«Me abroncaron por convencer a una embarazada de ocho meses de no abortar»

Fuente: La Razón
29 de diciembre de 2007

Jaume Cañellas denuncia los actos «inhumanos» que vio en el centro abortista donde trabajaba

Durante siete meses, Jaume Cañellas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practican abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que sustentaran la necesidad de practicar la interrupción del embarazo. Siempre había tenido una ideología «de izquierdas», y llegó con la esperanza de «poder ayudar a las mujeres», pero pronto se dio cuenta de que se había metido en una «mafia» donde «sólo importa el dinero» y donde, por él se hace cualquier cosa. Cuando salió de allí, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que sólo se topó con puertas cerradas.
–¿Por qué se decidió a trabajar en una clínica abortista?
–Fui contratado pensando en que, con mi trabajo, ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudio de trastornos psíquicos perinatales, y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película.
–¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica?
–Siete meses, entre 2004 y 2005. Desde el principio empecé a ver cosas raras y, a los tres meses, ya había decidido que me iba. Pero los dueños me presionaron y, prácticamente, me suplicaron que me quedara, que no encontraban psiquiatras. Como, entre todos los casos, veía mujeres que en realidad sí lo estaban pasando mal, decidí quedarme. Pero, poco después, empezaron a meterme prisa para que evaluara a más y más mujeres. Me di cuenta de que eran fríos, inhumanos, era como un matadero.
Denuncia
–¿Por qué decidió denunciar las prácticas de este centro?
– No es sólo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas. Pero soy humano, y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude ley generalizado, no hay límites. Si el 97 por ciento de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y, de ellos, el 95 por ciento se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres estan mal de la cabeza y la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos.
–Entonces, ¿no cree que lo ocurrido en las clínicas de Carlos Morín sea una excepción?
No, yo no he trabajado con Morín y he visto de todo. El caso no es aislado. Además, no creo que en ninguna clínica privada se hagan las cosas bien. Ganan tanto –y el dinero corrompe– que es difícil encontrar gente honesta. Y, a los que lo son, los presionan. Yo soy el único que lo ha denunciado y no soy un héroe, sólo un profesional honesto y, por lo visto, no hay muchos.
–¿Cuánto dinero cobraban a las mujeres por los abortos?
–El precio iba subiendo en función del mes de embarazo. Si interrumpir una gestación de seis meses costaba 3.000 euros, un aborto a los ocho meses y medio costaba 6.000.
–¿Se practicaban muchos abortos en fases tan avanzadas?
–Sí, yo he visto muchos después de los ocho meses, lo que es un auténtico infanticidio encubierto. No lo digo sólo yo: tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los médicos aseguran que, en el último trimestre del embarazo, los fetos son totalmente viables y pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. En España, alrededor de un 2 por ciento de las interrupciones del embarazo se hacen en estos tres últimos meses. Si este año ha habido 100.000, significaría que se han cometido 2.000 asesinatos.
–¿En qué consistía exactamente su trabajo?
–Soy psiquiatra de adultos e infantojuvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente –la hacía porque quería, a la clínica le bastaba con el certificado– y también la ayudaba a rellenar un test. Después, me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo: que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, con lo que me gané fama de conflictivo.
–¿Cuánto cobraba?
–Unos 17 euros por cada valoración. Hacía entre tres y cinco al día. En otras clínicas los psiquiatras cobran mucho más, porque incluso algunos son socios de los centros.
–¿En algún caso concluyó que no procedía el aborto?
–Sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana, embarazada de ocho meses y, psicológicamente, muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara, le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que, lo que estaba haciendo su marido, era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. «Apriétale un poco –me espetaron–, seguro que está deprimida o algo».
Firmas en blanco
–¿Llegó a firmar certificados en blanco?
–No, yo no soy ningún estafador. Pero, meses después de haber dejado la clínica, aparecieron certificados en blanco con mi firma. Ni idea de cómo ocurrió. En ese momento dije «se acabó» y decidí contarlo todo claramente al que me quisiera preguntar. Desgraciadamente, la izquierda no se ha interesado por este tema, sólo ha sido la derecha y grupos cristianos. Pero no hace falta ser «ultraconservador», como dicen algunos, para ser humano.
–¿Denunció estos hechos?
–Yo quería contar lo que había visto. Pero yo soy una persona que me gano la vida, no tengo dinero para litigar contra la mafia del aborto. Por eso acudí a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. Los inspectores que me enviaron me hicieron un interrogatorio como si el delincuente fuera yo. Después pasé meses sin recibir respuesta. Acudí al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán]. El único que me contestó fue el primero, Enrique Múgica, pero me dijo que el Síndic le reclamaba las competencias. Harto de que no me contestaran, me puse a llamar a la Consellería y me respondieron que no había nada ilegal. Sólo advirtieron a la clínica que tuviera «más cuidado con las historias clínicas».
–¿Cómo se podría poner freno a las irregularidades en el aborto?
–Las clínicas privadas sólo piensan en ganar dinero y no dan asistencia psicológica ni apoyo a las mujeres. En lugar de matar a sus hijos, cobrándoles mucho dinero por ello, por cierto, y luego mandarlas a casa, habría que ayudar a las mujeres. Hay casos, en las primeras semanas, en que el aborto está, a mi juicio, justificado. Pero he comprobado que los principales motivos por los que se aborta son las presiones del compañero sentimental o familiares y la violencia de género. Hay que ofrecer alternativas. Por otra parte, los médicos de la sanidad pública se escudan en la objeción de conciencia, pero habría que crear equipos especializados y con un sueldo fijo para que se ocuparan de los casos en los que el aborto es legal.

[Entrevista de Rosa Serrano]