Fuente: La Razón
22 de diciembre de 2007
El pasado mes de abril, el Colegio de Médicos de Barcelona lo tenía claro. La difusión de un reportaje grabado en una consulta médica «sin el consentimiento de ambas partes» no sólo afecta «al derecho a la intimidad y a la buena imagen del profesional médico, sino también a los principios de confianza y lealtad que deben presidir la relación médico-paciente».
De este modo defendía el órgano colegial al cirujano Carlos Morín, el propietario de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona, hoy en prisión preventiva por presuntas irregularidades en sus centros.
En un reportaje con cámara oculta, Morín aceptaba practicar un aborto a una periodista que simulaba estar embarazada de ocho meses. Para el Colegio, sin embargo, quedaba claro que la mujer «se encontraba en una situación de violencia doméstica y depresión». Por ello, contestaba a la asociación que de la actuación de Morín «no se puede derivar responsabilidad deontológica». De este modo, el Colegio declaraba que «no procede la apertura de un expediente sancionador» y procedía al archivo de la denuncia.
En la carta, firmada por Jaume Padrós, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio, la organización colegial aprovechaba para arremeter contra el uso de los medios de comunicación para «la defensa de unos determinados valores morales».
Se da la circunstancia de que otro de los médicos investigados, Tomás Parra, que trabajaba en las clínicas de Morín y que hoy se encuentra en libertad con cargos, ocupaba en ese momento el cargo de vocal en la sección de Ginecología del Colegio de Médicos barcelonés.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario