El PSOE cambiará la ley al ver que el daño psíquico es un «coladero» de aborto ilegal

Fuente: Abc
18 de diciembre de 2007

El PSOE realizará «algún» cambio en la legislación sobre el aborto si gana las elecciones de marzo, a fin de introducir más «controles» en el supuesto de daño psíquico de la gestante, o derogar la norma que data de 1985 y promulgar la ley de plazos que prometió en el programa electoral de 2004, según confirmaron a ABC fuentes socialistas.
Por aquel entonces, la pretensión era aprobar una norma que permitiera abortar libremente entre las 12 ó 14 primeras semanas de embarazo. A partir de ese plazo, sólo se practicaría en situaciones muy específicas. Sin embargo, tras la polémica con la Iglesia católica en los primeros dos años de legislatura (matrimonios homosexuales, divorcio...) el Gobierno prefirió no cumplir esa parte del programa.
Desde el PSOE señalaron a ABC que la preocupación por el aborto viene de lejos. Reconocen que los datos de incrementos de abortos desde 1996 son espectaculares y muy preocupantes. «Sobre todo en la franja de edad de los 15 a 19 años». Al respecto, estudian diversas medidas, entre las que destaca un posible plan integral que incluya unidades especializadas en los hospitales públicos para atender a esas chicas.
Asimismo, reconocen que los escándalos del doctor Carlos Morín en Barcelona y las irregularidades detectadas en clínicas de Madrid han causado «malestar» por el fraude de ley. En el centro del debate, la «reflexión general», ayer, durante la reunión semanal de la Ejecutiva Federal de que algo hay que hacer porque el daño psíquico se ha convertido en un «coladero» de aborto ilegal.
La intención de los socialistas, según contó el propio redactor del programa electoral socialista, Jesús Caldera, seguía siendo no introducir elementos de confrontación con la Iglesia católica durante la campaña electoral que se avecina. No en vano, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, tres de cada cuatro votantes del PSOE se declaran católicos. Esa mayoría votante está poco representada en el partido, a través de personalidades como José Bono o el actual embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez. Por eso, quienes ayer hablaron en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista corresponden al aparato orgánico que, mayoritariamente, defiende una ley de plazos.
Vinieron a reproducir la tesis expuestas estos días por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, de que las irregularidades son «una excepción muy minoritaria» y que «es un debate ya resuelto en España. No podemos volver a los tiempos de la Inquisición». La secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, pidió que se vaya a una ley de plazos y muchos de sus compañeros de ejecutiva la secundaron en la reunión.
Por su parte, el PP seguía ayer sin entrar a fondo en la cuestión a pesar de los truculentos descubrimientos policiales: fetos en la basura, algunos con más de siete meses de gestación, trituradoras, informes psiquiátricos falsos, y otras barbaridades. El PP se adscribía ayer a lo manifestado por su secretario general, Ángel Acebes, el viernes pasado, cuando coincidió con De la Vega en que «el caso no se soluciona con una reforma de la ley, sino con una investigación en profundidad». En este sentido, Juan Costa, encargado de realizar el programa del partido para las próximas elecciones, desestimaba la posibilidad de incluir en el mismo una mejora de la ley del aborto.
Negaban también haber mantenido una reunión con Juan Sánchez Galera, el representante de «Plataforma la vida importa», autora de gran parte de las investigaciones y denuncias que han destapado las irregularidades, pese a que éste hizo ayer público «un principio de acuerdo por el que PP estudiará la inclusión en su programa de mejoras en la ley del aborto». Sin embargo, sí reconocía el PP haber recibido «ayer por la tarde una propuesta de la Plataforma, una más de las muchas que recibimos todos los días y de todo tipo, que estudiaremos como todas las demás». En ese escrito, la Plataforma señala: «Casi todo el fraude abortivo viene como consecuencia de la ambigua redacción del art. 417 bis (1º) del Código Penal», que es el que permite el aborto bajo el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre (97% de los casos que se producen en España). «Por ello -concluye- proponemos, que para garantizar la actual legalidad, e impedir que se abuse de las mujeres, creemos conveniente que dichos certificados sean expedidos exclusivamente por facultativos de la Seguridad Social».