De la Vega advierte a los jueces que investigan las clínicas abortivas

Fuente: Abc
15 de enero de 2008

El Gobierno parece atrapado en la polémica suscitada por el aborto. La prudencia electoral le anima a alejarse de un foco tan candente que podría acabar quemándole y apuntarse a las tesis del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que no entiende que «algo que viene pasando desde hace 20 años salga ahora con esta virulencia a dos meses de las elecciones». Es decir, para Soria lo mejor sería no menear el problema, ignorar las graves irregularidades denunciadas, los fetos tirados a la basura, la trituradora, los abortos de más de siete meses de gestación, el encarcelamiento de Morín, los tests psicológicos falseados...
La doble personalidad del Gobierno se puso de manifiesto cuando casi al tiempo en que el ministro Soria regateaba la polémica, la vicepresidenta, María Teresa de la Vega, se lanzaba a ella de cabeza. De la Vega envió un mensaje que invita a pensar que muestra especial «interés» hacia el trabajo de los jueces, teóricamente un poder independiente, que investigan supuestos delitos contra la vigente ley del aborto. Para otros asuntos (ANV, por ejemplo) recurre al intachable «hay que dejar actuar a la Justicia». Sin embargo, su razonamiento experimentó ayer una curiosa pirueta dialéctica cuando se manifestó sobre el controvertido caso de las clínicas abortistas cerradas y/o investigadas.

(...)

Ha bastado que un Juzgado de Madrid llame a declarar como testigos a 28 mujeres que abortaron en la clínica Isadora —acusada de haber arrojado a la basura restos clínicos y humanos, incluidos varios fetos de más de siete meses de gestación que podrían tener aire en sus pulmones— para descubrir a una De la Vega que antepone la «intimidad de las mujeres» al trabajo judicial.
En la cadena SER, no tuvo problema en reconocer que pensaba influir en la actuación judicial: «Como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley», dijo.
Incluso reconoció que había ordenado convenientemente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ya «ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto».
En su militancia feminista, incluso puso en duda la profesionalidad de los jueces: «Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y a los que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor por lo que la ley les protege».

(...)

La propia acusación particular contra la clínica Isadora, el Centro Jurídico Tomás Moro, explicó la realidad judicial del asunto y mostró más ecuanimidad que la segunda responsable del Gobierno al recordar que «las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales no han cometido ningún delito, ya que si los análisis psicológicos que permitieron los abortos son incorrectos, la culpa sería de la clínica».
Para tranquilidad de la vicepresidenta, indicaron que «se está protegiendo la identidad de las testigos, como pasa en muchos juicios, que pueden, además, acogerse a los sistemas de protección de la identidad. No tendría sentido que las clínicas fueran inmunes a todo tipo de investigación y en este caso existe sospecha de delito».