El negocio del aborto

Fuente: Abc
Editorial del 9 de enero de 2008

Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.