El jueves 4 de septiembre el Gobierno español comunica que va a elaborar una nueva ley del aborto y que va a contar la colaboración de un denominado "comité de expertos". En dicho comité hay un buen número de afiliados del Partido Socialista (incluyendo cargos políticos) y personas que, aparte de sus títulos académicos, demuestran completa sintonía pro-abortista con el Gobierno.
Por lo tanto, ya se puede aventurar que las conclusiones del "comité de expertos" coincidirán al 100% con las pretensiones del Gobierno. La nueva ley tendrá como principal objetivo promover todas las facilidades para el negocio del aborto, a fin de permitir que este negocio cuente con mayores márgenes de beneficio, sin necesidad de burlar la legislación. De esta forma, muchos de los juicios actualmente en marcha contra empresas de abortos podrán quedar sobreseídos.
La nueva ley no contemplará ayudas a las mujeres embarazadas. Ni establecerá un marco adecuado para el consentimiento informado en los abortos.
Huelga recordar que algunos destacados socialistas y comunistas (que han llegado a ocupar escaño en el Congreso) son o han sido propietarios de empresas de abortos.
viernes, 5 de septiembre de 2008
viernes, 15 de febrero de 2008
Manifestación en Sol (Madrid), sábado 16 de febrero
Fuente: La Vida Importa
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, han acogido de manera favorable las peticiones de los empresarios del aborto, que están inculpados y solicitan privilegios. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades: aborto, infanticidio, daño al medio ambiente, evasión de impuestos, falsedad documental, etc.
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, han acogido de manera favorable las peticiones de los empresarios del aborto, que están inculpados y solicitan privilegios. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades: aborto, infanticidio, daño al medio ambiente, evasión de impuestos, falsedad documental, etc.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Las feministas preparan actos en favor del aborto para la jornada de reflexión
Fuente: Abc
12 de febrero de 2008
DOMINGO PÉREZ
Casi un centenar de asociaciones feministas, apoyadas por el PSOE, IU, UGT y CC.OO., han organizado para el próximo 8 de marzo, jornada de reflexión electoral, y bajo la tapadera del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», manifestaciones en todas las ciudades españolas en defensa del aborto libre y gratuito y defendiendo el lema «Por el derecho de las mujeres a decidir». El pasado 8 de febrero, las feministas, al grito de «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!», presentaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Ese día ya hicieron público su plan de que para el 8 de marzo preparaban grandes movilizaciones en toda España.
Varias asociaciones feministas ya han consultado oficialmente por escrito a la Junta Electoral Central con el fin de que la respuesta fuera vinculante para toda España. Según explicó una de estas asociaciones, la Junta les transmitió que «la manifestación del 8 de marzo no es un acto que directa ni indirectamente suponga campaña electoral y por lo tanto no está sujeto al régimen de la ley Electoral y puede celebrarse durante la jornada de reflexión». Así, basta con que la comunicación de su celebración se realice en las distintas delegaciones de Gobierno, como es habitual. «En el escrito de la Junta se nos recuerda -añade la feminista-que en esa manifestación no puede difundirse propaganda electoral ni directa ni indirectamente».
(...)
Madrid y Sevilla, por la vida
Por lo que respecta a Madrid, la «Plataforma la Vida Importa» anunció ayer que ha decidido presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno, contra la posibilidad de que se permita «la manifestación pro-abortista convocada para el 8 de marzo». Para la Vida Importa, permitirla «supondría un enorme desprecio para nuestra democracia por la falta de respeto a la jornada de reflexión». En este sentido, recuerda que el próximo 16 de febrero, a las 18 horas en la Puerta del Sol, se celebrará una gran movilización a favor de la vida y contra el aborto y que si se ha organizado en esa fecha «se debe al respeto por la legalidad vigente, que impide este tipo de actos con quince días de anterioridad a unas elecciones generales».
Conviene recordar que la manifestación de Madrid contra el aborto tendrá una gemela en Sevilla, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de los Reyes, aunque en su caso se verá precedida por un toque generalizado por los difuntos de numerosas parroquias que apoyan el acto.
«La Vida Importa» califica de «interrupción voluntaria de la legalidad la más que probable celebración por toda España de una multitud de manifestaciones abortistas que tendrá por su contenido un carácter claramente electoral con el consentimiento tanto de IU como del PSOE».
12 de febrero de 2008
DOMINGO PÉREZ
Casi un centenar de asociaciones feministas, apoyadas por el PSOE, IU, UGT y CC.OO., han organizado para el próximo 8 de marzo, jornada de reflexión electoral, y bajo la tapadera del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», manifestaciones en todas las ciudades españolas en defensa del aborto libre y gratuito y defendiendo el lema «Por el derecho de las mujeres a decidir». El pasado 8 de febrero, las feministas, al grito de «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!», presentaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Ese día ya hicieron público su plan de que para el 8 de marzo preparaban grandes movilizaciones en toda España.
Varias asociaciones feministas ya han consultado oficialmente por escrito a la Junta Electoral Central con el fin de que la respuesta fuera vinculante para toda España. Según explicó una de estas asociaciones, la Junta les transmitió que «la manifestación del 8 de marzo no es un acto que directa ni indirectamente suponga campaña electoral y por lo tanto no está sujeto al régimen de la ley Electoral y puede celebrarse durante la jornada de reflexión». Así, basta con que la comunicación de su celebración se realice en las distintas delegaciones de Gobierno, como es habitual. «En el escrito de la Junta se nos recuerda -añade la feminista-que en esa manifestación no puede difundirse propaganda electoral ni directa ni indirectamente».
(...)
Madrid y Sevilla, por la vida
Por lo que respecta a Madrid, la «Plataforma la Vida Importa» anunció ayer que ha decidido presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno, contra la posibilidad de que se permita «la manifestación pro-abortista convocada para el 8 de marzo». Para la Vida Importa, permitirla «supondría un enorme desprecio para nuestra democracia por la falta de respeto a la jornada de reflexión». En este sentido, recuerda que el próximo 16 de febrero, a las 18 horas en la Puerta del Sol, se celebrará una gran movilización a favor de la vida y contra el aborto y que si se ha organizado en esa fecha «se debe al respeto por la legalidad vigente, que impide este tipo de actos con quince días de anterioridad a unas elecciones generales».
Conviene recordar que la manifestación de Madrid contra el aborto tendrá una gemela en Sevilla, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de la Virgen de los Reyes, aunque en su caso se verá precedida por un toque generalizado por los difuntos de numerosas parroquias que apoyan el acto.
«La Vida Importa» califica de «interrupción voluntaria de la legalidad la más que probable celebración por toda España de una multitud de manifestaciones abortistas que tendrá por su contenido un carácter claramente electoral con el consentimiento tanto de IU como del PSOE».
La trampa de la impunidad en el aborto, por Ángel Isidro Guimerá Gil
Fuente: El día de Tenerife
10 de febrero de 2008
El aborto es un delito. Por mucho que no le guste a cierta progresía de salón, y también a mucho ignorante que no suele enterarse bien de nada. El delito de aborto forma así parte del catálogo punitivo de este país, es decir, del Código Penal español.
Se ha reabierto recientemente en España la polémica del aborto. Se utilizan como argumentos jurídicos auténticas majaderías que da vergüenza leer. Se alude, como si el embarazo fuese una enfermedad, al "derecho a la salud reproductiva", y se afirma que "el aborto es un derecho de la mujer", llamado eufemísticamente "derecho a interrumpir el embarazo". Qué barbaridad. En nuestro ordenamiento jurídico, y en el marco constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito. Lo que ocurre es que tal conducta no se castiga, no resulta punible, cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley, y a las que luego me referiré.
Quiero significar con lo anterior que el aborto es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. En consecuencia, una ley de plazos (abortar cuando así lo decida la madre en un determinado tiempo), como reclaman determinados sectores de la izquierda y de la industria abortista, sería abiertamente anticonstitucional y, por ende, contraria al artículo 15 de la Constitución -que ampara el derecho a la vida-, y ello al no cumplirse el presupuesto constitucional de conflicto de intereses que hace legítimo la interrupción del embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y, si esto sucede, se comete un delito contra la vida. El derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta.
En toda esta cuestión hay que recordar la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 53/85, de 11 de abril donde se determina que "la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado como he dicho antes en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".
Formaba yo parte del Senado de España cuando se aprobaron los tres supuestos o indicaciones despenalizadoras del delito de aborto. Dije, hace ya más de veinte años, y aparece recogido en los diarios de sesiones tanto de la Comisión de Justicia como en las sesiones plenarias, que el tercer supuesto de despenalización del aborto relativo a los riesgos para la "salud psíquica" de la madre sería la puerta falsa por la que se colarían miles de abortos presuntamente delictivos. Así ha sido. No hacía falta ser profeta o advino para ello, y hubiese bastado con la referencia a la "salud física" de la madre solamente para evitar el generalizado incumplimiento de la ley.
En efecto, las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la Ley de 1985 nació para no ser cumplida. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en el año 2006, para el 97% de los abortos, o sea, 98.500 niños no nacidos, se alegó grave peligro para "la salud física o psíquica de la madre". Y eso que todo el mundo sabe que, en estos momentos, esos riesgos de peligro son prácticamente inexistentes o muy pocos. Si de verdad se quisiera acabar con esta situación de falsa impunidad, y en la que sistemáticamente se vulnera la ley en determinadas clínicas abortistas, debería recurrirse a informes forenses de la sanidad pública, e incluso a la autorización judicial en todos los casos. La vicepresidenta del Gobierno de España, en lugar de preocuparse por la persecución de los delitos de aborto, prefiere entorpecer la instrucción judicial de los mismos para "proteger" la intimidad de las mujeres que abortan ilegalmente. Qué cosas hay que ver.
Y siempre que hablo de este delito surge al final la estremecedora pregunta de ¿quién protege y ampara, y defiende, al ser más indefenso de todos que es precisamente el no nacido?
10 de febrero de 2008
El aborto es un delito. Por mucho que no le guste a cierta progresía de salón, y también a mucho ignorante que no suele enterarse bien de nada. El delito de aborto forma así parte del catálogo punitivo de este país, es decir, del Código Penal español.
Se ha reabierto recientemente en España la polémica del aborto. Se utilizan como argumentos jurídicos auténticas majaderías que da vergüenza leer. Se alude, como si el embarazo fuese una enfermedad, al "derecho a la salud reproductiva", y se afirma que "el aborto es un derecho de la mujer", llamado eufemísticamente "derecho a interrumpir el embarazo". Qué barbaridad. En nuestro ordenamiento jurídico, y en el marco constitucional, el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito. Lo que ocurre es que tal conducta no se castiga, no resulta punible, cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley, y a las que luego me referiré.
Quiero significar con lo anterior que el aborto es delito porque, jurídicamente hablando, la vida del feto es vida humana y, por tanto, protegible como tal. En consecuencia, una ley de plazos (abortar cuando así lo decida la madre en un determinado tiempo), como reclaman determinados sectores de la izquierda y de la industria abortista, sería abiertamente anticonstitucional y, por ende, contraria al artículo 15 de la Constitución -que ampara el derecho a la vida-, y ello al no cumplirse el presupuesto constitucional de conflicto de intereses que hace legítimo la interrupción del embarazo. La vida del feto no puede quedar al libre albedrío de la madre y, si esto sucede, se comete un delito contra la vida. El derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta.
En toda esta cuestión hay que recordar la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 53/85, de 11 de abril donde se determina que "la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado como he dicho antes en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional".
Formaba yo parte del Senado de España cuando se aprobaron los tres supuestos o indicaciones despenalizadoras del delito de aborto. Dije, hace ya más de veinte años, y aparece recogido en los diarios de sesiones tanto de la Comisión de Justicia como en las sesiones plenarias, que el tercer supuesto de despenalización del aborto relativo a los riesgos para la "salud psíquica" de la madre sería la puerta falsa por la que se colarían miles de abortos presuntamente delictivos. Así ha sido. No hacía falta ser profeta o advino para ello, y hubiese bastado con la referencia a la "salud física" de la madre solamente para evitar el generalizado incumplimiento de la ley.
En efecto, las cifras actuales del aborto en España, que superan los cien mil casos, son la prueba irrefutable de que la Ley de 1985 nació para no ser cumplida. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad, en el año 2006, para el 97% de los abortos, o sea, 98.500 niños no nacidos, se alegó grave peligro para "la salud física o psíquica de la madre". Y eso que todo el mundo sabe que, en estos momentos, esos riesgos de peligro son prácticamente inexistentes o muy pocos. Si de verdad se quisiera acabar con esta situación de falsa impunidad, y en la que sistemáticamente se vulnera la ley en determinadas clínicas abortistas, debería recurrirse a informes forenses de la sanidad pública, e incluso a la autorización judicial en todos los casos. La vicepresidenta del Gobierno de España, en lugar de preocuparse por la persecución de los delitos de aborto, prefiere entorpecer la instrucción judicial de los mismos para "proteger" la intimidad de las mujeres que abortan ilegalmente. Qué cosas hay que ver.
Y siempre que hablo de este delito surge al final la estremecedora pregunta de ¿quién protege y ampara, y defiende, al ser más indefenso de todos que es precisamente el no nacido?
Las abortistas se unen al Gobierno contra los obispos
Fuente: Abc
8 de febrero de 2008
«¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!». «¡El aborto es un derecho!», «¡Aborto libre y gratuito!»... Viejos gritos en desuso, recuperados ayer por las representantes de al menos 72 asociaciones feministas, que entregaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Además, presentaron otras 1.422 firmas de hombres y mujeres que aseguraban haber acompañado alguna vez a alguien a abortar.
Entre el medio centenar escaso de feministas que se acercaron físicamente hasta la sede judicial para a vocear en contra de la Conferencia Episcopal, se encontraban, entre otras, la portavoz de la clínica abortista Isadora y candidata por IU, Marisa Castro, sus compañeras de partido Inés Sabanés y Montserrat Muñoz y la socialista Ángeles Álvarez, quien aseguró que tras las elecciones «la izquierda va a garantizar que no se dé un paso atrás en los abortos en España».
El acto escenificado ayer correspondía a uno de los actos de la campaña proabortista «Por el derecho de las mujeres a decidir», organizada a raíz de que Guardia Civil, a instancias del juzgado 47 de Madrid, llamara a declarar en condición de testigos a una treintena de mujeres que habría abortado ilegalmente en Isadora. El juez y la Guardia Civil garantizaron que se preservaría tanto la identidad de las mujeres como la confidencialidad de sus acciones, así como que en ningún caso serían acusadas de aborto ilegal, puesto que toda la responsabilidad recaería sobre la clínica.
A pesar de todas las garantías procesales, las feministas y la ultraizquierda, alentados por el Gobierno -los ministros de Justicia y Sanidad recibieron a las clínicas y la vicepresidenta De la Vega intentó influir en los jueces- se han aferrado a esta actuación judicial para calentar la campaña, con el intento de forzar un cambio de la ley del aborto.
Esta intención no ha escapado a los grupos pro-vida. Así, la «Plataforma la Vida Importa», la que destapó los escándalos de las clínicas, rebuscó en los cubos de basura de estos centros, descubrió una macabra realidad que investigan los tribunales y que ha convulsionado las conciencias de los españoles, ha decido movilizar a la sociedad bajo el lema «Por las madres, por la vida y contra los privilegios de los abortistas».
8 de febrero de 2008
«¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal!». «¡El aborto es un derecho!», «¡Aborto libre y gratuito!»... Viejos gritos en desuso, recuperados ayer por las representantes de al menos 72 asociaciones feministas, que entregaron en los Juzgados de la Plaza de Castilla 2.478 inculpaciones de haber abortado ilegalmente. Además, presentaron otras 1.422 firmas de hombres y mujeres que aseguraban haber acompañado alguna vez a alguien a abortar.
Entre el medio centenar escaso de feministas que se acercaron físicamente hasta la sede judicial para a vocear en contra de la Conferencia Episcopal, se encontraban, entre otras, la portavoz de la clínica abortista Isadora y candidata por IU, Marisa Castro, sus compañeras de partido Inés Sabanés y Montserrat Muñoz y la socialista Ángeles Álvarez, quien aseguró que tras las elecciones «la izquierda va a garantizar que no se dé un paso atrás en los abortos en España».
El acto escenificado ayer correspondía a uno de los actos de la campaña proabortista «Por el derecho de las mujeres a decidir», organizada a raíz de que Guardia Civil, a instancias del juzgado 47 de Madrid, llamara a declarar en condición de testigos a una treintena de mujeres que habría abortado ilegalmente en Isadora. El juez y la Guardia Civil garantizaron que se preservaría tanto la identidad de las mujeres como la confidencialidad de sus acciones, así como que en ningún caso serían acusadas de aborto ilegal, puesto que toda la responsabilidad recaería sobre la clínica.
A pesar de todas las garantías procesales, las feministas y la ultraizquierda, alentados por el Gobierno -los ministros de Justicia y Sanidad recibieron a las clínicas y la vicepresidenta De la Vega intentó influir en los jueces- se han aferrado a esta actuación judicial para calentar la campaña, con el intento de forzar un cambio de la ley del aborto.
Esta intención no ha escapado a los grupos pro-vida. Así, la «Plataforma la Vida Importa», la que destapó los escándalos de las clínicas, rebuscó en los cubos de basura de estos centros, descubrió una macabra realidad que investigan los tribunales y que ha convulsionado las conciencias de los españoles, ha decido movilizar a la sociedad bajo el lema «Por las madres, por la vida y contra los privilegios de los abortistas».
jueves, 7 de febrero de 2008
Morín, también imputado por sus clínicas abortistas en Madrid
Fuente: La Razón
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
7 de febrero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha imputado al doctor Carlos Morín, al ginecólogo Ramón Tanda y a un psiquiatra en la causa donde investiga la presunta comisión de delitos de aborto en la clinica CB Medical Ginedemex de Madrid, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales. Todos ellos están citados a declarar el próximo día 14.
(...)
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
El doctor Carlos Morín, quien se encuentra en libertad provisional, ya declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, donde manifestó que sus clínicas de la Ciudad Condal, cerradas cautelarmente por resolución judicial, practicaron en los últimos cuatro años entre 7.200 y 8.400 abortos. Los médicos que llevaban a cabo esas interrupciones de embarazos percibían 60 euros por cada una de ellas, sin que existiese relación laboral. Por cada una de esas interrupciones de embarazo «se cobraban» cantidades de 275 a 390 euros.
La causa que instruye la juez Gemma Gallego no es el único procedimiento abierto en los juzgados de Madrid donde se investiga la posible comisión de delitos de aborto. El magistrado José Sierra hace lo propio respecto a la clínica Isadora, donde ha decretado el secreto de las actuaciones.
El juez Sierra rechazó recientemente la petición de la Fiscalía de «dejar sin efecto» las citaciones de 27 mujeres para que declarasen, en calidad de testigos, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El magistrado sostenía en su resolución que no se vulneraban los derechos de las mujeres, toda vez que las declaraciones eran voluntarias.
martes, 5 de febrero de 2008
Manifestación por la vida, 16 de febrero en Madrid
Fuente: La Vida Importa
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los responsables del Ejecutivo nacional han expresado su intención de modificar la legislación, para despenalizar los presuntos delitos de que varios centros de abortos están acusados.
Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, no han acogido de manera expresa un compromiso en la defensa de la legalidad vigente, y plena colaboración con los jueces. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades.
Asimismo, la Plataforma La Vida Importa aclara que no ha presentado ninguna demanda contra ninguna mujer que haya abortado. Las demandas acusan a las empresas de abortos y sus dueños.
La Plataforma La Vida Importa convoca a todas las personas comprometidas en la defensa de la vida, para que se manifiesten el sábado 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid, a las 6 de la tarde.
Los miembros de la Plataforma observan con preocupación la deriva del actual Gobierno. Los responsables del Ejecutivo nacional han expresado su intención de modificar la legislación, para despenalizar los presuntos delitos de que varios centros de abortos están acusados.
Los Ministros de Justicia y Sanidad, así como la Vicepresidenta, no han acogido de manera expresa un compromiso en la defensa de la legalidad vigente, y plena colaboración con los jueces. Incluso parecen dar a entender que pretenden aplicar una "interrupción voluntaria de la justicia".
De este modo, la Plataforma La Vida Importa solicita de los Poderes Públicos el cumplimiento de su deber constitucional de defender la vida. Al mismo tiempo, la Plataforma La Vida Importa no admite que un Gobierno democrático amolde la ley a las demandas de los empresarios del aborto, sobre todo cuando algunos establecimientos de abortos se encuentran acusados de presuntas graves irregularidades.
Asimismo, la Plataforma La Vida Importa aclara que no ha presentado ninguna demanda contra ninguna mujer que haya abortado. Las demandas acusan a las empresas de abortos y sus dueños.
Una mayoría de españoles rechaza la ampliación de los supuestos del aborto
Fuente: Abc
4 de febrero de 2008
El debate sobre el aborto parte en dos a los españoles. Así se refleja en la encuesta sobre valores sociales que el Instituto DYM ha realizado para este periódico. Pese a esa clara división, el mínimo común denominador es que existe una mayoría de ciudadanos que rechazan la ampliación de las condiciones establecidas en la legislación para permitir el aborto voluntario.
En concreto, según el sondeo -elaborado en pleno debate sobre la cuestión-, el 49 por ciento de los encuestados cree que se deben mantener o reducir los supuestos, frente a un 42 por ciento que apuesta por ampliarlos. Dentro de los primeros, el 35 por ciento es partidario de seguir con la ley actual, sin cambios, mientras el 14 por ciento se declara abiertamente a favor de reducir las condiciones. El 9 por ciento restante no sabe o no contesta.
Una de las conclusiones más significativas del sondeo es que el debate que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere abrir en la próxima legislatura -según el compromiso que el PSOE lleva en su programa para el 9-M- no convence ni siquiera al electorado socialista. Sólo uno de cada dos votantes del partido mayoritario está de acuerdo con la ampliación del aborto. El 35 por ciento no quiere cambios en la legislación actual y el 8 por ciento se decanta por una reducción de las condiciones. El 7 por ciento restante no sabe o no contesta.
En cuanto al electorado del PP, las opiniones son más unánimes. El 70 por ciento de los votantes del principal partido de la oposición rechaza la ampliación, frente al 20 por ciento que la apoya y el 10 por ciento, que no sabe o no contesta.
Dentro de los primeros, el 37 por ciento cree que se debe mantener la ley en sus términos actuales, mientras el 33 por ciento se declara partidario de una reducción de las condiciones vigentes.
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4 de febrero de 2008
El debate sobre el aborto parte en dos a los españoles. Así se refleja en la encuesta sobre valores sociales que el Instituto DYM ha realizado para este periódico. Pese a esa clara división, el mínimo común denominador es que existe una mayoría de ciudadanos que rechazan la ampliación de las condiciones establecidas en la legislación para permitir el aborto voluntario.
En concreto, según el sondeo -elaborado en pleno debate sobre la cuestión-, el 49 por ciento de los encuestados cree que se deben mantener o reducir los supuestos, frente a un 42 por ciento que apuesta por ampliarlos. Dentro de los primeros, el 35 por ciento es partidario de seguir con la ley actual, sin cambios, mientras el 14 por ciento se declara abiertamente a favor de reducir las condiciones. El 9 por ciento restante no sabe o no contesta.
Una de las conclusiones más significativas del sondeo es que el debate que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere abrir en la próxima legislatura -según el compromiso que el PSOE lleva en su programa para el 9-M- no convence ni siquiera al electorado socialista. Sólo uno de cada dos votantes del partido mayoritario está de acuerdo con la ampliación del aborto. El 35 por ciento no quiere cambios en la legislación actual y el 8 por ciento se decanta por una reducción de las condiciones. El 7 por ciento restante no sabe o no contesta.
En cuanto al electorado del PP, las opiniones son más unánimes. El 70 por ciento de los votantes del principal partido de la oposición rechaza la ampliación, frente al 20 por ciento que la apoya y el 10 por ciento, que no sabe o no contesta.
Dentro de los primeros, el 37 por ciento cree que se debe mantener la ley en sus términos actuales, mientras el 33 por ciento se declara partidario de una reducción de las condiciones vigentes.
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El Gobierno apoya a los que incumplen La Ley
Fuente: HazteOír.org
4 de febrero de 2008
Tras conocer el anuncio de que se elaborará un nuevo decreto para proteger y controlar las inspecciones que se realizan a los centros abortistas, la Plataforma Hay Alternativas, afirma que "nos encontramos ante un gobierno que protege a los que incumplen la ley, y además legisla específicamente para ellos".
HAY ALTERNATIVAS, 4 de febrero de 2008.- Según afirma la portavoz de la plataforma científica, la doctora Gádor Joya, "como estamos comprobando, la reunión de los ministros Soria y Bermejo con los centros abortistas está dando sus frutos. Estamos viendo lo fácilmente que el gobierno complace a aquellos sobre los que han recaído denuncias por trabajar al margen de la legalidad, y cómo desprecia a otros colectivos y asociaciones que, en numerosas ocasiones, han pedido reunirse con ellos para ofrecer soluciones que disminuyan las cifras de aborto y ayuden a las mujeres con problemas a traer a sus hijos al mundo".
A la propuesta de que los fetos muertos como consecuencia de abortos sólo sean considerados restos humanos a partir de la semana 28 de gestación, la doctora Joya afirma que "esta es una manera de despojar al feto de su dignidad como ser humano para poder disponer más fácilmente de su vida, y seguir así favoreciendo intereses económicos de los centros abortistas. Dichos centros, que de por sí ya se lucran y ganan miles de euros con el negocio del aborto, verán reducidos sus gastos al poder tirar a la basura a los niños que acaban de matar en sus propios establecimientos".
Por último, la doctora Joya ha denunciado que "nuestros gobernantes han apostado por difundir en nuestra sociedad una cultura de la muerte, y cada día nos encontramos ante un nuevo ataque a la vida humana, ante el cual hemos de defendernos para no tener que lamentarnos el día de mañana de haber acabado con nuestro propio futuro".
4 de febrero de 2008
Tras conocer el anuncio de que se elaborará un nuevo decreto para proteger y controlar las inspecciones que se realizan a los centros abortistas, la Plataforma Hay Alternativas, afirma que "nos encontramos ante un gobierno que protege a los que incumplen la ley, y además legisla específicamente para ellos".
HAY ALTERNATIVAS, 4 de febrero de 2008.- Según afirma la portavoz de la plataforma científica, la doctora Gádor Joya, "como estamos comprobando, la reunión de los ministros Soria y Bermejo con los centros abortistas está dando sus frutos. Estamos viendo lo fácilmente que el gobierno complace a aquellos sobre los que han recaído denuncias por trabajar al margen de la legalidad, y cómo desprecia a otros colectivos y asociaciones que, en numerosas ocasiones, han pedido reunirse con ellos para ofrecer soluciones que disminuyan las cifras de aborto y ayuden a las mujeres con problemas a traer a sus hijos al mundo".
A la propuesta de que los fetos muertos como consecuencia de abortos sólo sean considerados restos humanos a partir de la semana 28 de gestación, la doctora Joya afirma que "esta es una manera de despojar al feto de su dignidad como ser humano para poder disponer más fácilmente de su vida, y seguir así favoreciendo intereses económicos de los centros abortistas. Dichos centros, que de por sí ya se lucran y ganan miles de euros con el negocio del aborto, verán reducidos sus gastos al poder tirar a la basura a los niños que acaban de matar en sus propios establecimientos".
Por último, la doctora Joya ha denunciado que "nuestros gobernantes han apostado por difundir en nuestra sociedad una cultura de la muerte, y cada día nos encontramos ante un nuevo ataque a la vida humana, ante el cual hemos de defendernos para no tener que lamentarnos el día de mañana de haber acabado con nuestro propio futuro".
El Gobierno aprobará una norma que regule la "calidad" y la "equidad" del aborto
Fuente: Libertad Digital
1 de febrero de 2008
El Gobierno socialista ha acordado en el Consejo de Ministros que aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar.
Así lo dijo hoy la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.
"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega aventuró que habrá "ocasión de mejorar" la Ley del Aborto si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".
Mientras tanto, apostilló, "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y advirtió de que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará, enfatizó, "hasta el último día de nuestro mandato".
(...)
La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron fuentes de Sanidad.
1 de febrero de 2008
El Gobierno socialista ha acordado en el Consejo de Ministros que aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar.
Así lo dijo hoy la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.
"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega aventuró que habrá "ocasión de mejorar" la Ley del Aborto si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".
Mientras tanto, apostilló, "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y advirtió de que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará, enfatizó, "hasta el último día de nuestro mandato".
(...)
La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura, informaron fuentes de Sanidad.
«Residuos sanitarios»
Fuente: Abc
29 de enero de 2008
Editorial
EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.
29 de enero de 2008
Editorial
EL Gobierno parece dispuesto a echar una mano al negocio de las clínicas abortistas no sólo planteándose la posibilidad de eliminar las escasas limitaciones de la legislación actual, sino también ahorrándoles buena parte de los costes económicos que conlleva la aplicación de la normativa que obliga a tratar dignamente los restos de los fetos abortados. Según el anteproyecto de reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria -del que ayer informaba ampliamente ABC-, sólo tendrán consideración de «restos humanos» aquellos que provengan de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarán como «residuos sanitarios». La diferencia es relevante para la actividad económica de las clínicas abortistas, porque como restos humanos deben ser enterrados o incinerados en centros habilitados para servicios funerarios y como «residuos sanitarios» simplemente acabarán en contenedores. Menos trámites para los centros abortistas y más barato, aunque la medicina neonatal esté haciendo viables fetos de veintidós semanas.
Por lo visto, todo lo que tenga que ver con el aborto no está dirigido a combatir la ilegalidad, ni a defender la vida del no nacido, ni a proteger a la mujer embarazada de presiones y engaños. Lo principal para el Gobierno es evitar problemas a los centros abortistas. Si se asustan cuando un juez investiga si cumple la ley, esta se cambia para hacer impunes las ilegalidades que han motivado las investigaciones judiciales en Madrid y Barcelona. Si voluntarios provida hallan fetos humanos en cubos de basura -arrojados ahí por los centros abortistas-, se cambia el reglamento para que queden asimilados a los demás residuos sanitarios -gasas, tiritas- y así el negocio, además de ganarse una nueva patente de corso, se hace más rentable.
El Ministerio de Sanidad afirma que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían dado su visto bueno a esta modificación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria. Si es así, el PP se equivoca, sea por negligencia, por cobardía o por compartir la indignidad de la medida. Entre no modificar la situación legal vigente, por aquello del «mal menor» -sobre todo, electoral-, y dar cobertura a una reforma que busca culminar la deshumanización del feto hay una diferencia sustancial que un partido como el PP no debe ignorar. La izquierda sabe intimidar a la derecha en cuestiones que, como el aborto o la eutanasia, tienen tanto de legalidad como de ética. Pero hay que saber poner límites a este acomplejamiento, porque la consecuencia es la ausencia de un debate político serio y necesario sobre el papel del Estado en la defensa de la vida humana. Por lo pronto, al PSOE no le basta con amparar un aborto libérrimo como el que se practica en España. Ahora quiere degradar el lenguaje para que a un feto abortado no se le reconozca como ser humano siquiera para ser enterrado con un mínimo de dignidad.
«No llores tanto que sólo es una célula»
Fuente: Abc
27 de enero de 2008
POR DOMINGO PÉREZ. MADRID.
María de la Cuesta quiso contarnos la terrible experiencia que le tocó sufrir cuando con 17 años la obligaron a abortar. Y quiso narrarlo así, a cara descubierta, con su nombre y su apellido, orgullosa de cómo ha reconducido su vida, pero eso sí, con el corazón en un puño, la voz entrecortada y las lágrimas asomando a sus hermosos ojos «porque nunca puedes perdonarte y jamás puedes olvidarte de que mataste a tu hijo».
La de María es una historia dura, pero habitual. Responde al perfil mayoritario de las mujeres que interrumpen voluntariamente sus gestaciones: menores de edad o muy jóvenes que se quedan embarazadas y son obligadas, en contra de sus deseos, a abortar por la presión de su pareja y/o su familia y por la situación socio-económicas de su existencia. No hay cifras oficiales, pero los especialistas consideran que entre un 75 y 80% de las mujeres que pasan por esta penosa experiencia responden a estas características.
(...) «Por circunstancias familiares me fui de casa muy joven. Vivía con mi novio y, al poco tiempo, noté una falta en la regla. Me hice las pruebas en la farmacia y salieron negativas. Pensamos que sería algún desajuste hormonal, pero yo me sentía rara. Insistía en que estaba embarazada. Mi novio decía que todo era un embarazo psicológico. Total que por fin nos decidimos a ir al ginecólogo».
«Tras ver la «eco»-prosigue- el doctor me dijo que estaba embarazada de once semanas y tres días. Aquello fue una tragedia. Yo quería tenerlo, pero mi novio, no. Que si estaba loca, que si no teníamos ni trabajo ni dinero, que si daba a luz me dejaba... Busqué ayuda en mi madre. Fui a verla. Estaba dispuesta a volver con ella pese a todas las desavenencias». Pero su respuesta fue cruel: «En mi casa no entras con barriga». La presión fue intensa. Amenazas de su novio, de su madre...
«Acabamos en el médico de cabecera. Nos dijo que si quería abortar debía hacerlo de inmediato. Él se encargó de todos los trámites. Como era menor de edad, tenía que ir acompañada de mi madre. También iba mi novio. Yo no quería entrar en la clínica. Casi me meten a rastras. No paraba de llorar. El psicólogo dijo que me dejaran a solas con él. En cuanto mi novio y mi madre se fueron le supliqué que me ayudara, que quería tener al bebé, que por favor no firmara el papel».
Tercera vez que pedía desesperadamente ayuda y tercera ocasión en la que la defraudaban. Primero fue su novio, luego su madre y finalmente un profesional de la sanidad que, además, era el que debía dar el visto bueno al aborto.
«Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo, que me tranquilizara y que pasara a la salita conjunta». Duró muy poco la esperanza. «Enseguida entró una enfermera. me dijo que me desnudara y me pusiera una bata. Entonces me di cuenta de que nadie iba a ayudarme y me puse a llorar». María se interrumpe. Le falta la voz. Su ojos brillan. «Es que me da tanta pena», susurra. Transcurren unos segundos y retoma el hilo de su historia: «No paraba de llorar y entonces la enfermera me dijo: «No llores tanto chiquilla que sólo es una célula. No te va a doler. Son unos minutos y listo. vas a pasar enseguida». En ese mismo instante quise salir del cuarto. Buscar a mi novio, decirle que podíamos intentar sacar a delante al crío, que no hacía falta abortar... Pero no me dejaron. me cogieron y me llevaron al quirófano. Allí se encontraba el potro. Allí me subieron. Lloraba. No paraba de llorar».
«Dicen que no duele. Es mentira. El dolor te acompaña toda la vida. Lo que has hecho te pesa siempre. Nunca te perdonas. has matado a tu hijo. Además, sufrí muchos efectos secundarios. No paraba de vomitar. No admitía ningún alimento. Padecí muchos dolores abdominales. Adelgacé una barbaridad. Pero todo el dolor físico no es comparable al psicológico. Cada vez que veía a una madre con su carrito, o a una mujer embarazada o a unos niños jugando en la calle me invadía una tristeza inmensa. No podía dejar de pensar en si mi hijo sería niño o niña, cómo sería su carita, sus manitas...».
(...)
Beatriz Mariscal, psicóloga especialista en tratar a mujeres que han pasado por ese trance, señala que debería hablarse de «síndrome post aborto, pese a que no esté recogido en los manuales de diagnóstico. Casi todas las mujeres pasan por unas fases muy similares. Se repiten en casi todas. Sufren un estrés agudo, depresiones muy profundas. Casi siempre las mujeres precisan de tratamiento psicológico y psiquiátrico, con medicación. Básicamente padecen un proceso de duelo, acentuado por un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque han sido ellas las que han acabado con su hijo».
Una mujer que aborta va a pasar, según explica la especialista, «antes o después, según sus características, por todas o por algunas de estas cinco fases: 1º el «shock» inicial, cuando se enteran de lo que han hecho; 2º la negación; 3º la ira (se muestran irritable, se bombardean con frases como «por qué me pasa a mi esto»); 4º la depresión (se sienten culpables, las domina la apatía) y 5º la aceptación y entonces quieren ayudar a otras mujeres en su misma situación, o contar públicamente lo que les ha pasado. Hay que tener mucho cuidado, porque es frecuente que quieran dar ese paso antes de lo recomendado y hay que frenarlas».
El camino para llegar hasta el último estadio es largo. «Nunca menos de un año de terapia -matiza Mariscal-, aunque en realidad les dura toda la vida. Hay que realizar revisiones cuando vuelven a quedarse embarazadas y son madres porque pueden proyectar en sus hijos los sentimientos de culpabilidad, con un exceso de protección hacia ellos».
Beatriz señala, además, que en sus pacientes encuentra rasgos muy parecidos: «Son mujeres con falta de valores, inmaduras, que sufren cierta inestabilidad, que actúan bajo la influencia muy fuerte de padres, novios o parejas y que se ven sometidas a una intensa presión social, económica o laboral».
27 de enero de 2008
POR DOMINGO PÉREZ. MADRID.
María de la Cuesta quiso contarnos la terrible experiencia que le tocó sufrir cuando con 17 años la obligaron a abortar. Y quiso narrarlo así, a cara descubierta, con su nombre y su apellido, orgullosa de cómo ha reconducido su vida, pero eso sí, con el corazón en un puño, la voz entrecortada y las lágrimas asomando a sus hermosos ojos «porque nunca puedes perdonarte y jamás puedes olvidarte de que mataste a tu hijo».
La de María es una historia dura, pero habitual. Responde al perfil mayoritario de las mujeres que interrumpen voluntariamente sus gestaciones: menores de edad o muy jóvenes que se quedan embarazadas y son obligadas, en contra de sus deseos, a abortar por la presión de su pareja y/o su familia y por la situación socio-económicas de su existencia. No hay cifras oficiales, pero los especialistas consideran que entre un 75 y 80% de las mujeres que pasan por esta penosa experiencia responden a estas características.
(...) «Por circunstancias familiares me fui de casa muy joven. Vivía con mi novio y, al poco tiempo, noté una falta en la regla. Me hice las pruebas en la farmacia y salieron negativas. Pensamos que sería algún desajuste hormonal, pero yo me sentía rara. Insistía en que estaba embarazada. Mi novio decía que todo era un embarazo psicológico. Total que por fin nos decidimos a ir al ginecólogo».
«Tras ver la «eco»-prosigue- el doctor me dijo que estaba embarazada de once semanas y tres días. Aquello fue una tragedia. Yo quería tenerlo, pero mi novio, no. Que si estaba loca, que si no teníamos ni trabajo ni dinero, que si daba a luz me dejaba... Busqué ayuda en mi madre. Fui a verla. Estaba dispuesta a volver con ella pese a todas las desavenencias». Pero su respuesta fue cruel: «En mi casa no entras con barriga». La presión fue intensa. Amenazas de su novio, de su madre...
«Acabamos en el médico de cabecera. Nos dijo que si quería abortar debía hacerlo de inmediato. Él se encargó de todos los trámites. Como era menor de edad, tenía que ir acompañada de mi madre. También iba mi novio. Yo no quería entrar en la clínica. Casi me meten a rastras. No paraba de llorar. El psicólogo dijo que me dejaran a solas con él. En cuanto mi novio y mi madre se fueron le supliqué que me ayudara, que quería tener al bebé, que por favor no firmara el papel».
Tercera vez que pedía desesperadamente ayuda y tercera ocasión en la que la defraudaban. Primero fue su novio, luego su madre y finalmente un profesional de la sanidad que, además, era el que debía dar el visto bueno al aborto.
«Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo, que me tranquilizara y que pasara a la salita conjunta». Duró muy poco la esperanza. «Enseguida entró una enfermera. me dijo que me desnudara y me pusiera una bata. Entonces me di cuenta de que nadie iba a ayudarme y me puse a llorar». María se interrumpe. Le falta la voz. Su ojos brillan. «Es que me da tanta pena», susurra. Transcurren unos segundos y retoma el hilo de su historia: «No paraba de llorar y entonces la enfermera me dijo: «No llores tanto chiquilla que sólo es una célula. No te va a doler. Son unos minutos y listo. vas a pasar enseguida». En ese mismo instante quise salir del cuarto. Buscar a mi novio, decirle que podíamos intentar sacar a delante al crío, que no hacía falta abortar... Pero no me dejaron. me cogieron y me llevaron al quirófano. Allí se encontraba el potro. Allí me subieron. Lloraba. No paraba de llorar».
«Dicen que no duele. Es mentira. El dolor te acompaña toda la vida. Lo que has hecho te pesa siempre. Nunca te perdonas. has matado a tu hijo. Además, sufrí muchos efectos secundarios. No paraba de vomitar. No admitía ningún alimento. Padecí muchos dolores abdominales. Adelgacé una barbaridad. Pero todo el dolor físico no es comparable al psicológico. Cada vez que veía a una madre con su carrito, o a una mujer embarazada o a unos niños jugando en la calle me invadía una tristeza inmensa. No podía dejar de pensar en si mi hijo sería niño o niña, cómo sería su carita, sus manitas...».
(...)
Beatriz Mariscal, psicóloga especialista en tratar a mujeres que han pasado por ese trance, señala que debería hablarse de «síndrome post aborto, pese a que no esté recogido en los manuales de diagnóstico. Casi todas las mujeres pasan por unas fases muy similares. Se repiten en casi todas. Sufren un estrés agudo, depresiones muy profundas. Casi siempre las mujeres precisan de tratamiento psicológico y psiquiátrico, con medicación. Básicamente padecen un proceso de duelo, acentuado por un fuerte sentimiento de culpabilidad, porque han sido ellas las que han acabado con su hijo».
Una mujer que aborta va a pasar, según explica la especialista, «antes o después, según sus características, por todas o por algunas de estas cinco fases: 1º el «shock» inicial, cuando se enteran de lo que han hecho; 2º la negación; 3º la ira (se muestran irritable, se bombardean con frases como «por qué me pasa a mi esto»); 4º la depresión (se sienten culpables, las domina la apatía) y 5º la aceptación y entonces quieren ayudar a otras mujeres en su misma situación, o contar públicamente lo que les ha pasado. Hay que tener mucho cuidado, porque es frecuente que quieran dar ese paso antes de lo recomendado y hay que frenarlas».
El camino para llegar hasta el último estadio es largo. «Nunca menos de un año de terapia -matiza Mariscal-, aunque en realidad les dura toda la vida. Hay que realizar revisiones cuando vuelven a quedarse embarazadas y son madres porque pueden proyectar en sus hijos los sentimientos de culpabilidad, con un exceso de protección hacia ellos».
Beatriz señala, además, que en sus pacientes encuentra rasgos muy parecidos: «Son mujeres con falta de valores, inmaduras, que sufren cierta inestabilidad, que actúan bajo la influencia muy fuerte de padres, novios o parejas y que se ven sometidas a una intensa presión social, económica o laboral».
El administrador de un centro abortista de Madrid declarará como imputado
Fuente: La Razón
19 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.
19 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado en calidad de imputado al administrador de CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo del médico peruano Carlos Morín, quien actualmente se encuentra en prisión. Está previsto que la declaración se lleve a cabo el próximo martes, día 22, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esta será la primera imputación dentro de las diferentes causas abiertas en los juzgados de Madrid en relación con distintas investigaciones sobre interrupciones voluntarias del embarazo, donde se trata de esclarecer si se han podido cometer delitos de aborto.
Estas diligencias se derivan de la denuncia presentada por la Consejería de Sanidad contra el centro CB Medical Ginedemex ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla, al igual que hizo respecto a la clínica Mayrit. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
La magistrada deberá decidir, en primer lugar, sobre la competencia territorial para instruir este procedimiento, toda vez que se trata de una filial de la clínica de Morín en Barcelona. Es decir, tendrá que resolver si es competencia de los juzgados de Madrid, o, por contra, corresponde a los de Barcelona.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer al paso de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quienes se comprometieron a garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres que abortan y a proteger su intimidad. El portavoz del Consejo, Enrique López, reclamó que se deje a los jueces trabajar con «tranquilidad y sosiego» ante la «investigación criminal» desarrollada en las clínicas abortistas, y a la vez, exigió que no se utilicen los juzgados «para debates políticos» sobre el aborto.
sábado, 19 de enero de 2008
El fiscal-jefe de Madrid pide al juez que deje de interrogar a testigos del «caso Isadora»
Fuente: Abc
19 de enero de 2008
El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, remitió ayer un escrito al Juzgado de Instrucción 47 en el que, según informaron a ABC fuentes jurídicas, pide al juez José Sierra Fernández que «deje sin efecto» de momento las citaciones de las 27 mujeres llamadas a declarar como testigos por los presuntos abortos ilegales practicados por la clínica Isadora.
La petición de Moix llega cuando el debate sobre el aborto adquiere su mayor virulencia, con numerosas feministas autoinculpándose de haber abortado ilegalmente por toda España y cuando están previstas varias manifestaciones a favor del aborto. También se produce la intervención del fiscal-jefe sólo 24 horas después de la reunión de los representantes de las clínicas abortistas con los ministros de Sanidad y Justicia y un par de días después de la virulenta intromisión de la vicepresidenta De la Vega en el trabajo de la Justicia.
En su escrito, Moix cuestiona los pasos que está dando Sierra en la investigación de los hechos presuntamente acontecidos en la clínica Isadora, pues entiende que el juez debe centrar primero sus investigaciones en la clínica y sólo llamar a las mujeres -no a todas, sino sólo a las que tengan algo que aportar a la causa, bien en calidad de testigos o de imputadas- cuando ya se tenga certeza de la existencia de un delito. Igualmente, Moix le recrimina que algunas de las mujeres citadas hayan declarado ante la Guardia Civil, cuando, en su caso, deberían hacerlo ante el juez.
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19 de enero de 2008
El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, remitió ayer un escrito al Juzgado de Instrucción 47 en el que, según informaron a ABC fuentes jurídicas, pide al juez José Sierra Fernández que «deje sin efecto» de momento las citaciones de las 27 mujeres llamadas a declarar como testigos por los presuntos abortos ilegales practicados por la clínica Isadora.
La petición de Moix llega cuando el debate sobre el aborto adquiere su mayor virulencia, con numerosas feministas autoinculpándose de haber abortado ilegalmente por toda España y cuando están previstas varias manifestaciones a favor del aborto. También se produce la intervención del fiscal-jefe sólo 24 horas después de la reunión de los representantes de las clínicas abortistas con los ministros de Sanidad y Justicia y un par de días después de la virulenta intromisión de la vicepresidenta De la Vega en el trabajo de la Justicia.
En su escrito, Moix cuestiona los pasos que está dando Sierra en la investigación de los hechos presuntamente acontecidos en la clínica Isadora, pues entiende que el juez debe centrar primero sus investigaciones en la clínica y sólo llamar a las mujeres -no a todas, sino sólo a las que tengan algo que aportar a la causa, bien en calidad de testigos o de imputadas- cuando ya se tenga certeza de la existencia de un delito. Igualmente, Moix le recrimina que algunas de las mujeres citadas hayan declarado ante la Guardia Civil, cuando, en su caso, deberían hacerlo ante el juez.
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viernes, 18 de enero de 2008
Aclaración sobre la iniciativa abortista de autoinculpaciones
Fuente: La Vida Importa
18 de enero de 2008
Dentro del movimiento abortista ha surgido la iniciativa, de tintes victimistas, de "autoinculparse". Esta iniciativa corresponde a una táctica, acogida desde ciertos sectores de la izquierda política, y destinada a movilizar al sector radical del aborto, que se ve acosado por la justicia, por el Estado de Derecho.
Aclaramos que, en un principio, las inculpaciones quedarán sobreseídas y archivadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, y nadie puede ser condenado sin pruebas sólidas. Una autoinculpación no es más que una declaración sin pruebas, por lo que carece de peso judicial, a no ser que se aporten suficientes indicios.
Confiamos en que tanto el movimiento abortista como el Gobierno empiecen a conocer, al menos, los rudimentos del Estado de Derecho. Por el momento, están demostrando un profundo desconocimiento de cómo funciona la justicia en un Estado democrático y de Derecho.
Por tanto, la primera consecuencia de esta campaña será obligar a la justicia a trabajar en valde más horas de las necesarias. El colectivo abortista tiene todo el derecho (gracias a la libertad política y de expresión) a solicitar cambios en la ley del aborto. Otra cosa es que carezcan de opciones para cambiar la ley, puesto que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el feto humano tiene pleno derecho a la vida.
Sin embargo, exigimos respeto a la justicia. Conminamos al Gobierno y a los empresarios del aborto a respetar la justicia. Por ello, no vemos con buenos ojos una campaña política cuya consecuencia sea interrumpir voluntariamente el normal desarrollo de la justicia, ya de por sí bastante saturada con casos reales de delitos graves.
18 de enero de 2008
Dentro del movimiento abortista ha surgido la iniciativa, de tintes victimistas, de "autoinculparse". Esta iniciativa corresponde a una táctica, acogida desde ciertos sectores de la izquierda política, y destinada a movilizar al sector radical del aborto, que se ve acosado por la justicia, por el Estado de Derecho.
Aclaramos que, en un principio, las inculpaciones quedarán sobreseídas y archivadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, y nadie puede ser condenado sin pruebas sólidas. Una autoinculpación no es más que una declaración sin pruebas, por lo que carece de peso judicial, a no ser que se aporten suficientes indicios.
Confiamos en que tanto el movimiento abortista como el Gobierno empiecen a conocer, al menos, los rudimentos del Estado de Derecho. Por el momento, están demostrando un profundo desconocimiento de cómo funciona la justicia en un Estado democrático y de Derecho.
Por tanto, la primera consecuencia de esta campaña será obligar a la justicia a trabajar en valde más horas de las necesarias. El colectivo abortista tiene todo el derecho (gracias a la libertad política y de expresión) a solicitar cambios en la ley del aborto. Otra cosa es que carezcan de opciones para cambiar la ley, puesto que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el feto humano tiene pleno derecho a la vida.
Sin embargo, exigimos respeto a la justicia. Conminamos al Gobierno y a los empresarios del aborto a respetar la justicia. Por ello, no vemos con buenos ojos una campaña política cuya consecuencia sea interrumpir voluntariamente el normal desarrollo de la justicia, ya de por sí bastante saturada con casos reales de delitos graves.
Los ministros Soria y Bermejo respaldan clínicas abortistas cerradas e investigadas por el juez
Fuente: Abc
18 de enero de 2008
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que reúne a 31 centros abortistas de toda España, tuvo ayer el privilegio de ser recibida, en el mismo día, por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Encuentros muy cordiales, en los que curiosamente estuvieron presentes representantes de clínicas que están siendo investigadas judicialmente.
Entre los presentes se encontraban las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro. Además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI.
Al margen de que resulte extraño que dos ministros reciban a representantes directos de clínicas inmersas en procesos judiciales, lo cierto es que no es una sorpresa. El Gobierno está jugando con dos barajas.
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18 de enero de 2008
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que reúne a 31 centros abortistas de toda España, tuvo ayer el privilegio de ser recibida, en el mismo día, por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Encuentros muy cordiales, en los que curiosamente estuvieron presentes representantes de clínicas que están siendo investigadas judicialmente.
Entre los presentes se encontraban las clínicas Dator, sobre la que pesan varias denuncias; El Bosque, investigada por supuestos abortos ilegales y otras irregularidades, e Isadora, en cuyos cubos de basura la Guardia Civil encontró todo tipos de restos clínicos y varios fetos de más de siete meses de gestación, circunstancia que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario. Esta segunda causa es la que ha hecho que un Juzgado de Madrid llame a declarar en calidad de testigos a 25 mujeres, antiguas clientes de este centro. Además, la clínica Mayrit, cerrada cautelarmente por la Comunidad de Madrid, también pertenece a ACAI.
Al margen de que resulte extraño que dos ministros reciban a representantes directos de clínicas inmersas en procesos judiciales, lo cierto es que no es una sorpresa. El Gobierno está jugando con dos barajas.
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La acusación contra la clínica Isadora responde a las autoinculpaciones por aborto que no hay denuncias contra mujeres
Fuente: Europa Press
16 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsable de la acusación contra la clínica abortista Isadora, de Madrid, señalaron hoy que la autoinculpación de quince mujeres en Vigo por haber abortado "no está relacionada procesalmente con el caso de Isadora", ya que en la clínica de Madrid ninguna mujer "ha sido acusada de aborto, sino que han acudido como testigos".
La acción del colectivo feminista Alecrín "es muy irregular" y puede "conceptuarse como denuncia falsa", ya que las mujeres "afirman no recordar la fecha en que se sometieron a un aborto, lo que afirman probablemente para que conste la prescripción del delito, además de que trivializa un hecho muy serio".
Para las fuentes consultadas, las mujeres que se han autoinculpado "vienen a pedir que se apruebe una ley de plazos y quieren intervenir en el debate". "No hay ninguna mujer acusada de aborto ilegal", aseveró. "En las clínicas se practican abortos al margen de la ley, y lo practican por la vía de hecho", aseguraron.
16 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsable de la acusación contra la clínica abortista Isadora, de Madrid, señalaron hoy que la autoinculpación de quince mujeres en Vigo por haber abortado "no está relacionada procesalmente con el caso de Isadora", ya que en la clínica de Madrid ninguna mujer "ha sido acusada de aborto, sino que han acudido como testigos".
La acción del colectivo feminista Alecrín "es muy irregular" y puede "conceptuarse como denuncia falsa", ya que las mujeres "afirman no recordar la fecha en que se sometieron a un aborto, lo que afirman probablemente para que conste la prescripción del delito, además de que trivializa un hecho muy serio".
Para las fuentes consultadas, las mujeres que se han autoinculpado "vienen a pedir que se apruebe una ley de plazos y quieren intervenir en el debate". "No hay ninguna mujer acusada de aborto ilegal", aseveró. "En las clínicas se practican abortos al margen de la ley, y lo practican por la vía de hecho", aseguraron.
La acusación contra Isadora dice que las clínicas y no las mujeres serían responsables de delitos en informes psíquicos
Fuente: Terra
14 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsables de la acusación contra la clínica madrileña Isadora, donde se practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), aseguraron hoy que las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales 'no han cometido ningún delito', ya que 'si los análisis psicológicos son incorrectos, la culpa sería de la clínica'. Asimismo, defendieron que 'se está protegiendo la identidad de las testigos'.
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14 de enero de 2008
Fuentes del Centro Jurídico Tomás Moro, responsables de la acusación contra la clínica madrileña Isadora, donde se practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), aseguraron hoy que las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales 'no han cometido ningún delito', ya que 'si los análisis psicológicos son incorrectos, la culpa sería de la clínica'. Asimismo, defendieron que 'se está protegiendo la identidad de las testigos'.
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El aborto es detonante de problemas de pareja y actividad sexual de alto riesgo
Fuente: Noticias.info
15 de enero de 2008
En un estudio reciente publicado por la Revista Internacional de Psicología Clínica y Salud y realizado por los expertos Priscilla Coleman, Vincent Rue, María Spence y Catherine Coyle, se dio a conocer la asociación entre el aborto y comportamientos sexuales de alto riesgo.
Según el estudio, el aborto entre las mujeres aumenta la práctica de sexo con desconocidos y la posibilidad de ser forzadas a tener sexo, mientras que la experiencia de aborto en las parejas de varones aumenta la posibilidad de practicar sexo con más de una persona y con personas desconocidas. El interés en realizar este estudio ha sido motivado por la conciencia de las consecuencias psicológicas, de comportamiento y físicas inherentes a las relaciones sexuales de riesgo, la más evidente, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
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15 de enero de 2008
En un estudio reciente publicado por la Revista Internacional de Psicología Clínica y Salud y realizado por los expertos Priscilla Coleman, Vincent Rue, María Spence y Catherine Coyle, se dio a conocer la asociación entre el aborto y comportamientos sexuales de alto riesgo.
Según el estudio, el aborto entre las mujeres aumenta la práctica de sexo con desconocidos y la posibilidad de ser forzadas a tener sexo, mientras que la experiencia de aborto en las parejas de varones aumenta la posibilidad de practicar sexo con más de una persona y con personas desconocidas. El interés en realizar este estudio ha sido motivado por la conciencia de las consecuencias psicológicas, de comportamiento y físicas inherentes a las relaciones sexuales de riesgo, la más evidente, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
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“El aborto es violencia de género permitida y fomentada por el Estado”
Fuente: Noticias.info
16 de enero de 2008
Renée Martínez, portavoz de AVA califica de «acierto» el anuncio del PSOE de revisar la legislación que despenaliza el aborto provocado en su Programa electoral, si esa revisión «va destinada a ofrecer una mayor protección de la mujer embarazada». Basada en la experiencia de AVA de 4 años de apoyo a mujeres que han abortado, Renée expone que: «Las mujeres abortan coaccionadas por presiones de la pareja, sociales, laborales, etc. Detectamos un 65% de abandono en embarazadas que acaban abortando. Las propias estadísticas del Mnisterio de Sanidad delatan la ausencia de pareja en más de un 20% de los casos. No se puede fomentar desde una Ley este tipo de violencia de género. En el artículo 9 del RD 2409/1986 se exige dar alternativas a toda mujer embarazada que se plantee un aborto y hay numerosos países como EEUU y Canadá que descartan violencia de género ante cada aborto dado que existe un alto porcentaje de coacciones en esta decisión tan traumática.»
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16 de enero de 2008
Renée Martínez, portavoz de AVA califica de «acierto» el anuncio del PSOE de revisar la legislación que despenaliza el aborto provocado en su Programa electoral, si esa revisión «va destinada a ofrecer una mayor protección de la mujer embarazada». Basada en la experiencia de AVA de 4 años de apoyo a mujeres que han abortado, Renée expone que: «Las mujeres abortan coaccionadas por presiones de la pareja, sociales, laborales, etc. Detectamos un 65% de abandono en embarazadas que acaban abortando. Las propias estadísticas del Mnisterio de Sanidad delatan la ausencia de pareja en más de un 20% de los casos. No se puede fomentar desde una Ley este tipo de violencia de género. En el artículo 9 del RD 2409/1986 se exige dar alternativas a toda mujer embarazada que se plantee un aborto y hay numerosos países como EEUU y Canadá que descartan violencia de género ante cada aborto dado que existe un alto porcentaje de coacciones en esta decisión tan traumática.»
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martes, 15 de enero de 2008
Impresiones sobre la reacción del Gobierno
Fuente: La Vida Importa
15 de enero de 2008
Ayer el Gobierno realizó unas declaraciones que venían a poner en duda la validez de las vías judiciales abiertas contra Morín, Isadora y otros establecimientos de abortos. Incluso parecía dar a entender que el Gobierno adoptaba una postura favorable a las empresas de abortos.
Sorprende que un Gobierno que se denomina “socialista” se incline a favor de los presuntos delincuentes, y en contra de los jueces y el cumplimiento de la ley. Sorprende que el Gobierno se escandalice de que un juicio requiera de testigos (mujeres que han abortado, en este caso), y llegue a dudar de la discreción judicial y el secreto sumarial.
Ayer, por su parte, el Partido Popular anunció que contará con Manuel Pizarro como diputado para la siguiente legislatura. El Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha calificado esta decisión en términos muy duros: “El tiburón del capitalismo sale de la madriguera”. ¿Acaso el Gobierno de Rodríguez Zapatero no está, asimismo, apoyando a los “tiburones capitalistas” del aborto ilegal?
¿De verdad el PSOE no quiere que el Estado de Derecho tenga vigencia dentro de las empresas de abortos?
¿El PSOE pretende implantar privilegios para el “capitalismo” del aborto?
15 de enero de 2008
Ayer el Gobierno realizó unas declaraciones que venían a poner en duda la validez de las vías judiciales abiertas contra Morín, Isadora y otros establecimientos de abortos. Incluso parecía dar a entender que el Gobierno adoptaba una postura favorable a las empresas de abortos.
Sorprende que un Gobierno que se denomina “socialista” se incline a favor de los presuntos delincuentes, y en contra de los jueces y el cumplimiento de la ley. Sorprende que el Gobierno se escandalice de que un juicio requiera de testigos (mujeres que han abortado, en este caso), y llegue a dudar de la discreción judicial y el secreto sumarial.
Ayer, por su parte, el Partido Popular anunció que contará con Manuel Pizarro como diputado para la siguiente legislatura. El Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha calificado esta decisión en términos muy duros: “El tiburón del capitalismo sale de la madriguera”. ¿Acaso el Gobierno de Rodríguez Zapatero no está, asimismo, apoyando a los “tiburones capitalistas” del aborto ilegal?
¿De verdad el PSOE no quiere que el Estado de Derecho tenga vigencia dentro de las empresas de abortos?
¿El PSOE pretende implantar privilegios para el “capitalismo” del aborto?
De la Vega advierte a los jueces que investigan las clínicas abortivas
Fuente: Abc
15 de enero de 2008
El Gobierno parece atrapado en la polémica suscitada por el aborto. La prudencia electoral le anima a alejarse de un foco tan candente que podría acabar quemándole y apuntarse a las tesis del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que no entiende que «algo que viene pasando desde hace 20 años salga ahora con esta virulencia a dos meses de las elecciones». Es decir, para Soria lo mejor sería no menear el problema, ignorar las graves irregularidades denunciadas, los fetos tirados a la basura, la trituradora, los abortos de más de siete meses de gestación, el encarcelamiento de Morín, los tests psicológicos falseados...
La doble personalidad del Gobierno se puso de manifiesto cuando casi al tiempo en que el ministro Soria regateaba la polémica, la vicepresidenta, María Teresa de la Vega, se lanzaba a ella de cabeza. De la Vega envió un mensaje que invita a pensar que muestra especial «interés» hacia el trabajo de los jueces, teóricamente un poder independiente, que investigan supuestos delitos contra la vigente ley del aborto. Para otros asuntos (ANV, por ejemplo) recurre al intachable «hay que dejar actuar a la Justicia». Sin embargo, su razonamiento experimentó ayer una curiosa pirueta dialéctica cuando se manifestó sobre el controvertido caso de las clínicas abortistas cerradas y/o investigadas.
(...)
Ha bastado que un Juzgado de Madrid llame a declarar como testigos a 28 mujeres que abortaron en la clínica Isadora —acusada de haber arrojado a la basura restos clínicos y humanos, incluidos varios fetos de más de siete meses de gestación que podrían tener aire en sus pulmones— para descubrir a una De la Vega que antepone la «intimidad de las mujeres» al trabajo judicial.
En la cadena SER, no tuvo problema en reconocer que pensaba influir en la actuación judicial: «Como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley», dijo.
Incluso reconoció que había ordenado convenientemente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ya «ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto».
En su militancia feminista, incluso puso en duda la profesionalidad de los jueces: «Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y a los que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor por lo que la ley les protege».
(...)
La propia acusación particular contra la clínica Isadora, el Centro Jurídico Tomás Moro, explicó la realidad judicial del asunto y mostró más ecuanimidad que la segunda responsable del Gobierno al recordar que «las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales no han cometido ningún delito, ya que si los análisis psicológicos que permitieron los abortos son incorrectos, la culpa sería de la clínica».
Para tranquilidad de la vicepresidenta, indicaron que «se está protegiendo la identidad de las testigos, como pasa en muchos juicios, que pueden, además, acogerse a los sistemas de protección de la identidad. No tendría sentido que las clínicas fueran inmunes a todo tipo de investigación y en este caso existe sospecha de delito».
15 de enero de 2008
El Gobierno parece atrapado en la polémica suscitada por el aborto. La prudencia electoral le anima a alejarse de un foco tan candente que podría acabar quemándole y apuntarse a las tesis del ministro de Sanidad, Bernat Soria, que no entiende que «algo que viene pasando desde hace 20 años salga ahora con esta virulencia a dos meses de las elecciones». Es decir, para Soria lo mejor sería no menear el problema, ignorar las graves irregularidades denunciadas, los fetos tirados a la basura, la trituradora, los abortos de más de siete meses de gestación, el encarcelamiento de Morín, los tests psicológicos falseados...
La doble personalidad del Gobierno se puso de manifiesto cuando casi al tiempo en que el ministro Soria regateaba la polémica, la vicepresidenta, María Teresa de la Vega, se lanzaba a ella de cabeza. De la Vega envió un mensaje que invita a pensar que muestra especial «interés» hacia el trabajo de los jueces, teóricamente un poder independiente, que investigan supuestos delitos contra la vigente ley del aborto. Para otros asuntos (ANV, por ejemplo) recurre al intachable «hay que dejar actuar a la Justicia». Sin embargo, su razonamiento experimentó ayer una curiosa pirueta dialéctica cuando se manifestó sobre el controvertido caso de las clínicas abortistas cerradas y/o investigadas.
(...)
Ha bastado que un Juzgado de Madrid llame a declarar como testigos a 28 mujeres que abortaron en la clínica Isadora —acusada de haber arrojado a la basura restos clínicos y humanos, incluidos varios fetos de más de siete meses de gestación que podrían tener aire en sus pulmones— para descubrir a una De la Vega que antepone la «intimidad de las mujeres» al trabajo judicial.
En la cadena SER, no tuvo problema en reconocer que pensaba influir en la actuación judicial: «Como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley», dijo.
Incluso reconoció que había ordenado convenientemente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ya «ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto».
En su militancia feminista, incluso puso en duda la profesionalidad de los jueces: «Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y a los que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor por lo que la ley les protege».
(...)
La propia acusación particular contra la clínica Isadora, el Centro Jurídico Tomás Moro, explicó la realidad judicial del asunto y mostró más ecuanimidad que la segunda responsable del Gobierno al recordar que «las mujeres que han abortado y que están declarando como testigos con motivo de los supuestos abortos ilegales no han cometido ningún delito, ya que si los análisis psicológicos que permitieron los abortos son incorrectos, la culpa sería de la clínica».
Para tranquilidad de la vicepresidenta, indicaron que «se está protegiendo la identidad de las testigos, como pasa en muchos juicios, que pueden, además, acogerse a los sistemas de protección de la identidad. No tendría sentido que las clínicas fueran inmunes a todo tipo de investigación y en este caso existe sospecha de delito».
El Gobierno irrumpe en el escándalo de los abortos en defensa de mujeres y clínicas
Fuente: La Razón
15 de enero de 2008
Mientras que la Justicia trata de esclarecer que ocurre en las clínicas abortistas de puertas para adentro, la polémica desatada tras la detención del doctor Morín se ha metido hasta el fondo en el charco político. Y es que, el debate que parecía hibernar sobre la hipotética reforma de la Ley del Aborto desde hace mucho tiempo se ha colado casi sin pretenderlo en plena precampaña electoral. De hecho, algunos dirigentes socialistas ya han dejado caer que en el futuro podría retocarse la normativa y que los supuestos podrían ser reemplazados por los plazos. No obstante, cualquier movimiento en uno u otro sentido, tendrá que esperar a que las urnas clarifiquen el panorama, o lo que es lo mismo, que la patata se haya enfriado lo suficiente.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido una de las dirigentes socialistas que ha aprovechado la presencia de micrófonos para hablar sobre la cuestión.
Según ella, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas que protejan la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto y que, a su vez, «las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos sin intimidaciones, amenazas y coacciones», informa Ep. Sobre el futuro, adelantó su intención de «abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos».
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15 de enero de 2008
Mientras que la Justicia trata de esclarecer que ocurre en las clínicas abortistas de puertas para adentro, la polémica desatada tras la detención del doctor Morín se ha metido hasta el fondo en el charco político. Y es que, el debate que parecía hibernar sobre la hipotética reforma de la Ley del Aborto desde hace mucho tiempo se ha colado casi sin pretenderlo en plena precampaña electoral. De hecho, algunos dirigentes socialistas ya han dejado caer que en el futuro podría retocarse la normativa y que los supuestos podrían ser reemplazados por los plazos. No obstante, cualquier movimiento en uno u otro sentido, tendrá que esperar a que las urnas clarifiquen el panorama, o lo que es lo mismo, que la patata se haya enfriado lo suficiente.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido una de las dirigentes socialistas que ha aprovechado la presencia de micrófonos para hablar sobre la cuestión.
Según ella, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas que protejan la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto y que, a su vez, «las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos sin intimidaciones, amenazas y coacciones», informa Ep. Sobre el futuro, adelantó su intención de «abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos».
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Pastor: "La Administración debe velar por hacer cumplir la ley del aborto"
Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de enero de 2008
La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, señaló que los "problemas" que están surgiendo tanto en Barcelona como en otros puntos de España, indican que "determinados aspectos están fallando y habrá que velar para que no lo hagan". En este sentido, apuntó que "la responsabilidad de su aplicación corresponde a los tribunales y a las administraciones que son quienes deberán velar por su cumplimiento".
Con todo, Pastor se mostró, en una entrevista a Punto Radio recogida por Europa Press, partidaria de no modificar la Ley del Aborto y de que se aplique "tal y como se recogió".
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15 de enero de 2008
La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, señaló que los "problemas" que están surgiendo tanto en Barcelona como en otros puntos de España, indican que "determinados aspectos están fallando y habrá que velar para que no lo hagan". En este sentido, apuntó que "la responsabilidad de su aplicación corresponde a los tribunales y a las administraciones que son quienes deberán velar por su cumplimiento".
Con todo, Pastor se mostró, en una entrevista a Punto Radio recogida por Europa Press, partidaria de no modificar la Ley del Aborto y de que se aplique "tal y como se recogió".
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De la Vega defiende a las clínicas abortistas
Fuente: La Gaceta de los Negocios
15 de enero de 2008
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no va a permitir que "ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales" en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
"Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege", dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser.
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que "se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto.
Además, aseguró que el Ejecutivo hará "que la ley se cumpla" para que "las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones".
Abrir un debate
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará "atento y vigilante". De la Vega (...) señaló que sí que pretende "abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva".
15 de enero de 2008
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no va a permitir que "ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales" en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
"Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege", dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser.
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que "se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto.
Además, aseguró que el Ejecutivo hará "que la ley se cumpla" para que "las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones".
Abrir un debate
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará "atento y vigilante". De la Vega (...) señaló que sí que pretende "abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva".
sábado, 12 de enero de 2008
La Generalitat clausura las empresas de Morín
Fuente: Hispanidad
11 de enero de 2008
Este miércoles 9 fueron clausurados por el departamento de Sanidad de la Generalitat catalana los centros de Carlos Morín, en prisión por presuntos abortos ilegales. La clausura se produce tras comprobar que el personal médico ya no trabajaba en los centros. Y no es extraño: no han cobrado ni la nómina de noviembre. Y eso a pesar de que los centros han permanecido abiertos y que se ha seguido facturando cuantías no bajas. ¿Qué se hacía con el dinero? Morín dio orden a su abogado de que recogiera diariamente la recaudación. Y así lo hizo. De manera que no hubo posibilidad de pagar.
La maniobra empresarial consiste en obligar a los trabajadores a pasar al Fondo de Garantía salarial. De esta manera es la administración quien se hace cargo del pago de las nóminas. Lo que nos ha hecho -porque ni trabajadores ni proveedores lo han pedido todavía- es instar la quiebra, o al menos la suspensión de pagos, que parece lo razonable. Al fin y al cabo, las deudas con proveedores y con los dueños de los locales donde ejercía su siniestra actividad, están sin pagar desde hace meses.
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11 de enero de 2008
Este miércoles 9 fueron clausurados por el departamento de Sanidad de la Generalitat catalana los centros de Carlos Morín, en prisión por presuntos abortos ilegales. La clausura se produce tras comprobar que el personal médico ya no trabajaba en los centros. Y no es extraño: no han cobrado ni la nómina de noviembre. Y eso a pesar de que los centros han permanecido abiertos y que se ha seguido facturando cuantías no bajas. ¿Qué se hacía con el dinero? Morín dio orden a su abogado de que recogiera diariamente la recaudación. Y así lo hizo. De manera que no hubo posibilidad de pagar.
La maniobra empresarial consiste en obligar a los trabajadores a pasar al Fondo de Garantía salarial. De esta manera es la administración quien se hace cargo del pago de las nóminas. Lo que nos ha hecho -porque ni trabajadores ni proveedores lo han pedido todavía- es instar la quiebra, o al menos la suspensión de pagos, que parece lo razonable. Al fin y al cabo, las deudas con proveedores y con los dueños de los locales donde ejercía su siniestra actividad, están sin pagar desde hace meses.
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Más de un mes de detenciones, cierres y protestas
Fuente: La Razón
12 de enero de 2008
El de ayer ha sido el penúltimo episodio de la polémica sobre las clínicas abortistas. Todo se inició el pasado día 26 de noviembre cuando la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas relacionadas con la presunta ejecución de abortos ilegales. Entre ellos estaba el doctor Morín, que ya estuvo en prisión en 1989 por la práctica de abortos ilegales en una clínica de Alicante. También en Barcelona, el 17 de diciembre, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a estas supuestas prácticas. Se trataba de tres ginecólogos, dos anestesistas y dos psiquiatras. Sin embargo, el escándalo traspasó los límites de Cataluña y llegó hasta Madrid. En la capital, el 10 de diciembre, fue clausurada una fililial de la polémica clímica. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el motivo fue la detección de una serie de irregularidades en el centro médico. Apenas tres días después, la clínica Mayrit también estaba en el disparadero. De nuevo una inspección de la administración autonómica ponía bajo sospecha a sus responsables. Allí, los inspectores hallaron carpetas sujetas con gomas con la inscripción «destruir» y una serie de informes psiquiátricos sin rellenar pero firmados y sellados. La respuesta de las clínicas no se hizo esperar y el día 8 iniciaron una huelga denunciando la falta de seguridad jurídica de sus profesionales.
12 de enero de 2008
El de ayer ha sido el penúltimo episodio de la polémica sobre las clínicas abortistas. Todo se inició el pasado día 26 de noviembre cuando la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas relacionadas con la presunta ejecución de abortos ilegales. Entre ellos estaba el doctor Morín, que ya estuvo en prisión en 1989 por la práctica de abortos ilegales en una clínica de Alicante. También en Barcelona, el 17 de diciembre, fueron arrestadas otras siete personas vinculadas a estas supuestas prácticas. Se trataba de tres ginecólogos, dos anestesistas y dos psiquiatras. Sin embargo, el escándalo traspasó los límites de Cataluña y llegó hasta Madrid. En la capital, el 10 de diciembre, fue clausurada una fililial de la polémica clímica. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el motivo fue la detección de una serie de irregularidades en el centro médico. Apenas tres días después, la clínica Mayrit también estaba en el disparadero. De nuevo una inspección de la administración autonómica ponía bajo sospecha a sus responsables. Allí, los inspectores hallaron carpetas sujetas con gomas con la inscripción «destruir» y una serie de informes psiquiátricos sin rellenar pero firmados y sellados. La respuesta de las clínicas no se hizo esperar y el día 8 iniciaron una huelga denunciando la falta de seguridad jurídica de sus profesionales.
El aborto no es un derecho, por Juan Sánchez
Fuente: La Razón (extracto)
12 de enero de 2008
(...) uno de los mayores logros de la izquierda ha sido el de transformar nuestra percepción de la realidad a través de la manipulación del lenguaje.
Este mismo lenguaje justifica la ocultación de una cruda realidad y la eliminación de miles de vidas humanas. Llamarle al aborto «interrupción voluntaria del embarazo» es una mostruosidad sólo comparable con oírle a Josu Ternera decir que los guardias civiles mueren por «intoxicación aguda de plomo».
Creo, sinceramente, que en toda la historia de la humanidad no ha habido nada más macabro que llamarle «derecho» a acabar con la vida de un ser humano, indefenso, e inocente. Abortar es acabar con la vida de un ser humano. Eso está clarísimo. Y acabar con la vida de un ser humano nunca puede ser un derecho. Lo diga quien lo diga, por muy progresista que sea.
España es el país más permisivo de Europa en materia abortiva. Aquí es legal asesinar a un crío de nueve meses con un simple certificado del centro abortista alegando «depresión». Pues aun así, nuestra legislación no contempla que ese aborto sea «un derecho», sino un «delito despenalizado».
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12 de enero de 2008
(...) uno de los mayores logros de la izquierda ha sido el de transformar nuestra percepción de la realidad a través de la manipulación del lenguaje.
Este mismo lenguaje justifica la ocultación de una cruda realidad y la eliminación de miles de vidas humanas. Llamarle al aborto «interrupción voluntaria del embarazo» es una mostruosidad sólo comparable con oírle a Josu Ternera decir que los guardias civiles mueren por «intoxicación aguda de plomo».
Creo, sinceramente, que en toda la historia de la humanidad no ha habido nada más macabro que llamarle «derecho» a acabar con la vida de un ser humano, indefenso, e inocente. Abortar es acabar con la vida de un ser humano. Eso está clarísimo. Y acabar con la vida de un ser humano nunca puede ser un derecho. Lo diga quien lo diga, por muy progresista que sea.
España es el país más permisivo de Europa en materia abortiva. Aquí es legal asesinar a un crío de nueve meses con un simple certificado del centro abortista alegando «depresión». Pues aun así, nuestra legislación no contempla que ese aborto sea «un derecho», sino un «delito despenalizado».
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Los abortos ilegales salpican a la Isadora
Fuente: La Razón
12 de enero de 2008
La polémica de las clínicas abortistas llega a los tribunales. Después de más de un mes de detenciones, clausuras, denuncias y huelgas, el asunto ha cruzado el umbral de la Justicia, que tendrá que determinar qué es lo que ocurre en estos centros de puertas para adentro. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos, algunas ya en la tarde de ayer, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la Clínica Isadora.
La atención del juez se centra en el modo en que se retiran los residuos biosanitarios y en la presunta práctica de abortos ilegales, según confirmó ayer a Ep una de las abogadas de las testigos.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de «La Vida Importa» interpuesta el pasado 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos -de fetos de más de ocho meses- y biosanitarios -gasas o jeringuillas- a los cubos de basura.
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12 de enero de 2008
La polémica de las clínicas abortistas llega a los tribunales. Después de más de un mes de detenciones, clausuras, denuncias y huelgas, el asunto ha cruzado el umbral de la Justicia, que tendrá que determinar qué es lo que ocurre en estos centros de puertas para adentro. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos, algunas ya en la tarde de ayer, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la Clínica Isadora.
La atención del juez se centra en el modo en que se retiran los residuos biosanitarios y en la presunta práctica de abortos ilegales, según confirmó ayer a Ep una de las abogadas de las testigos.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de «La Vida Importa» interpuesta el pasado 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos -de fetos de más de ocho meses- y biosanitarios -gasas o jeringuillas- a los cubos de basura.
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La Justicia cita a declarar a 28 mujeres que abortaron en un centro investigado de Madrid
Fuente: Abc (extracto)
12 de enero de 2008
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a veintiocho mujeres -que estaban embarazadas y abortaron en la clínica Isadora- como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica madrileña Isadora, centro autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Clínica Isadora fue objeto de una denuncia interpuesta ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 9 de junio de 2006 por la organización «La Vida Importa» por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura, informa Ep. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó hace menos de un año que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales. Y remitió al juzgado el resultado de su investigación, de la que se deriva ahora la actuación emprendida por el citado juzgado.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo han denunciado, antes las últimas decisiones judiciales, que son víctimas de «una persecución política». Ante ello, el presidente de «La Vida Importa», Juan Sánchez Galera, ha pedido a esas clínicas que «dejen de hacerse las víctimas y dejen actuar a la Justicia, como hacemos nosotros». Sánchez Galera añadió que «las verdaderas víctimas son los seres humanos que mueren en los abortos y también las mujeres».
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12 de enero de 2008
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a veintiocho mujeres -que estaban embarazadas y abortaron en la clínica Isadora- como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica madrileña Isadora, centro autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Clínica Isadora fue objeto de una denuncia interpuesta ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 9 de junio de 2006 por la organización «La Vida Importa» por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura, informa Ep. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó hace menos de un año que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales. Y remitió al juzgado el resultado de su investigación, de la que se deriva ahora la actuación emprendida por el citado juzgado.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo han denunciado, antes las últimas decisiones judiciales, que son víctimas de «una persecución política». Ante ello, el presidente de «La Vida Importa», Juan Sánchez Galera, ha pedido a esas clínicas que «dejen de hacerse las víctimas y dejen actuar a la Justicia, como hacemos nosotros». Sánchez Galera añadió que «las verdaderas víctimas son los seres humanos que mueren en los abortos y también las mujeres».
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viernes, 11 de enero de 2008
Los establecimientos de abortos, a espaldas del Estado de Derecho
Fuente: La Vida Importa
Impresiones sobre la huelga (o supuesta huelga) de los establecimientos abortistas
Durante estos días hemos escuchado bastantes declaraciones de diversos responsables de los establecimientos abortistas. Como más abajo se lee, aseguran que no se los puede someter a inspección judicial ni administrativa. Todo lo contrario de lo que sucede con los ciudadanos, asociaciones y empresas españolas.
Los responsables de dichos establecimientos parecen desconocer uno de nuestros principios democráticos: que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. La Constitución consagra, precisamente de este modo, la igualdad de todos ante la Ley. Por tanto, todos debemos rendir cuentas y explicar lo que hemos hecho, cuando existen indicios o pruebas de delito o falta. Hacienda puede revisar nuestra Declaración de la Renta, la Guardia Civil puede requerirnos para que detengamos el coche y mostremos nuestra documentación, los semáforos en rojo nos impiden continuar la marcha.
Sin embargo, los establecimientos de abortos quieren dar a entender que aspiran a un privilegio que les permita operar al margen del Estado de Derecho.
No, no es una caza de brujas. Estamos ante un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas basadas en el orden constitucional, el imperio de la Ley y la vigencia del Estado de Derecho. Sí, señoras y señores, el Estado de Derecho debe estar vigente incluso en las cuentas bancarias de los establecimientos de abortos. Incluso en las salas alicatadas donde se realizan los abortos.
Por otro lado, los establecimientos de abortos debieran conocer mejor la legislación española, y no llamar “derecho” a lo que en realidad es un “delito despenalizado”. Y también deberían informar a las mujeres de los graves problemas, sobre todo psicológicos, que acarrea un aborto provocado.
En otras palabras, invitamos a los establecimientos de abortos a integrarse plenamente en el Estado de Derecho y la Constitución.
Impresiones sobre la huelga (o supuesta huelga) de los establecimientos abortistas
Durante estos días hemos escuchado bastantes declaraciones de diversos responsables de los establecimientos abortistas. Como más abajo se lee, aseguran que no se los puede someter a inspección judicial ni administrativa. Todo lo contrario de lo que sucede con los ciudadanos, asociaciones y empresas españolas.
Los responsables de dichos establecimientos parecen desconocer uno de nuestros principios democráticos: que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. La Constitución consagra, precisamente de este modo, la igualdad de todos ante la Ley. Por tanto, todos debemos rendir cuentas y explicar lo que hemos hecho, cuando existen indicios o pruebas de delito o falta. Hacienda puede revisar nuestra Declaración de la Renta, la Guardia Civil puede requerirnos para que detengamos el coche y mostremos nuestra documentación, los semáforos en rojo nos impiden continuar la marcha.
Sin embargo, los establecimientos de abortos quieren dar a entender que aspiran a un privilegio que les permita operar al margen del Estado de Derecho.
No, no es una caza de brujas. Estamos ante un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas basadas en el orden constitucional, el imperio de la Ley y la vigencia del Estado de Derecho. Sí, señoras y señores, el Estado de Derecho debe estar vigente incluso en las cuentas bancarias de los establecimientos de abortos. Incluso en las salas alicatadas donde se realizan los abortos.
Por otro lado, los establecimientos de abortos debieran conocer mejor la legislación española, y no llamar “derecho” a lo que en realidad es un “delito despenalizado”. Y también deberían informar a las mujeres de los graves problemas, sobre todo psicológicos, que acarrea un aborto provocado.
En otras palabras, invitamos a los establecimientos de abortos a integrarse plenamente en el Estado de Derecho y la Constitución.
Fomento del aborto ilegal, por Clemente Ferrer
Fuente: Diario Siglo XXI
11 de enero de 2008
El aborto siempre es detestable, no sólo por ser delito (en España es delito despenalizado en tres supuestos), sino, sobre todo, porque es un atentado horrible contra la vida más inocente: la del niño camino de su nacimiento, digno del amparo de sus padres, de la sociedad y de los poderes públicos. Josep Miró, presidente de E-cristians, revela que en España la legislación que reglamenta las prerrogativas concretas en que el aborto no es punible tiene una regulación mínima, porque las regencias públicas no han anhelado mejorarla. "No existe ningún control previo, durante o posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto".
La exigua proporción de abortos que se ejecutan en los sanatorios públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino a que se ve mas ventajoso encaminar hacia clínicas privadas los abortos que no están palmariamente tipificados. "Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre aborto significan más del 95 por ciento del total".
La sanidad pública, sigue aclarando Miró, ha implantado un procedimiento para donar fondos públicos a las clínicas abortistas, de dos formas: "Una mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero de los contribuyentes, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que lo financian. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las clínicas abortistas".
El sistema se presta a abusos probados. "Los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos".
Los fondos de la sanidad pública aviva así substanciosos contratos privados con las clínicas abortistas. "Aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. El resultado es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de la natalidad".
Clemente Ferrer Roselló es presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad.
11 de enero de 2008
El aborto siempre es detestable, no sólo por ser delito (en España es delito despenalizado en tres supuestos), sino, sobre todo, porque es un atentado horrible contra la vida más inocente: la del niño camino de su nacimiento, digno del amparo de sus padres, de la sociedad y de los poderes públicos. Josep Miró, presidente de E-cristians, revela que en España la legislación que reglamenta las prerrogativas concretas en que el aborto no es punible tiene una regulación mínima, porque las regencias públicas no han anhelado mejorarla. "No existe ningún control previo, durante o posterior al proceso que permita detectar irregularidades. La carencia es tan grave, que si en este ámbito se aplicara la normativa habitual en materia de talas forestales, el número de abortos disminuiría en gran medida. En España es más difícil cortar un árbol ilegalmente que cometer un aborto".
La exigua proporción de abortos que se ejecutan en los sanatorios públicos no se debe a la objeción de conciencia de los médicos, sino a que se ve mas ventajoso encaminar hacia clínicas privadas los abortos que no están palmariamente tipificados. "Esto explica la baja participación de los hospitales públicos en los abortos, y el escaso número de casos por enfermedad mental de la madre que se da en los mismos, cuando en las estadísticas sobre aborto significan más del 95 por ciento del total".
La sanidad pública, sigue aclarando Miró, ha implantado un procedimiento para donar fondos públicos a las clínicas abortistas, de dos formas: "Una mediante un acuerdo con una fundación privada, que, con dinero de los contribuyentes, subvenciona a las mujeres que quieren abortar. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas son los agentes que lo financian. La segunda vía consiste en establecer convenios entre las Comunidades Autónomas y las clínicas abortistas".
El sistema se presta a abusos probados. "Los médicos psiquiatras que determinan el riesgo grave de salud para la madre están a sueldo de la propia clínica que hace el aborto, y sus dictámenes no están sometidos a ningún control, ni de la Administración ni del Colegio de Médicos".
Los fondos de la sanidad pública aviva así substanciosos contratos privados con las clínicas abortistas. "Aquello que no se hace en las prestaciones sanitarias obligatorias, el desviar a los centros privados enfermos para evitar riesgos o largas y angustiosas esperas, se hace con el aborto. El resultado es una verdadera política de fomento del aborto, a pesar de que la mayor amenaza para el bienestar y la prosperidad de nuestro país es la crisis de la natalidad".
Clemente Ferrer Roselló es presidente del Instituto Europeo de Marketing, Comunicación y Publicidad.
Declaran ante la juez Morín y otros implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en Barcelona
Fuente: Terra
11 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona volvió esta mañana a tomar declaración al ginecólogo peruano Carlos Morín y a otros de los implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en clínicas de Barcelona, entre los que también se encuentra una mujer holandesa investigada en su país por abortar en España de forma irregular.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la juez Elisabeth Castelló convocó para hoy esta nueva citación después de recibir una comisión rogatoria enviada desde un juzgado holandés, que investiga el caso de una mujer de este país que pudo haber interrumpido su embarazo de forma ilegal en alguna de las clínicas de Morín, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de noviembre, junto a su esposa María Luisa D.S., otra empleada de las clínicas, y dos psiquiatras acusados de falsear informes.
A todos ellos, se les imputan varios delitos de aborto e intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita. Tras el inicio de la investigación y el registro de las clínicas TBC, Ginemedex, BarnaMedic y EMECE han sido detenidas un total de 13 personas, entre cargos administrativos, médicos, psiquiatras, ginecólogos y anestesistas.
11 de enero de 2008
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona volvió esta mañana a tomar declaración al ginecólogo peruano Carlos Morín y a otros de los implicados en la supuesta trama de abortos ilegales en clínicas de Barcelona, entre los que también se encuentra una mujer holandesa investigada en su país por abortar en España de forma irregular.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la juez Elisabeth Castelló convocó para hoy esta nueva citación después de recibir una comisión rogatoria enviada desde un juzgado holandés, que investiga el caso de una mujer de este país que pudo haber interrumpido su embarazo de forma ilegal en alguna de las clínicas de Morín, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de noviembre, junto a su esposa María Luisa D.S., otra empleada de las clínicas, y dos psiquiatras acusados de falsear informes.
A todos ellos, se les imputan varios delitos de aborto e intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita. Tras el inicio de la investigación y el registro de las clínicas TBC, Ginemedex, BarnaMedic y EMECE han sido detenidas un total de 13 personas, entre cargos administrativos, médicos, psiquiatras, ginecólogos y anestesistas.
La huelga patronal de los centros abortistas es un fraude
Fuente: Hispanidad
11 de enero de 2008
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos resumir la huelga patronal convocada por los centros de abortos en España. Dicen que se sienten “amenazados” y que no pueden realizar su trabajo con las suficientes garantías jurídicas. Así que han convocado una huelga esta semana. Pero una huelga fraudulenta. Resulta que seguirán atendiendo a aquellas mujeres en las que su vida corra riesgo. Teniendo en cuenta que el 97% de los abortos realizados en España se realizan bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la madre, la conclusión es obvia: no hay huelga real.
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11 de enero de 2008
Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos resumir la huelga patronal convocada por los centros de abortos en España. Dicen que se sienten “amenazados” y que no pueden realizar su trabajo con las suficientes garantías jurídicas. Así que han convocado una huelga esta semana. Pero una huelga fraudulenta. Resulta que seguirán atendiendo a aquellas mujeres en las que su vida corra riesgo. Teniendo en cuenta que el 97% de los abortos realizados en España se realizan bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la madre, la conclusión es obvia: no hay huelga real.
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Los abortos de Clínica Isadora, en el juzgado: llaman a declarar a 28 mujeres
Fuente: Forum Libertas
11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
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11 de enero de 2008
El juez titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la "retirada de residuos biosanitarios" y por la posible práctica de abortos ilegales, según explicaba a Europa Press la abogada de una de estas mujeres.
Aunque había una serie de denuncias contra las clínicas Dator, Isadora y el Bosque desde junio de 2006, la investigación no avanzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que probablemente practicaba abortos ilegales. Y además, hizo fotos.
El 16 de febrero de 2007, la Guardia Civil investigó las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando (recoge Gaceta de los Negocios) que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos humanos que, por ley, deberían ser incinerados o tratados de otra forma. Parte de esos "restos sanitarios" eran fetos de gran tamaño.
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Zapatero y los obispos, por Rodríguez Adrados
Fuente: Abc (Extracto de la Tercera)
10 de enero de 2008
Desde la fecha más antigua las más diversas sociedades han aceptado excepciones al «no matarás» que Dios dictó a Moisés. Excepciones como la militar: los vencidos en guerra eran pasados a cuchillo hasta que llegaron las no siempre cumplidas leyes de guerra, la convención de Ginebra; la mujeres pasaban al lecho de los vencedores. Había la excepción judicial: la pena de muerte, en tantos lugares. La excepción religiosa: las víctimas sacrificadas, parece que en Grecia y otros lugares en la edad más arcaica, sin duda en el Méjico y el Perú prehispánicos, toda la comunidad recogía frutos y prosperidad de aquellas víctimas engalanadas (entre ellas los españoles precipitados, tras arrancarles el corazón, por las gradas del templo mayor de México).
Y había la excepción de los niños deformes en Esparta, precipitados desde el Taigeto; y la de las niñas en China; y la de los viejos ya inútiles en tantos lugares. El aborto es otra excepción más o menos consentida a lo largo de los tiempos.
La cuestión es esta. Lo que llaman el avance de la civilización o el progreso o la democracia, como quieran, ha tendido a borrar muchas de estas excepciones. También entre los cristianos, a partir de un momento. Se ven con horror los sacrificios y condenas de tipo religioso, los de niños y niñas y viejos deformes. Se condena la pena de muerte. Se abomina de las guerras (aunque resurgen por doquier). Parece que todo eso va contra la religión y contra el progreso. En esto, al menos, estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, hay campañas que no cesan a favor de la eutanasia y del aborto. ¿Es esto progresista? Parece que, para algunos, sí. Los demás nos quedamos estupefactos. No podemos ni creerlo. Ni que entre en las leyes, más o menos, ni que algunos obtengan beneficios económicos. Pero así es.
Y socialmente hablando, 100.000 españoles menos al año, más los que se evitan de mil otras maneras, dejan un hueco que sólo los emigrantes llenan. Nuestra nación decae. Vean Vds., esta que hago es una proclama que puede titularse religiosa pero, también, simplemente humana. Simplemente social. No vale la pena arrostrar todo esto por un puñado de votos. Esto es lo que intento: hacer ver que el Cristianismo y sus portavoces no hacen otra cosa, en este caso, que seguir a una moralidad simplemente humana. Que ellos contribuyen a defender, sacralizándola. Y que está más allá de los votos, los votos no pueden abrogarla. No pueden negar el día o la noche.
En suma: lo cristiano es continuación, culminación, de algo que es simplemente humano o desarrollo humano. Demolerlo en nombre de una ley o de un Gobierno o de unos votos que son transitorios (y que, sin duda, no se pidieron para esto) no parece razonable. La vida de una sociedad, la de una nación, son largas. No las tronchemos por conseguir el favor de pequeños grupos. Los votos no abren una veda para todo.
Esto es lo que quería comentar. Detrás de un episodio electoral y un episodio religioso hay un episodio filosófico. Los votos no pueden decidirlo todo.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSde las Reales Academias Española y de la Historia
10 de enero de 2008
Desde la fecha más antigua las más diversas sociedades han aceptado excepciones al «no matarás» que Dios dictó a Moisés. Excepciones como la militar: los vencidos en guerra eran pasados a cuchillo hasta que llegaron las no siempre cumplidas leyes de guerra, la convención de Ginebra; la mujeres pasaban al lecho de los vencedores. Había la excepción judicial: la pena de muerte, en tantos lugares. La excepción religiosa: las víctimas sacrificadas, parece que en Grecia y otros lugares en la edad más arcaica, sin duda en el Méjico y el Perú prehispánicos, toda la comunidad recogía frutos y prosperidad de aquellas víctimas engalanadas (entre ellas los españoles precipitados, tras arrancarles el corazón, por las gradas del templo mayor de México).
Y había la excepción de los niños deformes en Esparta, precipitados desde el Taigeto; y la de las niñas en China; y la de los viejos ya inútiles en tantos lugares. El aborto es otra excepción más o menos consentida a lo largo de los tiempos.
La cuestión es esta. Lo que llaman el avance de la civilización o el progreso o la democracia, como quieran, ha tendido a borrar muchas de estas excepciones. También entre los cristianos, a partir de un momento. Se ven con horror los sacrificios y condenas de tipo religioso, los de niños y niñas y viejos deformes. Se condena la pena de muerte. Se abomina de las guerras (aunque resurgen por doquier). Parece que todo eso va contra la religión y contra el progreso. En esto, al menos, estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, hay campañas que no cesan a favor de la eutanasia y del aborto. ¿Es esto progresista? Parece que, para algunos, sí. Los demás nos quedamos estupefactos. No podemos ni creerlo. Ni que entre en las leyes, más o menos, ni que algunos obtengan beneficios económicos. Pero así es.
Y socialmente hablando, 100.000 españoles menos al año, más los que se evitan de mil otras maneras, dejan un hueco que sólo los emigrantes llenan. Nuestra nación decae. Vean Vds., esta que hago es una proclama que puede titularse religiosa pero, también, simplemente humana. Simplemente social. No vale la pena arrostrar todo esto por un puñado de votos. Esto es lo que intento: hacer ver que el Cristianismo y sus portavoces no hacen otra cosa, en este caso, que seguir a una moralidad simplemente humana. Que ellos contribuyen a defender, sacralizándola. Y que está más allá de los votos, los votos no pueden abrogarla. No pueden negar el día o la noche.
En suma: lo cristiano es continuación, culminación, de algo que es simplemente humano o desarrollo humano. Demolerlo en nombre de una ley o de un Gobierno o de unos votos que son transitorios (y que, sin duda, no se pidieron para esto) no parece razonable. La vida de una sociedad, la de una nación, son largas. No las tronchemos por conseguir el favor de pequeños grupos. Los votos no abren una veda para todo.
Esto es lo que quería comentar. Detrás de un episodio electoral y un episodio religioso hay un episodio filosófico. Los votos no pueden decidirlo todo.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOSde las Reales Academias Española y de la Historia
Aborto: cierre por ampliación de negocio
Fuente: Aceprensa
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
10 de enero de 2008
Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.
Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín –ahora en prisión– pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).
“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.
Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas...
“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.
Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.
No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.
Lackoff, el aborto y los conceptos jurídicos
Fuente: Libertad Digital
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
9 de enero de 2008
Si el uso de las palabras no es neutral quizás lo es menos cuando quien las pronuncia es el coordinador de la campaña electoral del PSOE en una entrevista de fin de año.
Jesús Caldera ha aprendido bien las lecciones de George Lackoff, el lingüista norteamericano que ha acudido a la llamada de los estrategas socialistas para explicarles el valor de las palabras. Según Lackoff las palabras se encuadran en marcos previos que encuadran y llenan de contenido el sentido de nuestras palabras.
Cuando hablamos de realidades jurídicas las teorías de comunicación de Lackoff nos alejan de las justicia porque en un Estado de Derecho es precisamente la ley quien determina el alcance de esos conceptos. En el caso de la entrevista al coordinador de la campaña el marco es claro pero incurre en errores jurídicos que tienen un calado enorme en uno de los bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento: la vida.
La calificación del aborto y la eutanasia como “derechos” supone un gran error jurídico provocado por los entrevistadores que, respondiendo a un error ampliamente extendido en los medios de comunicación, indagan sobre la ampliación del “derecho” al aborto y a la eutanasia en la próxima legislatura. Y es que, a los entrevistadores les parece congruente ampliar esos “derechos” con la proclamación previa del ministro de que el partido socialista no tiene que “viajar al centro”.
Pero es que las palabras en derecho tienen importancia, y mucha, ya que expresan la calificación jurídica de las distintas realidades y establecen su tratamiento para el derecho.
La calificación jurídica del aborto es clara: es un delito tipificado en nuestro Código Penal y todo su tratamiento ha de responder a esta premisa; el hecho de que en determinadas situaciones no sea punible no significa que no sea indeseable aun en esos casos y, por consiguiente, nunca puede considerarse la acción de abortar como el contenido de un verdadero derecho subjetivo.
miércoles, 9 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en huelga reconocen que se saltan masivamente la ley
Fuente: La Gaceta de los Negocios
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
9 de enero de 2008
Reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”.
Santiago Mata.
Las clínicas abortistas, en huelga en Barcelona y Madrid durante toda esta semana, reconocen que se saltan la ley al incluir la inmensa mayoría de los abortos bajo el supuesto de “peligro para la salud de la madre”. Si no se saltaran la ley y realmente ejecutaran los abortos sólo en los tres supuestos despenalizados por la ley (peligro para la salud, malformaciones del feto y violación), sencillamente no harían huelga. Así se desprende de las declaraciones realizadas a Reuters por Francisca García, portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
García ha afirmado que las 31 clínicas de ACAI “cerrarán sus puertas, excepto en los casos donde la salud de la madre esté en riesgo”. Por lo tanto, aparentemente estas clínicas seguirán ejecutando el 97% de abortos que habitualmente incluyen bajo el supuesto de peligro para la salud de la embarazada (curiosamente la llaman madre cuando impiden que pueda llegar a serlo). Si, por el contrario, bajan el ritmo de abortos algo más de ese 3% que cae bajo supuestos distintos al de la salud, estarán reconociendo que esa diferencia suplementaria equivale a los abortos que realizaban de manera ilegal.
Si, como cabe esperar, esta semana dejan de ejecutar buena parte de los abortos en embarazos que calificaban como peligrosos para la salud, habrá que dar la razón a las clínicas de ACAI cuando sienten los cierres de clínicas abortistas en Barcelona y Madrid en los dos últimos meses como una persecución: pero será porque ellos mismos reconocen que realizan abortos ilegalmente.
Los establecimientos abortistas en huelga se reunirá con autoridades de la CAM
Fuente: La Gaceta de los Negocios
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
9 de enero de 2008
Estos centros piden, entre otras cosas, que se permita a las mujeres abortar como "prestación sanitaria básica legal".
La junta directiva de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se reunirá mañana con representantes de la Delegación del Gobierno y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo están en huelga, según informó hoy esta asociación en un comunicado.
Estos centros piden tres objetivos básicos, que se permita a las mujeres recurrir al aborto como "prestación sanitaria básica legal", que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que practican el aborto y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" para reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
"Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 abortos, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", advirtieron, puntualizando que seguirán ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".
ACAI dice que el aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que a su entender "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".
El negocio del aborto
Fuente: Abc
Editorial del 9 de enero de 2008
Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.
Editorial del 9 de enero de 2008
Desde ayer, diversos centros dedicados a la práctica del aborto han iniciado una farsa victimista consistente en cesar su actividad durante cuatro días como protesta por las «presiones» que están recibiendo desde que se destaparon las tramas de abortos ilegales en Barcelona y Madrid. Los responsables de los centros que secundan esta peculiar huelga reclaman, además, «seguridad jurídica» para médicos y mujeres. Tales planteamientos constituyen un intento crispado de desviar la atención sobre las graves violaciones de la ley reguladora del aborto, de las que ABC ha venido informando en los últimos meses. Quienes cumplan las condiciones legales para practicar alguno de los abortos despenalizados nada deben temer de las inspecciones administrativas y de las investigaciones judiciales que se están realizando. Por eso es un contrasentido pedir seguridad jurídica y, al mismo tiempo, protestar por el hecho de que se esté aplicando la ley.
Tal contradicción es un síntoma de la realidad que se pretende ocultar con la huelga de los centros abortistas: si la ley se aplicara estrictamente, el número de abortos disminuiría drásticamente y, por tanto, la industria abortista vería reducidos sus beneficios. Para reclamar seguridad jurídica no hace falta parar la actividad de centros que, supuestamente, respetan la ley. Cosa distinta es que los promotores de esta iniciativa tan tramposa consideren que eso que llaman «seguridad jurídica» es pura y simple impunidad para practicar abortos ilegales. Lo que sucede es que ha caído el velo que tapaba la verdadera cara del aborto ilegal en nuestro país, convertido en la meca de las rutas abortistas porque la percepción que se tiene fuera es que en España no se cumple la ley. Es una incógnita -fácilmente despejable- el por qué estos centros, en vez de apoyar la depuración de responsabilidades por la actividad de falsos médicos, por abortos ilegales y por locales sin autorización, se consideran agredidos o perseguidos por las autoridades que se limitan a respetar el ordenamiento jurídico.
Con una cifra superior a cien mil abortos anuales es comprensible que el negocio abortista en España rechace cualquier investigación judicial que desemboque en la aplicación del Código Penal, texto legal que sigue tipificando el aborto como un delito contra la vida. Falta saber cuántos de esos miles de abortos realmente estaban justificados con la ley de 1985. El temor de estas clínicas abortistas no es debido, por tanto, a la arbitrariedad judicial ni a una «presión» persecutoria de las administraciones públicas. Su temor recae en la posibilidad de que la opinión pública empiece a ser más exigente con el aborto y a demandar un mayor rigor en la aplicación de la ley. Los centros en paro no temen esas «presiones» judiciales y públicas -meras actuaciones amparadas por la ley-, sino la denuncia social contra el fraude de ley, la crueldad de los métodos abortistas y la revelación del verdadero negocio creado en torno a la «interrupción voluntaria del embarazo». El cheque en blanco al aborto ilegal en este país se ha acabado.
Si, por el contrario, los centros abortistas quieren denunciar amenazas o coacciones por personas o grupos exaltados, no tienen más que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que tales hechos sean perseguidos como meros delitos que son. Pero lo que resulta una burda manipulación es que, después de haberse hallado fetos viables descuartizados en la basura, eliminados con técnicas horripilantes, y de haberse acreditado casos en los que la mujer era engañada, demanden seguridad jurídica no para las verdaderas víctimas del aborto, sino para quienes lo practican. Hay que insistir en que si estos lo hacen conforme a la ley, no tendrían de qué preocuparse. Otra cosa es que la perspectiva del negocio haga conveniente ponerse la venda antes que la herida.
martes, 8 de enero de 2008
Los establecimientos abortistas en España inician hoy una huelga de cinco días
Fuente: La Gaceta de los Negocios
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
8 de enero de 2008
La "Asociación de Clínicas Acreditadas" (ACAI), el organismo que agrupa a las clínicas abortistas españolas, anunció que la huelga de cinco días, durante los cuales no realizarán abortos, se llevará a cabo "en defensa de nuestra profesionalidad y los derechos de las mujeres".
La ACAI ha organizado la protesta luego que el mes de diciembre se hiciera pública una operación policial contra la práctica de abortos ilegales en Cataluña que puso en evidencia cómo las clínicas privadas de abortos realizan maniobras ilegales para realizar los abortos más tardíos de Europa.
La ACAI señaló que durante los días de "huelga" los únicos servicios que permanecerán en funcionamiento serán los de contracepción y las llamadas "urgencias".
Los abortistas aún trabajan en un comunicado oficial, pero el borrador inicial denuncia que las operaciones de la policía contra las acciones ilegales de las clínicas "crean un entorno en el que no se garantiza nuestra seguridad jurídica y física".
Las clínicas abortistas sostienen que realizan "un gran servicio de salud pública" y que son el supuesto objeto "de una batalla política entre el Gobierno y la oposición que se puede acrecentar por la cercanía de las elecciones generales".
El comunicado oficial de los abortistas también haría referencia a la ley del aborto en España, que describen como "un derecho sexual y reproductivo conquistado hace ya más de 20 años y reconocido por la comunidad internacional, como es la decisión de tener o de no tener hijos".
En total, 32 clínicas abortistas de toda España dejarán de realizar abortos por cinco días.
sábado, 5 de enero de 2008
Once mil menores de edad han abortado en España en los últimos dos años
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA.
Once mil menores de edad abortaron en España en los últimos dos años, con un incremento del 4,2 por ciento en 2006 con respecto al año anterior. De ellos, más de 700 eran chicas residentes en el extranjero que accedieron a nuestro país para someterse a la interrupción del embarazo. De hecho, de las 3.383 mujeres residentes en el extranjero que abortaron en nuestro país el año pasado, 332 eran menores de edad, lo que supone prácticamente una de cada diez.
Entre los dos primeros grupos de edad (menores de 15 años y de 15 a 19 años), en España se contabilizaron casi catorce mil abortos. De ellos, 13.293 fueron de residentes en España, y la interrupción se produjo en su mayoría (87,7 por ciento) entre las primeras doce semanas de gestación. Todo lo contrario que entre las residentes en el extranjero, ya que más de la mitad de las 601 chicas que acudieron a España para «acabar» con su embarazo se encontraban en un muy avanzado estado de gestación, a partir de la semana 17.
Extremadura y Galicia
De las menores de 18 años, 11.244 se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en los últimos dos años, y en 2006 el porcentaje sobre el total de abortos alcanzó el 5,84 por ciento, con diferentes visiones según cada Comunidad Autónoma. Cinco de las comunidades superan la media española, y en este caso no a todas se les puede introducir el elemento de la inmigración para comprender su situación. De hecho, el mayor porcentaje de abortos entre menores de edad con respecto al total de casos se dio el año pasado en Extremadura (un 9,27 por ciento), región que no tiene una gran carga de inmigrantes, como tampoco Galicia (6,88%).
Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana son las otras autonomías, y a éstas hay que añadir los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con cifras en estos últimos casos no significativas. Y, por supuesto, las menores residentes en el extranjero, que en porcentaje suponen un 9,81 por ciento del total que vienen a España por ese motivo.
En 2006 el número de abortos alcanzó los 101.592, que se deben dividir en dos bloques: residentes en España y residentes en el extranjero. Hemos realizado una comparativa entre ambos grupos porque ciertas diferencias llaman la atención y pueden hacer comprender por qué y quiénes se desplazan de su país de residencia al nuestro con una misión: que alguien interrumpa su embarazo sin que se pueda encontrar problema legal alguno.
A partir de la semana 17
Por ejemplo, el 0,46% de los abortos entre las residentes en nuestro país corresponde a menores de 15 años, porcentaje que se eleva hasta el 1,27 en el caso de las extranjeras. Similar situación se vive entre las menores de 20 años. También son más las extranjeras que interrumpen su embarazo por primera vez (un 74,93%) con respecto al porcentaje de españolas: 68,66. Y un caso evidente se da en el tiempo de gestación, pues una de cada tres extranjeras esperan hasta haber superado la decimosexta semana, y entre las residentes en nuestro país esa posibilidad se da en menos del 5 por ciento.
Casi un aborto cada cinco minutos (0,976), más de once a la hora, 278 al día y 8.466 al mes. Esa también es la imagen de España, que ha obtenido con los datos de 2006 encima de la mesa el mayor aumento conocido en tasa de abortos, al subir más de un punto (9,60 a 10,62) con respecto al año anterior.
Entre los números aportados se extraen muchas otras conclusiones. Por ejemplo, los casos entre mujeres casadas descienden de forma constante y casi en la misma proporción que crecen los de las solteras. También bajan, año tras año, las interrupciones entre las estudiantes, que han pasado de ser un 16,33 por ciento del total a un 10,75. Y, al contrario, entre las mujeres sin pareja casi se ha triplicado el número de abortos en los últimos diez años: de 4.501 a 12.890.
Una situación que llama la atención son las interrupciones del embarazo entre mujeres que tienen un hijo. En la actualidad, ya uno de cada cuatro abortos, con un incremento sin freno desde 1997 (del 18,64 por ciento al 24,72). Y en sentido contrario aquellas que aún no han dado a luz, que son menos de la mitad cuando diez años atrás suponían el 54,81 por ciento.
Si hablamos de número de abortos anteriores, casi se ha duplicado el porcentaje de mujeres que se someten al menos por tercera vez a la interrupción de su embarazo en la última década y en números absolutos ha pasado de 2.483 a 9.204. De hecho, en cinco regiones uno de cada diez casos es de personas que acuden por tercera vez a acabar con su gestación. Esa situación se ha producido en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
Entre universitarias
Por último, puede sorprender un dato que se extrae de los abortos a partir de la semana decimoséptima por nivel de estudios. El mayor porcentaje de abortos con respecto al total de los producidos en este apartado corresponde a las mujeres que tienen estudios universitarios (7,3 por ciento), y el menor (3,7 por ciento), a las analfabetas. En medio quedan las personas sin estudio, o las que han concluido el primer grado y el segundo grado.
El aborto y el regreso cultural, por Alfonso López Quintás
Fuente: Abc
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.
5 de enero de 2008
Este tema debe ser tratado con toda serenidad, hablando a la inteligencia desde la inteligencia, sin enconos ni prejuicios, es decir, sin juicios previos infundados, inspirados más por la pasión que por el entendimiento; evitando términos ofensivos, aunque ciertas prácticas lesionen nuestra sensibilidad.
Por otra parte, la gravedad del tema nos urge a usar un lenguaje claro, preciso, que llame a las cosas por su nombre, sin afán de emboscar la realidad, por dura que sea. No es adecuado decir, por ejemplo, que se «interrumpe un embarazo». El término «interrumpir» sugiere una acción pasajera, como cuando se interrumpe una conversación para reanudarla después. En el caso del aborto, se anula para siempre un proceso biológico cuyo fruto iba a ser muy pronto, en cuestión de meses o semanas, un nuevo ciudadano, un ser dotado de plenos derechos y deberes.
Al tratarse de una cuestión muy seria -en la que se juega a diario la vida de multitud de seres humanos-, es ineludible y urgente llegar a convicciones firmes. Para ello, nuestro razonamiento ha de partir de hechos innegables, que todos los ciudadanos debamos aceptar, con independencia de nuestra filiación política y nuestras creencias religiosas. Sólo así tendremos un punto de partida común, sobre el cual edificar nuestro discurso. La discusión sobre el aborto se oscurece, a menudo, por apoyarse en vocablos muy ambiguos, que ningún área de conocimiento ha logrado clarificar de modo irrebatible. Se indica, a veces, que hasta el momento de la anidación no puede considerarse el feto como una persona. Pero no se alude siquiera al hecho de que el concepto de persona es dificilísimo de definir, debido a su interna riqueza. Mucho más lo es precisar en qué momento del proceso de gestación presenta el feto las características de un ser personal. No es razonable querer decidir la licitud o ilicitud del aborto en virtud de afirmaciones que hoy por hoy no podemos fundamentar debidamente. Hemos de basarnos en hechos ciertos, reconocibles por todos. Entre tales hechos figuran los siguientes.
1. Tras muchos vaivenes, la humanidad ha conseguido a lo largo de siglos incrementar el respeto a la vida, hasta el punto de que muchos países han renunciado a aplicar la pena capital incluso a los delincuentes más peligrosos. Esta actitud es considerada, generalmente, como un signo de verdadero progreso en humanidad, un avance en cuanto a madurez pues supone un ascenso de nivel. En el nivel 1 (el del control y el dominio), el procedimiento lógico para resolver los problemas de convivencia es alejar definitivamente de la vida social a quienes la lesionan de forma violenta. En el nivel 2 -el de la creatividad y el encuentro- se piensa que la vida humana es un don maravilloso, enigmático, del que la humanidad se siente depositaria pero no dueña. Disponer de una vida humana nos parece hoy una desmesura tal a multitud de personas que preferimos respetar la existencia de quienes parecen empeñarse en privarla de todo sentido. Nos mueve a ello, entre otras razones, la convicción de que el ser humano posee una capacidad de iniciativa suficiente para hacer posible una recuperación, por inverosímil que sea en ciertos casos.
2. Cuando acontece la concepción, se inicia un proceso asombroso que, de no ser alterado violentamente desde fuera, llega casi siempre a término y da como fruto un nuevo ser personal. Se trata de un proceso unitario -no dividido en fases cualitativamente distintas, como se pensaba en la Edad Media- que aboca al nacimiento de un ser humano, merecedor -por derecho propio- de llevar un nombre -Juan, María...- y formar parte de nuestra sociedad con plenitud de derechos y deberes.
3. Echar a andar el proceso de gestación de un nuevo ser humano -con cuanto implica- es un acto que exige mucha responsabilidad. Ser responsable significa, en este caso, responder a la llamada que nos hace un valor. Los valores no sólo existen; se hacen valer. Una vida humana -aunque se halle en estado de formación- implica un valor, porque es una «fuente de posibilidades de diverso orden». Cuando uno responde positivamente a ese valor, se hace responsable de las consecuencias de tal respuesta; responsable, por tanto, de la nueva vida que vendrá pronto a incrementar nuestra comunidad de personas. Todo lo relativo a las fuentes de la vida merece un inmenso respeto, pues, al entrar en contacto con ellas, tocamos fondo en la realidad que nos sostiene a todos.
4. En ciertos casos, el feto presenta malformaciones que permiten presagiar en el futuro anormalidades graves. Aceptar a un hijo marcado con una tara que hará difícil o imposible una mínima calidad de vida supone un sacrificio notable por parte de los padres.
5. Los padres se hallan a veces en condiciones poco propicias para tener un hijo y atenderlo debidamente. a) son muy jóvenes y necesitan seguir formándose; b) aun siendo ya adultos, carecen de recursos económicos; c) cuentan con medios, pero quieren disponer de libertad para vivir la vida sin trabas; d) por diversas circunstancias no quieren reconocer en sociedad su condición de padres.
Frente a estos hechos, ¿qué actitud nos recomienda adoptar nuestra razón, con su capacidad de razonar, discernir y decidir libremente, con libertad creativa, inmensamente superior a la mera libertad de elegir arbitrariamente? La primera recomendación es no buscar razones para legitimar el aborto en contra de los derechos de seres indefensos y a favor de la «capacidad de maniobra» de los mayores. El respeto a la vida humana debe ser incondicional y absoluto. Razones para anular la vida no es difícil encontrarlas, porque el afán de dominio nos ciega para los valores y consideramos como válidas unas razones que están lejos de serlo. Una vez abierta esta vía del dominio y el manejo arbitrario de la vida de otros seres, pueden encontrarse razones para eliminar no sólo a quienes todavía carecen de voz y no pueden reclamar sus derechos, sino a quienes no se acomoden al modelo de «vida útil y justificable» que impongan los grupos más poderosos. Todo el que conozca la historia de la llamada «gran catástrofe humana» del siglo XX no podrá sino alarmarse ante el panorama que se abre ante nosotros cuando renunciamos a un logro de la Humanidad que debiera ser definitivo y, por tanto, intocable: el respeto incondicional a la vida humana en toda situación (punto 1).
Si adoptamos esta actitud respetuosa -lo que supone un avance en madurez-, no dudamos en movilizar la imaginación creadora para buscar soluciones viables y dignas a los problemas señalados en los puntos 4 y 5. La humanidad actual tiene en su mano multitud de medios para dar una salida digna a situaciones problemáticas. Lo saben bien quienes trabajan en asociaciones de ayuda a jóvenes desamparadas.
Considerar como signo de progreso la legalización del aborto y, en nombre del «progresismo», defender a ultranza la práctica más amplia posible del mismo denota una confusión mental sumamente peligrosa, pues nos hace regresar a épocas de un primitivismo cultural y moral que hoy nos abochorna. No olvidemos que la cultura consiste, radicalmente, en crear formas de unidad valiosas con el entorno, sobre todo con el humano. Lo verdaderamente culto es respetar incondicionalmente la vida humana. A este alto grado de cultura habíamos llegado. Con la práctica del aborto perdemos incomprensiblemente este bien de la Humanidad, más valioso todavía que los edificios, ciudades y parques naturales que consideramos como un «patrimonio universal» y cuidamos con sumo esmero.
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