Fuente: La Razón
15 de enero de 2008
Mientras que la Justicia trata de esclarecer que ocurre en las clínicas abortistas de puertas para adentro, la polémica desatada tras la detención del doctor Morín se ha metido hasta el fondo en el charco político. Y es que, el debate que parecía hibernar sobre la hipotética reforma de la Ley del Aborto desde hace mucho tiempo se ha colado casi sin pretenderlo en plena precampaña electoral. De hecho, algunos dirigentes socialistas ya han dejado caer que en el futuro podría retocarse la normativa y que los supuestos podrían ser reemplazados por los plazos. No obstante, cualquier movimiento en uno u otro sentido, tendrá que esperar a que las urnas clarifiquen el panorama, o lo que es lo mismo, que la patata se haya enfriado lo suficiente.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido una de las dirigentes socialistas que ha aprovechado la presencia de micrófonos para hablar sobre la cuestión.
Según ella, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas que protejan la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto y que, a su vez, «las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos sin intimidaciones, amenazas y coacciones», informa Ep. Sobre el futuro, adelantó su intención de «abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos».
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