Clausurada en Madrid una filial de las clínicas abortistas de Barcelona

De La Razón
11 de diciembre de 2007

Los inspectores encuentran firmas médicas falseadas y errores en la asistencia psicológica a las pacientes.
El Instituto Gimenedex permanecía ayer cerrado. El informe de los inspectores llegará hoy al juzgado de guardia.
La Comunidad de Madrid procedió ayer a la suspensión cautelar del Instituto CB Medical Gimenedex, un centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción voluntaria del embarazo que pertenece a la red de clínicas de Carlos Morín, detenido por los abortos ilegales en Barcelona. El centro está situado en el número 41 de la calle Zurbano de la capital y la causa del fulminante cierre han sido las serias irregularidades detectadas durante una inspección.
Según fuentes de la Comunidad, la labor de los inpectores dejó al descubierto hechos que podrían suponer un «grave riesgo» para la salud de los pacientes. Estos hechos salieron a la luz durante una de las revisiones que el cuerpo de inspectores del Gobierno Regional realiza periódicamente en todos los centros médicos de la Comunidad, con intervalos tasados legalmente.
Los profesionales detectaron irregularidades en la documentación que les hicieron profundizar en sus indagaciones. Y tirando del hilo, destaparon una sarta de posibles ilegalidades que aconsejaban el cese inmediatto de la actividad del centro y la puesta en conocimiento de las autoridades competentes de los indicios de delito.
Para empezar, R. T., el ginecólogo que presuntamente practicaba los abortos y firmaba los partes de los mismos (sigue trabajando en el centro) afirmó al ser interrogado –y para sorpresa de los inspectores– que él no había firmado ninguno de dichos historiales clínicos. De hecho, negó de manera rotunda que hubiera practicado un solo aborto en el último año, pese a que en el libro de quirófano del centro figuraba un nutrido número de intervenciones que supuestamente habían sido llevadas a cabo por él.
Pero aparte de la posible falsificación de la firma, que siembra una más que razonable duda sobre la legalidad o procedencia de las intervenciones, y de posible falsedad del libro de quirófano, los inspectores comprobaron que la lista de problemas no se quedaba ahí. También había dudas sobre la adecuada asistencia psiquiátrica.
Y es que el hombre que figura como contratado por la empresa como médico psiquiatra, M.A.I.D., no tiene, al parecer, el título de psiquiatría, sino sólo un máster en esta especialidad.
De confirmarse este último extremo, los informes psiquiátricos (que son preceptivos para la realización de abortos en caso de grave riesgo para la salud psíquica de la mujer) serían radicalmente defectuosos: la ley exige que quien da fe de que la estabilidad mental de la madre es suficiente para enfrentarse a una operación de ese calibre e importancia sea un titulado en la citada disciplina.
Toda esta serie de indicios de delito fueron lo suficientemente contundentes para que se decretase el cierre temporal del centro. La Comunidad, tras haber actuado de oficio en el asunto, tiene ahora que trasladarlo a las instancias competentes junto con toda la socumentación necesaria.
De este modo, durante la tarde de ayer los servicios de la Comunidad procedían a la elaboración de un informe detallado que será posteriormente presentado (probablemente hoy mismo) en el juzgado de guardia que proceda para que el asunto sea evaluado por un juez que decida si los indicios son suficientes para incoar un procedimiento de algún tipo.

Abortos ilegales, en el punto de mira de la Justicia
Las clínicas abortistas se han situado en el punto de mira. La clausura del centro en Madrid se produce apenas dos semanas después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas en Barcelona por la práctica de abortos ilegales, que en algunos casos llegaban a superar los siete meses de gestación. Entre los acusados, figuraban el director de las clínicas Ginemedex y TCB, el doctor Carlos Morín, y su esposa, María Luisa Durán, que dirigía la clínica Emecé. Para ambos, acusados de los delitos de abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental, la juez decretó prisión incondicional. Los médicos aseguran que las irregularidades se conocían, pero que el Gobierno catalán desoyó todas las denuncias. La asociación E-cristians, que interpuso la denuncia contra las clínicas de Morín, ha pedido a la Generalitat que revise todos los expedientes de los centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo para conocer la legalidad de los abortos. A su juicio, no sólo en los centros de Carlos Morín se cometían irregularidades. La clínica Ginemedex practicaba cada año 670 interrupciones de embarazos de más de seis meses.

Fuente: Despiece de La Razón