De Abc
7 de diciembre de 2007
La Policía holandesa detuvo el pasado 14 de noviembre a una mujer de 24 años de esa nacionalidad a la que le practicaron un supuesto aborto ilegal en una clínica privada de Barcelona. La mujer se encuentra en prisión preventiva desde su detención, acusada por la Fiscalía de su país de asesinato e infanticidio por abortar pasada la semana 24 de la gestación, límite establecido por la legislación holandesa para practicar una interrupción del embarazo.
La noticia del arresto la difundió ayer la emisora pública holandesa Radio 1 basándose en fuentes judiciales de ese país. Marianne de Jong, portavoz de la Fiscalía de la localidad de Den Bosch, situada en el centro del país, confirmó que la joven fue detenida bajo sospecha de haberse sometido a un aborto cuando su gestación estaba ya avanzada, en un centro de la Ciudad Condal que no se ha especificado.
«Se sospecha que se sometió a un aborto ilegal en Barcelona», explicó De Jong, quien no quiso dar más detalles sobre el caso ni la clínica donde se llevó a cabo la interrupción del embarazo, debido a que la investigación todavía no ha concluido. La portavoz de la Fiscalía negó que la detención de la mujer esté vinculada con los arrestos de la semana pasada en clínicas abortistas barcelonesas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, encargada de la investigación, tendrá que decidir si, en el caso de que se requiera el testimonio de estas mujeres si se demuestra que han abortado de manera ilegal en Barcelona, se pedirá al país en cuestión que las autoridades judiciales o policiales de allí les tomen declaración, o bien serán agentes de la Guardia Civil quienes se desplacen a esos países para interrogarlas.
La magistrada decretó secreto de sumario. Sí ha trascendido que alrededor de una veintena de mujeres ha prestado ya declaración ante la Guardia Civil, pero todas ellas son españolas.
Por este asunto se encuentran en prisión provisional sin fianza desde el pasado viernes Carlos Morín, máximo responsable del grupo Ginemedex y TCB; su esposa, María Luisa D., y una empleada de las clínicas, Virtudes S. La magistrada les imputa los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental. Las otras tres personas detenidas por este caso, Dimas C., Pedro Juan L. y Marcial R., también trabajadores, quedaron libres bajo fianza de 4.000 euros uno y 2.000 los otros dos.
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