Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de enero de 2008
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no va a permitir que "ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales" en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
"Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege", dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser.
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que "se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto.
Además, aseguró que el Ejecutivo hará "que la ley se cumpla" para que "las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones".
Abrir un debate
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará "atento y vigilante". De la Vega (...) señaló que sí que pretende "abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva".
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