Fuente: La Vida Importa
Impresiones sobre la huelga (o supuesta huelga) de los establecimientos abortistas
Durante estos días hemos escuchado bastantes declaraciones de diversos responsables de los establecimientos abortistas. Como más abajo se lee, aseguran que no se los puede someter a inspección judicial ni administrativa. Todo lo contrario de lo que sucede con los ciudadanos, asociaciones y empresas españolas.
Los responsables de dichos establecimientos parecen desconocer uno de nuestros principios democráticos: que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. La Constitución consagra, precisamente de este modo, la igualdad de todos ante la Ley. Por tanto, todos debemos rendir cuentas y explicar lo que hemos hecho, cuando existen indicios o pruebas de delito o falta. Hacienda puede revisar nuestra Declaración de la Renta, la Guardia Civil puede requerirnos para que detengamos el coche y mostremos nuestra documentación, los semáforos en rojo nos impiden continuar la marcha.
Sin embargo, los establecimientos de abortos quieren dar a entender que aspiran a un privilegio que les permita operar al margen del Estado de Derecho.
No, no es una caza de brujas. Estamos ante un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas basadas en el orden constitucional, el imperio de la Ley y la vigencia del Estado de Derecho. Sí, señoras y señores, el Estado de Derecho debe estar vigente incluso en las cuentas bancarias de los establecimientos de abortos. Incluso en las salas alicatadas donde se realizan los abortos.
Por otro lado, los establecimientos de abortos debieran conocer mejor la legislación española, y no llamar “derecho” a lo que en realidad es un “delito despenalizado”. Y también deberían informar a las mujeres de los graves problemas, sobre todo psicológicos, que acarrea un aborto provocado.
En otras palabras, invitamos a los establecimientos de abortos a integrarse plenamente en el Estado de Derecho y la Constitución.
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