Más derechos muerto que vivo

Fuente: Abc
15 de diciembre de 2007

POR DOMINGO PÉREZ.
Se supo ayer. Al menos una de las clínicas madrileñas privadas que han incumplido durante lustros la ley de residuos biosanitarios y la normativa de sanidad mortuoria ha empezado a tratar a los restos de los fetos de sus intervenciones con un mínimo de respeto y dignidad. Eso sí, bastante superior a la que recibieron mientras estuvieron vivos en el vientre de su madre.
Se ha comprobado cómo en los últimos días han empezado a salir de uno de los centros abortistas pequeños ataúdes, herméticamente cerrados, conteniendo los restos de los niños, camino, se supone que, como marca la ley, de una incineradora. Por el momento, al menos en esta clínica, se han dejado de tirar a la basura los desechos clínicos y orgánicos mezclados. Cada uno debe ir por su lado, en los recipientes indicados, ser destruidos en los lugares homologados y no tranquilamente abandonados en medio de la vía pública, con los graves riesgos para la salud que ello supone y el debate morial y ético que suscita.
Aunque resulte trágico, resulta una novedad que los fetos no acaben troceados en bolsas negras de desperdicios, junto a gasas sanguinolentas, sábanas quirúrgicas, guantes, restos de medicamentos abortivos y otras muchas pruebas de las macabras manipulaciones de estos locales.
Ha quedado reflejado en varias denuncias y en los últimos cierres de instalaciones abortistas en Barcelona y Madrid que esa era una práctica habitual. Una forma de actuar común, con toda la impunidad y descaro del mundo pese a que se violaba tanto la obligación de separar los materiales clínicos de los restos humanos procedentes de abortos, como las normas que exigen la cremación o enterramiento de los restos cadavéricos.
Además, se ha podido comprobar a través de las Fuerzas del Orden que era frecuente en muchos de estos locales una tercera infracción que consistía en que también abandonaban en la basura todo tipo de documentos confidenciales de las pacientes, cuando las normas obligan a que se destruyan. Tanta negligencia y despreocupación se justifica, sobre todo, por una cuestión económica.
Sale gratis. Su coste es mínimo, mientras que cumplir con la ley puede suponer más de 100 euros por cada recipiente homologado y su posterior traslado, manipulación y destrucción.
Poco importaba además la dignidad que se merecen unos restos humanos. Claro que ahora se va a producir la paradoja de que, bajo la presión de los controles administrativos y policiales, los cadáveres van a disfrutar de muchos más derechos que cuando eran unos vulgares seres vivos alojados en los vientres de sus madres.