Abortos S.A., una industria lucrativa

Fuente: La Razón
16 de diciembre de 2007

Cerca de 100.000 mujeres interrumpen cada año su embarazo de forma legal, de las que casi la mitad son extranjeras - El precio de la intervención oscila entre 400 y hasta 6.000 euros en clínicas privadas Asociaciones provida calculan que hay entre un 50 y un 80 por ciento más de abortos que los reconocidos.

«La permisividad ha convertido España en la meca del aborto». Este mensaje, que se repite en los últimos años desde las asociaciones contrarias al «aborto libre que existe en nuestro país», ha tomado una nueva dimensión a raíz de la suspensión de cinco clínicas especializadas en Barcelona y Madrid por prácticas ilegales en la prescripción de la interrupción del embarazo en mujeres con un avanzado estado de gestación y sin que exista peligro para su salud, el principal requisito para poder acogerse al supuesto legal que no establece límite de tiempo (sí para los casos de violación -12 semanas- o maformaciones fetales -22-). Nuestro país es el único de Europa en el que, en la práctica, y según denuncian distintas asociaciones «provida» (antiabortistas), la interrupción voluntaria del embarazo «es libre y no tiene plazos máximos legales». El polémico tercer supuesto de la ley que despenalizó, en 1985, la interrupción voluntaria del embarazo, permite la interrupción cuando existe riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Tras este supuesto se justifican el 97 por ciento de las intervenciones en España. Según reconoce la propia Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), «España reúne las condiciones para atraer el llamado turismo del aborto», ya que en Europa existen unos plazos que limitan la intervención, en todos los supuestos, a entre las 10 semanas de Portugal y las 24 de Italia y Holanda, mientras que en nuestro país no existe límite temporal para el tercer supuesto. Turismo del aborto Sin embargo, algunos son legalmente más permisivos que nuestro país para el aborto hasta las 12 semanas, que es libre en Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia o Noruega. Para evitar este turismo, que fue denunciado, en el caso de Barcelona, hace tres años por un diario británico y, más recientemente, por una TV danesa mediante cámara oculta, la ACAI pide que se «modifique la ley para limitar el aborto a las 26 semanas en cualquier supues- to». Este plazo es el que los médicos calculan como límite para que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, aunque sólo con los necesarios cuidados y la ayuda de una incubadora. Aproximadamente entre un 40 y un 50 por ciento de las intervenciones se practican a inmigrantes, de las que un 60% provienen de Europa del Este, un 38 Asia, un 32 América y otro 32 África. Las cifras de 2006 aún no se han hecho oficiales. Sólo están disponibles los de algunas CC AA, como la de Madrid, que cifra en 22.700 las interrupciones, un 10% más que el año anterior y situándose a la cabeza del ránking nacional, seguida de Cataluña, Andalucía y Valencia. Existen 134 clínicas autorizadas para interrumpir el embarazo en España, de los que 89 son privadas y 45, centros públicos. Según la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), el negocio mueve en España decenas de millones de euros al año, aunque la cifra «es difícil de calcular, porque no sólo implica el coste de la intervención, sino también todo lo que le rodea, desde el instrumental hasta los viajes desde el extranjero». Calculando una media de 400-450 euros por intervención, sumarían unos 40 millones en 2005, aunque desde distintas fuentes se asegura que los abortos sin declarar por las clínicas «podrían duplicar o, incluso, triplicar» esa cifra. Según AVA, la propia responsable de la Mujer y del Niño del Ministerio de Sanidad, Sagrario Mateu, reconoció que se registra «sólo una parte» de los abortos reales que se practican en España. La plataforma La Vida Importa, integrada, entre otros organismos, por el Centro Jurídico Tomás Moro, desde donde se interpuso la primera demanda contra el encarcelado ginecólogo peruano Carlos Morín, calcula en «entre un 50 y un 80% las intervenciones que no se reportan a Sanidad, simplemente para no declararlos tampoco a Hacienda», asegura uno de sus responsables, Juan Sánchez Galera. Miembros de la plataforma han recogido de forma periódica restos humanos de la basura de algunas de estas clínicas, han hecho «recuento de brazos y piernas» de los fetos abortados y destrozados que hallaron, y luego los han comparado con las cifras «oficiales» que ofrece cada clínica investigada, y «no concuerdan». Financiación pública Por otra parte, muchos abortos que se practican en clínicas privadas están financiados por la Sanidad Pública -alrededor de un 35 por ciento de media, según AVA-, ya que algunas comunidades autónomas derivan muchos casos a éstas «por falta de infraestructura o de medios». De esta forma, a pesar de que el 97 por ciento de los abortos que se practican se realizan en clínicas privadas, el 50 por cien gozan de subvención autonómica en Andalucía, 21 por ciento en Valencia y 21% en Madrid. Además, de acuerdo con la responsable de AVA, Victoria Uroz, «hay hospitales públicos que, aunque hacen interrupciones, no los declaran, como el 12 de Octubre de Madrid». Por otra parte, la utilización de la píldora del día después, aunque es considerada por algunos médicos como abortiva, no entra en las estadísticas, ya que tan sólo elimina el cigoto de hasta tres días, en caso de que se hubiera producido fecundación.

Firma: Miguel Carbonell