diario británico y, más recientemente, por una TV danesa mediante cámara oculta, la ACAI pide que se «modifique la ley para limitar el aborto a las 26 semanas en cualquier supues- to». Este plazo es el que los médicos calculan como límite para que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, aunque sólo con los necesarios cuidados y la ayuda de una incubadora. Aproximadamente entre un 40 y un 50 por ciento de las intervenciones se practican a inmigrantes, de las que un 60% provienen de Europa del Este, un 38 Asia, un 32 América y otro 32 África. Las cifras de 2006 aún no se han hecho oficiales. Sólo están disponibles los de algunas CC AA, como la de Madrid, que cifra en 22.700 las interrupciones, un 10% más que el año anterior y situándose a la cabeza del ránking nacional, seguida de Cataluña, Andalucía y Valencia. Existen 134 clínicas autorizadas para interrumpir el embarazo en España, de los que 89 son privadas y 45, centros públicos. Según la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), el negocio mueve en España decenas de millones de euros al año, aunque la cifra «es difícil de calcular, porque no sólo implica el coste de la intervención, sino también todo lo que le rodea, desde el instrumental hasta los viajes desde el extranjero». Calculando una media de 400-450 euros por intervención, sumarían unos 40 millones en 2005, aunque desde distintas fuentes se asegura que los abortos sin declarar por las clínicas «podrían duplicar o, incluso, triplicar» esa cifra. Según AVA, la propia responsable de la Mujer y del Niño del Ministerio de Sanidad, Sagrario Mateu, reconoció que se registra «sólo una parte» de los abortos reales que se practican en España. La plataforma La Vida Importa, integrada, entre otros organismos, por el Centro Jurídico Tomás Moro, desde donde se interpuso la primera demanda contra el encarcelado ginecólogo peruano Carlos Morín, calcula en «entre un 50 y un 80% las intervenciones que no se reportan a Sanidad, simplemente para no declararlos tampoco a Hacienda», asegura uno de sus responsables, Juan Sánchez Galera. Miembros de la plataforma han recogido de forma periódica restos humanos de la basura de algunas de estas clínicas, han hecho «recuento de brazos y piernas» de los fetos abortados y destrozados que hallaron, y luego los han comparado con las cifras «oficiales» que ofrece cada clínica investigada, y «no concuerdan». Financiación pública Por otra parte, muchos abortos que se practican en clínicas privadas están financiados por la Sanidad Pública -alrededor de un 35 por ciento de media, según AVA-, ya que algunas comunidades autónomas derivan muchos casos a éstas «por falta de infraestructura o de medios». De esta forma, a pesar de que el 97 por ciento de los abortos que se practican se realizan en clínicas privadas, el 50 por cien gozan de subvención autonómica en Andalucía, 21 por ciento en Valencia y 21% en Madrid. Además, de acuerdo con la responsable de AVA, Victoria Uroz, «hay hospitales públicos que, aunque hacen interrupciones, no los declaran, como el 12 de Octubre de Madrid». Por otra parte, la utilización de la píldora del día después, aunque es considerada por algunos médicos como abortiva, no entra en las estadísticas, ya que tan sólo elimina el cigoto de hasta tres días, en caso de que se hubiera producido fecundación.
Firma: Miguel Carbonell
sábado, 15 de diciembre de 2007
El juez reabre el caso Isadora
Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de diciembre de 2007
Al día siguiente de la información publicada por LA GACETA retoma las diligencias de una causa que no llegó a archivar. Desde el Gobierno se insiste en exigir que se cumpla la leySantiago MataSegún informaron a LA GACETA fuentes del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de Instrucción 47 de la capital reemprendió ayer las diligencias de la causa 1996/2007, abierta contra el centro abortista Isadora en marzo por arrojar a la basura fetos, medicinas prohibidas y listas de clientes. El caso no había sido archivado, aunque dormía el sueño de los justos hasta que, ayer, LA GACETA publicó fotos de aquellos fetos.
En Madrid, la Guardia Civil procederá a investigar CB Medical, sucursal del doctor Carlos Morín (detenido el 26 de noviembre en Barcelona), cerrada preventivamente el lunes por la Consejería de Sanidad madrileña. Según el TSJM, el caso está disponible para su asignación a un juez. Además de este centro, Patricia Flores, directora general de inspección en la Sanidad madrileña, cerró preventivamente el jueves la clínica de abortos Mayrit. Hace diez meses, sin embargo, aseguró a quienes pusieron la demanda contra Isadora que aquella se basaba en "suposiciones infundadas", ya que la clínica cuya causa se reactivó ayer era regularmente inspeccionada y cumplía la normativa.
En Madrid, el 21% de los 22.000 abortos ejecutados en 2006 fue pagado con fondos públicos y, casi siempre, consumado en las clínicas Dátor, Isadora y El Bosque. Cuando las dos primeras fueron acusadas de arrojar fetos a la basura, se trató de argumentar que, en efecto, los fetos humanos son "residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora. La realidad es que, según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, los fetos no son residuos biosanitarios, sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. En estos diez meses, tanto los tres grandes centros abortistas privados como dos de los hospitales públicos que hacen abortos en Madrid han tenido tiempo de adaptarse a la normativa e introducen los fetos abortados en féretros en lugar de bidones.
15 de diciembre de 2007
Al día siguiente de la información publicada por LA GACETA retoma las diligencias de una causa que no llegó a archivar. Desde el Gobierno se insiste en exigir que se cumpla la leySantiago MataSegún informaron a LA GACETA fuentes del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de Instrucción 47 de la capital reemprendió ayer las diligencias de la causa 1996/2007, abierta contra el centro abortista Isadora en marzo por arrojar a la basura fetos, medicinas prohibidas y listas de clientes. El caso no había sido archivado, aunque dormía el sueño de los justos hasta que, ayer, LA GACETA publicó fotos de aquellos fetos.
En Madrid, la Guardia Civil procederá a investigar CB Medical, sucursal del doctor Carlos Morín (detenido el 26 de noviembre en Barcelona), cerrada preventivamente el lunes por la Consejería de Sanidad madrileña. Según el TSJM, el caso está disponible para su asignación a un juez. Además de este centro, Patricia Flores, directora general de inspección en la Sanidad madrileña, cerró preventivamente el jueves la clínica de abortos Mayrit. Hace diez meses, sin embargo, aseguró a quienes pusieron la demanda contra Isadora que aquella se basaba en "suposiciones infundadas", ya que la clínica cuya causa se reactivó ayer era regularmente inspeccionada y cumplía la normativa.
En Madrid, el 21% de los 22.000 abortos ejecutados en 2006 fue pagado con fondos públicos y, casi siempre, consumado en las clínicas Dátor, Isadora y El Bosque. Cuando las dos primeras fueron acusadas de arrojar fetos a la basura, se trató de argumentar que, en efecto, los fetos humanos son "residuos biocontaminantes" del tipo III que se incineran en bidones como los que la Guardia Civil examinó en Isadora. La realidad es que, según el art. 3 del decreto autonómico 83/1999, los fetos no son residuos biosanitarios, sino que entran dentro del tipo IV, "cadáveres y restos humanos de entidad suficiente", gestionado conforme a los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria. En estos diez meses, tanto los tres grandes centros abortistas privados como dos de los hospitales públicos que hacen abortos en Madrid han tenido tiempo de adaptarse a la normativa e introducen los fetos abortados en féretros en lugar de bidones.
Otra clínica abortista en el punto de mira
Fuente: La Razón
15 de diciembre de 2007
Grabaciones con cámara oculta destapan presuntas prácticas ilegales en el centro El Bosque de Madrid - Habrían ofrecido a una embarazada de 7 meses abortar bajo supuestos ilegales y con pagos en «negro» Otra clínica madrileña está en el disparadero por unos vídeos de cámara oculta que obran en manos de los fiscales.
Miguel Carbonell
Después del cierre cautelar de cinco clínicas abortistas en poco más de dos semanas -tres en Barcelona y dos en Madrid, la última, el jueves- el centro Clínico El Bosque, también en la capital, está en el punto de mira de los movimientos provida. Dos vídeos de cámara oculta ponen en entredicho, según el sindicato Manos Limpias, la legalidad de sus prácticas. En el primero de ellos, una mujer, embarazada de siete meses, pide consulta en el centro para abortar. Según fuentes del sindicato, que han entregado las secuencias junto a una denuncia ante la Fiscalía, las imágenes muestran «claramente» cómo el director médico del centro ofrece a la gestante interrumpir el embarazo «de forma totalmente ilegal», «sin cumplir con ninguno de los supuestos legales y a pesar de que la mujer muestra en todo momento serias dudas éticas».
Siempre según Manos Limpias, el vídeo demuestra que «el centro tiene informes psquiátricos y de consentimiento sellados y firmados por el facultativo, y con la casilla donde van los datos de la paciente en blanco», uno de los motivos por los que se ha suspendido la actividad de las clínicas ya cerradas. Además, «las enfermeras participan de forma activa, consolando a la futura madre y convenciéndola de que su salud no correrá peligro, a pesar de que un aborto a esas alturas del embarazo supone un grave riesgo psíquico» para la gestante.
En cuanto al aspecto económico, que también sale a relucir en el vídeo, el sindicato denuncia que, de los 6.000 euros que le piden a la paciente, por adelantado, para someterse al aborto, «el 60 por ciento tiene que ser en negro». Es decir, que la mujer hubiera debido abonar 2.400 euros para la factura oficial y otros 3.600 «en un sobre que iría directamente al bolsillo» de los responsables del centro, que así no lo declararían a Hacienda.
Según Manos Limpias, «los fiscales van a actuar contra El Bosque porque tienen pruebas contundentes, están muy sensibilizados con el asunto y, además, existe lo que en términos jurídicos se denomina alarma social, lo que justifica aún más» la eventual actuación.
15 de diciembre de 2007
Grabaciones con cámara oculta destapan presuntas prácticas ilegales en el centro El Bosque de Madrid - Habrían ofrecido a una embarazada de 7 meses abortar bajo supuestos ilegales y con pagos en «negro» Otra clínica madrileña está en el disparadero por unos vídeos de cámara oculta que obran en manos de los fiscales.
Miguel Carbonell
Después del cierre cautelar de cinco clínicas abortistas en poco más de dos semanas -tres en Barcelona y dos en Madrid, la última, el jueves- el centro Clínico El Bosque, también en la capital, está en el punto de mira de los movimientos provida. Dos vídeos de cámara oculta ponen en entredicho, según el sindicato Manos Limpias, la legalidad de sus prácticas. En el primero de ellos, una mujer, embarazada de siete meses, pide consulta en el centro para abortar. Según fuentes del sindicato, que han entregado las secuencias junto a una denuncia ante la Fiscalía, las imágenes muestran «claramente» cómo el director médico del centro ofrece a la gestante interrumpir el embarazo «de forma totalmente ilegal», «sin cumplir con ninguno de los supuestos legales y a pesar de que la mujer muestra en todo momento serias dudas éticas».
Siempre según Manos Limpias, el vídeo demuestra que «el centro tiene informes psquiátricos y de consentimiento sellados y firmados por el facultativo, y con la casilla donde van los datos de la paciente en blanco», uno de los motivos por los que se ha suspendido la actividad de las clínicas ya cerradas. Además, «las enfermeras participan de forma activa, consolando a la futura madre y convenciéndola de que su salud no correrá peligro, a pesar de que un aborto a esas alturas del embarazo supone un grave riesgo psíquico» para la gestante.
En cuanto al aspecto económico, que también sale a relucir en el vídeo, el sindicato denuncia que, de los 6.000 euros que le piden a la paciente, por adelantado, para someterse al aborto, «el 60 por ciento tiene que ser en negro». Es decir, que la mujer hubiera debido abonar 2.400 euros para la factura oficial y otros 3.600 «en un sobre que iría directamente al bolsillo» de los responsables del centro, que así no lo declararían a Hacienda.
Según Manos Limpias, «los fiscales van a actuar contra El Bosque porque tienen pruebas contundentes, están muy sensibilizados con el asunto y, además, existe lo que en términos jurídicos se denomina alarma social, lo que justifica aún más» la eventual actuación.
Más derechos muerto que vivo
Fuente: Abc
15 de diciembre de 2007
POR DOMINGO PÉREZ.
Se supo ayer. Al menos una de las clínicas madrileñas privadas que han incumplido durante lustros la ley de residuos biosanitarios y la normativa de sanidad mortuoria ha empezado a tratar a los restos de los fetos de sus intervenciones con un mínimo de respeto y dignidad. Eso sí, bastante superior a la que recibieron mientras estuvieron vivos en el vientre de su madre.
Se ha comprobado cómo en los últimos días han empezado a salir de uno de los centros abortistas pequeños ataúdes, herméticamente cerrados, conteniendo los restos de los niños, camino, se supone que, como marca la ley, de una incineradora. Por el momento, al menos en esta clínica, se han dejado de tirar a la basura los desechos clínicos y orgánicos mezclados. Cada uno debe ir por su lado, en los recipientes indicados, ser destruidos en los lugares homologados y no tranquilamente abandonados en medio de la vía pública, con los graves riesgos para la salud que ello supone y el debate morial y ético que suscita.
Aunque resulte trágico, resulta una novedad que los fetos no acaben troceados en bolsas negras de desperdicios, junto a gasas sanguinolentas, sábanas quirúrgicas, guantes, restos de medicamentos abortivos y otras muchas pruebas de las macabras manipulaciones de estos locales.
Ha quedado reflejado en varias denuncias y en los últimos cierres de instalaciones abortistas en Barcelona y Madrid que esa era una práctica habitual. Una forma de actuar común, con toda la impunidad y descaro del mundo pese a que se violaba tanto la obligación de separar los materiales clínicos de los restos humanos procedentes de abortos, como las normas que exigen la cremación o enterramiento de los restos cadavéricos.
Además, se ha podido comprobar a través de las Fuerzas del Orden que era frecuente en muchos de estos locales una tercera infracción que consistía en que también abandonaban en la basura todo tipo de documentos confidenciales de las pacientes, cuando las normas obligan a que se destruyan. Tanta negligencia y despreocupación se justifica, sobre todo, por una cuestión económica.
Sale gratis. Su coste es mínimo, mientras que cumplir con la ley puede suponer más de 100 euros por cada recipiente homologado y su posterior traslado, manipulación y destrucción.
Poco importaba además la dignidad que se merecen unos restos humanos. Claro que ahora se va a producir la paradoja de que, bajo la presión de los controles administrativos y policiales, los cadáveres van a disfrutar de muchos más derechos que cuando eran unos vulgares seres vivos alojados en los vientres de sus madres.
15 de diciembre de 2007
POR DOMINGO PÉREZ.
Se supo ayer. Al menos una de las clínicas madrileñas privadas que han incumplido durante lustros la ley de residuos biosanitarios y la normativa de sanidad mortuoria ha empezado a tratar a los restos de los fetos de sus intervenciones con un mínimo de respeto y dignidad. Eso sí, bastante superior a la que recibieron mientras estuvieron vivos en el vientre de su madre.
Se ha comprobado cómo en los últimos días han empezado a salir de uno de los centros abortistas pequeños ataúdes, herméticamente cerrados, conteniendo los restos de los niños, camino, se supone que, como marca la ley, de una incineradora. Por el momento, al menos en esta clínica, se han dejado de tirar a la basura los desechos clínicos y orgánicos mezclados. Cada uno debe ir por su lado, en los recipientes indicados, ser destruidos en los lugares homologados y no tranquilamente abandonados en medio de la vía pública, con los graves riesgos para la salud que ello supone y el debate morial y ético que suscita.
Aunque resulte trágico, resulta una novedad que los fetos no acaben troceados en bolsas negras de desperdicios, junto a gasas sanguinolentas, sábanas quirúrgicas, guantes, restos de medicamentos abortivos y otras muchas pruebas de las macabras manipulaciones de estos locales.
Ha quedado reflejado en varias denuncias y en los últimos cierres de instalaciones abortistas en Barcelona y Madrid que esa era una práctica habitual. Una forma de actuar común, con toda la impunidad y descaro del mundo pese a que se violaba tanto la obligación de separar los materiales clínicos de los restos humanos procedentes de abortos, como las normas que exigen la cremación o enterramiento de los restos cadavéricos.
Además, se ha podido comprobar a través de las Fuerzas del Orden que era frecuente en muchos de estos locales una tercera infracción que consistía en que también abandonaban en la basura todo tipo de documentos confidenciales de las pacientes, cuando las normas obligan a que se destruyan. Tanta negligencia y despreocupación se justifica, sobre todo, por una cuestión económica.
Sale gratis. Su coste es mínimo, mientras que cumplir con la ley puede suponer más de 100 euros por cada recipiente homologado y su posterior traslado, manipulación y destrucción.
Poco importaba además la dignidad que se merecen unos restos humanos. Claro que ahora se va a producir la paradoja de que, bajo la presión de los controles administrativos y policiales, los cadáveres van a disfrutar de muchos más derechos que cuando eran unos vulgares seres vivos alojados en los vientres de sus madres.
La segunda clínica cerrada en Madrid apunta a un mercado negro de abortos
Fuente: Abc
14 de diciembre de 2007
CRUZ MORCILLO/DOMINGO PÉREZ. MADRID
La inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid detectó nuevas irregularidades en una clínica abortista y decidió suspender ayer cautelarmente su actividad «por considerar la existencia de un riesgo inminente grave para la salud de las personas». Por este motivo, decidió presentar una denuncia ante el juzgado de guardia.
Los inspectores localizaron en el centro Mayrit quince historias clínicas sujetas con una goma y con un cartel en el que ponía «DESTRUIR». Recogían los datos de una quincena de intervenciones quirúrgicas que, sin embargo, no constaban en el libro de quirófano. También encontraron 48 informes psiquiátricos, ya firmados, pero con el nombre de la candidata a abortar en blanco y la casilla de «grave peligro para la vida o salud física de la embarazada» marcada.
Curiosamente, la clínica Mayrit, en su publicidad, al detallar los servicios de psiquiatría que ofrece, señala un procedimiento muy diferente al que la firma en barbecho permite suponer que realmente se realizaba. «La usuaria será informada en esta etapa de las consideraciones legales y procedimentales en torno a la IVE, así como un acompañamiento en la compleja decisión de interrumpir o no su embarazo. Finalmente, se recabarán los consentimientos necesarios», asegura la página web.
Es ésta una vieja sospecha de los grupos que siguen de cerca las prácticas abortistas. En las mismas se dan todas las condiciones para que se produzca una doble contabilidad en las clínicas. En muchos de estos centros sólo se paga en dinero contante y sonante, ni cheques, ni tarjetas. Además, como ha quedado en evidencia, muchas de ellas no tienen ningún escrúpulo en deshacerse de los restos de los fetos arrojándolos directamente a la basura, sin ningún control y sin cumplir con la ley que exige la retirada por empresas especializadas en la recogida de restos cadavéricos y la posterior cremación o enterramiento. En este contexto, nada más sencillo que hacer desaparecer las historias clínicas y los restos humanos para multiplicar hasta extremos impensables los beneficios.
La cuestión es saber en qué porcentaje varían los datos oficiales de los reales. Los centros abortistas privados notificaron 88.996 abortos durante 2005, pero es imposible calcular cuántos se practicaron en realidad. La «Plataforma la vida importa», que ha realizado el seguimiento de las basuras de varias clínicas privadas madfrileñas y barcelonesas, ha llegado a detectar, controlando los restos encontrados, un desfase de «hasta un 80% entre los abortos que reconocían haber hecho las clínicas y los que nosotros encontrábamos».
Por otra parte, el sindicato de funcionarios «Manos Limpias» presentó ayer una denuncia ante el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, contra la actividad de la clínica El Bosque, situada en el número 29 de la calle Alonso Saavedra, a raíz de la emisión de un vídeo el pasado día 11 en el canal Intereconomía en el que se mostraban restos de fetos humanos.
14 de diciembre de 2007
CRUZ MORCILLO/DOMINGO PÉREZ. MADRID
La inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid detectó nuevas irregularidades en una clínica abortista y decidió suspender ayer cautelarmente su actividad «por considerar la existencia de un riesgo inminente grave para la salud de las personas». Por este motivo, decidió presentar una denuncia ante el juzgado de guardia.
Los inspectores localizaron en el centro Mayrit quince historias clínicas sujetas con una goma y con un cartel en el que ponía «DESTRUIR». Recogían los datos de una quincena de intervenciones quirúrgicas que, sin embargo, no constaban en el libro de quirófano. También encontraron 48 informes psiquiátricos, ya firmados, pero con el nombre de la candidata a abortar en blanco y la casilla de «grave peligro para la vida o salud física de la embarazada» marcada.
Curiosamente, la clínica Mayrit, en su publicidad, al detallar los servicios de psiquiatría que ofrece, señala un procedimiento muy diferente al que la firma en barbecho permite suponer que realmente se realizaba. «La usuaria será informada en esta etapa de las consideraciones legales y procedimentales en torno a la IVE, así como un acompañamiento en la compleja decisión de interrumpir o no su embarazo. Finalmente, se recabarán los consentimientos necesarios», asegura la página web.
Es ésta una vieja sospecha de los grupos que siguen de cerca las prácticas abortistas. En las mismas se dan todas las condiciones para que se produzca una doble contabilidad en las clínicas. En muchos de estos centros sólo se paga en dinero contante y sonante, ni cheques, ni tarjetas. Además, como ha quedado en evidencia, muchas de ellas no tienen ningún escrúpulo en deshacerse de los restos de los fetos arrojándolos directamente a la basura, sin ningún control y sin cumplir con la ley que exige la retirada por empresas especializadas en la recogida de restos cadavéricos y la posterior cremación o enterramiento. En este contexto, nada más sencillo que hacer desaparecer las historias clínicas y los restos humanos para multiplicar hasta extremos impensables los beneficios.
La cuestión es saber en qué porcentaje varían los datos oficiales de los reales. Los centros abortistas privados notificaron 88.996 abortos durante 2005, pero es imposible calcular cuántos se practicaron en realidad. La «Plataforma la vida importa», que ha realizado el seguimiento de las basuras de varias clínicas privadas madfrileñas y barcelonesas, ha llegado a detectar, controlando los restos encontrados, un desfase de «hasta un 80% entre los abortos que reconocían haber hecho las clínicas y los que nosotros encontrábamos».
Por otra parte, el sindicato de funcionarios «Manos Limpias» presentó ayer una denuncia ante el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, contra la actividad de la clínica El Bosque, situada en el número 29 de la calle Alonso Saavedra, a raíz de la emisión de un vídeo el pasado día 11 en el canal Intereconomía en el que se mostraban restos de fetos humanos.
jueves, 13 de diciembre de 2007
Silencio, se aborta
Fuente: La Gaceta de los Negocios
13 de diciembre de 2007
La Comunidad de Madrid 'protege' a las grandes clínicas abortistas, a pesar de que tiene evidencias de delitos flagrantes
Las pequeñas clínicas abortistas madrileñas viven en estado de sitio desde que la investigación emprendida en Barcelona el pasado día 26 se extendió a otras clínicas del detenido doctor Carlos Morín, y en concreto a CB Medical, cerrada por las autoridades sanitarias de la capital el lunes. Las inspecciones sanitarias están a la orden de día, eso sí, salvo para las tres grandes: Dátor, Isadora y El Bosque, que realizan el 90% de los abortos en Madrid. Esas son intocables porque hacen el trabajo ilegal que los médicos de la sanidad pública —en ejercicio del derecho a la objeción de conciencia— no quieren hacer, pero que de todas maneras paga el contribuyente.
Las tres grandes son intocables, aunque fue una investigación en torno a Dátor la que desató la actual redada contra clínicas que realizan abortos ilegales. Reconstruyamos los pasos.
El 15 de junio de 2006, el Partido Social Europeo denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las clínicas Dátor (madrileña) y Ginemedex (barcelonesa) por tirar los residuos biosanitarios a la basura ordinaria y, a la primera, además por enviarlos a un laboratorio de productos cosméticos. No hubo investigación hasta que un redactor de LA GACETA, Miguel Janer, anunció a la Guardia Civil su intención de publicar fotos de restos de fetos abortados, encontrados en la basura ordinaria de las citadas clínicas.
La UCO intervino a partir del 16 de febrero en las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos restos humanos que deben ser incinerados siguiendo un procedimiento muy preciso. Parte de la información se filtró a la prensa una semana después: en concreto la del hallazgo de restos humanos, entre ellos siete fetos de gran tamaño, en la basura de Isadora.
Según las informaciones publicadas, la inspección de febrero la llevaron a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona, Guardia Civil) e inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad de Madrid sigue afirmando hoy día que colaboró y colabora con la Guardia Civil en ese caso. Pero la Comunidad de Madrid no acompañó la denuncia interpuesta por el Seprona, y ésta fue archivada. La Consejería de Sanidad llegó a "acusar" a Isadora "de eliminar mal los residuos de abortos", según un comunicado del que se hacía eco El País el 1 de marzo.
En un alarde de interés y capacidad de llegar a las fuentes de la noticia, el mismo diario podía informar al día siguiente de que "el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid archivó el pasado 20 de febrero las diligencias abiertas cuatro días antes a iniciativa de la Guardia Civil". Todo había muerto antes de nacer, como un aborto; pero no espontáneo, sino provocado: el titular del Juzgado número 6 (las diligencias aparentemente habían sido abiertas por el 47) no encontró "nada que indicara la comisión de un delito". LA GACETA, que dispone de 70 fotos sobre lo que la Guardia Civil halló en Isadora, sólo pudo dar la noticia a título póstumo el 16 de marzo. La Consejería de Salud dice ahora que no podía denunciar a Isadora porque tirar fetos es incumplir normas, pero no delito. Pero en la basura había medicamentos prohibidos y listas de clientes, delitos tanto o más graves que los de Morín.
Firma: Santiago Mata
13 de diciembre de 2007
La Comunidad de Madrid 'protege' a las grandes clínicas abortistas, a pesar de que tiene evidencias de delitos flagrantes
Las pequeñas clínicas abortistas madrileñas viven en estado de sitio desde que la investigación emprendida en Barcelona el pasado día 26 se extendió a otras clínicas del detenido doctor Carlos Morín, y en concreto a CB Medical, cerrada por las autoridades sanitarias de la capital el lunes. Las inspecciones sanitarias están a la orden de día, eso sí, salvo para las tres grandes: Dátor, Isadora y El Bosque, que realizan el 90% de los abortos en Madrid. Esas son intocables porque hacen el trabajo ilegal que los médicos de la sanidad pública —en ejercicio del derecho a la objeción de conciencia— no quieren hacer, pero que de todas maneras paga el contribuyente.
Las tres grandes son intocables, aunque fue una investigación en torno a Dátor la que desató la actual redada contra clínicas que realizan abortos ilegales. Reconstruyamos los pasos.
El 15 de junio de 2006, el Partido Social Europeo denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las clínicas Dátor (madrileña) y Ginemedex (barcelonesa) por tirar los residuos biosanitarios a la basura ordinaria y, a la primera, además por enviarlos a un laboratorio de productos cosméticos. No hubo investigación hasta que un redactor de LA GACETA, Miguel Janer, anunció a la Guardia Civil su intención de publicar fotos de restos de fetos abortados, encontrados en la basura ordinaria de las citadas clínicas.
La UCO intervino a partir del 16 de febrero en las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos restos humanos que deben ser incinerados siguiendo un procedimiento muy preciso. Parte de la información se filtró a la prensa una semana después: en concreto la del hallazgo de restos humanos, entre ellos siete fetos de gran tamaño, en la basura de Isadora.
Según las informaciones publicadas, la inspección de febrero la llevaron a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona, Guardia Civil) e inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad de Madrid sigue afirmando hoy día que colaboró y colabora con la Guardia Civil en ese caso. Pero la Comunidad de Madrid no acompañó la denuncia interpuesta por el Seprona, y ésta fue archivada. La Consejería de Sanidad llegó a "acusar" a Isadora "de eliminar mal los residuos de abortos", según un comunicado del que se hacía eco El País el 1 de marzo.
En un alarde de interés y capacidad de llegar a las fuentes de la noticia, el mismo diario podía informar al día siguiente de que "el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid archivó el pasado 20 de febrero las diligencias abiertas cuatro días antes a iniciativa de la Guardia Civil". Todo había muerto antes de nacer, como un aborto; pero no espontáneo, sino provocado: el titular del Juzgado número 6 (las diligencias aparentemente habían sido abiertas por el 47) no encontró "nada que indicara la comisión de un delito". LA GACETA, que dispone de 70 fotos sobre lo que la Guardia Civil halló en Isadora, sólo pudo dar la noticia a título póstumo el 16 de marzo. La Consejería de Salud dice ahora que no podía denunciar a Isadora porque tirar fetos es incumplir normas, pero no delito. Pero en la basura había medicamentos prohibidos y listas de clientes, delitos tanto o más graves que los de Morín.
Firma: Santiago Mata
martes, 11 de diciembre de 2007
Clausurada en Madrid una filial de las clínicas abortistas de Barcelona
De La Razón
11 de diciembre de 2007
Los inspectores encuentran firmas médicas falseadas y errores en la asistencia psicológica a las pacientes.
El Instituto Gimenedex permanecía ayer cerrado. El informe de los inspectores llegará hoy al juzgado de guardia.
La Comunidad de Madrid procedió ayer a la suspensión cautelar del Instituto CB Medical Gimenedex, un centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción voluntaria del embarazo que pertenece a la red de clínicas de Carlos Morín, detenido por los abortos ilegales en Barcelona. El centro está situado en el número 41 de la calle Zurbano de la capital y la causa del fulminante cierre han sido las serias irregularidades detectadas durante una inspección.
Según fuentes de la Comunidad, la labor de los inpectores dejó al descubierto hechos que podrían suponer un «grave riesgo» para la salud de los pacientes. Estos hechos salieron a la luz durante una de las revisiones que el cuerpo de inspectores del Gobierno Regional realiza periódicamente en todos los centros médicos de la Comunidad, con intervalos tasados legalmente.
Los profesionales detectaron irregularidades en la documentación que les hicieron profundizar en sus indagaciones. Y tirando del hilo, destaparon una sarta de posibles ilegalidades que aconsejaban el cese inmediatto de la actividad del centro y la puesta en conocimiento de las autoridades competentes de los indicios de delito.
Para empezar, R. T., el ginecólogo que presuntamente practicaba los abortos y firmaba los partes de los mismos (sigue trabajando en el centro) afirmó al ser interrogado –y para sorpresa de los inspectores– que él no había firmado ninguno de dichos historiales clínicos. De hecho, negó de manera rotunda que hubiera practicado un solo aborto en el último año, pese a que en el libro de quirófano del centro figuraba un nutrido número de intervenciones que supuestamente habían sido llevadas a cabo por él.
Pero aparte de la posible falsificación de la firma, que siembra una más que razonable duda sobre la legalidad o procedencia de las intervenciones, y de posible falsedad del libro de quirófano, los inspectores comprobaron que la lista de problemas no se quedaba ahí. También había dudas sobre la adecuada asistencia psiquiátrica.
Y es que el hombre que figura como contratado por la empresa como médico psiquiatra, M.A.I.D., no tiene, al parecer, el título de psiquiatría, sino sólo un máster en esta especialidad.
De confirmarse este último extremo, los informes psiquiátricos (que son preceptivos para la realización de abortos en caso de grave riesgo para la salud psíquica de la mujer) serían radicalmente defectuosos: la ley exige que quien da fe de que la estabilidad mental de la madre es suficiente para enfrentarse a una operación de ese calibre e importancia sea un titulado en la citada disciplina.
Toda esta serie de indicios de delito fueron lo suficientemente contundentes para que se decretase el cierre temporal del centro. La Comunidad, tras haber actuado de oficio en el asunto, tiene ahora que trasladarlo a las instancias competentes junto con toda la socumentación necesaria.
De este modo, durante la tarde de ayer los servicios de la Comunidad procedían a la elaboración de un informe detallado que será posteriormente presentado (probablemente hoy mismo) en el juzgado de guardia que proceda para que el asunto sea evaluado por un juez que decida si los indicios son suficientes para incoar un procedimiento de algún tipo.
Abortos ilegales, en el punto de mira de la Justicia
Las clínicas abortistas se han situado en el punto de mira. La clausura del centro en Madrid se produce apenas dos semanas después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas en Barcelona por la práctica de abortos ilegales, que en algunos casos llegaban a superar los siete meses de gestación. Entre los acusados, figuraban el director de las clínicas Ginemedex y TCB, el doctor Carlos Morín, y su esposa, María Luisa Durán, que dirigía la clínica Emecé. Para ambos, acusados de los delitos de abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental, la juez decretó prisión incondicional. Los médicos aseguran que las irregularidades se conocían, pero que el Gobierno catalán desoyó todas las denuncias. La asociación E-cristians, que interpuso la denuncia contra las clínicas de Morín, ha pedido a la Generalitat que revise todos los expedientes de los centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo para conocer la legalidad de los abortos. A su juicio, no sólo en los centros de Carlos Morín se cometían irregularidades. La clínica Ginemedex practicaba cada año 670 interrupciones de embarazos de más de seis meses.
Fuente: Despiece de La Razón
11 de diciembre de 2007
Los inspectores encuentran firmas médicas falseadas y errores en la asistencia psicológica a las pacientes.
El Instituto Gimenedex permanecía ayer cerrado. El informe de los inspectores llegará hoy al juzgado de guardia.
La Comunidad de Madrid procedió ayer a la suspensión cautelar del Instituto CB Medical Gimenedex, un centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción voluntaria del embarazo que pertenece a la red de clínicas de Carlos Morín, detenido por los abortos ilegales en Barcelona. El centro está situado en el número 41 de la calle Zurbano de la capital y la causa del fulminante cierre han sido las serias irregularidades detectadas durante una inspección.
Según fuentes de la Comunidad, la labor de los inpectores dejó al descubierto hechos que podrían suponer un «grave riesgo» para la salud de los pacientes. Estos hechos salieron a la luz durante una de las revisiones que el cuerpo de inspectores del Gobierno Regional realiza periódicamente en todos los centros médicos de la Comunidad, con intervalos tasados legalmente.
Los profesionales detectaron irregularidades en la documentación que les hicieron profundizar en sus indagaciones. Y tirando del hilo, destaparon una sarta de posibles ilegalidades que aconsejaban el cese inmediatto de la actividad del centro y la puesta en conocimiento de las autoridades competentes de los indicios de delito.
Para empezar, R. T., el ginecólogo que presuntamente practicaba los abortos y firmaba los partes de los mismos (sigue trabajando en el centro) afirmó al ser interrogado –y para sorpresa de los inspectores– que él no había firmado ninguno de dichos historiales clínicos. De hecho, negó de manera rotunda que hubiera practicado un solo aborto en el último año, pese a que en el libro de quirófano del centro figuraba un nutrido número de intervenciones que supuestamente habían sido llevadas a cabo por él.
Pero aparte de la posible falsificación de la firma, que siembra una más que razonable duda sobre la legalidad o procedencia de las intervenciones, y de posible falsedad del libro de quirófano, los inspectores comprobaron que la lista de problemas no se quedaba ahí. También había dudas sobre la adecuada asistencia psiquiátrica.
Y es que el hombre que figura como contratado por la empresa como médico psiquiatra, M.A.I.D., no tiene, al parecer, el título de psiquiatría, sino sólo un máster en esta especialidad.
De confirmarse este último extremo, los informes psiquiátricos (que son preceptivos para la realización de abortos en caso de grave riesgo para la salud psíquica de la mujer) serían radicalmente defectuosos: la ley exige que quien da fe de que la estabilidad mental de la madre es suficiente para enfrentarse a una operación de ese calibre e importancia sea un titulado en la citada disciplina.
Toda esta serie de indicios de delito fueron lo suficientemente contundentes para que se decretase el cierre temporal del centro. La Comunidad, tras haber actuado de oficio en el asunto, tiene ahora que trasladarlo a las instancias competentes junto con toda la socumentación necesaria.
De este modo, durante la tarde de ayer los servicios de la Comunidad procedían a la elaboración de un informe detallado que será posteriormente presentado (probablemente hoy mismo) en el juzgado de guardia que proceda para que el asunto sea evaluado por un juez que decida si los indicios son suficientes para incoar un procedimiento de algún tipo.
Abortos ilegales, en el punto de mira de la Justicia
Las clínicas abortistas se han situado en el punto de mira. La clausura del centro en Madrid se produce apenas dos semanas después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas en Barcelona por la práctica de abortos ilegales, que en algunos casos llegaban a superar los siete meses de gestación. Entre los acusados, figuraban el director de las clínicas Ginemedex y TCB, el doctor Carlos Morín, y su esposa, María Luisa Durán, que dirigía la clínica Emecé. Para ambos, acusados de los delitos de abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental, la juez decretó prisión incondicional. Los médicos aseguran que las irregularidades se conocían, pero que el Gobierno catalán desoyó todas las denuncias. La asociación E-cristians, que interpuso la denuncia contra las clínicas de Morín, ha pedido a la Generalitat que revise todos los expedientes de los centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo para conocer la legalidad de los abortos. A su juicio, no sólo en los centros de Carlos Morín se cometían irregularidades. La clínica Ginemedex practicaba cada año 670 interrupciones de embarazos de más de seis meses.
Fuente: Despiece de La Razón
lunes, 10 de diciembre de 2007
La batalla de nuestro tiempo, Juan Manuel de Prada
De Abc
10 de diciembre de 2007
La gran batalla de nuestro tiempo, el frente donde se dirime la supervivencia de nuestra humanidad, se llama aborto; y es ahí donde debemos exponernos quienes deseamos nadar a contracorriente.
Declararse sin ambages contrario al aborto constituye en nuestra época una suerte de oprobio social: al antiabortista se le moteja de ultraconservador, de integrista religioso y no sé cuántas sandeces más. Se trata de una caracterización rocambolesca que, sin embargo, ha adquirido carta de naturaleza en el Matrix progre. Nunca he entendido cómo alguien que se proclama «progresista» pueda defender el aborto; se supone que quienes postulan el progreso del hombre deberían por ello mismo declararse obstinados defensores de la vida. La protección de la vida constituye algo más que un derecho esencial e inviolable del hombre, puesto que sin reconocimiento de la vida el Derecho mismo carecería de sentido.
10 de diciembre de 2007
La gran batalla de nuestro tiempo, el frente donde se dirime la supervivencia de nuestra humanidad, se llama aborto; y es ahí donde debemos exponernos quienes deseamos nadar a contracorriente.
Declararse sin ambages contrario al aborto constituye en nuestra época una suerte de oprobio social: al antiabortista se le moteja de ultraconservador, de integrista religioso y no sé cuántas sandeces más. Se trata de una caracterización rocambolesca que, sin embargo, ha adquirido carta de naturaleza en el Matrix progre. Nunca he entendido cómo alguien que se proclama «progresista» pueda defender el aborto; se supone que quienes postulan el progreso del hombre deberían por ello mismo declararse obstinados defensores de la vida. La protección de la vida constituye algo más que un derecho esencial e inviolable del hombre, puesto que sin reconocimiento de la vida el Derecho mismo carecería de sentido.
Mejor solución: la adopción
De Diari de Tarragona
10 de diciembre de 2007
Carta al Director
Me ha costado reaccionar ante la escabrosa noticia de los abortos practicados en clínicas barcelonesas. Y la reflexión que me hago es que el hombre ya concebido tiene todo el derecho a vivir.
No podemos ser tan egoístas que volvamos la espalda a los miles de abortos que, disfrazados por alguna engañifa, se siguen practicando en algunos lugares. Puedo comprender que alguna pareja no pueda asumir al bebé que crece en el seno materno, pero también es bien cierto, y se comprueba a diario, que cientos de matrimonios han adoptado a niños en otros países ante la imposibilidad de tener un hijo.
La conclusión es evidente: ¿por qué no se facilitan los trámites para adoptar niños en España? ¿Por qué no se facilita que, antes de abortar, el médico plantee la posibilidad de dar al hijo en adopción?
Creo que es una solución más humana y con la que todas las partes implicadas estarían más felices, ya que es sabido que la mujer que sufre un aborto luego tiene secuelas difíciles de superar.
Pilar Crespo Álvarez, Tarragona
10 de diciembre de 2007
Carta al Director
Me ha costado reaccionar ante la escabrosa noticia de los abortos practicados en clínicas barcelonesas. Y la reflexión que me hago es que el hombre ya concebido tiene todo el derecho a vivir.
No podemos ser tan egoístas que volvamos la espalda a los miles de abortos que, disfrazados por alguna engañifa, se siguen practicando en algunos lugares. Puedo comprender que alguna pareja no pueda asumir al bebé que crece en el seno materno, pero también es bien cierto, y se comprueba a diario, que cientos de matrimonios han adoptado a niños en otros países ante la imposibilidad de tener un hijo.
La conclusión es evidente: ¿por qué no se facilitan los trámites para adoptar niños en España? ¿Por qué no se facilita que, antes de abortar, el médico plantee la posibilidad de dar al hijo en adopción?
Creo que es una solución más humana y con la que todas las partes implicadas estarían más felices, ya que es sabido que la mujer que sufre un aborto luego tiene secuelas difíciles de superar.
Pilar Crespo Álvarez, Tarragona
Detienen a una joven holandesa por un aborto ilegal en Barcelona
De Abc
7 de diciembre de 2007
La Policía holandesa detuvo el pasado 14 de noviembre a una mujer de 24 años de esa nacionalidad a la que le practicaron un supuesto aborto ilegal en una clínica privada de Barcelona. La mujer se encuentra en prisión preventiva desde su detención, acusada por la Fiscalía de su país de asesinato e infanticidio por abortar pasada la semana 24 de la gestación, límite establecido por la legislación holandesa para practicar una interrupción del embarazo.
La noticia del arresto la difundió ayer la emisora pública holandesa Radio 1 basándose en fuentes judiciales de ese país. Marianne de Jong, portavoz de la Fiscalía de la localidad de Den Bosch, situada en el centro del país, confirmó que la joven fue detenida bajo sospecha de haberse sometido a un aborto cuando su gestación estaba ya avanzada, en un centro de la Ciudad Condal que no se ha especificado.
«Se sospecha que se sometió a un aborto ilegal en Barcelona», explicó De Jong, quien no quiso dar más detalles sobre el caso ni la clínica donde se llevó a cabo la interrupción del embarazo, debido a que la investigación todavía no ha concluido. La portavoz de la Fiscalía negó que la detención de la mujer esté vinculada con los arrestos de la semana pasada en clínicas abortistas barcelonesas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, encargada de la investigación, tendrá que decidir si, en el caso de que se requiera el testimonio de estas mujeres si se demuestra que han abortado de manera ilegal en Barcelona, se pedirá al país en cuestión que las autoridades judiciales o policiales de allí les tomen declaración, o bien serán agentes de la Guardia Civil quienes se desplacen a esos países para interrogarlas.
La magistrada decretó secreto de sumario. Sí ha trascendido que alrededor de una veintena de mujeres ha prestado ya declaración ante la Guardia Civil, pero todas ellas son españolas.
Por este asunto se encuentran en prisión provisional sin fianza desde el pasado viernes Carlos Morín, máximo responsable del grupo Ginemedex y TCB; su esposa, María Luisa D., y una empleada de las clínicas, Virtudes S. La magistrada les imputa los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental. Las otras tres personas detenidas por este caso, Dimas C., Pedro Juan L. y Marcial R., también trabajadores, quedaron libres bajo fianza de 4.000 euros uno y 2.000 los otros dos.
7 de diciembre de 2007
La Policía holandesa detuvo el pasado 14 de noviembre a una mujer de 24 años de esa nacionalidad a la que le practicaron un supuesto aborto ilegal en una clínica privada de Barcelona. La mujer se encuentra en prisión preventiva desde su detención, acusada por la Fiscalía de su país de asesinato e infanticidio por abortar pasada la semana 24 de la gestación, límite establecido por la legislación holandesa para practicar una interrupción del embarazo.
La noticia del arresto la difundió ayer la emisora pública holandesa Radio 1 basándose en fuentes judiciales de ese país. Marianne de Jong, portavoz de la Fiscalía de la localidad de Den Bosch, situada en el centro del país, confirmó que la joven fue detenida bajo sospecha de haberse sometido a un aborto cuando su gestación estaba ya avanzada, en un centro de la Ciudad Condal que no se ha especificado.
«Se sospecha que se sometió a un aborto ilegal en Barcelona», explicó De Jong, quien no quiso dar más detalles sobre el caso ni la clínica donde se llevó a cabo la interrupción del embarazo, debido a que la investigación todavía no ha concluido. La portavoz de la Fiscalía negó que la detención de la mujer esté vinculada con los arrestos de la semana pasada en clínicas abortistas barcelonesas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, encargada de la investigación, tendrá que decidir si, en el caso de que se requiera el testimonio de estas mujeres si se demuestra que han abortado de manera ilegal en Barcelona, se pedirá al país en cuestión que las autoridades judiciales o policiales de allí les tomen declaración, o bien serán agentes de la Guardia Civil quienes se desplacen a esos países para interrogarlas.
La magistrada decretó secreto de sumario. Sí ha trascendido que alrededor de una veintena de mujeres ha prestado ya declaración ante la Guardia Civil, pero todas ellas son españolas.
Por este asunto se encuentran en prisión provisional sin fianza desde el pasado viernes Carlos Morín, máximo responsable del grupo Ginemedex y TCB; su esposa, María Luisa D., y una empleada de las clínicas, Virtudes S. La magistrada les imputa los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental. Las otras tres personas detenidas por este caso, Dimas C., Pedro Juan L. y Marcial R., también trabajadores, quedaron libres bajo fianza de 4.000 euros uno y 2.000 los otros dos.
viernes, 7 de diciembre de 2007
Seis detenidos en el caso de las clínicas acusadas de practicar abortos ilegales
De El Mundo
27 de noviembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas el director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, en una operación dirigida por la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por una supuesta práctica de abortos ilegales en estos centros. Fuentes policiales han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Entre los detenidos se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana.
La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación".
El juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales.
Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.
La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a afirmar que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados y que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan "motivos fundamentados de imputación".
Los informes, ha precisado Salud, sólo evidenciaron algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas".
El Colegio de Médicos también desestimó abrir un expediente sancionador a estas clínicas al concluir que "no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal".
Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En este caso, la denuncia se encuentra en fase de tramitación, según ha informado esta plataforma jurídica.
27 de noviembre de 2007
La Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas el director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, en una operación dirigida por la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por una supuesta práctica de abortos ilegales en estos centros. Fuentes policiales han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Entre los detenidos se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana.
La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación".
El juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales.
Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.
La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a afirmar que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados y que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan "motivos fundamentados de imputación".
Los informes, ha precisado Salud, sólo evidenciaron algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas".
El Colegio de Médicos también desestimó abrir un expediente sancionador a estas clínicas al concluir que "no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal".
Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En este caso, la denuncia se encuentra en fase de tramitación, según ha informado esta plataforma jurídica.
La clínica Isadora también fue denunciada por aborto ilegal
De Hispanidad: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=20294
5 de diciembre de 2007
Los abortos ilegales han saltado a la opinión pública tras la detención el pasado lunes del dueño de Ginedemex, el peruano afincado en Barcelona, Carlos Morín. Es el más conocido, pero no es el único. Hay muchos ‘Dr. Morín’ en España. Examinemos Isadora.
5 de diciembre de 2007
La causa se encuentra en la mesa del juzgado nº 47 desde el pasado verano, “pendiente de resolver”
Los abortos ilegales han saltado a la opinión pública tras la detención el pasado lunes del dueño de Ginedemex, el peruano afincado en Barcelona, Carlos Morín. Es el más conocido, pero no es el único. Hay muchos ‘Dr. Morín’ en España. Examinemos Isadora.
Todo empezó tras una investigación de la Plataforma ‘La Vida Importa’ sobre restos humanos en los cubos de basura de las ‘clínicas’. Empezaron por el centro de Morín en Barcelona: encontraron restos humanos. Tras la sorpresa “repetimos la operación en otros centros de Madrid; el resultado siempre es el mismo: había restos en todos”, señala Juan Sánchez Galera, portavoz de la plataforma ‘La Vida Importa’. Tras una denuncia mediática, la plataforma pone los hechos en conocimiento de la Guardia Civil en junio de 2006. “La acompañamos con fotos, videos y toda la abundante documentación que teníamos”, señala a Hispanidad.com Galera. Sin embargo, inexplicablemente la denuncia duerme el sueño de los justos.
No obstante la emisión hace un año del reportaje de la televisión danesa sobre el fraude del aborto en España reactiva la causa. En abril de 2007 la Guardia Civil reactiva la causa y decide investigar aleatoriamente a Isadora, según señala Galera. La investigación resulta concluyente: aparecen restos humanos en los cubos de basura. Así que lleva los restos encontrados al anatómico forense para que practiquen las diligencias oportunas. ¿Resultado? Cuerpos de fetos de ocho meses en cubos de basura. La Benemérita presenta una querella contra Isadora e inmediatamente después la plataforma se persona en la causa a través del Centro Jurídico Tomas Moro (CJTM) que preside Javier Pérez-Roldán.
La causa cae en el juzgado nº 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entra en reparto y recae en el nº 47 de José Sierra Fernández. Su señoría rechaza la personación del CJTM por motivos formales que posteriormente son subsanados. Tras subsanar, cambia la titularidad del juzgado. Así que actualmente la personación de la acusación “está en la mesa del juzgado para resolver”. Así, desde el 4 de julio de 2007. Mejor suerte tuvieron los administradores de Isadora Francisco Javier Hidalgo Pérez y Salim Z. Chami Surcar a los que sí se les permitió la personación.
Los hechos descritos en el ‘intento’ de personación del CJTM son los siguientes: A instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que alertó de posibles deficiencias en la gestión y eliminación de residuos biosanitarios en la Clínica Isadora, la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, realizó, el pasado 20 de febrero de 2007, una inspección en dicha clínica, acompañando a miembros de SEPRONA.
Los inspectores de Salud Pública comprobaron que en los contenedores precintados por la Guardia Civil, había residuos biosanitarios materiales mezclados con residuos biosanitarios humanos. Los restos encontrados por la Guardia Civil eran de más de 100 fetos, que se encontraron mezclados con información confidencial sobre las madres que acudían a la clínica: nombres y apellidos, teléfonos y direcciones de algunas madres así como el día que acudieron a abortar.
Según declaró a los servicios de Salud pública la portavoz de Isadora, Sra. Pineda, cuando el centro comenzó su actividad la competencia de recogida de residuos era del Ayuntamiento de Madrid y en 1995 pasó a la Consejería de Medio Ambiente. Según la versión de Pineda, el consistorio les facilitó una lista de empresas autorizadas para la recogida de residuos. Escogieron Consenur, que -según la portavoz de Isadora- sigue siendo quien realiza la recogida de restos. ¿Por qué no se entregaron esos ‘restos’ a la compañía autorizada?
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